APUNTES CRITICOS A LA POLITICA LABORAL Tomas Rodríguez león

“La manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría.”

“El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía”

K. Marx

 El marxismo deduce la observación de la historia desde la dialéctica de  clases.  En la revolución ciudadana la dialéctica se trasforma en la ecléctica,  porque el gobierno prescinde  de  la clase obrera y se hermana con la burguesía. La acumulación orgánica del capital esencia de propuestas desarrollistas requiere de la pacificación de los trabajadores, y su inmovilidad. La “paz social”, sueño  eterno del gran capital, configura el escenario de la realidad.  Al respetar el mismo modelo de acumulación (“Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos” RC),  los trabajadores son carne de cañón para la tragedia.

Los reformistas de la contrarrevolución de todo momento, siempre han negado que el motor de la historia sea la clase trabajadora y  que la causa de los conflictos políticos, sociales y económicos sea la lucha de clases.  El pensamiento post moderno de los socialismos raros niega que el proletariado pueda crear sus propias armas emancipadoras para liberarse del capitalismo  y  creen ser los poseedores de las herramientas para salir del  sistema. En realidad se inventan una falacia para servir al capital. Veamos:-

Empezó el terrorismo laboral, patronal – estatal con el Decreto Ejecutivo 1701  limitando la contratación colectiva, la progresividad  del derecho del trabajo y el acceso a la organización sindical. Pese a los discursos, la  flexibilización laboral  siguió su marcha en un cambio de época para la explotación del trabajo.  A partir de entonces, el Estado gran tercerizador juega con la inestabilidad, superando las viejas prácticas de los empresarios que  en el  pasado crearon una relativa estabilidad tercerizada. (Muchos tercerizados en la época neoliberal conservaron sus cargos hasta por una  década) Hoy impera el chantaje laboral, y periódicamente son cesados en sus funciones miles de trabajadores de la principal empresa empleadora, el gobierno.[1]  Se retorna con fuerza a la precarización laboral con el trabajo discontinuo  en tanto el derecho a la organización y el acceso a la contratación colectiva se alejan en el esquema imperante.

El inventario anti obrero crece. La Ley Orgánica de Servicio Público instala la figura de Despidos Masivos. El 7 de julio de 2011 se creó el Decreto  813  que establece la Compra de Renuncias Obligatorias,  norma contraria a la lógica y al derecho laboral que ofende el principio de irrenunciabilidad, pues un trabajador no puede irse contra de sus propios derechos, lo que afecta también dada su verticalidad,  la indemnización  justa por despido intempestivo. En Ecuador el despido se  legaliza como política de Estado, lo contrario a lo que ocurre en el modelizado Venezuela  que en su Código  propone la inamovilidad de los trabajadores  y garantiza la estabilidad laboral. La revolución ciudadana a través del MRL ha creado la modalidad de “comer a turno”, negando la extensión de contratos a servidores públicos más allá de dos años. Cumplidos los mismos se remplaza  a miles por otros que trabajaran igual periodo. La cruel modalidad ya está interiorizándose  en los advertidos trabajadores que “comprenden” su destino fatal. La seguridad existencial de los  trabajadores se ve amenazada porque la garantía de su manutención y la de su familia carece de  estabilidad o permanencia. De manera perversa se  construyen dos tipos contractuales en el ámbito del trabajo: estabilidad relativa a quienes tienen contratos indefinidos, en tanto la mayoría precaria labora con contratos que finalizan en un periodo y caducan legalmente.

La igualdad de derechos laborales es un mito y el ejercito de contratados oscila entre el trabajo temporal y el paro forzoso que, sumados al ejercicio de despidos unilaterales, evaluaciones punitivas, vistos buenos y sumarios administrativos, configuran situación de miedo y desesperación.

Se multiplican las causales de destitución que  se aplican en la normativa. Los mecanismos de evaluación del trabajador carecen de fundamentación técnica, siendo siempre discrecionales de las decisiones de autoridades de nominación política que,  con la entrevista subjetiva o la evaluación intencional,  proceden a descalificar, destituir, suprimir  puestos y comprar renuncias a miles de trabajadores.

En el sector público se congelan los sueldos. Los Acuerdos Ministeriales 080, 096 y 078 plantean  techos salariales impidiendo y limitando  los incrementos. La Contratación Colectiva está negada o reducida en el sector. Con la Ley de Hidrocarburos se redujo las utilidades al 3%. El pago por horas extras se reduce del 100% al 25%.  El Mandato Constituyente No. 2 prohibió el establecimiento de bonificaciones a más de la remuneración unificada. El Código de la Producción, Art. 9  plantea una fórmula que suma todos los ingresos anuales de un obrero y los divide para doce, y esta sería la remuneración digna. Es decir, el salario digno se cubre con los propios ingresos de los trabajadores. Ejemplos  se suman y sobran.

Mientras en Europa los sindicatos luchan por la reducción de la jornada laboral y la consigna de racionalidad impone trabajar menos para que todos trabajen,  en la revolución ciudadana  no se considera  el concepto de   riesgo e intensidad del trabajo. Se imponen  largas jornadas a médicos y maestros como también a quienes están sometidos a jornadas peligrosas, como estrés, infecciones, basura, trabajo con químicos o radiaciones. La jornada laboral se intensifica y extiende sobre las 8 horas, agregando daño social y deteriorando la salud mental y relacional de los ecuatorianos que ven limitadas sus capacidades para la cohesión de la vida familiar o comunitaria y proporcionan  consecuencias  negativas al desarrollo humano.

 Con la externalización de servicios  se consolida el pacto de clase entre el estado y la empresa privada capitalista. La voracidad eficiente de las empresas contratadas para asumir  servicios complementarios reposa en la fuerza laboral de cientos de trabajadores inestables y perseguidos en doble vía por el estado y el patrón privado en tareas de limpieza, cocina, lavandería, guardianía.  Estos trabajadores de “segunda clase” reemplazan  a otros que fueron  despedidos. La  entrega a empresas privadas  con financiamiento público da origen a la reapertura de la tercerización.

 Desde la perspectiva de la democracia  laboral,  los niveles de cultura panóptica se toman las instituciones y las fabricas.  Se ha instaurado un sistema de vigilancia y persecución a trabajadores, empleados y  obreros: se instalan  cámaras de vigilancia o supervisión, mientras brigadas facistoides deambulan en cacería de brujas con consignas de intimidación y fuerza. El poder hace gala de presencia vertical dictando medias de orden y disciplina u obligando a participar en los eventos políticos. Para todo esto cuenta con la coaptación de  las viejas burocracias sindicales ligadas al raído Partido Comunista que resucita en la complicidad con el poder al silenciar los despidos, la inestabilidad y la política anti obrera,  al precio de  jugosas liquidaciones  al borde de la jubilación.
En la práctica se ha suprimido el derecho de huelga en relación a los Conflictos Colectivos de Trabajo,  la aplicación de la  Constitución  es regresiva y anti obrera, se prohíbe la paralización de los servicios públicos, en tanto  ya el Código integral penal consagra dicha prohibición criminalizando la paralización y la huelga con penas de cárcel.

La llamada revolución ciudadana  sobre todo en derecho laboral profundiza las prácticas neoliberales y todo el andamiaje jurídico  es construido para   beneficiar al capital nacional y extranjero. Nos queda  para la reflexión: El socialismo es proletario o no lo es. A lo largo de la historia se han  intentado ensayos socialistas sin la concepción obrero marxista, y fueron un fracaso casi siempre de derivación populista o fascista. Una vedad queda como sentencia: se debe empujar el proyecto socialista con la clase obrera, se puede intentar sin la clase obrera, pero nunca contra la clase obrera.

Por las evidencias expuestas  el indicador es  claro; la revolución ciudadana  esta contra la clase obrera, esta con los capitalistas y el capitalismo.

[1] Ya no siquiera el estado es quien  formula políticas de empleo, es el gobierno.