6 de julio de 2016
Hace ya varios meses, un articulista de la región lamentaba la suerte de la regulación sobre la libre movilidad de la Constitución de Montecristi. En su opinión, el revolucionario esfuerzo de promover la movilidad desde una perspectiva de derechos, se veía afectada en un escenario migratorio regional caracterizado por la presencia de cubanos en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, muchos de ellos provenientes de Ecuador. Tales valoraciones parecieran mostrar una nostálgica preocupación jurídica, como si las reales dinámicas migratorias de la región estropearan el diseño formal de la libre movilidad.
Desde hace varios días un grupo de cubanos que desean llegar a Estados Unidos, acampó en los exteriores de la Embajada de México en Quito, intentando gestionar una visa humanitaria que facilitara su traslado hasta territorio mexicano con la finalidad de llegar a su destino final. Como era de esperar, el gobierno mexicano rechazó la petición presentada.
En la madrugada del sábado 26 de junio, fuerzas policiales, acompañadas de antimotines, desalojaron violentamente al grupo de cerca de cuatrocientas personas de los exteriores de la Embajada mexicana. Durante el desalojo perdieron la mayoría de las partencias de los allí presentes: carpas, cobijas, dinero, documentos de identidad y hasta varios pasaportes. El grupo desplazado, buscó refugio en el parque La Carolina en el centro norte de la ciudad. Después de varios días allí recibió una autorización del municipio de Quito para ubicarse en el parque de El Arbolito, mítico lugar de las protestas en el país.
En la madrugada de ayer, entre las 2:30 y 3:00 am –cual bandido que se oculta de la luz del día- fueron desplegadas fuerzas policiales, vehículos especiales y tropas antimotines, para desalojar al grupo de personas ubicadas en El Arbolito, a pesar del permiso vigente del municipio. De esta operación resultaron detenidas ciento cuarentaisiete (147) personas, entre estas cuatro menores de edad, un adolescente que fue lesionado durante el operativo, al menos dos mujeres embarazadas, varios adultos mayores y personas enfermas.
El Ministro del Interior, liquidando en un solo acto la supremacía constitucional, ha manifestado públicamente que aquellos en situación irregular serán deportados. ¿Dónde queda la prohibición de deportaciones colectivas del numeral 14, artículo 66 de la Constitución? ¿Dónde, las reglas básicas del debido proceso?
¿Dónde está el respaldo de la embajada cubana en el Ecuador? El silencio cómplice de las autoridades cubanas, no hacen más que ratificar la postura oficial que continúa leyendo la migración como un acto de deslegitimación al proyecto político. A pesar del júbilo con que celebramos la reforma migratoria del 2013, la actuación del gobierno cubano, deja ver los límites de una política migratoria, que no concibe a la población migrante como parte de su pueblo; desconociendo así la dimensión transnacional de una nación que desborda los límites del archipiélago cubano.
Está muy claro que una parte amplia de la solución al pedido del grupo de cubanos en esta situación radicaba en la voluntad de EE.UU. Ya sabemos que la Ley de Ajuste Cubano tiene una clara finalidad política, y que el mismo gobierno que recibe a los cubanos en la frontera, es el que niega la solicitud de visa en ventanilla consular ante cualquier duda de potencial migrante; que solo son bienvenidos si cruzan noventa millas de mar o desandan kilómetros de selva, entre maras y tiburones, vendavales y guerrillas. Pero ¿acaso se pretende justificar una solución en la que se cambia una violencia por otra?¿De qué manera la detención, los antimotines, los escudos, los vehículos especiales, y todo el despliegue de fuerza armada, logrará precautelar los derechos de la población migrante, y proteger a los cubanos de las redes de tráfico de personas?
La cancillería ecuatoriana aseguró en el mes de marzo, que no hay trato discriminatorio en contra de la población cubana. Después del desalojo y detención del grupo de El Arbolito, no parece quedar ninguna duda.
Para muchos el tema migratorio es un otro tema; no es parte del escenario político nacional. A pesar de que podamos no compartir el discurso político del grupo desalojado, el acto de hoy en contra del grupo de migrantes cubanos nos deja dos enseñanzas elementales: primero, que lo ocurrido constituye una evidencia más de la consolidación de la militarización como forma de resolución del conflicto social, y segundo, que lo sucedido representa un mecanismo práctico de desmontaje parcial del orden constitucional.
La responsabilidad sobre la poca fortuna de los derechos de libre movilidad y de la ciudadanía universal en la Constitución de Montecristi, no puede ser reclamada a la población migrante. La protección de los derechos es responsabilidad colectiva, y no reclamo de pocos. La injusticia en cualquier parte, es un atentado contra la justicia toda, contra nuestro futuro, y la vida que esperamos.
Foto: https://www.youtube.com/watch?v=Wrm91buBehk
