20 junio 2014
La actitud adoptada por el movimiento indígena, encabezado por la Conaie, en defensa del derecho colectivo al uso y preservación del agua constituye la respuesta popular a las erráticas políticas con que la “revolución ciudadana” hace frente a las demandas sociales. La marcha que se anuncia para los próximos días revela el creciente malestar que despierta la tendencia a gobernar de espaldas a las necesidades más apremiantes de los menos favorecidos. La actitud asumida desde el poder para tratar el proyecto de la Ley de Aguas ha suscitado el rechazo de los líderes indígenas. Lourdes Tibán afirma: “Al gobierno ya no le interesa la Ley ( ) porque ya tiene el decreto 310 en vigencia”. Salvador Quishpe: “Se dice que la Ley no va a privatizar el agua; el problema es que ya está privatizada.” Todo indica que el decreto estaba decidido de antemano y que las consultas que se hicieron solo servían para encubrir lo ya resuelto.
El gobierno trata de mantener dentro de la esfera de su influencia el asunto del agua, desconociendo la posición de la Conaie, que se resume en cinco puntos: 1º que la autoridad máxima del agua tenga carácter plurinacional, lo contrario sería negar nuestra historia, nuestra cultura y hasta la Constitución; 2º que se establezca el Fondo Nacional del Agua, lo contrario sería negar el derecho de los ecuatorianos a acceder a ella; 3º terminar con la privatización del agua, lo contrario sería seguir cediéndola a empresas como la Coca-Cola; 4º que se preserve el caudal del agua, lo contrario permitiría consentir el expolio del oro ecuatoriano por compañías extranjeras; 5º que se prohíba la ubicación de concesiones mineras junto a las fuentes de agua, lo contrario sería dar paso a la contaminación de todo el sistema hídrico.
Empeñado el régimen en su arbitraria política sobre el agua, no se percata de la sabiduría ancestral que entrañan los planteamientos del pueblo indígena, que con clara visión del futuro lucha por un adecuado y justo manejo del agua. El mandato que propone compete a todo el país y sus habitantes, razón por la cual los cinco puntos que propone la Conaie deberían ser adoptados por la Asamblea Nacional.
Las leyes y demás normas legales están condicionados por el desarrollo económico-social del país y deben guardar concordancia con la pluriculturalidad de este. Lo contrario equivaldría a refrendar las contradicciones sociales e imponer a los pueblos decisiones injustas. Pero parece que no se quiere tomar en cuenta que hay miles de comunidades indígenas que tienen que ser atendidas y protegidas, más aún cuando de ellas depende en gran parte la seguridad alimentaria del país.
Los movimientos sociales, con la marcha que han convocado contribuyen a que se tome conciencia del divorcio de intereses que se da entre el gobierno y la mayoría de la población. Los medios de que se vale el poder ahondan esas diferencias. Coartar los derechos colectivos es un recurso equivocado que solo puede empeorar la situación.
