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29 octubre 2013
El embarazo por violación es la más evidente y atroz de las violencias contra la mujer, y no es un hecho aislado practicado por psicópatas, sino que está inserto en un sistema social de dominación de género. Todas las opciones que le quedan a la madre embarazada son traumáticas: la crianza de un hijo no deseado, dar al hijo en adopción y también, por cierto, interrumpir el embarazo.
Investigaciones realizadas en países cercanos demuestran que la mayor parte de las embarazadas por violación es de mujeres jóvenes y pobres -una parte de ellas incluye a niñas- con escasa instrucción. La mayoría de ellas optó por interrumpir el embarazo, más de un 60% de las mujeres del grupo investigado; la siguiente opción fue criar a su hijo; y la tercera fue entregarlo en adopción. Muy pocas de ellas tuvieron al alcance la anticoncepción de emergencia en caso de violación.
Increíblemente, investigaciones muy especializadas afirman que existe una mayor probabilidad de que se produzca un embarazo en casos de violación, antes que en una actividad sexual consentida (Krueger 1997, Lathrop 1998).
Se ha argumentado que un hijo producto del acto de violación es un ser rechazado, y que esto, a la postre, puede terminar degenerando en varios problemas de salud mental para el individuo, puesto que el embarazo y los tres primeros años de vida son determinantes en el desarrollo de la persona (Sholten, 1996).
La violación altera la historia de la mujer y sus proyectos de vida y, cuando la víctima aún se encuentra en una etapa crítica, la confirmación del embarazo se convierte en otro choque emocional intenso. Por ello son frecuentes los trastornos del sueño, alimentación, atención y memoria; la desubicación, incredulidad, aislamiento, desesperación y negación de la realidad. Su capacidad sexual y amorosa queda afectada. Sabemos que existe un número alto de suicidio en adolescentes mujeres, y que un número significativo de chicas violadas y embarazadas ni siquiera llegan a comunicarlo y optan por quitarse la vida. El suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte en adolescentes en el país (ODNE, 2012). De acuerdo a datos oficiales, en nuestro país, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual, esto significa que 380 mil mujeres ecuatorianas fueron violadas en 2011. Esta situación se vive en todos los estratos sociales y en todas las condiciones étnicas; sin embargo, las mujeres indígenas y afroecuatorianas son las que mayor violencia han experimentado (INEC 2011, Senplades 2013).
Por todo ello se confirma que la maternidad debe ser una opción libre e informada. El tema del aborto por violación es una cuestión de salud pública que debe ser tratado en un país que conquistó el laicismo hace más de cien años. Despenalizar el aborto por violación sería más coherente con los esfuerzos desplegados por este mismo Gobierno en varias de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, que arrojan resultados alentadores y que se vienen implementando ahora mismo.
Pero, voz que clama en el desierto. ¿Quién, en las esferas del poder -ejecutivo, legislativo, judicial- la escucha?