Por Sebastián Ortiz A.
Cristian Ramírez tiene 36 años y no consigue empleo estable desde hace cuatro meses. Vive con sus padres, quienes lo ayudan económicamente mientras logra encontrar trabajo. Mientras tanto, sobrevive con oficios ocasionales en electrónica, área en la que ha trabajado esporádicamente durante ocho años, aunque nunca ha logrado estabilidad. “Ahora todas las empresas trabajan bajo la modalidad de factura. En la última empresa donde estuve, me obligaron a sacar el RISE[1] (Régimen Impositivo Simplificado), si no, no me pagaban. Además, nunca tuve los beneficios de ley”. No es un caso aislado.
En Ecuador, el empleo adecuado alcanza apenas el 35,9%, según cifras del INEC (2025). Se considera empleo adecuado aquel que paga al menos el salario básico unificado (470 dólares) por 40 horas semanales. Sin embargo, estas condiciones rara vez se cumplen. En comparación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, ubican a Suiza como el país con mayor índice de empleo adecuado (80,3%), lo que demuestra la brecha significativa frente a la realidad ecuatoriana. La situación de los jóvenes es aún más dramática: en julio de 2025, el desempleo juvenil alcanzó el 41,9% en Ecuador, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La falta de empleo estable y el auge de modalidades precarias marcan la vida de miles de personas en el país.
Han pasado cuatro meses desde la última entrevista de trabajo a la que Cristian fue convocado. “Envío un promedio de dos hojas de vida por semana, porque ya no es como antes, que ibas a dejar el currículum de manera presencial. Ahora solo te piden que lo envíes, pero nunca te llaman”. Al mismo tiempo, existen decenas de grupos de WhatsApp donde se publican oportunidades laborales. Sin embargo, muchas ofertas se basan en la modalidad de “servicios profesionales”, es decir, pago por factura o por comisiones. Esto implica la eliminación de derechos y beneficios laborales que por ley deberían garantizarse. Ante la falta de empleo, a los aplicantes no les queda otra opción que aceptar. Así lo advierte Óscar Chamorro, juez laboral de la Corte Provincial de Pichincha, en declaraciones brindadas para La Línea de Fuego: “Hay una gran cantidad de trabajadores que, desesperados, buscan ganar algo día a día. Por esa razón se enrolan y son explotados laboralmente”.
Karla*, trabajó casi un año bajo esta modalidad. “Cuando ingresé en julio de 2024, hacía seis horas diarias, 30 semanales. En diciembre me subieron a siete horas diarias y en enero a ocho. Luego, en junio de 2025, me bajaron otra vez a siete; el pago llegaba los primeros cinco días de cada mes, pero nunca sabía cuánto iba a recibir: Primero me pagaban y después emitía la factura, porque no tenía un valor fijo mensual (…) nos contaban minuto por minuto”.
Esta figura no es nueva. Alberto Acosta, economista y ex presidente de la Constituyente del 2008, lo explica así: “Nos quieren vender una idea de libertad laboral. Aparece como que la persona es libre de decidir si trabaja o no. Esa libertad, entre comillas, cristaliza la sobreexplotación sin derechos. Esto se profundizó durante la pandemia y se mantiene hasta hoy”, advierte Acosta en una entrevista para La Línea de Fuego.
Para Acosta, este modelo de contratación en el Ecuador no necesariamente es ilegal: “La legalidad no te asegura la imposibilidad de que seas sobreexplotado ni que se vulneren tus derechos laborales”.
¡Toca aguantar!
Tener un empleo adecuado tampoco asegura una vida tranquila. Vanessa*, quien trabaja en una institución de educación superior privada hace cinco años, lo confirma: “Trabajo un promedio de nueve a diez horas al día y no es que esto se refleje en mi salario. Las horas trabajadas no se ajustan a lo que debería ganar. Ya no da la energía a veces”. Muchos empleados no renuncian por miedo a quedarse sin ingresos, lo que facilita la explotación. “He conversado con mis compañeros y coinciden en que nos pagan poco y somos explotados; algunos ya están enfermos con dolores de columna y cosas así”, concluye.
Chamorro refuerza esta idea: “actualmente resulta mucho más difícil enrolarse al mercado laboral. Los pocos que lo logran, en su mayoría, perciben salarios básicos o incluso inferiores. En esa medida, los derechos laborales se violentan y el empleador incumple con ellos”.
El subempleo es otra cara del problema. Las personas en esa condición trabajan menos de las 40 horas o perciben un salario menor al básico. Según el medio digital Primicias, en junio de 2025 el subempleo bajó del 23,1% al 20,9%, aunque la variación no es estadísticamente significativa. Muchos trabajadores pasan de subempleo a empleo ‘adecuado’, pero sin mejoras reales: Ismael* es un ejemplo. Trabaja en una empresa familiar desde hace tres años y recién el último año fue afiliado al seguro social. Fue contratado como Community Manager, pero en la práctica realiza múltiples tareas: “Me toca atender el local, limpiar, perchar y se consume demasiado tiempo. A veces no hago ni lo uno ni lo otro; ahora me dedico más a vender que a la comunicación”.
Su horario oficial es de 09:30 a 18:00, con media hora para almorzar, pero a menudo se extiende hasta las 19:00 o 20:00 sin pago de horas extras. “Cumplo la función de tres personas distintas y el salario no corresponde”, concluye.
La calle es mi sustento
El trabajo informal, definido por el medio digital Primicias como un “fenómeno, caracterizado por relaciones laborales que operan al margen de los marcos regulatorios, con profundas implicaciones tanto para los trabajadores que se ven privados de protecciones legales y beneficios sociales como para el Estado”, sigue superando al empleo adecuado en Ecuador, con una tasa del 51,8% según el INEC. Este sector sobrevive de actividades diarias, principalmente ventas ambulantes.
Edgar Enríquez, de 73 años, vende en el Centro Histórico de Quito desde hace 15 años. Perdió una pierna en un accidente y su hija lo ayuda a movilizar los productos. Ella también forma parte de la estadística de trabajadores informales.
Roberto Peralta, de 50 años, perdió la visión en un ojo y desde hace cinco años vende gelatinas en la Plaza San Francisco. “Vendo gelatina porque no hay empleo. Además, por mi discapacidad y edad ya no me quieren contratar”. No terminó sus estudios secundarios, lo que también limita sus opciones.
Carlos, fotógrafo de 25 años de trayectoria, trabaja en plazas y calles del Centro Histórico. Pese a tener discapacidad en la mano y problemas de visión, se mantiene en el oficio. “No pido que me den plata, solo que me dejen trabajar”, reclama.
En un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el reto de los países a nivel mundial debería ser la implementación de leyes que permita a los trabajadores pasar de la informalidad a la formalidad laboral: “La formalización de la economía es un proceso complejo y a largo plazo que a menudo requiere combinar intervenciones en leyes y regulaciones con aquellas que apuntan a fomentar la productividad y la capacidad de generar riqueza”. El economista Jonathan Báez establece una diferencia en el trabajo informal en el Ecuador:
“La dicotomía de informalidad-formalidad del espacio laboral tiene varias nociones según la toma de posición de énfasis que se le quiere implementar. Por ejemplo, desde el lado institucional en Ecuador, específicamente el INEC, se refiere a aquellas personas que trabajan en establecimientos que no tienen RUC. Esto de alguna manera significa que esos trabajadores y trabajadoras no tienen acceso a elementos formales de protección laboral. En efecto, para estar asegurado, registrar un contrato, etc. los establecimientos requieren de RUC para “formalizar” la relación. Se asume que, si el establecimiento no tiene esta formalidad, el trabajador/ra no la tiene tampoco; la inclusión, por tanto, no pasa solo por la dicotomía formal-informal, pasa por atender las dinámicas complejas de asalariados y del trabajo autónomo”.
Los Ninis: Ni estudian ni trabajan
Según un artículo de La Hora (septiembre 2025), uno de cada cinco jóvenes en Ecuador ni estudia ni trabaja. El 19% de los jóvenes entre 15 y 24 años son ‘ninis’, una cifra que supera el promedio regional (16%) y duplica la de los países con ingresos altos (10%).
Por otro lado, un informe de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador revela que la Población Económicamente Inactiva (PEI) pasó de 23,5% en 2018 a 25,4% en 2024. Esto significa que más ecuatorianos en edad de trabajar no participan en el mercado laboral por diversas razones, entre ellas terminar sus estudios o desarrollar labores domésticas no remuneradas.
La feria laboral organizada por ConQuito en julio pasado refleja esta realidad: 18 mil personas acudieron para postular a las 2 mil vacantes que ofrecían las 74 empresas que participaron en la feria. Radio Pichincha informó que “el desempleo juvenil en Ecuador sigue en ascenso y alcanzó un nuevo pico en julio de 2025: 41,9% de los jóvenes entre 15 y 25 años están sin empleo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos”.
La situación se agrava con la falta de acceso a la educación superior por la dificultad que esto implica para acceder a un puesto de trabajo.
No hay trabajo, pero sí hay despidos: la inestabilidad mata
La inestabilidad laboral es quizás lo más grave de todo. Resulta difícil, si no imposible, planificar – comprar una casa, por ejemplo – sin garantías de permanencia. Y no es sólo un asunto personal, a mayor escala, tiene consecuencias para la economía del país. La inestabilidad representa un problema grave dentro de un sector privado que sigue presionando para mayor ‘flexibilidad, pero también aflige al sector público.
En julio de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5 mil servidores públicos, en el marco de un plan de eficiencia administrativa. Sin embargo, Radio Pichincha reportó que la cifra real ascendería a 6.322 funcionarios. El IESS confirmó que la afiliación del sector público pasó de 642.187 a 635.865 empleados entre junio y agosto, lo cual demuestra un descenso de más de seis mil aportantes lo que a la larga podría desembocar en otros problemas como la falta de liquidez en la caja del seguro.
Abraham Narváez fue notificado el 30 de junio, el mismo día en el que fue aprobado el acuerdo ministerial. Abraham afirma que nunca tuvo evaluación de desempeño previo a la desvinculación “Trabajé 22 meses. Ese día solo me llegó un Quipux (correo institucional) con la notificación de la terminación unilateral del contrato, no hubo previo aviso”. Él prestaba sus servicios en el Centro Especializado en Genética Médica (CEGEMED) ubicado en Calderón. “Mi contrato fue de analista de laboratorio, pero estaba con la responsabilidad de la gestión de calidad de toda la unidad”.
Alberto Acosta advierte que este tipo de medidas responden a la receta neoliberal de “achicar el Estado” para ahorrar fiscalmente, bajo la lógica de “menos Estado, más mercado, mayor desarrollo”; sin embargo, esta fórmula, dice, “no siempre funciona”. Todo lo contrario, la experiencia a nivel global demuestra que el neoliberalismo y sus recetas de austeridad solo hunden más las economías de los países donde sean aplicadas.
La afectación económica por la falta de empleo adecuado se ha visto agravada en los últimos días debido a la especulación de precios en los productos de primera necesidad, todo esto como resultado de las políticas del presidente Daniel Noboa, pues recientemente (13 de septiembre) decretó la eliminación del subsidio al diésel, el cual pasó de costar de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. Noboa anunció que no habrá incremento en los precios del pasaje del transporte público; sin embargo, hay que recordar que, durante su campaña como aspirante a la presidencia, también prometió que no tocaría el subsidio al diésel porque, según sus propias palabras “tiene una directa correlación con el costo de la vida”.
Mientras tanto, Cristian sigue con la esperanza de encontrar un empleo estable. “Actualmente paso en casa haciendo cualquier oficio como limpiar, cocinar o ayudar en algún quehacer. Envío hojas de vida por correo electrónico hasta que alguna empresa me llame. Por el momento, no he tenido posibilidades ni siquiera para un emprendimiento, porque se necesita capital para eso”.
*Nombres protegidos
Fotografía de portada: Cristian Chicaiza
Fotografías dentro del texto: Cristian Chicaiza
Edición: Gerard Coffey / Ela Zambrano
[1] El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), es un régimen de inscripción voluntaria, que reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país (https://www.sri.gob.ec/regimen-impositivo-simplificado-rise).
