LO QUE CALLAN LOS CANDIDATOS. Por Raúl Moscoso Álvarez

18 de septiembre 2016

Temas fuera de la agenda electoral

Los candidatos o precandidatos y los grupos políticos (partidos, movimientos) mantienen un silencio táctico sobre ciertos temas sensibles, respecto de los cuales no les conviene pronunciarse. Temas tales como: la protección de nuestros pueblos hermanos en aislamiento voluntario, el no gracias a la minería; el carácter vinculante del no consentimiento informado de la comunidad; las alternativas más eficaces que la lucha policial contra la droga; o la despenalización del aborto

Marketing político

Las alianzas para ganar las elecciones únicamente se ocupan de la coyuntura electoral. De aquello que suma votos. De las concertaciones potencialmente exitosas. Importa proyectar una imagen atractiva. Solo comunicar mensajes generales y positivos respecto de los cuales estén de acuerdo todo el mundo y que no causen resistencias en algún nicho del electorado. Después de todo, las elecciones se hallan sometidas a las leyes del mercado. Los candidatos deben ofrecerse como un buen producto y la fuerza de ventas debe reforzar la lealtad de los clientes habituales (si los hay), persuadir a los irresolutos y atraer a los descontentos de las marcas y del producto estrella que han estado empleando. En palabras más directas, importa reforzar el voto duro, atraer la voluntad de los electores indecisos y convencer a los decepcionados del gobernante que no satisfizo sus expectativas.

Además, los compactados prefieren ignorar las diferencias sobre estos temas al interior de las alianzas. Podría resquebrajar los acuerdos aun entre las distintas tendencias de centro izquierda.

Discurso sobre la crisis económica

Ciertamente los grupos de oposición hablan de la crisis económica, del error inexcusable de no ahorrar para la época de las vacas flacas y de la corrupción rampante, perceptible por los sentidos de la ciudadanía relativamente informada. El olfato nos dice que algo huele mal en el país. Es el discurso común contra el actual mandatario. Este señor, de verbo fácil, replica con los argumentos de que no hay crisis económica, que el mejor ahorro es la inversión realizada, que los negociados no empañan la gestión de los altos jerarcas de Alianza País y que las denuncias son temerarias y de mala fe. Se persigue a los denunciantes (los mismos amargados de siempre) y no se investiga al denunciado.

Los opositores tampoco se atreven a mencionar sobre las duras medidas de ajuste que inevitablemente tendrá que tomar el sucesor en el poder, cualquiera que fuese su tendencia política. Es que aun en el caso hipotético de que el “populista responsable” (ojo con el oxímoron y el círculo cuadrado), dado a progresista, que tome la posta del presidente saliente, deberá tomar las únicas vías que le ofrece la ciencia económica (ortodoxa), para sacar al país del pantano en que se halla sumido.

Debate economicista y coincidencia de los candidatos en la política necrófila

Como se ve, el debate es reduccionista, unidimensional y economicista. La buena gestión de gobierno se reduce a una mejor performance económica. Tirios y troyanos coinciden en seguir con la política necrófila y entreguista de sustracción compulsiva de recursos naturales, pues todos los electores caemos rendidos a la frase alucinante de que “vivimos pobres, sentados sobre una mina de oro. O con los estupendos comentarios de los analistas económicos, pues todos estos expertos coinciden en que hay extraer y extraer. El petróleo, el oro, la plata y el cobre, decimos, nos entregarán los dólares que nos permitirán conservar la dolarización, superar la crisis económica y salir de la pobreza. Aún aquellos que discrepan de esta tesis engañosa, no manifiestan abiertamente su oposición en el fragor de la campaña electoral. Le restaría votos.

Tenemos entonces que impulsar esta política destructiva, más aún si sabemos que los enormes costos de esta opción expoliadora no son visibles a escalal nacional ni en el corto plazo. Total, se cree o se hace creer a los electores que estos costos sociales y ambientales locales no harán metástasis a nivel nacional. Se acepta sin chistar las cesiones de soberanía practicadas por este gobierno, vía contratos o mediante ley, con el argumento de atraer la inversión extranjera directa en esta actividad estratégica.  Frente a los quiméricos ingresos que nos vendrán a raudales, no es relevante, electoralmente hablando, comprometerse con la protección de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento voluntario. Que, ante los requerimientos de las grandes mayorías, a las minorías, que serían las comunidades, directamente afectadas por las intervenciones sustractivas y los megaproyectos, les toca pagar la factura (que todo sea por la patria).  Que, ante los requerimientos   del Bien Común (mayoría manda), su dignidad y derechos no valen nada o valen menos. Que éstas (comunidades) y aquéllos (pueblos en situación de aislamiento) no tienen cabida en la balsa del desarrollo del país. Que son desechables o sacrificables. Que los derechos de la naturaleza son cosa de ecologistas infantiles. Que la biodiversidad ni los pajaritos no dan billete.   Que sobra el agua en nuestro país. Que su empleo tendrá que privilegiarse en favor de las actividades petroleras y mineras y por cierto en los mega proyectos hidroeléctricos. Que los grandes proyectos de riego deben direccionarse hacía el agro-negocio y la agro-exportación, pues éstos generan ingresos para sostener la dolarización. La soberanía alimentaria y la prelación en el uso del agua para el consumo humano y para la producción de alimentos para el mercado interno son derechos y principios que devienen en subalternos frente a los imperativos de una economía en terapia intensiva.

Mutismo sobre los males de la minería

Los candidatos tienen que esconder, a los ojos del electorado, los males de la minería, industrial, a cielo abierto (más grave). Los medios de comunicación colectiva apoyan este silencio. Ocultar o minimizar, inter alias, el desplazamiento de comunidades pobres y la criminalización de la resistencia; las tierras agrícolas que se destruyen; los vestigios arqueológicos que desaparecen; las fuentes hídricas y los acuíferos que se malogran, las vertientes que se tapan y ríos que terminan contaminados y reducidos en su caudal; las reservas forestales en que se acaba con el bosque primario; las áreas naturales protegidas que son depredadas, acabando la rica biodiversidad  y sus bellezas escénica. Males que se los cubre y envuelve en atractivos envases de “minería responsable”. Saben que los daños graves, en intensión y extensión, solo serán visualizados años más tarde. Ahora, lo que importa es luchar por el poder, ganando las elecciones. luego se verá qué pasa.

Vida por petróleo

Tampoco conviene topar en la justa electoral el delicado hecho de la contaminación y la destrucción irreversible de los ecosistemas frágiles de la amazonia causados por la actividad petrolera. No queda más que entusiasmar al electorado con la sobre ponderación de las reservas probadas de petróleo en el parque nacional YASUNÍ. Se evade el tema de la calidad del crudo, demasiado pesado, del atlo costo de su producción y su transporte. Ilusionar con que los bloques 31, ITT (que sólo el campo TIPUTINI, tiene reservas por 1672 millones de barriles, que su producción actual es de 23000 barriles diarios) y Armadillo (sitio de mayor avistamiento de pueblos hermanos aislados) ya se hallan en explotación. Que, con las tecnologías limpias de última generación, los daños a la naturaleza son mínimos y pueden ser absorbidos por la PACHAMAMA sin que implique su deterioro.  Que hasta los WAORANI recién contactados han consentido que se explote petróleo en sus territorios. Que los pueblos hermanos en situación de aislamiento se hallan lejos de los campos petroleros. Que su presencia acaso es una mentira fraguada por gente interesada.  Que no existe la intencionalidad de exterminarlos. Que las medidas cautelares para protegerlos, tomadas por el gobierno nacional son eficaces.  Que estos pueblos eco-sistémicos pueden sobrevivir pese a los daños inevitables a las condiciones ambientales de la selva-hogar que hace posible su existencia. Que no se puede parar la sustracción de crudo, tan necesaria para el país, por unos cuantos indios salvajes condenados a desaparecer. Hay que manejarse con el racismo, el egoísmo y los prejuicios del electorado (a lo Trump).  Si es del caso, deben pagar con su vida el costo de la explotación petrolera.  Son daños colaterales que debemos asumir. Mejor dicho, que ellos, los distintos, estos pocos indios salvajes, tienen la obligación de soportarlos (a lo Busch).

No consentimiento de las comunidades afectadas

Otro asunto tabú, electoralmente innombrable, es el derecho de las comunidades a no consentir y a que esta negativa tenga efecto jurídicamente vinculante, respecto de intervenciones que afectan sus vidas, bienes y entorno ambiental. Intervenciones consistentes en actividades sustractivas, implementación de mega proyectos y la construcción de grandes obras civiles. Es que impiden el progreso del país, desde la perspectiva de los electores. Eso creen los candidatos. Además, como este derecho, propio de una democracia real, es reconocido apenas en la legislación ambiental secundaria, no cabe mencionarlo y peor enarbolarlo como propuesta de campaña. Quedemos entonces en seguir con la denominada “socialización”, como forma insidiosa y cosmética de cumplir con la obligación constitucional y legal de la consulta previa e informada. Obligación ésta, como sabemos, que no se extiende al imperativo de aceptar la decisión de negar la intervención, considerada inicua por la comunidad.

Despenalización del aborto

La tesis de despenalización del aborto es otra papa caliente que no debaten los candidatos ni consta en sus propuestas programáticas.  Tesis sostenida por el movimiento feminista y el  Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que debería ser considerada por el Estado, en vista de las cifras alarmantes de mujeres violadas, buena parte de ellas niñas-adolescentes; del alto número de embarazos de jovencitas; del drama de mujeres privadas de la libertad por haber optado por el aborto; y de la muerte de madres desesperadas que mueren en la sala de parteras clandestinas. Los candidatos saben que la represión penal por el aborto tiene su base religiosa. Que es considerado un pecado contra la vida, partiendo del dogma de fe de que existe ser humano diferente a la madre desde la concepción. Un ser humano con alma distinta a la madre. Dogma respetable que, en tanto que tal, carece de evidencia científica.

Espeluzna, sin embargo, tolerar un aborto provocado cuando el feto se encuentra formado y la madre se halla en estado avanzado de embarazo. De otra parte, las dos excepciones para no castigar: el peligro de la vida de la madre y el embarazo como producto de la violación a una persona con discapacidad mental no parecen ser suficientes. Según el COIP, una mujer violada, sin discapacidad mental o con discapacidad física, digamos parapléjica, podría ser sancionada con privación de la libertad por haber provocado el aborto. Los creyentes deberíamos aceptar que es un asunto del “César”. Que es un asunto de política pública y de normativa jurídica en el cual, no debe intervenir la religión. Así lo dijo “Alguien” con mejor criterio, hace veinte siglos. Todas estas reflexiones tienen que hacerse, pero la definición y un pronunciamiento sobre esta cuestión tan delicada son consideradas inoportunas en tiempo de elecciones.

La guerra contra la droga con otros medios más eficaces

Ninguno de los candidatos del gobierno y de la oposición se hallarían dispuestos a poner en el tapete de discusión la búsqueda de soluciones alternativas a la prohibición, dada la ineficacia probada del combate al narcotráfico con medidas penales y de represión por la fuerza pública (las fuerzas armadas están en la colada). Esto es lo políticamente correcto. El rato que un candidato lance la idea de despenalizar el narcotráfico, pierde miles de votos. Puede ser calificado de recibir financiamiento de los carteles. Todos conocen sin embargo que las medidas hasta ahora empleadas se han mostrado inútiles. Que los ingentes recursos para combatir la droga deben direccionarse hacia programas   salud pública, educación y prevención. Saben que el tabaquismo y el alcoholismo (drogas socialmente aceptadas) producen más víctimas que el consumo de estupefacientes y que el narcotráfico, como negocio prohibido, produce sicarios, asesinatos y corrupción de políticos, fiscales, jueces, policías y soldados. Que las víctimas del negocio del narcotráfico, fuera de los consumidores, puede ser la segunda causa de muerte a nivel mundial. Después del terrorismo y el genocidio en el medio oriente.  Que la ley seca produjo los ganster y el narcotráfico los carteles de la droga. Que la única manera de vencer al tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es eliminar el factor que lo convierte en un negocio de rentabilidad exorbitante: la prohibición.  Pero ¿quién pone el cascabel al gato? Ciertamente que el combate a la droga necesita de otros medios más eficaces que la penalización. La solución debe ser concertada a nivel internacional.  ¿Sería posible que el siguiente presidente de todos los ecuatorianos proponga esta solución a los grandes países consumidores? A lo mejor, pero los candidatos no van  sostener una tesis de este tamaño durante la contienda electoral. Pierden las elecciones. ¡Hay que proteger a nuestra niñez y adolescencia del peligro de la droga! De acuerdo, pero ¿cuál es la receta?