SOBERANÍA ALIMENTARIA, UN COMPROMISO POR LA VIDA Alberto Acosta

Loja, 28 de octubre de 2012

La soberanía alimentaria implica recuperar el control sobre nuestra propia agricultura y nuestra alimentación.  Es el derecho de los agricultores, en especial de los más pequeños, de los campesinos, en ejercer el control sobre la agricultura, y es el derecho de los consumidores a ejercer el control sobre la alimentación. ¿En quién reside hoy el control de la alimentación? ¿Quién decide qué comemos, qué y cómo se tiene que cultivar? Es obvio que ni el campesinado ni la ciudadanía lo hacen.

 En las ciudades consumimos alimentos cuyo origen muchas veces desconocemos, su calidad es dudosa, y sus precios trepan continuamente. En el medio rural, el campesinado y otros agricultores están atados a usar paquetes tecnológicos, caen en manos de comercializadoras y otros intermediarios, quienes se apropian de buena parte de las ganancias, dejándolos ahogados económicamente. El país debe importar alimentos ya que muchos de sus mejores suelos agrícolas se dedican a las exportaciones antes que a alimentar a los ecuatorianos y las ecuatorianas.

 Todos estos temas, remiten sin tapujos, a un asunto de poder. La soberanía alimentaria plantea abiertamente una lucha contra el poder de la gran agroindustria y de las instituciones financieras que se han hecho con todos y cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria para su propio beneficio. Si el 70% de la pobreza en el mundo es rural, lo es precisamente por estas razones. Las semillas, los insumos, la comercialización, la tierra, el agua… toda la cadena alimentaria está dominada por pocas empresas.

Una lucha necesaria

 La crisis que afecta al planeta es una crisis sistémica. El capitalismo entró en el sector primario hasta hacerlo añicos. El neoliberalismo provocó la desposesión de la agricultura a los campesinos, convirtiendo a los alimentos en mercancías y a la vida rural en una fábrica de producción en serie. Mientras compramos trigo barato de la producción intensiva de los Estados Unidos, nuestros campesinos productores de trigo no tienen qué comer. Y algunos países, como el nuestro, gracias a las políticas comerciales de dicho país ya no producimos trigo, lo importamos en un 98%.

 Al mismo tiempo hemos ido asumiendo patrones de consumo cada vez más alejados de nuestra realidad agrícola, ahondando cada vez más la dependencia de las importaciones de alimentos, no solo trigo, incluso papa.

Frente a esto debemos recuperar el control de nuestra producción agrícola. Necesitamos de un sector agroalimentario que sea en primer lugar nacional, pero también vigoroso. Solo si aseguramos la alimentación de todos los habitantes del país podemos construir una pirámide productiva que sirva al Buen Vivir.

La tierra desde la soberanía alimentaria

 La tierra es de todos. No es de nadie porque es de todos nosotros. Es el principio de la vida, un bien común que no puede estar privatizado así no más. Si la tierra se compra y se vende como cualquier otra mercancía permite la existencia millones de personas sin acceso a la tierra. En la actualidad estamos a la deriva frente a las nuevas formas de especulación financiera internacional que se basa en la compra de tierras desde grandes fondos de inversión en países industrializados o grupos asiáticos. La desposesión de la tierra es una de las mayores causas de injusticia del planeta.

 Desde la soberanía alimentaria, el acceso democrático a la tierra es un eje central, que exige directrices políticas claras a fin de salvaguardar la tierra como bien público. La tierra es un préstamo que nos hacen las futuras generaciones, con unas condiciones muy sencillas: cuidarla para que sobreviva en su genuina función, para que facilite alimentos a la población y sea un medio de vida para los campesinos. Frente a los modelos de explotación agraria destructivos, hay que volver a aprender a cuidar la tierra, sobre todo como las mujeres lo han hecho desde tiempos inmemoriales.

Acceso a semillas propias

 Necesitamos recuperar el control sobre nuestras propias semillas. No podemos desprendernos de ellas, ya que desde allí nacen nuestros alimentos. Es necesario intercambiarlas, reproducirlas, buscar las que mejor se adaptan a sus suelos, etc. Las semillas sintetizan la biodiversidad, a su escala cada semilla libre es una suerte de Yasuní en pequeño.

 El campesinado siempre ha cosechado con sus propias semillas. Cuando quieren mejorarlas, compran o intercambian con otros campesinos, que las escogieron entre las mejores de sus cosechas. Proteger las semillas locales es nuestro deber y nuestro derecho. Para ello, nadie mejor que los propios productores y productoras campesinas.

 Los intentos de las multinacionales para monopolizar el acceso a semillas representan un atentado en contra de la soberanía alimentaria. La limitación para tener nuestras propias semillas equivale a prohibir la libertad de expresión de la tierra.

 Las empresas de ingeniería genética ponen límite al uso de semillas apropiándose de la experiencia y de los saberes campesinos, sin sudar durante la siembra y sin sufrir por la cosecha. La defensa de nuestras propias semillas, de nuestras variedades, es un imperativo de soberanía y de justicia.

 La prohibición del uso de transgénicos de nuestra Constitución de Montecristi es un gran logro en contra una de las agresiones más claras al acceso a semillas. Son muchas las preocupaciones alrededor de los transgénicos, pero la mayor de ellas es que restringen y distorsionan el ciclo de la vida: que de una semilla nazca una planta que, con sol y agua, produzca una nueva semilla.

La cara femenina de la soberanía alimentaria

 La soberanía alimentaria es una necesidad práctica y estratégica de las mujeres; es un derecho que solo será posible si se erige sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No basta con reconocer el papel fundamental de las mujeres en la producción, transformación y distribución de los alimentos; se trata de participar en igualdad de condiciones en las decisiones, luchar por sus derechos como productoras, como amantes de la tierra y del entorno, luchar por su visibilización en el proceso productivo. Es también luchar contra la opresión de las sociedades tradicionales y del sistema capitalista y patriarcal.

Campesinado, derechos y Naturaleza

 Persona campesina es toda aquella, hombre o mujer, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la Naturaleza a través de la producción o recolección de alimentos. Hablamos de más de 3.000 millones de personas en el mundo. Su aporte básico para la humanidad merece ser reconocido y protegido.

 El derecho a la tierra y al territorio, al agua y a las semillas no debe ser considerado solo como un derecho privado e individual, sino universal. En esa línea están los Derechos de la Naturaleza de nuestra Constitución. Los saberes y las prácticas del campesinado, acumulados a lo largo de la historia, son patrimonio de la humanidad y, como tal, nos comprometen a todos y todas en su conservación, para que pueda seguir alimentando al planeta de manera indefinida.

 Son muchos los ejemplos de países donde se han reconocido derechos campesinos. Por ejemplo, Tanzania, Botswana, Mozambique o Angola reconocen que las normas comunitarias que regulan la gestión de la tierra son igual de válidas que las del Estado.

Políticas públicas en agricultura

 Los modelos de producción que nos quieren imponer desde las multinacionales de la alimentación, en contubernio con los gobiernos de la región, como el actual gobierno ecuatoriano, únicamente ven a la agricultura como un negocio. Poco importa que esos modos de producción maltraten y contaminen la tierra hasta agotarla, que despilfarra el agua y que emite más gases con efecto invernadero. En cambio, los modelos productivos autóctonos siguen siendo los que mejores garantías de sostenibilidad ambiental, económica y social otorgan a una población.

 La alimentación es un derecho humano fundamental; la agricultura, la ganadería y la pesca son las actividades productivas que garantizan este derecho. Su importancia estratégica requiere de una regulación que las proteja, las apoye y las promueva.

 Frente a la soberanía alimentaria, no cualquier política agraria es conveniente. Hay una serie de premisas básicas para construir esta política pública para asegurar el derecho a la, que no esté atada al desempeño empresarial, sino que debe ser asegurada como cumplimiento del mandato constitucional, tal como ocurre con los mandatos en salud o educación. Por lo tanto, entre los primeros pasos que son necesarios se incluyen:

 –           Diseñar y poner en marcha una estrategia clara para caminar hacia la soberanía alimentaria.

–           Elevar el gasto público en agricultura y alimentación.

–           Impulsar programas de apoyo claramente dirigidas a los pequeños y medianos agricultores y campesinos.

–           Integrar las políticas de reforma agraria y redistribución del agua, y desarrollo rural con las otras facetas de la política agroalimentaria.

–           Desmontar los subsidios perversos, que financian grandes grupos empresariales, a través de agroquímicos y combustibles, para convertirlos en subsidios legítimos que apoyen a los pequeños agricultores, y que permitan su reconversión hacia prácticas más eficientes, de menor impacto ambiental, y orientadas al mercado interno.

–           Otorgar crédito oportuno y en condiciones apegadas a los ritmos de la agricultura y no a las demandas del capital.

–           Promocionar el uso de tecnologías y prácticas ecológica y socialmente responsables, potenciando el aprovechamiento de los conocimientos ancestrales.

–           Integrar los derechos de los pueblos indígenas.

–           Alentar políticas con un claro enfoque de género.

–           Fomentar los servicios públicos e infraestructuras para asegurar una vida digna en el campo.

–           Aprobar una ley marco sobre soberanía alimentaria nacional y derecho humano a la alimentación.

–           Pero sobre todo, respetar a la Pacha Mama.

 Si los agricultores y campesinos no participan en la definición de las políticas agrarias, estas sucumbirán a la presión de las grandes empresas. Un cambio de rumbo ya se está produciendo en algunos países, pero siempre como consecuencia de la presión y movilización de las organizaciones campesinas e indígenas y de los movimientos sociales: nuestro gobierno se compromete a alentar este proceso.

 Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela han reconocido en sus constituciones la soberanía alimentaria como principio rector de la política nacional. Estos países han propuesto o elaborado leyes marco sobre soberanía alimentaria y han diseñado sistemas nacionales para instrumentarlas. Lo que falta ahora es hacer realidad de la soberanía alimentaria.

 Así, entre otras acciones concretas, habrá que incluir efectivamente a los campesinos y pequeños productores del agro en la política de compras públicas y en el suministro de alimentos para el desayuno y almuerzo escolares, que deberán provenir de cada uno de los cantones y/o provincias, en el marco de políticas impulsadas por los gobiernos autónomos descentralizados.

 La tarea, entonces, se sintetiza en asegurar una alimentación para Vivir Bien, respetando los Derechos de la Naturaleza. Esto lleva a fortalecer los sistemas económicos y ecológicos locales, hace de la agricultura un medio de vida digno para los pequeños productores, protege los recursos productivos y asegura alimentos para toda la población. Esto se complementa con patrones de consumo sustentables, usos racionales de energía, la conservación del agua, la eliminación del consumismo y el aprovechamiento sustentable de los componentes de la Pacha Mama.