"Justamente este patrimonio está amenazado por las empresas mineras, que el gobierno de Daniel Noboa alienta de forma desvergonzada. Con ese fin, se expidió la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía”, en marzo del presente año, debilitando los controles ambientales, al tiempo que se abre la puerta a la militarización de los territorios para romper la resistencia de las comunidades que lo defienden. A esto se suma el Tratado de Libre Comercio (TLC) recién suscrito con Canadá, que incluye - inconstitucionalmente - el arbitraje internacional para blindar a las inversiones de empresas mineras extranjeras (no solo canadienses), afincadas en ese país. A lo anterior se añade el convenio “Marco para el Aseguramiento del Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras”, suscrito con Washington, en febrero de este año; así como los múltiples acuerdos de explotación minera con empresas de China. Para completar este cuadro de amenazas se avanza en la reapertura del catastro minero, condición impuesta en el convenio con el FMI."
