La información de los países que han accedido al tipo de crédito que Ecuador pretende realizar con el FMI no es nada alentadora en la temática de empleo. En efecto, las condiciones que plantean parecen aumentar el problema.
De forma es necesario observar algunas de ellas, no solo en la esfera laboral, sino en otras que pueden ser a las que nuestro país se subordine para alcanzar un crédito que puede ser un “salvavidas de plomo que ayudarán a ahogarnos en más deudas”. En ese sentido, se utiliza la base de datos del FMI: Monitoring of Fund Arrangements (MONA) que contiene información sobre algunas de las condicionalidades específicas establecidas para el caso de Grecia.
En días pasados el presidente Moreno anunció un nuevo crédito/deuda para el país. Dicha deuda asciende a USD 10.2 miles de millones. Un total de USD 6 mil millones corresponden al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Latinoamericano de Reservas y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Los otros USD 4.200 millones son del Fondo Monetario Internacional.
Este último monto del FMI es parte de un crédito de tipo “Servicio Ampliado (SAF) o Extended Fund Facility (EFF)” por sus siglas en inglés. A pesar de las declaraciones sobre un tipo distinto de crédito al histórico Acuerdo de Derecho de Giro (Stand By) al que recurrió Ecuador por 18 ocasiones entre 1961 y 2003, el EFF también plantea ciertas condicionalidades: “se espera que estos compromisos, incluida la condicionalidad específica, se centren en las reformas estructurales para corregir deficiencias institucionales o económicas, además de las políticas que mantienen la estabilidad macroeconómica”. En ese sentido, los gobiernos se comprometen a “ajustar la política económica para superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera a la comunidad internacional”. Por lo tanto, el crédito al cual accedería Ecuador está sujeto a condicionalidades que recuerdan las cartas de intención que dirigían la política económica en beneficio de una élite local e internacional. De esa manera, si el crédito es una realidad (es importante indicar que dicho acuerdo requiere de la aprobación de ciertas instancias legales las cuales deben interpelar este proceso), algunas de las incógnitas que surgen son ¿Cuáles serán las condiciones que implicarán esta nuevo crédito? ¿En otros países existe evidencia que dicho crédito tuvo éxito?
La base de datos del FMI: Monitoring of Fund Arrangements (MONA) contiene información del “seguimiento de los resultados de los países en cuanto a las compras y los exámenes programados, la condicionalidad cuantitativa y estructural y los indicadores macroeconómicos”. Según estos datos entre 2002 y 2018 existen 21 países que tienen este tipo de crédito,[1] entre ellos se encuentra Grecia con un crédito en el año 2012 y cuyos efectos no han sido deseables para el conjunto de la población en este país. De esa manera uno de los indicadores sobre su situación, el desempleo, que se encontraba en un 17% en 2011 ahora alcanza el 21% en 2018. Así mismo, en Ecuador, según el presidente Moreno el dinero del crédito se “empleará para crear oportunidades de trabajo”. Sin embargo, si se analiza el mismo indicador de desempleo, se observa que -de los países de los que se dispone información- de un total de 18 naciones con este tipo de crédito, 12 han aumentado su nivel de desempleo, mientras que entre los 6 restantes la disminución bordea tan solo un cambio entre 0,12 y 1,8 puntos porcentuales.
18 países*
Por lo tanto, en temática de empleo no parece existir evidencia de que el préstamo mejore las condiciones del trabajo en el país. No obstante, la causalidad del crédito del FMI como el factor que determina el crecimiento del desempleo -en lugar de su disminución- necesita de una evaluación de impacto. De tal manera que la información presentada en este artículo es descriptiva y exploratoria. A pesar de ello, los resultados muestran que el empleo no es uno de los sectores que un crédito del FMI solucione, al contrario, lo pauperiza tendencialmente. Es posible que este sea el resultado de las mismas condiciones en política económica que genera estos problemas. En ese sentido, observar ciertas condicionalidades que se exigieron para otorgar el crédito -y sus flujos- en otros países puede dar una pista de lo que probablemente ocurriría en Ecuador.
En este artículo se consideró a Grecia considerando que tiene un crédito de estas características –a pesar de que también tiene otros tipos de crédito con el mismo organismo- y su política monetaria no tiene la ventaja de poseer moneda propia (pertenece a la UE), a diferencia de Argentina, que también tiene otro tipo de crédito (Stand By). Analizar las posibles condiciones que a las que se desea someter el país van a permitir tomar medidas que posibiliten interpelar dichas condiciones no solo como no adecuadas socialmente, sino como económicamente ineficientes. El resumen de algunas de las condiciones de Grecia, en distintos sectores, se muestra a continuación:
Es necesario considerar que algunas de estas propuestas pueden configurar las condicionalidades que operen en el país. La mayoría de ellas en lugar de operar de forma contracíclica lo que hacen es profundizar la situación complicada de un país, por lo que es necesario cuestionarse de si el crédito es necesario. Esto, articulado a medidas como las pretendidas como suprimir el Impuesto a la Salida de Divisas, privatizaciones, entre otras, pueden generar un problema económico de considerables magnitudes en Ecuador; como la ley de fomento productivo ya inició. Por lo tanto, alternativas como un aumento del ISD y supresión de la evasión/elusión fiscal aparecen como una posibilidad en lugar a un crédito con este organismo internacional, mismo que puede ser el inicio de una espiral de deuda interminable.
Anexo 1. Países con créditos EFF
Fuente: FMI-MonaData. Elaboración: Jonathan Báez
*Economista, maestrante en Sociología FLACSO-Ecuador. Autor de investigaciones sobre temas de desigualdad, concentración, mercado laboral, y grupos económicos. Miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD).
Contenido publicado originalmente en: ISIP
