LA MINERÍA EN LA REVOLUCIÓN CIUDADANA. por Pablo Ospina Peralta.

LA MINERÍA EN LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

 Pablo Ospina Peralta.  Opción S

 El 5 de marzo pasado el gobierno de la revolución ciudadana firmó el primer contrato de minería metálica a gran escala en el Ecuador con la empresa Ecuacorrientes S.A. por veinticinco años[1]. Meses antes, el 21 de septiembre se anunció que el Ministerio del Ambiente había otorgado la licencia ambiental a dicha empresa para una inversión de 1.630 millones de dólares en el Proyecto Miradoren la provincia de Zamora Chinchipe. El plan minero del gobierno prevé que para el 2014 las inversiones de las empresas extranjeras en el sector minero signifiquen 5.500 millones de dólares[2].

Tres días después, el 8 de marzo, una movilización social convocada por la CONAIE empezó su recorrido en Zamora y lo terminaría triunfalmente en Quito, con el recorrido de una gigantesca marcha cifrada conservadoramente en 20.000 personas. El primer punto de los diecinueve que formaron la agenda de la marcha fue precisamente la oposición a la minería metálica a gran escala y la demanda de reversión del contrato con Ecuacorrientes.

Estos episodios son apenas la última entrega de una zaga que empezó con el inicio del gobierno y que continuará. ¿Debe el país embarcarse en la minería metálica a gran escala como estrategia para su desarrollo económico?

Los argumentos

 La mejor defensa de la minería la hizo el presidente de la República en su ultimátum a la Asamblea Nacional Constituyente cuando ésta comenzaba sus labores, a fines del año 2007:

 En cuanto a los impactos ambientales de la explotación de recursos no renovables, todos estamos profundamente comprometidos con el medio ambiente, incluso creemos que los seres de la creación tienen derechos intrínsecos, rompiendo la visión antropocéntrica de la economía y de la sociedad, visión que incluso también puede incorporarse en la nueva constitución. Sabemos que hay principios fundamentales, éticos y morales, de respeto a la naturaleza, y nos adherimos totalmente a ellos, pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de obviar el análisis costo-beneficio. ¿Quién puede estar a favor, por sí misma, de la minería a cielo abierto? ¿Quién ética y estéticamente puede estar de acuerdo que allí donde había bosque primario, haya ahora un pozo petrolero? Pero si esa mina tiene un valor presente de cien mil millones de dólares, si ese pozo tiene un potencial de veinte mil millones de dólares, tal vez lo inmoral sería lo contrario, perder, por visiones fundamentalistas, esa gran oportunidad para el desarrollo del país. No podemos darnos el lujo de ser tan ingenuos. Cabe indicar que los ejemplos mineros y petroleros que les acabo de dar, son reales[3]

No es un argumento extraño o desconocido. Todos los presidentes lo han invocado: los daños son penosos pero tolerables por los beneficios económicos que reportan. Un segundo argumento, cada vez más fuerte en los discursos presidenciales del 2011, contradictorio con el anterior, enfatiza que hay mucha exageración en esto de la contaminación porque las tecnologías modernas evitan “falsos dilemas” entre naturaleza y minería:

 Y luego vienen los deshonestos que no hacen nada más que mentir y, como les decía al principio, presentarnos falsos dilemas: “El agua vale más que el oro” y arrancan nuevamente los aplausos del respetable asumiendo que si explotábamos oro, que si aprovechábamos la minería, se perjudica el agua, y esto es otra falsedad. Las nuevas técnicas mineras de la minería a gran escala, precisamente, permiten reciclar el agua[4]

 Una mano asegura que los impactos importantes se compensan con dinero; mientras la otra dice que los impactos son despreciables. En mi opinión, el cambio de discurso revela el peso cada vez menor de las preocupaciones ambientales en el gobierno de la revolución ciudadana. El propio gobierno podría seguramente intentar conciliarlos diciendo que hay suficiente tecnología para minimizar daños pero que incluso si se deslizan algunos errores e impactos indeseables, éstos son tolerables por el dinero inmenso que reportan.

Ante el argumento de que estos impactos son devastadores, como lo comprueban cuarenta años de explotación petrolera en la Amazonía; región que es una de las más pobres, olvidadas y contaminadas del Ecuador; la respuesta es la siguiente:

 Pero no tiene por qué ser así, miente el que le dice que tiene que ser así. Por supuesto, si vienen los gobiernos entreguistas, irresponsables de antaño, será así; pero tenemos un gobierno que todo Ecuador sabe que es de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la Patria y no permitiremos aquello, y hemos cambiado las leyes y ahora doce por ciento de utilidades petroleras quedan para desarrollo local y, en el caso de la minería, al menos el sesenta por ciento de las regalías mineras y el doce por ciento de las utilidades de las empresas mineras -que antes iba a los trabajadores[5]

 En este nuevo argumento, entonces, el problema de fondo es la lucidez de los gobernantes, la limpieza de sus manos y el amor por la patria. Debemos confiar en nuestros gobernantes y elegir bien. ¿Qué argumentos hacen frente a esta retórica?

 El modelo de desarrollo

 Aunque gran parte del debate público de estos años concierne la posibilidad o no de controlar realmente los impactos ambientales de la gran minería, el debate de fondo alude al modelo de desarrollo del país. La idea de crear una empresa minera estatal y aumentar las regalías para el Estado, tal como está plasmada en la ley minera aprobada en enero de 2009, no es la esencia del problema con las organizaciones rurales y ecologistas[6].

 El problema es el papel de la minería en la economía nacional. La promesa del gobierno es pantagruélica:

 Aquí está la oportunidad para salir de la miseria [muestra el primer lingote de oro de la empresa minera estatal] (…) para sacar de la pobreza a nuestro pueblo, sacar de la pobreza a los shuar, sacar de la pobreza al Ecuador (…). Dios nos ha premiado con abundancia de recursos naturales (…). Aquí está la gran oportunidad que Dios nos ha dado para salir de la pobreza (…). Morona Santiago puede tener la segunda mina de cobre más grande del mundo. La primera está en Chile que es el país más desarrollado de América latina básicamente gracias a la minería (…). Eso nos saca de la pobreza compatriotas [7]

 ¿Chile, el país más desarrollado de América latina? ¿Gracias a la minería? ¿No era el país modelo del neoliberalismo? ¿El mejor ejemplo de la reprimarización de las economías latinoamericanas? ¿El top ten de la desigualdad en el mundo?[8] La desmesura de las expectativas fue muy bien representada por la pancarta que alzaban orgullosos los partidarios de Alianza País en los pasillos de la Comisión Legislativa el día de la aprobación de la ley: “Ayer el petróleo, hoy la minería”[9].

 El problema de fondo, por lo tanto, no es solamente la dimensión de la contaminación sino la expectativa de que la minería puede servir de vía para salir del subdesarrollo. Que la gran riqueza minera podría sustituir al petróleo y que luego sus rentas podrían distribuirse con equidad y en inversiones sanas. El problema no es la letra de la ley minera sino su espíritu. No es un artículo sino la filosofía que la inspira.

 PROYECTOS MINEROS (2009)[10]

El cuadro anterior resume las estimaciones de los proyectos mineros prioritarios del gobierno. Si se toman en serio estas estimaciones de reservas, elaboradas por las propias empresas, su valor corriente sería igual al 70% de las reservas probadas del petróleo del Ecuador (1,4 billones de dólares), la mayor parte proveniente del cobre. Alberto Acosta concluye que son cálculos claramente sobredimensionados[11]. Varios geólogos dudan del potencial minero ecuatoriano, lo que se confirmaría por el escaso desarrollo del sector en el pasado a pesar incluso de que en los años 1990 se expidió una ley muy favorable a las empresas y muy modesta en las aspiraciones estatales[12]. La sobreestimación de las reservas tendría más bien propósitos especulativos. Es muy probable, entonces, que tengamos muchos daños y pocos beneficios.

 Pero fijemos mejor el tenor de los beneficios. Asumamos por un momento que todo sea cierto, que las empresas mineras y su mejor vocero, el presidente, tienen razón. En tal caso, cuando se la considera eje de la estrategia para “salir de la pobreza”, es que si la minería puede (tal vez) ser relativamente controlada en algunos lugares en sus efectos ambientales más nocivos (como el alto consumo de agua), lo cierto es que ampliarla a la escala necesaria para llevarla a ser el eje del desarrollo económico nacional, hace inmanejables sus impactos ambientales y sociales. La escala de la intervención cambia completamente la escala de los impactos. Además, convierte al Estado no en un controlador, sino en un aliado de aquellos que extraen los recursos económicos que financian su presupuesto. Tal como ocurre con los impactos ambientales del petróleo, la falta de control por parte del Estado no es tan solo un problema de incompetencia o mala fe. No es un problema de “manos limpias” y “corazones ardientes” sino un problema estructural. ¿Cómo puede un Estado petróleo adicto (o minero – adicto), controlar la actividad de la que depende?

 En el caso de la revolución ciudadana, las presiones de financiación de las políticas económicas desarrollistas y de las políticas sociales redistributivas lo llevan a privilegiar una vía económica donde prima la expectativa de una rápida captura de fondos líquidos. Mientras el turismo, el eje proyectado para el nuevo “modelo de acumulación” según nos promete el Plan del Buen Vivir[13], no puede pagar regalías anticipadas, el contrato del proyecto Mirador incluye el pago de 100 millones de dólares anticipados; tan anticipados que ni siquiera esperaron obtener los permisos ambientales definitivos.

 Proponerse cambiar el modelo extractivista acentuando la dependencia frente a los recursos provenientes de la extracción es una paradoja que no se soluciona por la buena fe de líderes esclarecidos ¿Por qué en el pasado resultó tan difícil, como se decía en la época, “sembrar el petróleo”después de haber cosechado tantos dólares? Por la sencilla razón de que estas actividades económicas no solamente dejan dinero en los bolsillos sino que tejen estructuras de poder. Las opciones tomadas hoy acotan el margen de maniobra de quienes vendrán mañana.Sedimentan el piso de la sociedad con algo más duro que simple arcilla maleable en las hábiles manos de gobernantes bien (o mal) intencionados. Crean cimientos económicos casi inexpugnables de poderosos intereses y de enmarañados lazos políticos.

 Los conflictos

 La minería no solo va a contravía de cualquier cambio revolucionario en el modelo económico dominante sino que solo podrá imponerse a sangre y fuego. La violencia del paro anti-minero de inicios de 2009 en el sur andino del Ecuador reveló un creciente vínculo entre mineros artesanales y comunidades campesinas y artesanales rurales. Los primeros temen, con razón, la competencia de las grandes empresas que junto al cobre extraerán el oro del que viven. Los segundos temen, también con razón, la amenaza de una actividad económica que promete todo tipo de desastres en sus tierras.

 Este aumento de la conflictividad asociada a una eventual ampliación de la frontera de la minería a gran escala no puede ser subvalorada: la fuerza de la oposición a la minería no está tanto en los apoyos políticos de la CONAIE o de las prefecturas de Zamora y Azuay, sino en una auténtica y poderosa indignación en las comunidades campesinas afectadas. Eso es algo que el empecinamiento presidencial no parece entender[14].

 Aquí también la escala importa. En la actualidad el conjunto de la minería representa menos del 0,3% del PIB. De ese monto menos de la mitad proviene de la minería metálica. Si con esas dimensiones, la minería provoca conflictos de las proporciones vistas a inicios de enero, no sería raro que la intención de ampliarla y convertirla en un eje de desarrollo económico, llegara a producir algo parecido a una guerra civil. La minería metálica a gran escala tiene que intervenir regiones densamente pobladas donde la resistencia se anuncia encarnizada.

 Quizás la obsesión presidencial con la minería, su desprecio frente a los adversarios y los argumentos que se le oponen, su evidente subvaloración de los costos ambientales que entraña y la debilidad de su compromiso con el cambio del eje del modelo de acumulación que sus planificadores prometieron, tenga una poderosa raíz cultural. En la inauguración de la Ruta Multimodal Manta-Leticia-Manaos, el 15 de julio de 2011, el presidente Rafael Correa citó el célebre discurso de Simón Bolívar luego de un terremoto en Caracas: “Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y la venceremos”. Bolívar tal vez tenía la excusa de haberlo dicho después de una catástrofe de proporciones gigantescas, pero es injustificable en un Rafael Correa que la repite en la Amazonía, donde los desastres los ha causado la sociedad, no la naturaleza. Sobre todo, la repite dos siglos después de Bolívar, con varias décadas a cuestas de creciente conciencia mundial sobre los peligros a que nos conduce luchar denodadamente contra una naturaleza que se opone a “nuestros designios”. Un lapsusrevelador del insignificante papel que cumple una renovada ética ambiental en el pensamiento del presidente y en el proyecto que lidera.