ME EQUIVOQUÉ SOBRE CORREA
Carlos Zorilla. Intag
Lo acepto, pensé que esperaría hasta después de las elecciones, que se celebrarán en febrero, antes de enviar los gangsters mineros para intentar de imponer la agenda del gobierno en las comunidades de Intag. Sin embargo, si no recuerdo mal, creo que mencioné el hecho de que cuando se trata de la minería, muy poco me sorprendería, y que con frecuencia, la estupidez se impone.
Así, el pasado miércoles, en el gobierno de la parroquia de García Moreno, donde la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional encontró el cobre de Junín, los delegados de la empresa nacional minera-ENAMI- sostuvieron una fuerte confrontación con Shisela Morales, la presidenta electa de García Moreno (equivalente a un alcalde de un Municipal). La Sra Morales estaba acompañada de algunos funcionarios electos.
Los funcionarios mineros insisten en socializar el proyecto minero directamente con las comunidades. El gobierno de García Moreno, el cual es autónomo, insistió en que antes de que lo intenta, ENAMI debería entregar información acerca de la concesión minera y los planes de iniciar actividades de exploración avanzados en el segundo semestre del 2013. También fueron, de nuevo, advertidos sobre la posibilidad de que su presencia provoque conflictos sociales. La arrogancia ganó el día, y ENAMI anduvo visitando las comunidades para establecer las inoportunas reuniones, a pesar de los deseos del gobierno local.
Para subrayar el descontento que las comunidades sienten sobre el posible regreso de la pesadilla de la minería y la indignación con este tipo de arrogancia, los funcionarios de ENAMI fueron detenidos cerca de Junín y se les advirtió que no eran deseados, y se le advirtió que no regresaran.
CODELCO, la mayor productora mundial de cobre, en realidad haría todo el trabajo exploratorio, ya que ENAMI no sabe donde esta parada en cuanto a la minería.
Una de las primeras reuniones ENAMI fue organizada para Apuela, para este domingo (19). Tienen la esperanza de que en este gobierno parroquial, que se ecuentra aproximadamente a 3 horas de distancia de la mina y no se verá afectado directamente, le vitoreán . El mismo día, ENAMI espera reunirse en el Gobierno Parroquial de Peñaherrera, con los mismos resultados previstos. Creo que les espera una sorpresa desagradable, sin embargo. Aunque hay algunas personas que están a favor de la minería en estos dos gobiernos Parroquiales, la mayoría de la población rechaza las divisiones, la violencia y el caos social general que la minería trajo a Intag con los canadienses.
Para ayudar a aliviar algo de este temor, los representantes de ENAMI, que viajan con una firma de publicidad de gran prestigio, garantizan a todos que con ellos, las cosas serán diferentes: no habrá violencia, ni paramilitares, ni disparos contra campesinos indefensos, nada de montajes judiciales, y mucho dinero para carreteras, clínicas, nuevas escuelas secundarias y blablablabla, hasta la saciedad.
Pocas personas, sin embargo, conocen de la oscura historia de cuando los gobiernos directamente dependen de las rentas provenientes de la explotación minera a gran escala. Estoy hablando de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de toda oposición, demandas inventadas, y el uso del ejército para sofocar la resistencia. En el infame caso de la mina de cobre de Bouganville, con el fin de mantener el flujo de dinero a las arcas del gobierno de Papúa Nueva Guinea, el propio gobierno contrató paramilitares para reprimir la protesta contra el proyecto minero, el cual terminó con el asesinato de decenas de miles de isleños. La mina fue cerrada, y el conflicto provocó una guerra civil de baja intensidad, que 30 años más tarde, todavía está en curso. Papua Nueva Guinea no es, de ninguna manera, el único lugar donde este tipo de abusos han ocurrido. En la parte indonesia de la isla, se han producido numerosos violaciones de derechos humanos relacionadas con la gran mina de oro y cobre Grasberg, en la cual es socio el gobierno. La lista es bastante larga. Pero, en resumen, cuando los gobiernos son dueños, o socios de minas muy productivas y dependen en gran medida de las rentas a cubrir gastos del ejército, la policía y otros servicios “básicos”, se puede esperar graves abusos de derechos humanos.
La reunión de Junín está programada para el lunes que viene (20 ª). En el momento de escribir estas líneas, las comunidades se reúnen para determinar cómo mejor enfrentar la nueva amenaza
