Bajo la bandera del combate al crimen, el Gobierno de Daniel Noboa abrió las puertas a Palantir Technologies, una firma experta en convertir la integración de datos en inteligencia de guerra. Tras la fachada de eficiencia subyace un historial de vigilancia masiva hacia civiles, utilizada en contextos como la inteligencia israelí para el rastreo de objetivos en Gaza y el control migratorio del ICE en los Estados Unidos.
Leonardo Gómez Ponce , miembro de CONNECTASHub
17 de febrero 2026
Tienes las manos manchadas de sangre, le gritaban los estudiantes a Alex Karp en la Universidad de Columbia en abril de 2024, para reclamarle por el rastro que su software dejó en los conflictos más cruentos del siglo XXI. Los increpaban por la participación de Palantir Technologies en el sistema de deportaciones masivas y separación de familias de ICE, en Estados Unidos, y en la selección automatizada de objetivos militares en la Franja de Gaza, donde su tecnología sirve de brújula para bombardeos de alta precisión que dieron muerte a miles de civiles.
“Alex Karp, you can’t hide, we charge you with genocide!” (Alex Karp, no te puedes esconder, ¡te acusamos de genocidio!). El cántico retumbaba fuera del recinto donde cientos de estudiantes levantaron un campamento de resistencia. Ante el asedio, el personaje no buscó el refugio de la diplomacia corporativa; con la frialdad del filósofo que teoriza la guerra, sentenció: “Somos los únicos dispuestos a decir que el uso de la fuerza y la tecnología para matar a los enemigos de la democracia es algo necesario”. Con esa frase, el CEO de Palantir se autoproclamó gestor y facilitador del “asesinato ético” bajo la bandera de Occidente. Detrás de esas palabras hay una realidad inquietante: está ampliamente documentada la ideología extremista no solo de Karp sino de su socio, Peter Thiel.
Esas mismas manos, que engranan el control letal y el perfilamiento masivo, estrecharon las del presidente Daniel Noboa en Davos, Suiza, al sellar el futuro de la vigilancia en Ecuador, que podría convertirse en el primer país de Sudamérica con una oficina de Palantir. Con ese gesto, el mandatario vinculó al país con una corporación que el diario británico The Guardian definió, sin matices, como la empresa más aterradora del mundo.
Hay una simetría inquietante entre la “Doctrina Donroe” que Donald Trump proyecta desde Washington y el entusiasmo con el que el Gobierno de Noboa entregó las llaves de los datos públicos a Palantir. Esta alineación no es solo retórica; es operativa y, sobre todo, opaca.
La gestión fronteriza como experimento inicial
Palantir se filtró en el armazón estatal por las grietas de la Aduana. Según el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, los módulos de análisis de riesgo de la firma permitieron aumentar en 15% la recaudación aduanera. Pero el Gobierno pretende integrar el software a la gestión estratégica de las aduanas y la seguridad fronteriza durante 2026.
El tema de aduanas sería apenas el comienzo de un plan voraz, y el siguiente paso apuntaría a actividades ilegales en minería y pesca. Pero su aspecto más inquietante está en la Seguridad Social. Allí, el Gobierno ya intentó implementar sistemas de integración de datos como HealthBird, pero tuvo que desistir ante la reacción de algunos sectores de la sociedad civil.
Esos sistemas están diseñados para digitalizar la información, desde las historias clínicas hasta la frecuencia de las citas médicas. Al recolectar diagnósticos, recetas y patrones de movilidad hacia centros de salud, el Estado podría eliminar su histórico “punto ciego” sobre la intimidad biológica de los ciudadanos. Con esa información integrada, Palantir procesaría el perfilamiento masivo con una precisión quirúrgica.
En la jerga técnica lo llaman interoperabilidad; en la práctica, es un “panóptico tecnológico”: una plataforma que lo ve todo, hasta el dato más íntimo, que Palantir transmuta en una herramienta de vigilancia. Es un engranaje donde la vulnerabilidad del paciente se convierte en el insumo de un rastreo sin precedentes. En este diseño, la empresa deja de ser un proveedor externo para transformarse en el sistema nervioso de la inteligencia estatal. La pregunta queda flotando como una amenaza: ¿qué ocurre cuando la guerra contra el crimen organizado se confunde con la vigilancia militar sobre la vida privada de la población?
Una ventana hacia el control regional
La verdadera profundidad del pacto Noboa-Karp trasciende las fronteras del palacio de Carondelet. Al evaluar la apertura de una oficina de Palantir en Cuenca, el Gobierno no solo busca una base para el soporte local; está ofreciendo a Ecuador como una “ventana de vigilancia” para toda América Latina.
En otras palabras, Ecuador podría ser utilizado como un campo de pruebas para entrenar la inteligencia artificial de Palantir en terreno latinoamericano. Así lo afirma Peter S., un experto alemán en seguridad digital de Holistic Protection Collective, organización dedicada al cuidado de la seguridad digital, física y emocional de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Como dice el experto, que pidió reserva de su nombre, “definitivamente servirá para la recopilación de datos regionales sobre narcotráfico y migración irregular, además del entrenamiento lingüístico en modismos y contextos locales”, advirtió. Al ser el primer nodo de la empresa en la región, los datos de los ciudadanos ecuatorianos —desde historiales migratorios hasta vínculos financieros—- alimentan un algoritmo que luego podría ser “exportado” o utilizado para perfilar movimientos transfronterizos en países vecinos.
El Gobierno ecuatoriano aseguró que la información permanecerá en los servidores locales y no será almacenada en los centros de Palantir. Sin embargo, el experto explicó: “Palantir comercializa sus servicios junto con personal técnico propio que tiene acceso a la totalidad de los datos. Esto abre la puerta a una vigilancia supeditada a los intereses políticos de Estados Unidos”. Cabe señalar que los documentos sobre los acuerdos con Palantir en Ecuador no son públicos.
¿Resulta factible emplear esta tecnología en la lucha contra el crimen organizado sin que derive en un instrumento de vigilancia masiva de la ciudadanía? “No lo considero probable”, indica Peter. “En función de las bases de datos que se integren, el alcance de Palantir podría ser extremadamente vasto e incluiría tanto a ciudadanos comunes como a sospechosos de delitos o activistas políticos. Es imperativo vincular este hecho con posibles abusos”, indicó.
“Los riesgos se incrementan proporcionalmente a las bases de datos que se integran en Palantir a nivel nacional. Cuanto mayor sea el número de bases de datos interconectadas, mayor será el riesgo de vigilancia masiva y de acceso a información protegida por el derecho a la privacidad”, agregó el experto. En este escenario, Ecuador deja de ser un país soberano y “funcionará como un campo de pruebas: tanto en términos lingüísticos como en la recopilación de datos regionales en aspectos específicos como el narcotráfico o la migración irregular”, concluyó.
El algoritmo contra la disidencia
Amnistía Internacional advirtió que Palantir actúa como un motor tecnológico que facilita los abusos de poder estatal al entregar herramientas de análisis masivo de datos sin controles éticos. La organización denuncia que esa empresa ignora sistemáticamente los estándares de la ONU, pues no investiga si su software —usado en redadas contra migrantes o para espiar a opositores–- termina por violar la privacidad personal o el derecho a un juicio justo.
El mayor peligro de Palantir radica en su capacidad de “análisis de vínculos” (link analysis). En una región donde las protestas sociales son recurrentes y el concepto de “seguridad nacional” suele ser elástico, la tecnología predictiva se convierte en un arma contra la disidencia. ¿Qué define el algoritmo como peligroso? En un entorno de crisis, la respuesta depende de los intereses políticos de quien accede a los resultados.
Si Palantir ayuda a identificar objetivos militares en Gaza o rastrear migrantes en Estados Unidos, nada impide que un gobierno asediado por la crítica interna use esa misma capacidad para perfilar a líderes sociales bajo la etiqueta de “amenaza terrorista”. Cabe recordar que el presidente Noboa ya ha caracterizado de esa forma a quienes salen a ejercer su derecho a protestar.
Por su propia naturaleza, las actividades de este software requieren una amplia discrecionalidad en el manejo de los datos, lo que plantea preguntas que el ejecutivo no ha respondido. No se trata solo de la efectividad técnica, sino de la falta de marcos de gobernanza y transparencia, pues Palantir trabaja en código cerrado, lo que impide verificar si el algoritmo tiene sesgos. En suma, al estrechar la mano de Karp, Noboa compró un software de alta eficiencia y el modelo de control de una empresa que cree que la democracia es un obstáculo para la seguridad occidental.
La condena a la opacidad y los abusos del pasado debería servir de lección. El Estado ecuatoriano parece estar entregando el control de su memoria digital a una entidad extranjera, y sin que medie un solo debate público. Su modernización no puede ser el caballo de Troya que, bajo la promesa de luchar contra el crimen organizado, termine por desmantelar las últimas garantías de privacidad y libertad de sus ciudadanos, que quedarían presos una especie de panóptico digital del que nadie, ni siquiera quienes hoy lo aplauden, podría escapar.
