El Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, confirmó que se está preparando el decreto ejecutivo para viabilizar la explotación en el campo Ishpingo, parte sur del Bloque 43 ITT, para lo cual están consiguiendo las licencias y trámites que exige la ley.
Frente a estas declaraciones, 53 organizaciones sociales que defienden los derechos de la naturaleza, de las mujeres y de los pueblos indígenas cuestionaron el accionar del presidente Lenín Moreno y sus carteras de Estado.
Mediante un comunicado público se preguntan ¿Cuáles son las razones para que un ministro,con el aparente compromiso de defender la vida, como Humberto Cholango demita del cargo más solemne en pro de la naturaleza? ¿Acaso su presencia en el gabinete tenía como fin legitimar el modelo extractivo impuesto por el expresidente Rafael Correa? ¿Cuál es la otra verdad a medias que se negocia bajo las mesas, fuera de cámaras o en hoteles de lujo como en la Revolución Ciudadana? “Un gobierno que negocia la vida de pueblos indígenas, que baraja sus territorios como fichas intercambiables y apuesta con sus derechos es un gobierno que trabaja para la mafia petrolera, mafia que una vez más afirma su poderío en otro gobierno de ‘cambio’ ”.
El 03 de enero del 2007, a mano de Alfredo Palacio, se firmó el Decreto 2187 que en su artículo 2 establece una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros de ancho contigua a toda la zona intangible, en el interior del Parque Nacional Yasuní. Tanto la zona intangible como la zona de amortiguamiento que establece el Decreto aseguran la protección de la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri-Taromenane, pues en su artículo 3 prohíbe se construyan carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y obras que los estudios de impacto ambiental juzguen incompatibles con el objeto de la zona intangible, dice el comunicado.
No obstante, 6 años más tarde, la Asamblea Nacional inconstitucionalmente declaró de interés nacional los campos 31 y 43 dentro del Yasuní y en un vago intento de cuidar sus nombres ésta dispuso excluir de la declaratoria de interés nacional la realización de actividades extractivas en la zona intangible Tagaeri Taromenane, sitio donde se encuentra el campo petrolero Ishpingo.
A casi 20 años de la creación de la zona intangible, que protege la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, se plantea derogar el Decreto 2187 a manos de Lenín Moreno. Esto con el fin de permitir las actividades petroleras en la zona de amortiguamiento, es decir, extraer petróleo del campo Ishpingo; esto no sólo figura una transgresión a la declaratoria de interés nacional del 2013 emitida por una Asamblea ya criticada, sino que representa un retroceso de derechos, ya que la Constitución del Ecuador precautela la vida de los pueblos en aislamiento en su artículo 57 y se afianza aún más con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2014.
Para las organizaciones, este intento de explotar otro campo petrolero es una maniobra etnocida que da fe de un gobierno en miras de expansión de la frontera petrolera, no sólo en el lugar más biodiverso del mundo, sino también al centro sur de nuestra amazonía como el territorio Sápara y Sarayaku, con lo cual se impone sobre la autonomía y garantías de estos pueblos que han protegido los bosques más antiguos del Ecuador.
Además, las organizaciones consideran que la dimisión de Humberto Cholango como ministro de Ambiente se da por ser “consciente del riesgo genocida y ecocida que supone permitir la extracción de crudo en Ishpingo. Tal regresión de derechos de los pueblos Taromenane Tagaeri, así como los de la naturaleza colocará una nueva agenda mega extractivista que pone finalmente en peligro la vida de toda la aldea global, mostrando la otra verdad a medias que Lenín Moreno ha escondido”, concluye el documento.
*Redacción La Línea de Fuego
