JUSTICIA DE EXPORTACIÓN. por Fernando Vega

JUSTICIA DE EXPORTACIÓN
Fernando Vega

La Constitución de 2008 sentó las bases jurídicas para una nueva arquitectura del Estado inspirados  en el neo constitucionalismo y en los principios que nacieron de la propuesta ciudadana que llevó a Rafael Correa a la presidencia de la república. En los temas relativos a la justicia, el pueblo ecuatoriano estaba harto de que la justicia fuera un botín político de la partidocracia bajo el nombre rimbombante de “Corte suprema de Justicia”, mediante la cual se consagraba la impunidad de la corrupción y al mismo tiempo servía de mano larga de los poderes de turno para perseguir a sus enemigos políticos fueran estos inocentes o culpables.

Con estos nefastos antecedentes, la Asamblea Constituyente, empezando por cambiar el nombre a “Corte Nacional de Justicia”, quería augurar una nueva era para la justicia ecuatoriana, asegurando  la independencia interna y externa de los jueces; creando los mecanismos para su elección mediante concursos y veedurías ciudadanas que garantizaran no solo su capacidad sino también su honestidad; los procedimientos para la renovación de las cortes se establecían en períodos que evitaran que los jueces tuvieran que lamer la mano de los otros poderes, el ejecutivo y el legislativo. Quizá lo discutible de las decisiones de la Asamblea fuera la reducción del número de Jueces.

El conjunto de normas constitucionales, pretendía propiciar una paulatina y progresiva autodepuración de la justicia, para que aguas limpias fueran sustituyendo la turbidez reinante, pero hay que decir que el patriotismo y la decisión que se exigía de la burocracia judicial eran muy elevados. Ni los jueces de la Corte, ni los miembros del Consejo Transitorio de la Judicatura estuvieron a la altura de las exigencias que demandaba el bien de la Patria. El ejecutivo, tan activo en otros ámbitos, dejó a la deriva la función judicial, abandonada a su suerte y al desgaste de sus intrigas e ineficiencias internas, mientras se dedicaba a sojuzgar otras instituciones recién nacidas de la nueva constitución como el Consejo de participación Ciudadana y el Consejo electoral, ya que la Corte Constitucional nació espuria desde la cuna de su autoproclamación.

Llegó el 2011 y tocó la hora en la que se haría la revolución de la justicia. Atropellando la Constitución y los procedimientos el Presidente Correa anunció que le “metería la mano a la Justicia”. No era difícil lograr la aprobación popular, para hacerlo, ya que los índices de ineficacia y corrupción de los tribunales y jueces seguían siendo evidentes. Para lograrlo el gobierno propuso una reforma constitucional que sacrificó la institucionalidad de la democracia y la independencia de la justicia en aras del liderazgo carismático de la voluntad centralizadora de un hipertrofiado presidencialismo rayano en la autocracia concentradora de todos los poderes.

La consulta que solicitó la aprobación popular para el manoseo de la justicia, también consagró el giro del gobierno hacia la derecha en materia económica y en temas de seguridad. Tras los primeros años de espaldas a la realidad de violencia y de la negación de esa realidad, el gobierno abandonó las tesis de del neo constitucionalismo centrado en los derechos y garantías de los ciudadanos para implementar un Estado controlador, punitivo y represivo, dominado por la discrecionalidad de las autoridades y además proclive a la intolerancia y al balance de contrapoderes indispensables para la democracia.
Menos mal que fue el propio presidente quien recogió con descaro el propósito de “meterle mano a la justicia” porque de lo contrario quien se hubiere atrevido a decirlo, por ejemplo, “que en el futuro, el Presidente podría ser juzgado por la historia por haber metido las manos en la justicia e irrespetado la independencia de los poderes del Estado”, ya estaría demandado y sometido a pagar sumas millonarias por atentar contra el honor invalorable e inagotable del Mandatario. Sin embargo ya no es necesario recurrir a los futuribles, porque el futuro ya llegó y está presente con toda su crudeza.

En efecto, tras el nombramiento de la trinidad del nuevo Consejo Transitorio de la Judicatura y el truquito de la última prueba sobre diez puntos discrecionales, en el que los mejor puntuados obtuvieron calificaciones que no llegaron a dos puntos y a otros se les otorgaron las máximas calificaciones, el Ejecutivo se aseguraba que podía contar, especialmente en los tribunales penales, con jueces y juezas de corazones, ardientes, manos limpias y mentes lúcidas para los nobles propósitos de la revolución ciudadana de la justicia.

Lo que esta patente a los ojos de todo los ecuatorianos, cualesquiera sea el color de las gafas con que se mire, es que el itinerario de renovación de la justicia ha estado íntimamente vinculado con los procesos judiciales implementados por el ciudadano presidente para resarcirse económicamente -¡Y de qué manera!- por supuestos o reales atentados contra su honra. Las distintas etapas de dichos procesos han estado en manos de la justicia corrupta, de jueces venales, cuestionados y sin personalidad, incapaces (sin mencionar a chuqui y otras anomalías) de pararse frente a las presiones de un gobierno en pleno que asiste a las sesiones y con entusiastas y agresivos seguidores en la calle.

De forma franca y sin tapujos, el propio presidente rompió su lanza en su favor, durante la posesión de los nuevos y flamantes miembros de la Corte Nacional de Justicia, y si alguno todavía tenía alguna esperanza de que los nuevos jueces, amparados ya por la seguridad de su cargo para varios años, actuaran de forma ecuánime y justa, la primera sentencia del alto tribunal se allanó al pie de la letra a las aspiraciones del demandante. Con ello la nueva Corte nació muerta deslegitimándose ante la faz no solo del Ecuador sino del mundo. Tenemos Corte, pero sin corte alguno con el pasado. Hemos pasado de las corte amarilla de León Febres Cordero a la leonina corte verde limón del correismo.

Alguien podría pensar que algún rubor de vergüenza podría quedar en la cara de ciertos personajes y que las obscenidades a las que estamos obligados a presenciar tendrían algún remilgo de recato. A voz en grito, ahora se proclama que la justicia, “made in citizen revolution” es un producto de exportación y que se insta a otros países a seguir nuestro ejemplo. Ahora somos un modelo y un paradigma. Hace tiempo que la Constitución del 2008 está muerta y asistimos a su velorio, solo que, como ocurre en el entierro de los infantes, que por inocentes se han ido al cielo, no se llora sobre su cadáver, sino que se toma café con roscas y se baila en la presencia del difunto. Descanse en paz la nueva justicia ecuatoriana.