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08 diciembre 2013
La disolución de Pachamama, organización ambientalista posicionada contra el extractivismo petrolero, da una señal de grave amenaza a las libertades políticas en el país. Muestra que el modelo político neodesarrollista y la propuesta del “cambio de matriz productiva” exigen de un disciplinamiento social que no puede dejar resquicios para la protesta y la disidencia.
Está claro que el Régimen no está dispuesto a que sus planes de profundizar el extractivismo, ampliar la frontera petrolera y promover la minería a gran escala se detengan frente a protestas ecologistas, resistencias indígenas, o llamados al respeto de los derechos humanos por parte de organismos nacionales o internacionales. Hay mucho en juego: su visión de desarrollo de ‘estatismo a ultranza’ requiere de un flujo creciente e indetenible de recursos, que, paradójicamente, solo pueden provenir de la explotación de petróleo y minerales.
El Plan de Desarrollo funciona aquí como una doctrina impuesta sobre toda la sociedad, que puede tanto alinear la gestión de gobierno como sustentar ataques contra quienes, supuestamente, cuestionan sus objetivos. De nada sirve que el Plan incluya encendidas y radicales proclamas que anuncian la superación del capitalismo consumista y depredador. De nada sirve la exaltación de los “derechos de la naturaleza” que la Constitución incluyó en un gesto de retórica vanguardista. Sospechosamente, la institucionalidad prevista para exigir la aplicación de esos preceptos se debilita o abiertamente se alinea con el Régimen. Ningún funcionario ni juez que tenga en estima su cargo, estaría dispuesto a admitir una causa o a dar la razón a quienes se posicionen en contra del proyecto oficial.
Otra vez, la desproporción de las sanciones tiene la intención de sentar precedentes y dar un mensaje disuasivo a quienes pretendan contradecir al líder. Finalmente, se pone a funcionar el Decreto Ejecutivo 016, diseñado para silenciar las voces sociales expresadas a través de las organizaciones de la sociedad civil.
La lógica del modelo empieza a traslucir su inconsistencia al apostar el cambio de la matriz productiva sobre la exclusiva variable de la sobreexplotación de la renta de la naturaleza. Visto en estos términos, al Régimen no le queda otra opción o salida que apostar a ultranza por el extractivismo, y asumir los costos sociales y ambientales que ello comporta, lo que explica la creciente deriva autoritaria de la cual se reviste el modelo para blindarse de toda posible resistencia.
Desde el retorno a la democracia, no se había generado un ambiente tan hostil a la protesta social, ni en los peores momentos del autoritarismo de derecha. Seguramente, ahora se estarán midiendo los efectos de esta decisión sobre la opinión pública para definir los siguientes movimientos del Régimen: se propina el golpe definitivo sobre aquellas organizaciones que vienen impugnando sistemáticamente el discurso oficial, o se opta por un repliegue estratégico hasta encontrar una oportunidad más propicia.
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