Las mayores preocupaciones de la CIDH se centraron en los procesos legislativos en los EE. UU. para criminalizar la protesta social, la carencia de medidas de protección a los defensores de derechos humanos y la falta de protección jurídica de las comunidades Nativas Americanas en su derecho territorial y a ser consultados.
El pasado 24 de junio de 2019, la University of Arizona Rogers College of Law, Indigenous Peoples Law and Policy Program en representación del Water Protector Legal Collective, hicieron público el informe “Criminalization of Human Rights Defenders of Indigenous Peoples Resisting Extractive Industries in the United States” con el que resumen los informes, las denuncias y las quejas presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la sesión de la CIDH, comparecieron los liderazgos de las Tribus afectadas por el tránsito del Oleoducto Dakota Access Pipeline, en ella se presentaron testimonios, evidencias y denuncias sobre violaciones a derechos humanos, en forma sistémica por parte del Estado Nacional de los EE. UU. El mismo gobierno norteamericano, compareció en la sesión y reconoció explícitamente que las denuncias eran reales.
El caso del Dakota Access Pipeline (DAPL)
Las primeras naciones Nativo Americanas, en territorio estadounidense, en general viven bajo condiciones de altísima segregación cultural, política, jurídica, económica y social. Auténticos ghettos de apartheid en dónde la Constitución, los derechos civiles, la democracia y la justicia son ilusiones lejanas o muy difíciles de conseguir. Las condiciones jurídicas, incluso dictaminadas por juzgados, califican los derechos jurídicos como inejercibles para quienes pertenecen a las comunidades Nativo Americanas y que viven en territorios “protegidos” por alguno de los Tratados firmados con el Gobierno Federal.
Ahora incluso, no es necesario que la tierra sea productiva para despojarlos de nuevo. Ahora hay expropiaciones de tierra, porque por ahí van a pasar –como cuando el ferrocarril o las carreteras- los oleoductos.
Los oleoductos petroleros, no sólo son una de las infraestructuras de ingeniería menos eficientes y con más accidentes en la historia de la humanidad, expanden una ola de riesgos ambientales exponenciales. Bajo la figura jurídica de Dominio Eminente, es legal decomisar o expropiar tierras comunales para instalar los oleoductos.
Así las cosas, es un problema ser Ciudadano Norteamericano – Nativo Americano porque sus derechos son prácticamente nulificados por determinaciones burocráticas. Cuando una comunidad, en este caso la Gran Nación Sioux o Oceti Šakowi?, cuyo territorio es reconocido formalmente en el Tratado de Laramie de 1851 con el gobierno de los Estados Unidos, decidió hacer valer la letra de los Tratados que le dan razón de ser a la posesión territorial y la paz con este país; el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU, un organismo burocrático menor del Gobierno Federal, decidió sin ningún proceso de consulta, que el diseño del DAPL por una corporación privada (Energy Transfer Partners), con ingresos privados, y un proyecto de construcción de un oleoducto privado para la extracción y traslado de petróleo privado era legal para hacer valer el Dominio Eminente(instrumento jurídico usado en bien público) y tomar las tierras Oceti Šakowi?.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU., violó la sección 106 de la Ley de Preservación Histórica Nacional, y otras leyes y políticas federales, y el organismo emitió los permisos en ausencia de una consulta significativa y sin el consentimiento libre, previo e informado de las tribus afectadas: Standing Rock Sioux, Yankton Sioux y Cheyenne River Sioux.
Sumado a las múltiples violencias institucionales, el corporativo Energy Transfer Partners contrató a una ilegal compañía de seguridad, TigerSwan, para brindar seguridad al trabajo ilícito de instalación del oleoducto privado.
Los funcionarios tribales de Standing Rock informaron al gobierno federal y a los gerentes de construcción de Dakota Access que la construcción del ducto propuesto estaba en conflicto directo con las áreas sagradas tradicionales y los cementerios, eso fue el 2 de septiembre de 2016, al día siguiente, personal de Energy Transfer y TigerSwan arrasaron los sitios de entierro ancestrales, en medio de un ataque indiscriminado con perros y gases contra la población Sioux de Standing Rock, quienes resultaron heridos, todo frente a la silenciosa presencia de la policía local.
El escalamiento de la violencia contra la comunidad desarmada de la tribu Sioux de Standing Rock se vio reforzado por el involucramiento de la Guardia Nacional, policías federales, estatales y de los condados vecinos. Armamento militar, lanza misiles tierra–tierra, equipo pesado, gases, armas químicas, uso indiscriminado de mangueras de bombeo de alta presión en temperaturas de congelación, y miles de efectivos fueron desplegados y usados para reprimir violentamente a quienes reclamaban por el derecho legal a permanecer y proteger su tierra.
Fueron detenidos masiva e inhumanamente en jaulas para perros. El tipo de armamento utilizado, como balas de goma, granadas de gas, cuando son utilizadas en forma inapropiada o malintencionada, pueden resultar mortales o causar daños irreparables en las víctimas. Varios pobladores tienen heridas irreparables.
En ese contexto, 841 protectores del agua, la tierra y el territorio Sioux fueron detenidos, muchos de ellos ilegalmente por la compañía privada TigerSwan, quienes en abierto acto de suplantación policíaca agredieron, torturaron y detuvieron extra judicialmente a decenas de pobladores Nativos Americanos.
Endurecimiento y criminalización de la protesta social
Como bien denuncia el Informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un proceso sostenido a nivel nacional hacia un endurecimiento de penas carcelarias y procesos legislativos estatales y federales para establecer un escalamiento de nuevas leyes, incluso inconstitucionales -como ha denunciado la ACLU, llegando al extremo como en South Dakota, en donde hay una nueva legislación que incorpora la figura jurídica del “riot boosting” (impulso a disturbios) como un delito criminal inconstitucional, porque habla de actividades previas a una protesta, convocatorias, actos de solidaridad, y la simple participación en una protesta, sin que haya incidentes, bloqueos, o interrupciones de ningún oleoducto, pueden ser considerados “riot boosting”.
Denuncia ACLU: “En los últimos dos años, hemos visto un aumento en los esfuerzos del gobierno para sofocar las protestas, particularmente las dirigidas por activistas indígenas y ambientales, a menudo en oposición a los oleoductos . Ha habido intentos de equiparar a los manifestantes con terroristas y saboteadores nacionales. Las autoridades policiales se han asociado con compañías de seguridad privadas para vigilar a los activistas y controlar las protestas. Informantes conocidos del FBI se han infiltrado en espacios y campos de activistas. El gobierno federal ha implementado “zonas de exclusión aérea” para bloquear la cobertura de los medios durante las intensas represiones policiales”.
Sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Los EE. UU. se enorgullecen de que las protecciones constitucionales de los derechos de libre expresión y reunión sean más fuertes dentro de sus fronteras que prácticamente en cualquier otro lugar del mundo. “Esta reputación puede cambiar pronto”, dijo la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante una audiencia sobre los derechos a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica en los Estados Unidos: “Estamos preocupados por lo que ha estado ocurriendo últimamente… Hay una regresión en estos pilares de la democracia… desde los niveles más altos de poder”.
En efecto, este país ha emprendido un camino hacia la criminalización de la defensa del medio ambiente, del agua, la tierra y los territorios por parte de las comunidades de las primeras naciones. El 3 de junio de 2019, la administración de Trump anunció que buscaría enmendar la legislación actual que prescribe una pena máxima de 20 años de prisión por dañar o destruir oleoductos existentes. La enmienda aplicaría la misma penalización a los oleoductos en construcción, así como a la interrupción de los oleoductos.
Esta acción federal sigue una tendencia alarmante por parte de 35 legislaturas estatales que han propuesto aproximadamente 100 proyectos de ley contra la protesta social, 14 de los cuales se han convertido en ley, 26 están pendientes y 58 que han caducado o han sido derrotados. Los proyectos de ley generalmente imponen un régimen draconiano y castigos desproporcionados por desobediencia civil no violenta, incluyendo hasta 10 años de prisión y $ 100,000 en multas.
Algunos proyectos de ley criminalizan a las organizaciones que “ayudan” a los manifestantes a responsabilizarse por las acciones de sus miembros. El estado de Dakota del Norte, donde se ubica el DAPL, llegó al punto de presentar un proyecto de ley (no fue aprobado) que eliminaba la responsabilidad civil y penal de los conductores que se encontraban con los manifestantes que bloqueaban las vías públicas. ¡Permiso para atropellar a los peatones que protestan!
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado a los pueblos indígenas como defensores de los derechos humanos, particularmente vulnerables y describió los deberes que tienen los estados de proteger los derechos humanos en el contexto del desarrollo de la industria extractiva.
El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido en la audiencia temática de la CIDH, relacionada con la situación de los derechos humanos en su territorio, que, su deber era consultar con las tribus en virtud de los estatutos federales, 135 órdenes ejecutivas, 136 tratados y las reglamentaciones y políticas de la agencia o departamento. Sin embargo, muchas de estas leyes y políticas son interpretadas como procedimientos, por lo que no otorgan derechos ejercitables ante los tribunales, pues no son jurídicamente vinculantes con las leyes vigentes. Es decir, el marco jurídico de protección a las primeras naciones de los Estados Unidos es, en los hechos, inexistente.
Como lo señala el Informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preparado por la University of Arizona Rogers College of Law, Programa de Leyes y Políticas de los Pueblos Indígenas en nombre del Colectivo Jurídico Protector de Agua, el caso de Standing Rock es un caso emblemático de resistencia indígena a la industria extractiva que llamó la atención de todo el mundo cuando los protectores de agua se convocaron en las orillas del río Missouri en una reunión pacífica en lo que fue la mayor concentración de pueblos indígenas en los Estados Unidos en 100 años. Ahí se han agudizado y extremado las violaciones a los derechos humanos, la negación de la legalidad que da razón de ser a la posesión territorial de las tribus de las primeras naciones Nativas Americanas y ahora se construye una legalidad con aún más exclusión y represión a la defensa del medio ambiente, del agua, la tierra, el territorio y la cultura que dieron origen a este país.
* Contenido publicado originalmente en Awasqua
