Por Romano Paganini* / Tomado de Mutantia.ch
Mientras las estaciones de televisión mostraban dibujos animados, los pueblos y nacionalidades indígenas se movilizaban hacia la capital ecuatoriana. Algunos llegaron a pie, otros en camionetas o camiones. Sin embargo, en los días del Paro de 2019, la mayoría de los campesinos se quedó en sus comunidades, manteniendo las casas y bloqueando los accesos locales. Compartimos una crónica escrita desde la Sierra central donde sus habitantes vivieron 12 días entre el cuidado, la indignación y la preocupación por los compañeros en la capital.
Hoy, 5 de octubre de 2020, hace un año, los militares en Panzaleo apuntaban sus armas hacia el propio pueblo. Tenían la orden de mantener la ruta libre para que circulen los vehículos, y claro, para que nadie se dé cuenta de las protestas en los territorios. Durante el enfrentamiento de aquel sábado, hubo varios heridos civiles. Un joven incluso fue agredido en el ojo con daños irreparables. Poco después, las comunidades se retiraron, pero al día siguiente volvieron con la misma intención: bloquear la E-35 que une Cuenca con Quito. Armados con palos y piedras, estaban listos para luchar en contra de los uniformados que esperaban al otro lado del puente.
Panzaleo es un pequeño lugar de paso en el centro de la provincia Cotopaxi donde los lugareños cultivan la tierra, pastorean vacas o trabajan en construcción. La parroquia cuenta con unos 5.000 habitantes y la ruta que pasa por aquí es fundamental para el comercio entre el sur y el norte de Ecuador. Aquel día, el ejército mandó un helicóptero. Parecía que iba a producirse otra jornada sangrienta, pero esta vez no fue así.
Los primeros militares que salieron del puente caminando hacia los manifestantes lanzaron las palmas de sus manos, rindiéndose. Pasó un momento y la gente bajó de los cerros al costado de la autopista y, desde allí, empezaron a gritar: Únete al pueblo y El pueblo unido jamás será vencido. Algunos dieron sus manos a los militares y se sacaron fotos con ellos. Sopló un aire de alivio en el ambiente. Horas después, cuando los manifestantes tomaban posesión del peaje de Panzaleo, Edison Yánez, presidente de la parroquia vecina Mulalillo, decía: “La dirigencia del movimiento indígena ha sido clara y ha sido respaldada por la ciudadanía, que no está aquí en una negociación para pedir a que en algo se mejoren las medidas. Lo que se exige es que se derogue en su totalidad todas las medidas económicas que contiene el decreto 883”.
Estos acontecimientos en los territorios –donde en los primeros días del levantamiento popular miles de personas estaban bloqueando calles y carreteras con palos de eucaliptos y llantas encendidas– no fueron noticia en los medios grandes de comunicación. Ni la prensa ni las radiodifusoras oficiales reportaron que ese 5 de octubre de 2019 grandes camiones habían bloqueado la E-35 o que la movilización desde los territorios ya estaba en camino hacia Quito. Tampoco reportaron que, al día siguiente, los militares en las afueras de Latacunga, capital de la provincia, habían dejado pasar a los manifestantes, quitándoles únicamente los palos. Una gran parte de las y los campesinos, de los estudiantes, de los comerciantes -indígenas o no- y de los transportistas del país optó por parar su labor y exigir que no se eliminen los subsidios a la gasolina y al diésel.
Poco sueño, mucha coordinación
A unos 30 kilómetros al sur de Panzaleo, en las afueras de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, los habitantes empezaron también a cortar árboles y sacar llantas viejas de sus garajes. La noche anterior, los dirigentes de la comunidad Angamarquillo convocaron a una Asamblea General en la Casa Central, al lado de la iglesia. La voz del levantamiento en Quito ya se había corrido y lo que hace semanas estaba en el aire -un Paro Nacional- se había adelantado por dicho decreto.
En Angamarquillo, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, la mayoría vive de la agricultura. La subida de los combustibles les afectó de forma inmediata, explica Gonzalo Ribera: “El motor de la industria, de la agricultura, es el combustible. Entonces, suben los costos de producción, los del pasaje y los de la canasta familiar. De pronto, si podríamos comercializar directamente, sería distinto, pero no hay una política de Estado para poder vender nuestros productos a mejores sitios”.
Gonzalo Ribera es Secretario de la Unión de Organizaciones Campesinas del Noroccidente de Tungurahua (Unocant), y esta mañana, junto a la dirigencia de su comunidad, se encuentra sentado en la misma casa donde en octubre 2019 habían tomado la decisión de unirse al Paro. En la entrada se ubica un cartel del municipio de Ambato con la leyenda La prevención es la solución y varios íconos que explican cómo lavarse las manos. La pandemia dejó sus huellas también aquí, y a un año del levantamiento, las cosas parecen más complejas que antes. Sin embargo, durante la conversación, alguien menciona que hubo un despertar en la comunidad y que, a raíz de la pandemia, se valoró más la riqueza propia del campo. La medicina ancestral, por ejemplo: en abril, el atado de manzanilla se vendió entre 12 a 15 dólares…
“Hubo dos frentes para cubrir: uno, al interior de la comunidad, y otro, en la Panamericana”.
–Cristóbal Miniguano, líder de la comunidad Angamarquillo
La hierba tranquilizante se necesitaba también hace un año, durante el levantamiento, ya que en la Panamericana Norte, en las afueras de Ambato, miembros de diferentes comunidades provinciales mantenían cerrado el paso: a pocos metros de los militares. Gonzalo Ribera, que coordinaba la logística, se movía de un lado al otro, llevando información y alimentos y tratando de calmar la situación. Porque, día tras día, llegaban noticias sangrientas desde Quito: primero un muerto, después cinco, al final nueve. Se sabe que eran más, pero el caos durante esos días y la desinformación en las redes digitales era tal, que ya no se sabía a quién creer. “El manejo de la información fue nuestro punto clave para mantener el éxito y sostener a la gente unida”, recuerda Gonzalo Ribera, quien, desde la capital, verificaba cada noticia consciente de que el pueblo estaba esperando datos de primera mano. “Si manejamos mal esta parte, se nos puede ir de las manos”.
A pesar de haber mantenido un perfil bajo, en la Panamericana, donde el bloqueo se mantenía día y noche, regía la preocupación. ¿Cuántas personas más perderán un ojo? ¿Cuántos más desaparecerán? ¿Cuántos días más durará el levantamiento? “En una movilización de esta naturaleza, siempre están en riesgo muchos factores, sobre todo cuestiones de la salud física”, dice el líder campesino. Cuando era wambra, Gonzalo Ribera participó en el levantamiento de inicios de los años 1990. Y, como en ese entonces, apenas descansó, durmiendo una a dos horas por noche. “Estando en la parte logística, se me hacía difícil estar quieto en un solo puesto”.
Protegiendo las casas, en contra de los oportunistas
Algo similar se vivió en Angamarquillo mismo. Un día después de la Asamblea, se bloquearon los cinco accesos a la comunidad; solo sus miembros podían pasar, siempre y cuando lo hicieran en función del Paro. Y a las personas que intentaban aprovecharse de la situación, había que “ubicarlas”, como dice Cristóbal Miniguano, de la dirigencia. “En todos los sectores de la zona hubo gente oportunista que quería vender sus productos a unos costos altos”. Por cuestiones de salud, Cristóbal, de 50 años, se quedó en la comunidad para dirigir el Paro desde la montaña. Él y otros comuneros cavaron zanjas de un metro de ancho y un metro de profundidad para impedir el paso de los carros. Además, pusieron árboles de eucalipto y montículos de tierra para que nadie hiciera el intento.
En movilizaciones como las del octubre 2019, son las y los ancianos, los mayores, niñas y niños quienes se quedan en los pueblos, apoyados por los jóvenes que alternan la vigilancia entre la comunidad y las rutas principales. Había que cuidar y proteger las casas, los animales y los cultivos “en contra de los rateros”, enfatiza Cristóbal Miniguano. En un momento circuló el rumor de bandas robando en la zona, pero fue falsa alarma. “De todas maneras, hubo dos frentes para cubrir”, dice Miniguano. “Uno, al interior de la comunidad, y otro, en la Panamericana”.
Así fue la dinámica en varias comunidades del país, como en Salasaca, al sur de Ambato. Allí inclusive tuvieron un tercer frente abierto, porque 200 miembros del pueblo, entre ellos los representantes de los 16 cabildos y alrededor de 70 mujeres, se habían ido en cuatro camiones hacia Quito. Sintieron la necesidad de manifestarse en las puertas del poder, pero los militares les impidieron el paso en Machachi, al sur de la capital.
Francisco Israel, uno de los líderes de la comunidad salasaca, recuerda la odisea que vivieron hasta llegar al Coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana, lugar donde se refugiaron durante los días de protesta. En recorrer solo 165 kilómetros demoraron más de doce horas. Ya en Salcedo, cerca de Panzaleo, donde dos días después los comuneros ocuparon la E-35, se tuvieron que desviar de la ruta, tomando caminos escondidos. Hubo momentos en que los vehículos se quedaban atascados en la tierra húmeda, por lo que todos tenían que bajarse y empujarlos hasta conseguir que salieran del atasco. “Pasamos por quebradas con mucho riesgo”, recuerda Francisco, “por suerte, los choferes eran expertos”.
El engaño frente a la Asamblea
Francisco Israel tiene treinta años, está casado y es padre de una hija. Trabaja principalmente como terapeuta para niños con capacidades diferentes y se dedica un 25% a la agricultura. Entre otras cosas, produce maíz y alfalfa como alimento animal y los transporta de un lote a otro. “Antes llenaba el vehículo con 15 dólares, pero, sin los subsidios, el precio subió a 26 o 28 dólares”, cuenta parado sobre un campo recién sembrado.
Más abajo, pasando un camino de tierra, se ubica la cúpula de su comunidad que esta tarde se encuentra en proceso de litigio. Durante los primeros meses de la pandemia, varios comuneros de Salasaca decidieron volver a sembrar, desatando conflictos internos. La discusión en kichwa, a veces a gritos, se escucha desde lejos. “A inicios de octubre de 2019, la Asamblea decidió por apoyo unánime ir a Quito”, recuerda Francisco Israel, quien también se sumó a la campaña. “El esfuerzo que hicimos valió la pena. Al final, cumplimos con el sueño de un pueblo y pudimos derogar el decreto 883”
“Claro, se derogó el 883, pero al final no hay nada. Y, como en toda guerra, perdimos, ¿no?”
–Javier Jerez, vicegobernador del pueblo salasaca
Al igual que miles de personas, Francisco Israel puso el cuerpo para exigir sus derechos. También aquel martes 8 de octubre, en Quito, cuando l@s manifestantes entraron a la Asamblea Nacional. Son imágenes que dieron la vuelta al mundo. Él escuchó a la policía y a los militares cuando dijeron que ya no iban a atacar y también vio que ya no tenían municiones; sin embargo, también sintió un cambio en el ambiente cuando el helicóptero aterrizó en el techo del parlamento. Recomendó a sus compañer@s que salieran de la zona, pero las órdenes de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrin, ya habían llegado a los oídos de sus ejecutores.
Como ocurrió en Panzaleo unos días antes, l@s uniformad@s apuntaron sus armas a los cuerpos de l@s manifestantes. Y de un momento a otro, empezó el caos. Francisco se cargó un hombre al hombro que, por falta de oxígeno, había perdido el conocimiento. Unos minutos después llegó al Parque Arbolito donde atendieron a los dos, también al líder de Salasaca. Respiró tanto gas lacrimógeno que necesitó ser oxigenado.
En ese momento, el Paro ya se había convertido en una guerra, y Javier Jerez, compañero de Francisco y vicegobernador de salasaca, trataba de no perder el panorama. Él estuvo también frente a la Asamblea, cantando y gritando consignas en contra del gobierno. “Hablamos también con los militares y nos prometieron no atacarnos. Fue algo demasiado penoso para nosotros. No pensamos tanta represión y brutalidad por parte del gobierno, sin considerar la parte humana que estaba ahí: las mujeres, los niños, los ancianos”.
Eran días caóticos en Quito, y cuando se definió que regiría el toque de queda por la noche, muchas personas quedaron incomunicadas con sus grupos y comunidades. No querían dejar la calle, pero cuando la policía, montada en motos y caballos, las reprimió como si fuese lo último que harían en la vida, se refugiaron en un lugar cercano. Muchos no llegaron más lejos que la Casa de la Cultura, al lado del Parque Arbolito: sin conexión a internet, sin crédito o batería o simplemente sin celular. Así ocurrió también con un compañero de salasaca. Francisco y Javier se preocuparon porque no podían tachar su nombre de la lista presencial. El día siguiente apareció en la Salesiana, sin un rasguño.
De vuelta en Angamarquillo, septiembre de 2020, en las afueras de la Casa Central, productores agrícolas, cocineros y vendedores locales tratan de transformar su mercancía en dinero. Algunos de los compradores llegan con billetes, otros prefieren el trueque. La feria se estableció al principio de la pandemia, cuando los mercados fueron cerrados y el paso hacia la ciudad era casi imposible. Por eso, la gente empezó a vender y trocar de forma directa frente a la iglesia. En un momento, llegó gente de tantas comunidades que apenas había espacio en la plaza. La dirigencia de Angamarquillo incluso llamó a canales de televisión para difundir este tipo de comercio directo. “Queremos concientizar de que nuestros productos tengan un buen valor”, dice el líder Cristóbal Miniguano. Antes, los campesinos tenían que regalar una parte de sus productos debido a los precios bajos definidos por los intermediarios. “Con la venta directa, nosotros ponemos un precio justo acorde a lo que gastamos y a lo que venimos invirtiendo”.
Cristóbal Miniguano, el hombre con el estampido militar en su mascarilla, junto con tres de sus compañeros, sube a la camioneta de Gonzalo Ribera, el secretario de la UNOCANT, y se dirige a uno de los cinco accesos a la comunidad que durante el Paro fueron bloqueados. Pasamos por chozas de barro, vacas pastando y una plantación de eucalipto donde se distingue un par de árboles cortados el año pasado sin haber sido usados. Después de unos minutos, llegamos a una curva donde fue cavada la zanja. Ya casi no se ve nada. Solo un pequeño desnivel entre cerro y camino que fue llenado después de que se derogó el 883. Es el mismo lugar donde en otros levantamientos abrieron la calle.
La impunidad de los ministros del gobierno central
Entonces, ahora que el gobierno quitó de todas formas los subsidios usando la pandemia como excusa, ¿valió la pena la lucha de octubre 2019? “Para mí, sí”, responde Gonzalo Ribera con los brazos cruzados. “Pero claro, nadie va a salir contento después de haber perdido quince días de trabajo”. Y agrega una frase que deja interrogantes: “Estamos en una transformación de la civilización a nivel global y creo que no tenemos que sentirnos menos o superiores”.
Cuando le preguntamos a Javier Jerez, el vicegobernador salasaca, sobre lo que quedó del Paro, dice algo resignado: “El fin de las protestas era la cabeza de Moreno, eso quería la gente, más allá del 883. El gobierno central nos quedó debiendo, porque Romo y Jarrín están como si nada. Imagínate cómo los familiares de los muertos deben de sentirse. “Además, a él, como a otras y otros líderes indígenas, no le quedó claro qué ha pasado durante las negociaciones en aquella noche de luna llena del octubre pasado. “Claro, se derogó el 883, pero al final no hay nada. Y, como en toda guerra, perdimos, ¿no?”.
*Romano Paganini, periodista suizo argentino, editor de Mutantia.ch
Foto principal: Gonzalo Ribera (izquierda) y Cristóbal Miniguano (derecha), con otros líderes de la comunidad Angamarquillo, en uno de los caminos que fueron bloqueados durante el Paro 2019 (Pao Michelena).
Primer collage de fotos: El 6 de octubre de 2019, en la E-35, cerca de Panzaleo, provincia de Cotopaxi, comuneros echan al ejército y con palos y llantas de sus propios camiones, bloquean la autopista que une Cuenca con Quito (Romano Paganini).
Segundo collage de fotos: Las y los habitantes de la Sierra ecuatoriana en movimiento, desde el pueblo salasaca, provincia de Tungurahua, viajaron 200 personas a Quito (arriba). En las afueras de Latacunga, los militares les quitaron los palos a las y los manifestantes, quienes llegados a la capital se ubicaron en uno de los refugios preparados para las comunidades, entre ellos, la universidad Salesiana. (Francisco Israel 1-3 y Romano Paganini 2)
Tomado de https://mutantia.ch/es/ocupacion-de-los-caminos-preocupacion-por-lo-que-paso-en-quito/
