14 febrero 2018
El escenario pre-electoral
La ratificación en segunda instancia de la condena de Luiz Inacio Lula da Silva no alteró las preferencias del electorado brasileño. Los sondeos de opinión realizados por Datafolha y otras empresas inmediatamente después, señalan que cuenta aún con 34 a 37% de la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, a realizarse en octubre de 2018. La cifra no disminuyó desde noviembre cuando se hicieron las anteriores encuestas, lo que marcaría ese porcentaje como voto «duro» si lo hay.
En las encuestas, después de Lula, con un alarmante 18% está Jair Bolsonaro, el ex capitán del ejército, pentecostal, ultraderechista, que reiteradamente denigra mujeres, población negra, indígena, LGBTI, campesina, y que llama a las personas pobres vagos. Después, la ecologista evangélica Marina Silva con 13%, luego Ciro Gomes, de centro izquierda con 10% y finalmente los dos candidatos de la derecha tradicional, Alckmin, quien ha gobernado el estado de Sao Paulo por 20 años, y el presentador de TV Luciano Huck, cada uno con 8%.
Las encuestas muestran otros dos escenarios. Primero, en segunda vuelta, Lula ganaría a cualquier otro de los contendores. Segundo, si Lula no participa, y sin existir otro candidato de su partido (PT) o indicado por él, lo que más crecería serían las abstenciones y los votos nulos y blancos.
Pese a la condena y al silenciamiento absoluto o ataque inmisericorde -alternados- por parte de los medios corporativos comandados por la Red Globo, Lula sigue siendo el candidato preferido del pueblo.
El golpe que no termina
El juicio de Lula solo es comprensible como una vuelta de tuerca más del golpe, proceso que comenzó con el ‘impeachment’ de Dilma Rousseff la presidenta legítimamente electa, en agosto de 2016.
El golpe se realizó, ya no cabe ninguna duda, para implantar la agenda de políticas neoliberales que, primero, no ganó en las urnas y segundo, ya ha fracasado en el mundo entero. Agenda sin ninguna visión sobre el futuro del país, pero que a corto plazo garantiza a la élite del capital financiero ganancias extraordinarias, como siempre a costa de los derechos de los trabajadores, de la justicia social, del medio ambiente. Se cumple al pie de la letra la máxima capitalista de que, si hay crisis, necesariamente la han de pagar los que menos tienen.
¿Cuáles son los principales retrocesos implantados por los golpistas? Se está licitando la mayor reserva de petróleo submarino del mundo, los yacimientos Pre-sal, sin preferencia para la empresa público-privada nacional, Petrobras, como fue concebido antes el proceso. En la práctica, serán empresas extranjeras quienes se llevarán la inmensa mayoría de las ganancias. Historia repetida hasta la saciedad en todo el continente.
Está en marcha la venta a precio irrisorio -10% de su valor real- de la mayor empresa de electricidad latinoamericana, Eletrobras. La Casa de la Moneda y varios aeropuertos también están en la mira, en una lista de 57 entidades a ser privatizadas.
El presupuesto para educación y salud también fue congelado por 20 años mediante enmienda constitucional. La maniobra obviamente fuerza al incremento de la provisión privada de estos servicios sociales. Es decir, una privatización de facto.
Las reformas laborales aprobadas en 2017 hacen retroceder los derechos de los trabajadores a la situación de hace al menos 80 años. Se legalizaron jornadas laborales de 12 horas, en lugar de ocho, sin incremento salarial. La tercerización irrestricta está vigente. La regulación laboral ya no será la definida en las leyes sino por “acuerdos” particulares entre patronos y empleados que tienen preeminencia sobre cualquier ley. Se desmanteló el programa para combatir el trabajo esclavo aún vigente sobre todo en zonas rurales alejadas. Ya no hay protección para embarazadas y lactantes de trabajos peligrosos. Quien demanda en un proceso laboral debe pagar los costos. Las indemnizaciones por acoso moral y sexual serán pagadas acorde con el salario de la víctima. O sea que, por el mismo crimen, las y los pobres recibirán menos. Entre otras maravillas. En conjunto, una suerte de legalización de la esclavitud moderna.
Está en discusión la cesión de la base militar/centro de lanzamiento de cohetes de Alcántara a los EE.UU. Ubicada en el Nordeste, frente a África Occidental, el sitio es ideal para sus operaciones político-militares en América del Sur y en África. Mientras tanto, los ejércitos de Brasil, Paraguay, Argentina y Estados Unidos hacen nuevamente ejercicios militares conjuntos en la Amazonia. Algunos cerca de la frontera con Venezuela.
El gobierno golpista de Temer además legalizó el denominado grilagem [utilización de documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de la tierra], práctica por la cual usualmente hacendados y oportunistas se apropian de tierras. A la par, la nueva legislación traslada al ámbito municipal la reforma agraria cuyo presupuesto, gracias a los intereses de los grandes terratenientes, se redujo 87% entre 2015 y 2017. Debido a los fuertes caudillismos locales, la municipalización entorpecerá aún más un proceso de por sí lento y tortuoso.
En el plan de atrocidades que busca desmantelar cualquier mínima presencia de estado de bienestar, solo falta por aprobar la reforma al sistema de pensiones. Brasileñas y brasileños por igual tendrán que trabajar 40 años para tener una pensión de jubilación completa, la propuesta inicial eran cuarenta y nueve. Pueden jubilarse antes, pero recibiendo solo una parte de la pensión. La propuesta inicial señalaba también que nadie podría jubilarse antes de los 67 años que es más que la esperanza de vida en varios estados brasileños. Frente al rechazo generalizado, se disminuyó a 65 años para hombres y 60 para mujeres.
El resultado es que Brasil regresó a ocupar un lugar en el mapa mundial del hambre del que había salido en 2014 por primera vez en su historia. En este momento padece una inusitada epidemia nacional de fiebre amarilla, agravada por la desinversión en salud, faltan vacunas, no se hicieron las campañas de prevención. Además. se han reducido los presupuestos de las universidades públicas y se habla de cobrar colegiatura.
Las medidas de austeridad y la extrema flexibilización laboral no han logrado reactivar la economía, el crecimiento sigue siendo nulo, el empleo no se ha recuperado a los niveles anteriores a la crisis. No solo que nada de lo que prometieron antes de hacer el ajuste se ha cumplido, sino que la situación es peor: en 2017 la economía brasileña decreció por tercer año consecutivo.
Las herramientas de la derecha: lucha selectiva contra la corrupción y ‘lawfare’
Si nos ponemos de acuerdo en que una definición mínima y básica de corrupción es mal uso de recursos públicos para beneficiar a agentes privados, la mayoría de las medidas económicas reseñadas son claramente corruptas y benefician sobre todo a la élite.
De acuerdo con las estimaciones del propio Poder Judicial brasilero, parte interesada y con bando definido en esta disputa, el de la burguesía, la corrupción – entendida solo en el estrecho sentido de funcionarios recibiendo beneficios para favorecer empresas – alcanzaría 69 mil millones de reales anuales, o sea 21 mil millones de dólares. Ahora, el fraude fiscal (evasión, subfacturación, etc.) alcanza a 151 mil millones de dólares anuales, 7 veces más. Los Panamá Papers fueron conveniente y rápidamente silenciados en Brasil. Sumados a los regalos que implicarían las privatizaciones en marcha, las cifras de la corrupción privada, que no se persigue, son astronómicas.
Con el apoyo irrestricto de los medios corporativos y sus corifeos, y la connivencia del Poder Judicial, el golpe ha sido acompañado por una lucha excesivamente selectiva contra alguna corrupción. Concretamente, se persigue de modo casi exclusivo aquella que pueda brindar réditos políticos para la derecha.
La segunda arma es el llamado ‘Lawfare, es decir la utilización del sistema judicial con fines puramente políticos. Por ejemplo, el juicio de apelación en segunda instancia de Lula se realizó en tiempo récord; fueron dejados de lado procesos que ingresaron antes al Tribunal Federal de la 4ª Región, en la ciudad de Porto Alegre al sur del país, y en teoría debían tener precedencia.
Lo que es más, eligieron el 24 de enero, aniversario de la muerte de la esposa de Lula, Marisa Leticia, como la fecha para añadir aún más oprobio a un proceso que representa un ejemplo acabado del mencionado ‘lawfare’.
Los supuestos delitos por los que fue condenado en primera instancia son: corrupción y lavado de dinero. Supuestamente habría recibido un apartamento triplex como coima, pero no hay ninguna prueba del hecho. En segunda instancia, la condena dictada por Sergio Moro sin prueba alguna fue ratificada y le aumentaron la pena de 9 a 12 años. Pero es que no se trataba de hacer justicia. Se trata de acabar con un adversario político invencible por métodos legítimos, o sea elecciones.
Es cierto que faltan aún algunos recursos judiciales en segunda instancia y la apelación en tercera instancia. Pero hay 5 juicios más en marcha contra Lula y Aunque la Justicia brasileña haga el proceso más rápido posible, no conseguiría agotar todas las instancias del juicio que faltan antes de la fecha límite para la inscripción de candidaturas, el 15 de agosto.
Una vez inscrita la candidatura hay 5 días para impugnar y luego el Tribunal Supremo Electoral deberá decidir sobre la impugnación en un proceso propio que, de acuerdo con los especialistas, difícilmente terminaría antes de octubre. O sea, hay Lula para rato, al menos en teoría; 7 meses es mucho tiempo en campaña electoral.
Ahora, en este punto todo es posible. Incluso existe la posibilidad de que el ex mandatario sea apresado mañana pese a no haber agotado todas las instancias de apelación. Hay un dictamen de 2016 del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña, que permite la prisión de los reos antes de haber agotado las instancias de apelación. Otra posibilidad es que reformen todo lo que haga falta, que alteren los procedimientos, todo lo necesario para encerrarlo lo más rápido posible. El fiscal del ‘caso del triplex’ dijo a los medios: “no hay pruebas, pero tenemos convicciones”. El mensaje es claro: pretenden cumplir como sea con su justicia de convicciones.
Es imprescindible para ellos apartar de las elecciones 2018 al migrante del Nordeste, la región más pobre de Brasil, al obrero metalúrgico que se atrevió a desviar un poco de dinero público, cuyo destino fue siempre el enriquecimiento de las élites, para garantizar algunos derechos humanos de los más pobres. No nos olvidemos que Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo – usualmente entre los 10 primeros – donde, por ejemplo, los yates y jets privados de los millonarios no pagan ningún impuesto; los ricos condenados por crímenes cumplen normalmente prisión domiciliar, y 63 jóvenes negros son asesinados diariamente (Mapa de Violencia 2015).
La impunidad
Como siempre que se aplica ‘lawfare’ y no verdadera investigación y justicia, muchos responsables de corrupción y crímenes similares, siguen libres. Todos pudimos oír el audio donde Temer, por ejemplo, ordenaba los sobornos. También existen varios audios probando las coimas que recibía Aecio Neves, senador y candidato perdedor de las últimas elecciones presidenciales. Ambos fueron acusados por la Fiscalía, pero el Legislativo prohibió las investigaciones. Romero Jucá, el inicial ministro de planificación de Temer, tuvo que renunciar al mes cuando quedó claro que lo que planificó fue el golpe “con el Senado, con el Judiciario, con todo” como contaba en un audio filtrado, mientras José Serra, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Temer, fue acusado por la Odebrecht de haber recibido 7 millones de dólares.
Pero no son los únicos. Hay un larguísimo etcétera, entre el que se cuenta un estimado de al menos 40% de los diputados y senadores, y algunos comentaristas indican que en realidad la cifra alcanzaría el 60%. No obstante, la ventilación de la corrupción de los políticos ha llevado a muy pocos a la cárcel, casi exclusivamente los enemigos políticos de la derecha. Por otro lado, no está permitido discutir de forma seria la corrupción privada en medios dominados por la burguesía, esto es, la inmensa mayoría de ellos.
Los gobiernos del PT, sobre todo Lula, hicieron una cierta redistribución para que la economía crezca por consumo interno y tomaron algunas medidas de asistencia e inclusión social, así sacando a 40 millones de la pobreza. Pero incluso eso fue demasiado para la élite profundamente reaccionaria. Brasil, que podría ser una potencia mundial, hunde su economía y según el Banco Mundial ya hay 1,1 millones de nuevos pobres desde que el golpismo comenzó.
No hay otro Lula
Nadie hizo lo que él por los más pobres en Brasil. El programa Bolsa Familia, que garantiza una renta mínima para las familias de bajos ingresos, las cuotas para el acceso a la universidad de negros e indígenas, el programa de subsidio a la vivienda Mi Casa Mi Vida, el fortalecimiento y ampliación del Sistema Único de Salud, las compras públicas directamente al campesinado para los programas de alimentación escolar son políticas públicas que la mayoría de los que menos tiene aún recuerda.
Por eso no hay, ni habrá, mientras Lula aún tenga posibilidades de ser candidato, otro candidato de la izquierda, porque no hay figura capaz de hacerle la mínima sombra. Nadie hizo lo que él por los más pobres, mostrándoles que uno de ellos podía liderar exitosamente una de las mayores economías del planeta. Ante el desalmado ataque de la derecha que, arrebatando todos los derechos humanos a su alcance, malbaratando los bienes públicos y los recursos naturales, no ha logrado mejorar la situación del país, no sorprende que el pueblo siga confiando en él.
Frente a la corrupción totalmente generalizada y la impunidad casi absoluta de la casta política tradicional y la burguesía envueltas en ella, siempre sustentadas ambas por el Poder Judicial y los medios, Lula, perseguido por los jueces emblemáticos de esa casta, no tiene rival en el corazón del pueblo.
Referencias
https://www.brasildefato.com.br/2017/01/30/40-amenazas-del-congreso-nacional-a-los-derechos-humanos/
http://www.vermelho.org.br/noticia/279103-1
https://elpais.com/elpais/2017/10/23/album/1508765677_018640.html#foto_gal_1
Foto: t13.cl
