PALO AZUL, PETROBRAS Y OCCIDENTAL:
DOS BOFETADAS AL ROSTRO DEL PAÍS, PRELUDIO DE UNA MÁS FUERTE
Raúl Moscoso Álvarez* Lalineadefuego <www.lalineadefuego.info>
28 junio 2012
El Comercio del 1 de mayo del 2012, nos trae dos malas noticias por hechos estrechamente conectados entre sí: la anulación del juicio penal por el caso Palo Azul y el pago de una indemnización por el valor de 217 millones de dólares a favor de la empresa de economía mixta brasilera PETROBRAS.
Nos duele y ofende las bofetadas al rostro del país y nos duele y avergüenza que estas bofetadas provengan de las manos de quiénes se hallan en la obligación de protegerlo.
Recuerdo que la secretaria anticorrupción, entonces presidida por el señor Cortazar, hizo propio el informe del grupo interdisciplinario constituido por el ministro Alberto Acosta y lo sometió a conocimiento del presidente Rafael Correa. Para entonces Alberto Acosta había dejado el ministerio y su ausencia en la reunión en el palacio de gobierno determinó que el primer mandatario, cambiando súbitamente de criterio, desechara las recomendaciones de dicho informe, mal aconsejado por el superministro Bustamante y un viceministro de relaciones exteriores, cuyo nombre no queremos ni podemos acordarnos. Nos faltó capacidad de persuasión para convencer al presidente Correa sobre la existencia inobjetable de seis causales de caducidad del contrato de operación unificada del campo PALO AZUL y del bloque 31, celebrado entre el consorcio CAYMAN, PETROMANABÍ, ECUADOR TLC y la empresa PETROECUADOR.
El ministro Bustamante, con su envidiable prestancia académica, convenció al presidente que BRASIL, país de origen de PETROBRAS, dueña de la operadora ECUADOR TLC, era un aliado estratégico del Ecuador y el inefable viceministro de relaciones exteriores leyó una nota de la embajada del Brasil, en cuyo texto se abogaba por su petrolera, que por cierto no es estatal sino mixta, con mayoría de capital privado, y recordaba algún principio de acuerdo entre Lula y el presidente Correa. No sirvieron de nada nuestros argumentos de que aliado estratégico es aquél sin el cual no podríamos lograr nuestros objetivos nacionales permanentes y que, dada las enormes asimetrías entre los dos países, Ecuador deviene más bien en objeto que no sujeto estratégico del Brasil en su propósito geopolítico de acceder al mar Pacífico. Tampoco fue acogido el argumento de que una de las seis causales de caducidad, a saber: el acuerdo de venta de derechos y obligaciones contractuales sin autorización previa del ministro del ramo, era la misma que sirvió para que el Ecuador declarará la caducidad del contrato con la OCCIDENTAL y que si no damos igual tratamiento al caso de PETROBRAS, aquélla emplearía en el arbitraje en el CIADI, uno de los argumentos más contundentes de las compañías extranjeras en contra de los Estados: la violación del principio de no discriminación.
En la última misiva de Alberto Acosta, como ministro de estado, dirigida al presidente de la república, señalaba que el caso de Palo Azul constituye el más sonado atraco al Ecuador en materia petrolera. Acosta nos ordenó enviar a los organismos de control el resumen del informe del grupo interdisciplinario, y nosotros, ni cortos ni perezosos y para que nadie se baje de la camioneta ni evada responsabilidades, enviamos sendos ejemplares del informe a la Contraloría General del Estado; a la Procuraduría General del Estado; a la Fiscalía General del Estado, ya que dos de las causales de caducidad implicaban posibles infracciones penales; y a los miembros del directorio de PETROECUADOR, quiénes a la sazón eran: el ministro de energía y minas, el secretario de planificación, el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas y el ministro de finanzas.
El único órgano del Estado que se dolió de lo sucedido con Palo Azul fue el Procurador Xavier Garaicoa, sospechosamente destituido por razones baladíes, quién estudió el informe; envió un investigador a la bolsa de valores de Buenos Aires; arribó a la conclusión de que había lugar para resolver sobre la caducidad, y es así como, luego de cavilar algunos días, envió la correspondiente excitativa al ministro de energía y minas, Galo Chiriboga, para que inicie el proceso administrativo de caducidad contemplado en la Ley de Hidrocarburos.
Este secretario de Estado, como juez de la causa, jamás inició este proceso, pese a que era su obligación, y antes bien, a los pocos días de haber asumido el ministerio, disolvió al grupo interdisciplinario informante, mediante acuerdo ministerial, cuyos considerandos resultaron ser los mismos argumentos utilizados por los abogados de PETROBRAS y de las otras consocias, en la indagación fiscal. Descalificó el informe sobre Palo Azul, indicando al Presidente Correa que éste carecía de valor técnico, económico y jurídico; renegoció con PETROBRAS, a sabiendas de que el caso Palo Azul se hallaba bajo investigación en la fiscalía; propició el nombramiento de GAFFNER & KLINE como perito definitorio sobre la existencia o no existencia de campo compartido por el bloque 18 y el campo PALO AZUL, a sabiendas de que esta firma es funcional a los intereses de PETROBRAS; pretensión que fue rechazada, con toda razón, por el entonces ministro fiscal general del Estado, doctor Washington Pesantez, quién, sobre la base del la denuncia del que fuera legislador, Antonio Pozo, el informe del grupo interdisciplinario, otra documentación y el dictamen pericial de un profesional independiente, además de concluir de que no existía el supuesto yacimiento común que forzó la contratación de operación unificada, estableció que existían indicios serios de responsabilidad penal en una serie de funcionarios o ex funcionarios que fueron de PETROECUADOR; propició la audiencia de formulación de cargos, en circunstancias que terminaba su mandato y asumía, paradójicamente, la fiscalía general, el doctor Galo Chiriboga, quién hace pocos días ha anulado el proceso penal de PALO AZUL y ha pedido, eso más, declarar a la denuncia que originó el proceso como temeraria y de mala fe, para tranquilidad de PETROBRAS y de los ex funcionarios venales involucrados en este atraco.
Como si esto fuera poca cosa, el Ecuador ha reconocido a PETROBRAS la bicoca de 217 millones de dólares por retirarse de Palo Azul y del bloque 31. Por salir del país luego de beneficiarse de un contrato de operación unificada forzado por un fraude técnico, durante más de once años; luego de lucrar de un dolo cometido por sus socios; luego de obtener, sin mayor esfuerzo, la mitad de la producción diaria de entre 15 y 20 mil barriles diarios de crudo de buena calidad, por la explotación de un campo, entregado en bandeja, a mesa tendida, por ecuatorianos que gozan de impunidad, gracias a los buenos oficios de los actuales procurador y el ministro fiscal del estado, quiénes, sin querer queriendo, han devenido en sus mejores abogados.
Si el gobierno nacional no quería resolver la caducidad, por razones geopolíticas equivocadas, bien pudo, nacionalista y preocupado por defender los intereses generales del país, como dice ser, acudir a las doctrinas Allende y Velasco Alvarado, para señalar que el monto de la indemnización, que por cierto y en puridad, no tiene derecho PETROBRAS, ya quedó pagado con las enormes ganancias obtenidas graciosamente durante su presencia como operadora de Palo Azul.
Respecto del bloque 31, cabe señalar que este queda en el corazón del Parque Nacional YASUNÍ y es territorio de pueblos hermanos en aislamiento. Jamás el Ecuador debió adjudicar este bloque ni puede ni debe PETROECUADOR asumir las operaciones de exploración y explotación en este espacio geográfico mega-biodiverso y heredad de pueblos eco-sistémicos, que estarían condenados a desaparecer por obra de las actividades extractivas.
Andamos perdidos, en un país al revés, en que nuestros gobernantes, nacionalistas declarados, defienden intereses foráneos creyendo que son los suyos y el abogado del estado y el fiscal de la nación persiguen a quiénes, de buena fe, señalan que no es ético ni legal ignorar los atracos al país ni premiar a quiénes, como PETROBRAS, se han beneficiado de este ilícito.
Esta extraña posición del gobierno nacional tiene una explicación dominante. Estoy absolutamente cierto que la percepción y la decisión del presidente Correa, de echar tierra al caso de Palo Azul, responde a criterios geopolíticos errados. En relación a los otros funcionarios, que aparecen como ejecutores de esta decisión, les damos el beneficio de la duda, pues nos negamos a creer y tampoco podemos probar que sus acciones y omisiones se han inspirado en diferentes motivaciones.
Este tratamiento privilegiado a PETROBRAS constituye una evidencia incontrastable de violación al “principio de no discriminación”, consagrado en la NOVA LEX MERCATORIA; vulneración probada desde el momento en que se registra el trato desigual dado a la petrolera americana OCCIDENTAL con relación a la empresa brasilera, hallándose ambas en una igual causal de caducidad del contrato de participación petrolera, a saber: la cesión o el compromiso de cesión de los derechos y obligaciones contractuales sin la previa autorización del ministro del ramo, prevista en el artículo 74 numeral 11 de la Ley de Hidrocarburos; con el agravante de que el contrato de operación unificada PALO AZUL se halla viciado de otras cinco causales de caducidad, dos de las cuales, suponen hechos legalmente punibles, cuya sanción debió ser impulsada por el ministerio público.
Así las cosas, Galo Chiriboga, como ministro de petróleos, impidió la caducidad de los contratos para la explotación de Palo Azul y del Bloque 31, y como ministro fiscal, ha impedido el enjuiciamiento penal de los responsables de la entrega ilegal de Palo Azul y de las ganancias ilegítimas derivadas de su explotación. Diego García, como procurador del Estado, no continuó la línea de excitativa de la caducidad impulsada por su antecesor, ni advirtió al presidente de la república del alto riesgo de perder en el arbitraje impulsado por la OCCIDENTAL, si no declarábamos la caducidad del contrato de explotación de Palo Azul.
Con este chocante tratamiento desigual, hemos dado a la OCCIDENTAL, en bandeja de plata – como si nos hubiésemos propuesto beneficiarla – el mejor y más persuasivo argumento y la prueba más sólida de violación del principio de no discriminación, para que dicha empresa convenza a los árbitros del CIADI acerca de la justicia de su demanda y lo sensato de sus pretensiones y nos condene al pago de una enorme indemnización, entre uno y dos mil millones de dólares.
Preparémonos a recibir una bofetada todavía más fuerte, pero esta vez con mano de árbitros extranjeros.
* Abogado, Ex defensor del Pueblo de la Provincia de Pichincha y miembro del grupo interdisciplinario
&+$(%)/¡¡¡¡¡¡¡ = democracia representativa.