El 3 de julio fueron asesinadas 3 personas en la provincia de Celendín, Cajamarca. No fue una manifestación contra el proyecto minero Conga, sino de los trabajadores de construcción a quienes el municipio no pagó.
En una ocasión anterior, cuando hubo una marcha antiminera, un grupo de provocadores al servicio del alcalde, acérrimo defensor de la minera, intentó llevar la marcha de la gente indignada por enfrente del local municipal. Su intención era tirar piedras contra el local, lo cual hubiese sido continuado por la gente y con eso facilitar la represión. El compañero nombrado para dirigir la marcha, se dio cuenta de la maniobra y no condujo la marcha por la calle donde está el local del municipio, los provocadores, indignados, se retiraron.
El día 3 sí tuvieron éxito, debido a la inexperiencia de los trabajadores, iniciaron el ataque al local municipal, lo que fue aprovechado por la policía para asesinar a 3 personas y herir a 20. También fueron heridos tres policías, con heridas de bala según el premier Valdés, y heridos por pedradas según los médicos que los atendieron.
Días antes un ministro citó a los alcaldes de Cajamarca para una reunión donde se iba a tratar el tema de obras de desarrollo. Después de la reunión, en la que se presentó Humala, el gobierno informó que los alcaldes se habían reunido para manifestar su apoyo al proyecto Conga. Esto fue desmentido con indignación por el alcalde de Cortegana (distrito de Celendín) Marino Vásquez, quien manifestó que fue elegido por su pueblo para defender el agua y la vida y que cumple con ese mandato.
El día anterior Humala había amenazado al movimiento anti-Conga: “Que se atenga a las consecuencias”. Antes delas 24 horas cumplió su amenaza. Los hechos sucedieron en Celendín, sin embargo las garantía se han suspendido, además de Celendín. En otras dos provincias, Cajamarca y Hualgayoc con su capital Bambamarca. No es casual, son las tres provincias que serían más afectadas por el proyecto Conga. Además, al día siguiente fue muerta otra persona en Bambamarca.
La suspensión de garantías prohíbe las reuniones públicas, sin embargo el padre Marco Arana (ecologista y dirigente del partido inscrito en el Jurado Nacional Electoral, quien no estuvo en las movilizaciones anteriores por encontrarse enfermo y está convaleciente) no fue capturado en ninguna reunión, cuando estaba sentado en una banca de la plaza principal de Cajamarca, fue violentamente agredido por 20 policías quienes con golpes de vara y puntapiés lo tendieron en el suelo donde continuaron golpeándolo. La agresión puede verse en un vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=4Bw8FCelp8w&feature=em-share_video_user
Se reitera la medida anticonstitucional de enviarlo para que sean juzgado en Lambayeque en lugar de Cajamarca, se le acusa de inducir a disturbios en Celendín, lugar al que no va hace meses.
Su captura es una actitud anticonstitucional más de este gobierno, el decreto de estado de emergencia no faculta a agredir a una persona sentada en un banco de la plaza. No permitieron que su abogada le entreviste.
Otras actitudes anticonstitucionales
Antes de la declaratoria de estado de emergencia golpearon y sacaron a empellones de la comisaría a la abogada representante de la Coordinadora de Derechos Humanas y a la representante del organismo estatal Defensoría del Pueblo.
Envían a gente que según ellos ha delinquido en Cusco para que sea juzgada en Ica y a quienes supuestamente han delinquido en Cajamarca para que sea juzgada en Lambayeque. La anterior suspensión de garantías debía haber sido decretada por el gabinete, pero lo hizo el presidente.
Apresaron sin motivo alguna al alcalde de la provincia de Espinar, elegido por el pueblo, sólo por denunciar la contaminación minera, anunciaron que estría detenido por 5 meses antes de investigación alguna (luego se vieron obligados a darle libertad).
Podemos decir que ahora quien gobierna es la institución de las fuerzas armadas, quien ordenó a Humala que públicamente manifieste al premier Oscar Valdés, ex militar propietario de minas, dispusieron además que en dicho acto apareciera la esposa del presidente, quien disfruta de mayor aceptación popular que Humala.
Las respuestas a las encuestas señalan un vertiginoso descenso de aprobación, en primer lugar de Valdés (quien recientemente fue felicitado por la Fuerza Armada), en segundo lugar de Humala y en tercer lugar de su esposa.
Las manifestaciones oficiales y sus acciones, muestran la voluntad de atacar violentamente la protesta social y la defensa absoluta de los intereses del gran capital transnacional (minas a tajo abierto, agroindustria, represas para hidroeléctricas, vías rápidas de comunicación, pesca de arrastre, etc.) feroz depredador de la naturaleza, enemigo del agua y de la vida, que son defendidas en varias partes del país.
Hay un acelerado empeoramiento de la situación. En el Perú no es necesario un golpe de estado como un Paraguay, ya se hizo “legalmente”, repito, hoy gobierna el ejército.
Hugo Blanco. Dirigente histórico de la izquierda revolucionaria y del movimiento campesino peruano. Es director del periódico “Lucha Indígena”.
