La seguridad social no es, en principio, un conjunto de edificios y hospitales que brindan algún servicio a un importante segmento de la población de un país. La seguridad social es una institución. Es decir, un acuerdo construido por la sociedad para dar protección a la gente frente a las contingencias de la vida diaria. De ser concebida como un paraguas para la población laboral, poco a poco se ha ido extendiendo a la familia y, en el mejor de los casos, al conjunto de la población.
Paradójicamente, la mayor fortaleza de la seguridad social ecuatoriana es su principal debilidad. Al ser el principal sistema de financiamiento del país, genera la codicia insaciable de los gobiernos de turno y de los empresarios. Los primeros para usarla como caja chica de la administración y como agencia de empleos; los segundos para armas jugosos negocios. El colapso actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene que ver con ambos factores, con el agravante de que, en un caso como en otro, opera un complejísimo esquema de corrupción.
La seguridad social es una institución fundamental para la democracia porque promueve ciertas formas de equidad. Por ejemplo, el acceso a los servicios de salud en igualdad de condiciones para todos los afiliados. En ese sentido, el sistema de subcontratación con clínicas privadas que se aplicó durante el correato es uno de los más perversos atentados contra este principio. Durante esos años, el quintil más rico de la población obtuvo ingentes beneficios a través de la transferencia de fondos al sector privado de la salud. Los ricos se hacían atender en clínicas privadas y luego le pasaban la factura al IESS.
Esta situación nos remite a una vieja discusión: ¿cuál es el modelo de seguridad social más democrático y equitativo y más adecuado a nuestro país? Y aquí las propuestas oscilan entre el utilitarismo empresarial y la solidaridad eficiente. Es decir, entre el extremo de la racionalidad capitalista y el de la protección universal.
Por eso, para que no quede como otro saludo a la bandera, la convocatoria al diálogo nacional formulada por el actual Director General del IESS tiene que plantearse este dilema. Centrarse únicamente en la crisis financiera del instituto no hace más que prolongar las anomalías. Es como echarle un frasco de vitaminas a alguien que se está ahogando para que nade con más fuerza.
El debate es imprescindible porque se está imponiendo un discurso que justifica las estrategias privatizadoras, amparadas en la ineficiencia del IESS. Como si la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores pudiera endosársele al principio de la seguridad social.
Desde esta perspectiva, tanto la izquierda como los trabajadores, y aquellos sectores que defienden la seguridad social como un derecho, tienen la obligación de elaborar propuestas alternativas a la ofensiva privatizadora de los empresarios. No es suficiente con oponerse o denunciar. En otros países de América Latina se subastaron los sistemas de seguridad social y los efectos han sido catastróficos para los pobres. El remedio privatizador resultó peor que la enfermedad.
Pero tampoco es aceptable hacer de la necesidad virtud, como aquellos que abogan por mantener al IESS enfermo indefinidamente porque, de todos modos, es una institución de los trabajadores.
*Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.
La primera reforma debería ser eliminar del Consejo Superior del IESS a los representantes de los deudores, es decir al Estado y a los empleadores. Deben estar solamente los jubilados y los afiliados activos y sus representantes deben ser elegidos por elecciones directas y universales. Pero una vez elegidos deben encargar la administración del IESS a una empresa internacional seleccionada con ayuda de la OIT.
Lo de las cuentas individuales es una muy buena idea que ha estado rondando por más de 30 años, pero el sistema requiere de solidaridad y como actualmente es deficitario una privatización parcial o total contribuiría a su quiebra. A largo plazo, sería posible una privatización parcial pero con un impuesto solidario a los seguros privados para financiar al IESS. Ese impuesto puede irse reduciendo conforme el sistema se vuelve más sustentable.
Se deben prohibir totalemente los prestamos al estado y este debe pagar por todos los subsidios a los seguros no financiados y también la deuda que fue licuada con la dolarización de los aportes pasados que fueron convertidos a centavos o menos.