Tóxicos en el agua, trabajo esclavo y trabajo infantil: en el futuro las empresas Suizas deberán responsabilizarse por sus acciones en el extranjero. Afectados en Ecuador, Argentina y Sudáfrica esperan que el referéndum en el país europeo se haga realidad.
Cuando la madre de Pablo Fajardo dio a luz, el Amazonas ecuatoriano ya se había oscurecido. Una empresa petrolera de Nueva York construyó sus mecheros entre la selva, los ríos y las comunidades indígenas y empezó a bombear la sangre negra hacia el hemisferio norte. El gas se quemó, el agua de formación – altamente corrosiva y tóxica – se volcó sin tratamiento en los esteros y campos. Las consecuencias se ven en la tierra y el agua contaminada, la flora y la fauna contaminada, en definitiva: la vida destruida. La tasa de cáncer alrededor de la ciudad de Nueva Loja, a 300 kilómetros al este de Quito, es tan alta como en ningún otro lugar del país.
Hoy en día, 46 años después de su nacimiento y 25 después de iniciado el juicio del siglo contra la petrolera Texaco (desde 2001 se llama Chevron), el abogado que defiende a los 30.000 afectados en la Amazonia, Pablo Fajardo, está sentado en su oficina en la capital ecuatoriana y dice: “A ninguna empresa suiza o estadounidense se le hubiese ocurrido verter desechos tóxicos en su propio territorio sin hacerse cargo*. Saben muy bien que pueden tener una sanción significativa. En cambio sí actúan así fuera de sus países se aprovechan de las estructuras estatales frágiles, sabiendo que los estándares ambientales y sociales, por más que existan, no se controlan. En definitiva, las empresas transnacionales muchas veces tienen más influencia que los propios gobiernos”.
Por eso, a Fajardo le parece una buena idea que un país como Suiza empiece a hacerse cargo de los hechos en el extranjero. El referéndum que se está discutiendo exige que se generen más controles internos por parte del Estado suizo, para que las empresas con sede en Suiza tengan que cumplir con los mismos estándares operando en otros países.
Recurrir a la justicia Suiza
Hace unas semanas atrás se discutió el asunto en la Cámara de Diputados en Berna. Pero no se habló sobre la iniciativa original, apoyada por más de cien organizaciones ambientales y ONG’s, sino que se habló de una propuesta light, elaborada por una comisión de Diputados. Allí se pide que, en vez de responsabilizar a las 1500 grandes empresas y a sus sucursales en el extranjero, incluyendo a las Pymes que están activas en el comercio del oro y los diamantes, sólo se pueda responsabilizar a los grandes conglomerados. Además se propone que los proveedores locales no tengan que justificar su manera de trabajar (por ejemplo, si generan trabajo infantil) y que las empresas, en caso de infringir derechos humanos, solo se responsabilicen en casos específicos.
Justamente, de eso se trató durante más de dos décadas de contaminación en el Amazonas: el Estado ecuatoriano y Texaco/Chevron se culparon mutuamente, con varios billones de dólares en juego. Desde julio está lista la sentencia. Y podría generar otros juicios en diferentes partes del mundo. La Amazonía ecuatoriana es solo una de las varias regiones que están afectadas por la contaminación generada por empresas transnacionales.
“En caso que se acepte el referéndum en Suiza”, dice el abogado Pablo Fajardo, “tendríamos una herramienta para poder responsabilizar a las empresas, antes de que infrinjan derechos humanos o de la naturaleza.” Para Fajardo el asunto de la garantía es clave: “Si el Estado, en donde las empresas operan, no está capaz de imponer leyes, las poblaciones afectadas tendrían que tener la opción de poder recurrir al tribunal del país de origen, para que ellos controlen que sus empresas actúen de forma responsable”.
Cambiamos el escenario y vamos desde el Ecuador húmedo al desierto mendocino en el oeste de Argentina. De allí viene el vino y el ajo que se vende en Suiza. Irónicamente, los agricultores usan pesticidas de la productora Suiza Syngenta …
En Mendoza, el producto encontrado y explotado más recientemente es el petróleo. Y sea por causalidad, o no, también fue la petrolera Texaco/Chevron quien apoyó los procesos previos a la explotación del oro negro. En el sur de la provincia se han construido cinco pozos para el fracking y cinco más se están por aprobar. Pero en total se habla de instalar más de 200 pozos en toda la zona sin haberles realizado una consulta previa, les impusieron a los pobladores la fractura hidráulica en territorios desde donde llega el agua a las poblaciones. Algo común en Argentina. “No me siento representada ni tengo la sensación de que yo pueda tener influencia en lo que pasa en mi entorno”, destaca Jennifer Ibarra. “Argentina es como la Edad Media, disfrazada de Democracia”.
Jennifer Ibarra es presidenta de la ONG Cullunche, que recientemente cumplió 25 años. Durante mucho tiempo, la tarea principal de Cullunche consistió en el control del comercio ilegal de animales. Pero por el creciente extractivismo durante las últimas décadas, la ONG debió cambiar su enfoque. Primero lograron que no se usara más tóxicos en las minerías de metal; la ley mendocina es una de las más fuertes en todo el país. Además lucharon contra las fumigaciones aéreas. Y ahora el petróleo. “El agua de pozo ya de por sí es escasa en Mendoza”, cuenta la presidenta Ibarra y hace hincapié en el clima seco de la Provincia. “Dependemos del agua de los glaciares que ahora nos quieren sacar. Para la explotación petrolera se necesitan 300 millones litros de agua por pozo y año”.
Ustedes están demasiado lejos para poder ver lo que realmente está pasando aquí. Es fácil sacar la riqueza de países como Argentina y dejar devastada la tierra y los ríos. Esa es una cuestión de ética y moral”.
Jennifer Ibarra, Mendoza, Argentina
Como en tantos otros países del sur global, en donde las instituciones estatales tienen una importancia diferente que en Europa, también en Argentina falta la aplicación de reglas y leyes. De todas maneras, Jennifer Ibarra ve el problema principal en otro lado: en la ausencia de controles estatales y en la falta de transparencia de las empresas. “Si una empresa viene de lejos para sacar nuestra materia prima, de la cual los habitantes del lugar no están beneficiados, al menos tendría que abrir sus puertas a las ONG’s locales y mostrarles sus métodos de trabajo”. Ibarra agradece que Suiza quiera establecer reglas vinculantes para sus empresas, pero reivindica que el problema en sí se tiene que solucionar localmente. “Con el mismo método como se suele hacer en Suiza: a través de consultas populares”. Así se sabe desde el principio si los ciudadanos realmente están interesados en apoyar el extractivismo o no.
¿Y qué responde al argumento de los consorcios económicos Suizos? (que temen que Suiza podría perder su importancia en el comercio internacional). “Ustedes están demasiado lejos para poder ver lo que realmente está pasando aquí. Es fácil sacar la riqueza de países como Argentina y dejar devastada la tierra y los ríos. Esa es una cuestión de ética y moral”.
Glencore: ¿Esclavitud moderna?
Con este argumento Jennifer Ibarra no se encuentra sola. Una buena parte de la sociedad civil suiza hoy en día está consciente de las prácticas dudosas de sus empresas. Una encuesta, hecha en el 2017, demostró que tres cuartos de la población aceptaría el referéndum como está. Distinta es la actitud del gobierno Suizo que destaca: “La regulación, como lo exige la iniciativa, significaría que Suiza iría sola y se vería debilitada como un lugar de negocios. Las empresas podrían eludir el esquema reubicando sus oficinas centrales en el extranjero”.
El gobierno teme que empresas grandes como Glencore cambien su sede principal y que se pierdan sus impuestos. La transnacional, con sede en Baar (Provincia Zug), hace años que está en observación especial: por aguas contaminadas, condiciones de trabajos miserables y reproches de corrupción en diferentes países del mundo. Algo simbólico para la mala reputación de Glencore es el hecho de que hace unos años publicaron un informe con el título: Modern Slavery Statment (Posicionamiento sobre esclavitud moderna). En realidad, la esclavitud moderna en los países extractivistas es una de las caras de una moneda, del otro lado se encuentran países como Suiza, que al importar materia prima es también responsable de los daños ocasionados.
Uno que conoce bien la situación en África, continente donde Glencore tiene minas de metal, es Glen Mpufane. Glen trabaja para el IndustrieAll, un sindicato global con más de 50 millones de trabajadores, representado en 140 países alrededor del mundo. El sudafricano es responsable del área de minería, el sector con expectativa de vida más baja. Normalmente los mineros mueren antes de llegar a los 50 años. Es un hecho que conoce muy bien Mpufane y por lo tanto exige más diligencia por parte de las empresas, también en la elección de los proveedores. “Hoy en día las empresas definen sus estándares voluntariamente”, dice, “pero para transparentar la cadena de valor necesitamos reglas vinculantes que sean válidas a nivel mundial”. Para Mpufane la iniciativa Suiza es “un paso largamente esperado “de parte de un miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Que además es un país con mucho comercio de materia prima.
En teoría, dice el sindicalista, el gobierno Suizo podría estar orgulloso por el aporte de sus empresas en Zambia o en el Congo. “Pero lamentablemente la realidad es otra de la que se muestra en los informes anuales. Todos los que han visitado una mina suiza en sitio, saben que: ¡es una vergüenza!” No se escuchan las voces críticas, menos las de los habitantes locales.
La pregunta central que inquieta a Mpufane es: ¿Cuál es el aporte económico de parte de las empresas para el país anfitrión? “Y no me refiero a los impuestos”, destaca. “Los impuestos no son un aporte sino un deber”. Mejor, dice Mpufane, hablemos sobre aportes concretos para la población, porque: “¿De dónde viene toda la materia prima que estamos necesitando para nuestras vidas modernas?”
Si en el futuro las grandes transnacionales suizas se tienen que responsabilizar en el extranjero, como exige la propuesta light de los diputados, o si las reglas valen también para las Pymes y sus proveedores en los respectivos países, es lo que decidirán los Senadores Suizos durante los próximos meses.
*A esa declaración habría que mencionar lo siguiente: Los países del norte global, en especial Europa y América del Norte, disponen de leyes ambientales más detalladas que en el siglo pasado. Contaminaciones como las ocurridas en el Amazonas difícilmente serán posibles legalmente; además, provocarán resistencias masivas en la población. Pero la contaminación allá hoy en día se manifiesta en otras formas, por ejemplo con la basura. Asimismo, no hay que olvidarse que la materia prima de muchos productos (por ejemplo celulares, computadores, ropa, combustible etc.) para el mercado Suizo se extrae en otras tierras. Por lo tanto, el camino de transporte es largo y la contaminación por los gases del efecto invernadero, que llegan a la atmósfera, es inconmensurable.
Las leyes ambientales de Estados Unidos en cambio generalmente se manejan de forma más laxa, si es que existen. Según investigaciones de la revista alemana Spiegel Online, durante la década del 2000 en el estado de Wyoming se han contaminado las aguas subterráneas por Fracking. Aparentemente con aprobación judicial: “La legislación de los Estados Unidos permite que los productos químicos se descarguen en los depósitos de agua subterránea para la extracción de petróleo y gas si es necesario”.
- Operador de mutantia.ch / Periodista independiente y vive entre el Atlántico y el Pacífico. Recién publicó su primer libro titulado “Manos de la Transición – Relatos para empoderarnos” (Apuntes para la Ciudadanía, Quito/Diciembre 2017).
