13 agosto 2014
Qué difícil resulta defender al MPD a nivel público, pero está viviendo injusticias que no se puede ignorar. No porque, según varios criterios, incluidos los de esta columna, se tenga varios reparos sobre las prácticas de este partido y lo considere un partido en disputa con principios democráticos de base que se justifique terminar con él, sin más y con cualquier medio, como ahora ha emprendido hacerlo el gobierno.
No es excepcional que las críticas negativas contra el MPD reiteren sobre su tradición coorporativista primaria. Esa que, sin importar las consecuencias sobre el conjunto de la sociedad, quiera que prime la defensa de sus agremiados, sean en la UNE o FEUE o FESE y, lejos de contribuir a promover el perfeccionamiento de los maestros, como lo hizo la UNE a su inicio, sea el que impide las reformas que creaban exigencias indispensables para nuevos rendimientos de los maestros y de la educación nacional. La fiscal va de sí. Un facilismo que es irresponsabilidad social.
Para muchos, el dogmatismo de sus posiciones y análisis es lo que más recuerdan de su paso por la universidad y de haber conocido la acción de una FEUE-MPD que alternaba demagogia con propuestas populistas de ofrecimientos que terminaron devaluando la educación y la universidad. No se escatimó medio para seguir controlando este gremio y la universidad misma, pues permitía que perdure un cúpula ahí pegada y pagada, con prácticas coercitivas y violentas, que en este caso como en varios otros espacios, vergonzosamente sus militantes consagraron con el “mamita pega duro”. Una clara devaluación de la política.
Para sus militantes, con estas prácticas y sistema hacían y preparaban la revolución. El pretender tener una “línea justa” y el “trabajar para el pueblo” termina justificando cualquier cosa. Ante la dinámica social tan cambiante, los relatos indican claramente que esta mezcla de coorporatismo, dogmatismo y coerción termina en el oportunismo: todo es justificable y justificado, las contradicciones no hacen mella. Mantener una cúpula dirigencial y sus cercanos con coerción y el mermar de los recursos de una institución como la universidad o un gremio, acaba precisamente por imprimir una dinámica no de un partido de masas ni democrático, sino del grupo cerrado en sí mismo, como igualmente acontece con los gobiernos que tienen los mismos componentes. Es desde luego interesante que ahora que el MPD vive estas prácticas de parte del gobierno actual lo considere a este antidemocrático. ¿Signo u oportunidad de cambio?
Las posiciones del MPD son en buena parte propias a un pasado tan lejano de modelos de una izquierda fraguada con las ideas del XVIII y XIX, que se impone una renovación. En todo caso, tienden a ser desprovistas de un espacio para una razón crítica con lo cual no aporta a la renovación de la sociedad. Al contrario, alimentan el pasado con un lenguaje de izquierda. Sin embargo, a lo mejor con el tiempo, la sociedad reconocerá al MPD por haber logrado cierta organización de jóvenes del sector popular, y no sólo en la ciudad. En ciertos casos la alternativa a esto habría sido la delincuencia o el vacío que crea un primario rechazo social como se vivió, con violencia, en los países vecinos, y ahora es también visible en ciertos sitios del Ecuador. El MPD aportó igualmente a la continuidad de ciertos temas o causas sociales o a que personas provenientes de sectores excluidos terminen siendo representantes electos. Todo ello habría logrado un impacto social y político muy positivo y mayor, no solo para los beneficiados con ello, si se lo habría bien logrado con pautas de democracia y sin las prácticas corporativas, populistas y coercitivas ya indicadas.
Podemos no compartir las posiciones de este partido, según varias ópticas, pero éstas tienen espacio en la sociedad y mal podemos por decreto querer borrarlas; es en el debate público que podemos volverlas vetustas y sin acogida pública. Ante todo, por lo condenable que puedan ser ciertas de sus prácticas, no es justificable y sí es antidemocrático, privarle del derecho a existir. Se puede presionar con el debate claro y directo para que este partido cambie, como críticamente lo hemos hecho en algunas ocasiones, pues la vida política ecuatoriana requiere de un MPD democrático, de una izquierda renovada.
Más allá de la disputa que ahora impone el gobierno, es una oportunidad para que los sectores con sentido de análisis y responsabilidad colectiva del MPD puedan aprovechar para encauzar su renovación y reconstitución junto a otros sectores de una izquierda de fuera de AP. Una simple reconstitución, con cambio de nombre, sería una derrota histórica, pues lo que está en juego en la sociedad es el lugar que pueden mañana tener las fuerzas sociales y políticas del MPD en una nueva organización y tendencia, lo cual implica una nueva definición ante el mundo contemporáneo del país y del mundo.
Resulta también inaceptable que, para sancionarlo o cortarle sus posibilidades de pervivencia, se cause daño a la entidad que este partido controla o tiene influencia predominante: como es el caso del Fondo de Cesantía de los maestros, siendo ésta una idea por lo demás bien justificada ante las irrisorias jubilaciones que los maestros recibirán. Y si existen malos manejos, hasta ahora no ha salido nada de ello al nivel público – aunque sí descontentos con el control indicado – debería ser una dinámica interna la que ello resuelva, de preferencia con la participación de voces autónomas que garanticen transparencia y credibilidad.
La Asamblea, por su lado, está configurando una confiscación al transferir fondos privados al BIESS, aunque hipotéticamente el Estado haya aportado con algo. Sin embargo, esta justificación no tiene asidero, más bien tarde o temprano, por justicia nacional o internacional, se revertirá la decisión con costos para el Estado, es decir para todas y todos nosotras/os.
El Gobierno y la sociedad deben interrogarse sobre las implicaciones de esta transferencia de fondos privados a una gestión pública. ¿Por qué no hacer lo mismo con tanto régimen particular similar, ahora administrado, no por un Fondo específico como este del magisterio, sino por empresas de seguros? ¿Hasta dónde se podrá intervenir bienes privados para transferirles al Estado? ¿Sucederá lo mismo con el fondo de cesantía, por ejemplo de la PUCE? ¿Cuáles son los fines y los límites de esta lógica de apropiación de recursos privados para administración pública?
¿Puede el cálculo del momento -sea de acabar con la UNE-MPD, sea de obtener más recursos para el BIESS- tener alguna trascendencia: es decir construir alguna idea que no sea simplemente un puro pragmatismo político?
