Pandemias del mal desarrollo: Ecuador al desnudo

Por Patricio Carpio Benalcázar*

Que si el expresidente Rafael Correa era el mejor de la historia o el actual presidente Lenín Moreno es el peor de la historia nos resulta insustancial frente al colapso del Estado y de la estructura gubernamental que lo sostiene evidenciado en esta crisis viral.

Es insustancial si revisamos los datos históricos sobre pobreza, desigualdad, empleo y subempleo; sobre acceso a servicios básicos en las ciudades y desarrollo urbano; no sólo Correa o Moreno son parte constitutiva y constructiva del maldesarrollo a la ecuatoriana, es históricamente responsabilidad de las élites sociales y económicas estructuradas bajo la lógica colonial de racismo, exclusión y negación de esa otra “sociedad subordinada” considerada exclusivamente como mano de obra barata para sus fines extractivos. Es su responsabilidad también la consolidación de una clase política engendrada para cumplir sus designios de precautelar el vergonzoso sistema de privilegios que han logrado construir. Esta clase política se ha convertido modernamente en un estamento con dinámica propia, cuya racionalidad es el enriquecimiento fácil a través de burdos e ingeniosos mecanismos de corrupción, el autoritarismo, las vanidades y banalidades del poder, por cierto, emulando a esa élite como su ideal de vida. Correa o Moreno, no son más que un eslabón en la cadena de oprobio canallesco de desgobiernos secuenciales en este país.

Los datos más actuales sobre empleo en el Ecuador señalan que la tasa de empleo informal corresponde al 46,7% (Guayaquil representa el 16,2% y es la ciudad con mayor informalidad del país) y el 60,1% de los trabajadores no tiene acceso a seguridad social. El desempleo completo en el país bordea el 5% y según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) la canasta básica corresponde a 713 dólares mientras el salario básico (SBU) es de 400 dólares.

“De acuerdo a este índice cuatro de cada diez ecuatorianos tiene carencias para estar en condiciones mínimas de bienestar y esto en el ámbito rural envuelve a 8 de cada 10 personas”.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre del 2019 (INEC), muestran que la tasa de pobreza multidimensional¹ abarca al 38,1% de la población a nivel nacional, de esta al 71,1% en el sector rural; es decir de acuerdo a este índice cuatro de cada diez ecuatorianos tiene carencias para estar en condiciones mínimas de bienestar y esto en el ámbito rural envuelve a 8 de cada 10 personas. De estas cifras, la pobreza extrema multidimensional alcanza al 16,9% a nivel nacional y toca al 42% en el sector rural, en general, de cada 10 pobres, 4 viven en condiciones de pobreza extremas.

En cuanto a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, la cifra alcanza el 34,2% a nivel nacional, siendo mucho más impactante en el sector rural con el 61,6%.

Esta cruda realidad no se configura en los últimos quince años de Correa-Moreno viene arrastrándose por décadas y hasta siglos, ciertamente con avances en algunos casos, pero con vaivenes en cuanto al empleo. Por tanto, lo que nos queda claro es que hay una continuidad de desgobierno en el país, que no se ha priorizado la inversión para superar la pobreza y que el modelo de mal desarrollo es inherente a las clases que se hacen del poder, independientemente de partidos y su matriz política-ideológica, cuando la tienen.

En este escenario nos invade el virus global corona virus o covid-19 que encuentra un caldo de cultivo inmejorable para su reproducción y expansión masiva. La reacción del gobierno, los sectores empresariales, la ciudadanía y su diversidad socio económica y cultural expresan desgarradoramente cuanto de país y como nación hemos construido, fundamentalmente la respuesta gubernamental nos refleja, independientemente de quien esté al frente, la debilidad de las instituciones del Estado y el nivel o calidad de los gobernantes, y esto, insistimos es lo que prevalece, los actores cambian, pero el comportamiento frente a la gestión pública es el mismo, sino recordemos el terremoto en Manabí y Esmeraldas y la secuela de corrupción hoy denunciada.

En qué se diferencian las corruptelas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y en otras instancias que hoy denuncia la ciudadanía, en nada, pues más allá de los montos, es la cultura política enraizada en el oportunismo para lucrar en beneficio propio lo que marca su razón de ser.

Para correlacionar la incapacidad del sistema de salud en responder con eficiencia a la crisis sanitaria con la política económica y la complementariedad entre élites empresariales y clase política, revisemos algunas decisiones gubernamentales:

1. El presupuesto para el sector salud: según un dato publicado por Fernando Carrión en las redes sociales y tomado del Plan Anual de Inversiones Sector Salud en Ecuador, 2017-2019 “La inversión en el área de salud en Ecuador pasó de 306 millones de dólares en 2017 a 201 millones de dólares en 2018 y 110 millones de dólares en 2019, una reducción de 34% y 36% respectivamente”.  Esta disminución implicaría el despido de 2500 a 3500 servidores públicos, según denunció en el 2019 un dirigente sindical de dicho sector.
2. Amnistía tributaria: el gobierno decretó la amnistía tributaria sobre multas e intereses de la deuda al Servicio de Rentas Internas (SRI) que las empresas mantenían por un monto de 4.600 millones de dólares, lo cual representó que estas no paguen alrededor de 2.300 millones de dólares, favoreciendo fundamentalmente a las grandes empresas: 15 empresas abarcaron el 60% de ese monto.
3. Deuda externa: el ministro de Finanzas Richard Martínez, quién hasta entonces había ejercido como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (2015-2018), presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador (2015) y presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (2014-2018) tomó la controvertida decisión de cancelar 325 millones a tenedores de bonos 2020, bajo el argumento de disciplina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) con la intención de acceder a otro préstamo por 2.000 millones de dólares, justo en los días que estos organismos ya hablaban de flexibilizar los pagos de los países con más problemas presupuestarios por el corona virus; este hecho ha generado ya insinuaciones sobre la relación de tenedores de bonos con altos funcionarios del gobierno y de la élite empresarial, como ya se evidenció en procesos anteriores con la deuda externa.

Todas estas decisiones de dudosa racionalidad económica son una contribución directa para la indefensión del sistema de salud en sus posibilidades de enfrentar la pandemia con éxito y lo que nos demuestra con claridad es el sistema de prioridades que guían las decisiones políticas del gobierno privilegiando sin duda el capital sobre la vida.

“Según cifras oficiales existirían 1600 personas entre médicos, enfermeras y demás personal de salud contagiados por el covid-19 por las condiciones deficitarias en cuanto a elementos de bioseguridad”.

Se complementa esta línea de gestión económica con las inversiones en material militar. En noviembre del 2019 Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa con gran elocuencia informaba a los medios que el Ecuador invertía 109,1 millones de dólares en equipamiento para las fuerzas militares, en enero 2020 se anunciaba la inversión de 3.6 millones en material antimotines para las fuerzas terrestres.

Se deduce claramente que la mirada gubernamental está focalizada en atender la permanente demanda de los grandes capitales y empresas y en protegerlas con dotación de armas a la fuerza represiva, lo cual nos reafirma en que el paradigma de los gobiernos no es otro que el servicio a esos intereses.

Las consecuencias de estas decisiones y que en algún momento la sociedad pasará cuentas, es que según cifras oficiales existirían 1600 personas entre médicos, enfermeras y demás personal de salud contagiados por el covid-19 por las condiciones deficitarias en cuanto a elementos de bioseguridad para ejercer su trabajo como trajes, mascarillas, etc; igualmente se hizo público las limitaciones del sistema para atender la demanda de servicio médico por capacidad física instalada, medicamentos, test de detección, respiradores etc. y por falta de profesionales.

Por fin, en estos últimos días, el gobierno ha lanzado su propuesta de medidas económicas de contingencia como para corroborarse a si mismo lo absurdo de todo lo realizado anteriormente: castiga al trabajo con deducciones salariales a los trabajadores del sector privado que, según Richard Martínez correspondería entre 695 a 800 millones (2 dólares durante 9 meses a quienes ganen 500 dólares) y mínimo 250 millones a los trabajadores públicos (10% a quienes ganen más de 1000 dólares durante un año) y los altos funcionarios contribuirían con 50 millones al bajarse los sueldos al 50%. A las empresas con utilidades de más de un millón de dólares se les gravaría con el 5% lo cual alcanzará una recaudación de 500 millones de dólares, es decir, el capital aporta menos que el trabajo.

No se dice nada sobre la banca y otras opciones con las transnacionales y la intermediación petrolera por ejemplo; se abre las condiciones para atacar los subsidios a los combustibles y sobre todo da carta blanca a la flexibilización laboral, peor aún sobre recuperación de los actos de corrupción del gobierno anterior ya comprobados y acciones contra la empresa Odebrecht por ejemplo.

Si esto corresponde a la política económica y sus consecuencias, merece un comentario sobre la organización del Estado y sus niveles para atender la crisis sanitaria, pues sigue el libreto de obstrucción estratégica que caracteriza, “históricamente” a los gobernantes y que constituye otro eje vertebrante del mal desarrollo de nuestro país.

1. La ausencia de un plan estratégico de contingencia concertado para gestionar la crisis, lo cual devino en medidas parciales, descoordinadas, con vocerías contradictorias y hasta acusaciones con renuncia de la Ministra de Salud, señalando que no cuenta con fondos para manejar la crisis.
2. Los brotes de corrupción en plena conmoción sanitaria que envuelve a las más altas autoridades del IESS como los sobreprecios en adquisiciones y hasta funcionarios administrativos con cobros por entrega de cadáveres, lo cual profundiza la ya deteriorada confianza en este régimen.
3. La descoordinación entre niveles de gobierno sobre todo en Guayaquil donde la alcaldesa terminó con el coronavirus luego de una ridícula actuación impidiendo la llegada de vuelos humanitarios. En lugar de procesos de concertación para reforzar la intervención, se ha generado disputa de competencias, asignación de tareas a funcionarios de áreas no relacionadas (se entregó la responsabilidad de la recolección de cadáveres en Guayaquil, al Gerente de la banca del estado por ejemplo) y así una serie de subnormalidades recurrentes. Para disimular la ineficiencia, muchos funcionarios del Estado y los gobiernos locales asoman en los medios de comunicación y redes sociales ejerciendo tareas operativas, en la calle, con la gente, con pico y pala, etc., cuando su tarea es planificar, articular, efectivizar políticas públicas y acciones inmediatas, que claro, no existen.
4. Y por fin, el punto de mayor subdesarrollismo: los diferentes actores de la estructura de gobierno local y nacional, se disputan a dentelladas el protagonismo político para ganar relevancia en las elecciones del 2021. Cada quien hace por su lado los malabares más auspiciosos según su parecer para mostrarse efectivo, solidario y sobre todo necesarios. Triste imagen de esta clase que ha privilegiado la promoción en redes sociales, sobre la tragedia humana.

El buen sentido orienta a pensar justamente por fuera de estas lógicas politiqueras y marcar opciones viables, inteligentes y coherentes para paliar el momento, entre estas se pueden señalar las siguientes:

1. La integración de medidas y acciones en un plan estratégico concertado entre gobierno central y gobiernos locales, señalando según competencias exclusivas y concurrentes lo que se debe gestionar y operar en los territorios.
2. Diseñar políticas publicas para la atención prioritaria a los siguientes aspectos del funcionamiento de la sociedad:

• Garantizar el empleo y los puestos de trabajo desde el Estado, no es factible dejar esta delicada situación exclusivamente en manos de los empleadores; para esto debe analizarse como inyectar recursos a las PYMES y acordar su operación. Las grandes empresas deben actuar solidariamente con sus trabajadores en la medida que sus recursos si lo permiten.
• Garantizar la seguridad alimentaria de la población: a través justamente de operar las industrias de alimentos bajo formatos de bioseguridad; prioritariamente apoyar a los productores rurales para mantener activos los procesos productivos fundamentalmente agroecológicos y atender la comercialización desde el productor a centros de distribución públicos y privados.
• Identificar medidas de distribución de alimentos acercando los productos a los barrios para evitar la movilidad de las personas, esto es viable en acuerdo con los propios comerciantes de los mercados o con las asociaciones de productores vía gobiernos locales.
• Facilitar el tele comercio o comercio electrónico igualmente bajo condiciones de bioseguridad para su distribución.
• Atención prioritaria a personas y familias que viven en la informalidad, desempleados y también población indigente, tema que ya tiene algún avance pero que requiere de política pública más allá de donaciones y caridad. El no entender que este sector socio económico tiene una dinámica específica ha llevado al flagelamiento mediático y físico en Guayaquil y en plena semana santa, cual Cristo camino al calvario; se les exige a un pueblo con hambre y carencias, ayuno obligatorio.
• Los recursos para atender la crisis no pueden manejarse desde instancias ad honoren de la sociedad civil, eso expresa que ni el propio gobierno tiene confianza en sus estructuras y funcionarios, y por otro lado genera dudas sobre la transparencia, pues la experiencia del terremoto pasado en la Costa demuestra las falencias del manejo sin controles efectivos. Lo más aconsejable debe ser el trabajo desde un enfoque descentralizado o desconcentrado para dar paso a la gestión de los GASD provinciales y cantonales en los territorios, los cuales se pueden apoyar en instancias de la sociedad civil, que sería lo correcto a través de mesas de trabajo sectoriales por ejemplo.

Es imprescindible aquí también visibilizar la situación de los pueblos amazónicos afectados por inundaciones y por derrames del petróleo, sobre lo cual no tenemos certezas de acciones de apoyo emergente.

Las macro políticas en lo relacionado al sistema de salud y la búsqueda de financiamiento sobre las que día a día se ponen dispersamente elementos, deben ser tratadas por especialistas bajo lógicas de diálogo y concertación y no de ideas sueltas sin la suficiente consistencia para su viabilidad práctica.

La pandemia pasará más tarde que temprano, pero la sociedad se queda y sin lugar a duda, exigirá una nueva normalidad basada en la democracia plena y la sustentabilidad, y esto será a costo de lucha y resistencia. En este contexto nos importa poco cual es peor, si Correa o Moreno.

*Profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Analista político. Ph.D en Sociología.

Fotografía: Referencial de viajejet.com

Referencias:

¹El INEC define la tasa de pobreza multidimensional en base a la ponderación de cuatro dimensiones generales: educación, trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación social; hábitat, vivienda y ambiente sano.