April 24, 2015
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Corría el 27 de Marzo del 2015, eran horas de la mañana cuando de pronto la tranquilidad de la Melida de Toral, cooperativa de Isla Trinitaria, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil fue interrumpida de manera abrupta por centenares de policías quienes en como operativo de aquellos que se ven en las mega producciones de cine norteamericano por aire, estero y tierra llegaron a desalojar de manera imprudente e indolente a más de 40 familias que a esa hora se encontraban unas preparándose para ir a desayunar, otras a sus labores cotidianas laborales formales e informales.
Pero días antes de aquel violento desalojo que dejo personas heridas y detenidas, en otro sector de la misma cooperativa, entrega de manera sorpresiva el 5 de marzo del 2015 según versión de los moradores, una orden de desalojo emitida por la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares que afectaría a cientos de familias asentadas en la rivera de la Isla Trinitaria en Guayaquil, 15 agentes de las Policía Nacional vestidos de negro acompañados de civiles con chalecos distribuyeron Boletas de Desalojo fechadas ese mismo día y sin nombres individualizadas de las familias, en las que se anota lo siguiente:
“En virtud de los fundamentos legales expuestos, esta Secretaria Técnica del Comité de Prevención de Asentamiento Humano Irregulares, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 1227 de fecha 28 de junio de 2012, y atendiendo la petición realizada mediante oficio N° MAE-CGZ5-DPAG-2015-0667, de fecha 23 de febrero del 2015, solicita el retiro de todas las personas que se encuentran en esta edificación por encontrarse la misma construida dentro de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado y/o en sus área de influencia en un término de 48 horas.
Según el testimonio de las habitantes, esta orden desalojo ocurre luego de censo de vivienda de noviembre del 2013, realizado por trabajadores de diferentes instituciones estatales quienes durante esas fechas del censo, los moradores no recibieron información clara y oportuna para saber cuál sería sus destinos años después.
Resultado del inminente y sorpresivo entrega de notificaciones, el mismo 5 de marzo los pobladores realizaron una protesta en la autopista Perimetral, a la altura de almacenes Jaher, en Isla Trinitaria, cerraron la vía y fueron duramente reprimidos por agentes de la Policía Nacional que llegaron en buses y patrullas. En esta circunstancia, una mujer de nombre Rosa M. de 32 años de edad que se manifestaba contra el desalojo fue fuertemente golpeada y un Policía Nacional que portaba arma de electrochoques de contacto “Taser” le aplicó descarga que provoca graves problemas en su avanzado embarazo. Rosa fue internada en hospital y al día siguiente perdió el bebe de 6 meses de gestación.
A más del uso desmedido de la fuerza en contra de población civil y desarmada (los elementos policiales usan el selecto nombre de neutralizar), a más de personas golpeadas, hubieron detenidos por el hecho de manifestar su descontento como toda persona que se siente afectado en sus derechos a tener un espacio a donde vivir y si estos tendrían que ser desalojados por lo menos debería de haber primado un plan de contingencia concreto para haber permitido una salida pacífica de las viviendas en las cuales han vivido según testimonios de los moradores más de 20 años.
Nadie discute las razones que tendrá el Gobierno Nacional para realizar el desalojo pero es cuestionable el plazo de apenas 48 horas para el abandono de las viviendas y la destrucción de casas y la ausencia de información detallada e individualizada sobre los planes a ejecutarse en el sector evitando rigurosamente la incertidumbre y la zozobra; pero cabe destacar que los moradores intentan llegar a un mecanismo de diálogo y conciliación que en días pasados presentaron ante la Defensoría del Pueblo del Ecuador en Guayaquil, una queja donde daban a conocer la vulneración de derechos. Ante este hecho garantista de derechos, la Defensoría convocó a las partes: la ejecutora de los desalojos y los moradores afectados en su buen vivir.
Resultado de aquello: La Secretaría de Asentamientos Irregulares, se negó a todo tipo de negociación o de acuerdo con los habitantes de la Melida de Toral.
La falta de dialogo sobre la necesaria reubicación de todas las personas afectadas por el inevitable desalojo. El Gobierno Nacional tiene la obligación de evitar el desamparo a las personas y debe de procurar que la reubicación de las familias sea planificada, progresiva y manteniendo las relaciones vecinales construidas;
Además los planes de viviendas de la reubicación (si las hubiere) deben considerar características de las familias beneficiadas.
La Isla Trinitaria es un sector profundamente afectado por la pobreza extrema. La orden dictada por la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares es cruel e inhumana contra esta población que no se resiste a los planes de desarrollo ambiental. Lo ocurrido el 5 de marzo último en la Isla Trinitaria va en sentido contrario a la operación desarrollada durante el 2013 y 2014 por el Proyecto Guayaquil Ecológico para la reubicación de la población asentada en la rivera del Estero Salado.
Un aspecto separado y extremadamente grave es la muerte de bebe en estado de gestación por el uso de arma de electrochoques por parte de agente de la Policía Nacional en circunstancia de protesta social. El uso de estos instrumentos represivos es ampliamente criticado por los organismos de Derechos Humanos en varias partes del mundo por su descontrolada aplicación provocando la inmovilización abusiva de la persona en situación que no lo amerita.
Quizás las entidades estatales deberían de revisar los procedimientos usados en las notificaciones y desalojos, y según por lo visto dentro del Plan Guayaquil Ecológico del Ministerio de Ambiente, es posible que continúen la cadena de desalojos, a lo que salta una pregunta lógica ¿Qué va a pasar con las otras miles de familias ubicadas en las orillas del Estero Salado? Y otra: ¿Hay un plan de contingencia para las ya desalojadas?
En estos días la Fiscalía Provincial del Guayas debió iniciar una investigación exhaustiva del ataque a la mujer embarazada durante la represión policial el 5 de marzo en la vía Perimetral, incluyendo el examen del registro de las cámaras del sistema ECU 911 ubicadas en el sector, de lo cual conocemos no se tiene resultado a pesar de que esta identificado el gendarme responsable de la agresión.
Hasta ahora las familias desalojadas, las que se encontraban las carpas, se encuentran en albergues cerca de la zona, a la espera de una respuesta oficial sobre su situación.
Pero si de desalojos en otro sector de Guayaquil, también hay intentos, pero que provisionalmente han sido suspendidos, ese es otro capítulo aparte, pues se está tejiendo un proceso, una historia….
* Director Agencia Popular de Comunicación SERPUBLICOS
Fuente: http://serpublicos.wix.com/apcs#!Trinitaria-de-la-desesperanza-al-caos-Una-cr%C3%B3nica-de-lo-consumado%E2%80%A6/cjds/5539e7070cf2731334ed5712
