Por nuestro enviado especial
EE.UU., 26 de julio
En esos días en Washington sólo se escuchaba hablar del testimonio del fiscal especial Robert Muller, quien durante más de dos años estuvo investigando, a solicitud de las autoridades de justicia norteamericanas, si había habido injerencia extranjera en las elecciones presidenciales de 2016.
Después de 40 millones de dólares gastados y más de 30 personas inculpadas por diferentes cargos, la conclusión del informe del fiscal especial fue inequívoca: no solamente sí hubo intento de influencia del gobierno ruso en las elecciones norteamericanas, sino que esto puede volver a suceder.
Sin embargo, el frenesí mediático no se debía precisamente a la salida del informe en sí, ya que después de todo éste fue presentado de manera reservada al equivalente del ministerio de Justicia norteamericano en el mes de abril, sino que ahora su autor, Robert Muller, iba a responder en una audiencia pública a las preguntas de los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes. El sector demócrata esperaba esta comparecencia pública como la oportunidad de dar a conocer al público norteamericano, que en su inmensa mayoría no se ha dado la molestia de recorrer un informe de más 400 páginas, las principales conclusiones del mismo, especialmente alrededor de las sospechas de obstrucción de justicia que apuntaban al presidente mismo.
Y es que después de la salida del informe, hubo varios intentos de la administración actual en limitar el impacto negativo de sus conclusiones; primero bajo la forma de un resumen de 4 páginas elaborado por el ministro de justicia, William Barr, el cual distorsionaba las conclusiones del informe de forma tal que el propio fiscal especial tuvo que escribir una carta, oportunamente filtrada a la prensa, donde se quejaba amargamente del tratamiento dado a su informe.
Posteriormente, el ministro intentó eludir la polémica liberando una versión fuertemente censurada del informe, hasta que, por la presión mediática, tuvo que resignarse a publicarlo con una versión menos censurada. Mientras su ministro de Justicia intentaba todas estas maniobras más o menos sutiles para esconder el contenido del informe, el presidente Donald Trump no dudó en declarar públicamente una y otra vez, especialmente en lo que se ha convertido en su canal de comunicación preferido, Twitter, que el informe lo exoneraba totalmente (“total exoneration”) y que no había ninguna prueba de colusión de su campaña con los rusos (“no collusion”), aprovechando para deslegitimar totalmente lo que él llama una “cacería de brujas”.
Las publicaciones de Twitter del presidente Trump se basaban sobre todo en una argucia jurídica del informe, que indicaba básicamente que no se podía decir que Trump no había cometido crímenes federales, como el hecho de coordinar con un gobierno extranjero para ganar las elecciones o como el tomar diferentes acciones para hacer obstrucción a la justicia en las investigaciones relacionadas con ese caso, y que, en todo caso, la Constitución impedía actualmente acusar judicialmente al presidente en ejercicio.
Es una estrategia aparentemente fructuosa para el presidente, la de repetir su propia verdad, aun cuando existen hechos demostrados como la injerencia del gobierno ruso en las elecciones. El hecho de mantenerse en sus trece le permite no tomar ninguna acción real frente a los mecanismos que permiten actualmente a equipos de « hackers » rusos de élite, probablemente operados por el gobierno ruso, convertirse en una amenaza real contra la soberanía de los Estados Unidos al implementar mecanismos que les permiten manipular a grupos de electores e inclusive tal vez, poder manipular las máquinas mismas o los sistemas electrónicos de voto.
Sin embargo, aunque el respetado Muller, veterano de Vietnam y ex-director del FBI, pasó seis horas frente a los representantes, éstos no pudieron hacerle decir nada que pudiera ser utilizado para incriminar al presidente.
Aparentemente, la comparecencia sirvió ante todo para convencer a más representantes demócratas de que, aun cuando es muy probable de que cualquier iniciativa de destitución (o « impeachment », en inglés) empezada en la Cámara de Representantes se estrelle inevitablemente frente el muro infranqueable del Congreso, donde la mayoría de republicanos incondicionales del presidente no le daría paso, es necesario lanzar el procedimiento, por una cuestión de principios.
En efecto, aun cuando, objetivamente, es más seguro lograr la salida del poder de Trump mediante su derrota en las próximas elecciones del 2020 (lo cual no está asegurado, especialmente si cuenta con la ayuda de los hackers rusos), son cada vez más los demócratas que no quieren callar frente a las acusaciones contra el presidente en ejercicio que salen a la luz, consciente de que algún día les pudieran reprochar su silencio o inacción.
