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13 noviembre 2012
Los subsidios ascienden a 27.000 millones de dólares al año, de los cuales alrededor de dos tercios proceden de China, Corea del Sur y Taiwán, además de Japón, Estados Unidos y países de Europa, según una investigación de la canadiense Universidad de Columbia Británica. La mayor parte del dinero va para la construcción de barcos cada vez más eficientes para capturar las disminuidas poblaciones de peces del mundo, y más recursos se van en compensar el creciente consumo de combustible para adentrarse en lo profundo del mar. El resultado, según el autor principal del estudio, Rashid Sumaila, es que los contribuyentes financian el agotamiento de reservas marinas y el empobrecimiento de las comunidades costeras en el extranjero.
“Una gran cantidad del pescado consumido en Europa, Estados Unidos y Japón procede de otros países, en general pobres”, porque hace mucho tiempo que los ricos sobreexplotaron sus propios recursos, nos dice en entrevista telefónica. “Cuánto más pescan sus flotas en una zona, más difícil se hace seguir pescando en ella y más subsidios piden”, explicó. “Es de locos”, exclamó.
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, dijo que en los países ricos se come tres veces más pescado por habitante que en los pobres, lo que agota los océanos y priva a los pescadores de las naciones en desarrollo de sus ingresos y a las poblaciones costeras de alimento. “Sin una acción rápida” para eliminar las prácticas destructivas, “la pesca no podrá seguir desempeñando el papel fundamental de asegurar el derecho a la alimentación de millones de personas”, alertó De Schutter. Al reclamar el fin de los subsidios dijo que “las generaciones futuras pagarán el precio cuando los océanos estén desprovistos”.
El informe de la ONU “Fisheries and the Right to Food” (Las pesquerías y el derecho a la alimentación), señala que tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Organización Mundial del Comercio hace tiempo que llamaron a terminar con los subsidios a las flotas que no usan métodos de pesca sostenibles.
Además, el dinero que las flotas industriales pagan a las naciones en desarrollo para pescar en sus aguas suelen terminar en manos de gobiernos corruptos, mientras el impacto lo sufren las comunidades costeras pobres.
La mayoría de los barcos industriales no solo no serían rentables sin subsidios, sino que ofrecen muchos menos empleos, 200 cada 1.000 toneladas de pescado, frente a los 2.400 de la pesca artesanal y con embarcaciones pequeñas, según otro estudio citado en el informe de la ONU.
A escala global, eso se traduce en que 500.000 pescadores industriales capturan 30 millones de toneladas de pescado, desechan al mar 15 millones de toneladas y queman 37 millones de toneladas de combustible.
La pesca artesanal también extrae 30 millones de toneladas de recursos marinos. Pero emplea a 12 millones de personas, no desecha casi nada, usa la séptima parte de combustible que los barcos industriales y recibe un quinto de los subsidios. Además, el alimento que suministran desempeña un papel mucho mayor en la salud de las poblaciones locales que el pescado más caro que se vende en los países más ricos.
Los barcos industriales pescan otros 35 millones de toneladas de otros recursos marinos. El resultado de esto es que desaparecen muchos de los recursos vitales para los peces, además de grandes cantidades de plancton, la base de la cadena alimenticia.
A escala global, 95 por ciento del arroz y 80 por ciento del trigo se consumen en el país en el que fueron cultivados, pero solo 60 por ciento del pescado se come en donde fue capturado. El resto se exporta, según el estudio.
Por el derecho a pescar en aguas jurisdiccionales, las flotas industriales pagan a los gobiernos entre dos por ciento, a Guinea Bissau, y seis por ciento, a las islas del océano Pacífico en cuyas aguas se obtiene la mitad del atún consumido en el mundo. En comparación, las compañías extranjeras que fabrican aceite pagan a los gobiernos entre 30 y 70 por ciento del valor del producto extraído de su territorio.
En algunos países, los pequeños pescadores llegaron al límite. En mayo, 50.000 pescadores artesanales de Senegal, molestos por la reducción de su captura a causa de las flotas europeas dedicadas a la pesca de arrastre, obligaron al nuevo gobierno a cancelar las licencias de las flotas extranjeras otorgadas por su predecesor, con apoyo de organizaciones como Greenpeace. Namibia, por ejemplo, prohibió la presencia de barcos extranjeros en sus aguas pues luego de su independencia, en 1990, desarrolló su propia pesca industrial. Maldivas, en el océano Índico, clausuró la pesca de atún para embarcaciones industriales extranjeras para favorecer a los pequeños barcos cerqueros, que consiguen peces de mejor calidad.
El informe de la ONU llama a los gobiernos con costa a negociar nuevos acuerdos con flotas extranjeras para mantener los barcos lejos del fondo del mar y permitir la recuperación de los recursos de pequeña escala. “Los recursos deben ser alejados de la sobreexplotación para beneficiar a las comunidades locales”, remarcó De Schutter.
