LA SENTENCIA QUE CAMBIARÁ TODO… por Decio Machado.

SARAYAKU:

LA SENTENCIA QUE CAMBIARÁ TODO…

Por Decio Machado. Revista Vanguardia www.vanguardia.com

1 mayo 2012

El gobierno se comprometió durante la visita de la CIDH a Sarayaku a consultar a la comunidad antes de una explotación petrolera

La sentencia del Caso Sarayaku despierta un interés especial que supera los límites territoriales ecuatorianos, dado que establecerá un precedente obligatorio para los países implicados respecto al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Consciente de esta realidad, el gobierno de la Revolución Ciudadana desplazó a la zona a una comitiva de alto nivel encabezada por el abogado de la Presidencia Alexis Mera, quien fue acompañado de la ministra de Justicia Johana Pesantez, el secretario ejecutivo de la Ecorae Carlos Viteri y el recién nombrado vicecanciller Marco Albuja. Según Mera, la posición del Gobierno es de franco diálogo, “es disposición del Presidente de la República proceder con toda reparación que haya que realizar en la comunidad de Sarayaku, no vamos a realizar ninguna explotación petrolera sin consultar a las comunidades afectadas”. Para los representantes de Carondelet las reparaciones a la comunidad estarían basadas sobre dos ejes: reparaciones económicas y retiro de la pentolita existente en el territorio.

Sin embargo, para la abogada Viviana Krsticevic –del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- “en el sistema interamericano las reparaciones no deben hacerse necesariamente con compensaciones económicas”. De igual manera piensa Mario Melo, abogado de los demandantes y asesor de la Fundación Pachamama, “para Sarayaku su territorio es vida, ellos dependen de él y las petroleras aquí no han sembrado vida, sino dinamita y muerte. Es por ello que la comunidad demanda la aprobación de la declaración de Selva Viviente (Kawsak Sacha) de su territorio. Esa sería la verdadera reparación del Estado con el Pueblo de Sarayaku”.

La declaratoria de Selva Viviente al territorio de Sarayaku implicaría que este se mantenga libre de actividad extractiva y biopiratería, tal y como lo solicitan los demandantes.Al tiempo mismo tiempo que el asesor jurídico de la Presidencia planteaba públicamente la necesidad de llegar a un acuerdo entre la comunidad de Sarayaku y el Estado ecuatoriano al margen del CIDH, a 280 kilómetros de distancia en su Enlace Ciudadano realizado en el barrio de la Vicentina en Quito, el presidente Correa acusaba a las ONG Parole de Nature, World Wildlife Found WWF, Movement D´actions à travers le monde y Alter Voyages de estar en una campaña internacional contra el Ecuador. Según Correa, “estos gringitos con su panza bien llena que vayan a impedir a Francia que refine petróleo que haga armas nucleares pero que no vengan a imponer sus caprichos e instigaciones aquí en nuestro país condenándonos a la miseria”.

En la misma línea Wilson Pastor, titular de la cartera de Recursos Naturales no Renovables, indicaba sorprendentemente y sin dar explicación de porqué, que el objetivo de las ONG es impedir la extracción de petróleo en el Ecuador. Según Pastor la consulta previa se desarrollará en todas las regiones afectadas –incluida Sarayaku- por la Onceaba Ronda Petrolera entre mayo y diciembre del presente año, si bien matizó que si no existe consenso o aprobación de un proyecto en esta instancia será la autoridad superior quien decida o no la consecución de un proyecto. Para los dirigentes de Sarayaku, dicha declaración no deja de ser un claro aviso sobre la voluntad del Gobierno de ignorar resoluciones que libremente sus comunidades determinen.
El pasado 21 de abril una comisión compuesta por dos de los siete miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaba la comunidad de Sarayaku en la provincia de Paztaza, último paso antes de dictaminar sentencia sobre un litigio que dura ya nueve años y enfrenta a la pequeña población amazónica, apenas 1.200 habitantes, contra el Estado.

Los pobladores de Sarayaku han venido manifestando su rotundo rechazo al ingreso de la actividad petrolera, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca –según sus consideraciones- en su territorio sagrado, en la calidad y forma de vida de sus habitantes, en el irrespeto a sus opciones de desarrollo, su espiritualidad, el ambiente amazónico, la paz social y en integridad de sus miembros.

Ante los dos miembros de la CIDH que viajaron a Ecuador, su presidente Diego García Sayán y la jueza Radhis Abreu, diversos pobladores de la comunidad de Sarayaku expusieron sus testimonios y relatos de como personal de la CGC y el Ejército ecuatoriano había procedido al ingreso armado en su territorio, recordando los múltiples actos de violación de derechos humanos acontecidos entre el último trimestre de 2002 y primero del 2003.

Presentes en ese acto histórico de la CIDH, dado que es la primera vez que miembros de la Corte Interamericana se desplazan a una población indígena para hacer una diligencia in situ, no solo se hallaba el conjunto de los habitantes de Sarayaku, sino también estudiantes de la Universidad de San Francisco de Quito, diversos medios radiales comunitarios, abogados de prestigio en el ámbito de los derechos humanos, representación de varias nacionalidades indígenas, ONG locales que expresaban así su solidaridad con los afectados y periodistas de múltiples medios nacionales y corresponsables extranjeros.

Según José Gualinga, presidente de la comunidad demandante, el acto jurídico realizado a puerta abierta por la CIDH en Sarayaku es el reconocimiento de una lucha que enfrenta a “David contra Goliat”. Para el dirigente kichwa, “el objetivo principal de nuestra demanda es establecer el Sumak Kawsay en nuestro territorio, respetándose así nuestro sistema de organización propio, nuestros ríos sanos, nuestro aire puro, nuestra identidad y nuestras formas de vida en armonía y equilibrio con la naturaleza”.

Desde inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la CIDH solicitando su intervención urgente con el fin de salvaguardar sus derechos violados durante la campaña de sísmica que intentó desarrollar la petrolera CGC. En mayo de 2006 la CIDH dictaba medidas Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de la comunidad y de su relación especial con el territorio. El Estado ecuatoriano desoyó sistemáticamente estas medidas hasta que en diciembre de 2007 se vio obligado a enviar un retén militar con el fin de retirar la pentolita (dinamita) del territorio y anular la concesión petrolera. La pentolita enterrada en el subsuelo de la comunidad se cuantifica en una tonelada y media de explosivos de los cuales apenas fueron retirados 14 kilogramos, es decir el 1%. Ante esta situación diversas autoridades del actual Gobierno han declarado que el riesgo es menor dado que dichos explosivos a pesar de estar ubicados en territorios de caza y tránsito de personas no están conectados a dispositivos de detonación y son biodegradables, tesis cuestionada por los miembros de la comunidad afectada.

En la actualidad esta pequeña población amazónica se ve amenazada ante la Onceava Ronda Petrolera que compromete una extensión en el centro-sur de la Amazonía de 3,8 millones de hectáreas de bosque primario que albergan a siete nacionalidades indígenas, lo que acarreará, según el líder amazónico, “impactos irreversibles en la naturaleza y la organización, tanto familiar como colectiva”.

Una sentencia favorable puede cambiarlo todo. “Queremos consolidar un gobierno autónomo con el fin de consolidar a su vez en Sumak Kawsay en nuestro territorio. Tenemos asentamientos autónomos, justicia indígena que funciona con respeto a los derechos humanos tal y como establece nuestra Constitución. Hemos desarrollado planes de uso y administración eficaz de nuestro territorio y articulamos programas de cuidado de bosques como el ‘Camino de las flores vivientes’, situación que nos permite contar con el crecimiento de árboles de aquí a treinta años. La posibilidad de que todo esto se convierta en una forma de vida sustentable para nuestra población depende del respeto que el Gobierno ecuatoriano ejerza sobre nuestras decisiones”, dijo su presidente, José Gualinga.

ENTREVISTA

Diego García Sayán: Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Diego García-Sayán, es abogado y escritor peruano que participó en la política de su país, asumiendo las carteras de Justicia, a finales del año 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y de Relaciones Exteriores, en 2001, luego de su nombramiento por Alejandro Toledo. Actualmente tiene 61 años. Desde 2004, es juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicha corte fue su Vicepresidente y, el 25 de noviembre de 2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige desde el 2010, por un período de dos años.

¿Cuál es su sensación tras visitar la comunidad de Sarayaku?

Para nosotros esta ha sido una jornada histórica porque es la primera vez que la Corte Interamericana visita una comunidad indígena para recoger testimonios y oír sobre el terreno lo que esperan los afectados de nosotros.

¿Tras nueve años de proceso y con todos los trámites agotados, por donde irá la resolución de la CIDH?

El proceso está en curso, no puedo anticipar un dictamen. Acá estamos apenas dos de los jueces que componemos la Corte interamericana. Los testimonios levantados serán llevados al conjunto de miembros de la CIDH y deben ser analizados por todos. Con respecto a los tiempos, debo indicarle que aunque la demanda se interpuso hace nueve años, la Corte empezó a conocer el proceso hace apenas dos años. Lo que sí le puedo indicar es que nuestra intención es dictaminar cuanto antes, esperemos que sea posible dentro de este mismo año y con ello generar tranquilidad a las partes en conflicto.

¿Hay alguna novedad en los testimonios recogidos en Sarayaku respecto a la última sesión de Costa Rica?

No puedo hablar en nombre de la CIDH, pero a título personal le puedo indicar que este ha sido un acto fundamental para construir la sentencia. En Derecho las percepciones sobre la tierra y los territorios que tiene la población de Sarayaku son importantes como ingrediente de identidad más allá del concepto de propiedad. Nos congratulamos de la representación de alto nivel que ha estado presente en Sarayaku por parte del Gobierno ecuatoriano y agradecemos la hospitalidad con la que nos ha tratado la comunidad. Los testimonios han sido de gran importancia. Ha sido un proceso muy productivo, podríamos no haberlo realizado, pero había acuerdo entre las partes en realizarlo y estamos muy satisfechos.

¿Hay antecedentes en sentencias de la CIDH sobre consulta previa en materia de explotación de recursos naturales?

En agosto de 2008 la Corte dictó sentencia en el Caso Saramaka vs Surinam. Lo que la Corte dijo en este caso es que la consulta previa es un requisito fundamental, que debe ser concatenada con el establecimiento de beneficios tangibles para la comunidad afectada y que haya un proceso de participación.

¿Es vinculante la sentencia de la CIDH para el Estado ecuatoriano?

La CIDH fue creada por decisión de los Estados que integran la OEA en 1959. Los Estados que querían hacerse parte de la CIDH lo hicieron adhiriéndose a este organismo, cuya función principal es la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. El tratado de la CIDH dice que las sentencias son de obligado cumplimiento. Ecuador es uno de los Estados signatarios de la CIDH, es decir, se adhirió voluntariamente a la Corte, en este sentido es vinculante y no existen antecedentes de desobediencia en este sentido, ningún país cuestiona esto.