La Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos está difundiendo una noticia muy preocupante: el pasado 25 de junio, según denuncia la comunidad de Nankitsa (Morona-Santiago), policías y militares, funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y el gobernador de la provincia llegaron a esa localidad para exigir a los indígenas shuar que habitan en ese territorio, que lo abandonen porque se lo ha asignado a la empresa minera Ecsa. Los pobladores rechazaron con firmeza la conminación y los mensajeros de la invasión en ciernes se marcharon advirtiendo que volverían. Desde el Colectivo por la Defensa de la Cordillera del Cóndor se da la voz de alerta ante el peligro que corren las comunidades de ser desplazadas por empresas extranjeras con apoyo -quién lo diría- del propio Estado ecuatoriano.
Ecsa es una empresa canadiense que se propone extraer cobre en las provincias amazónicas. Se trata de un proyecto de minería industrial de gran magnitud, denominado Mirador y San Carlos Pananza, actualmente en fase de exploración, que traería un empobrecimiento no solo ambiental sino, también, étnico-nacional. Según los especialistas William Sacher y Michelle Báez, “para llegar a producir la cantidad de cobre prevista en el proyecto, se necesitará el tratamiento químico de estas 30.000 toneladas diarias de roca ´útil’, de las cuales se extraerá solo el 2% en forma de concentrado de cobre y quedarán 29.428 toneladas diarias de residuos contaminantes, inservibles, que serán enviados a la piscina de desechos. A los precios actuales, la ganancia representa un total de 10.610 millones de dólares”.
El gobierno debería responder a los cuestionamientos que lógicamente se hacen los ecuatorianos. ¿Se trata de desplazar a pueblos ancestrales para traspasar sus territorios a las empresas mineras? Si es así, como todo parece indicar, se estarían violando de manera flagrante derechos humanos y colectivos de cuya defensa se ufanan los personeros del régimen. ¿Es justo que los indígenas desaparezcan en aras de los emprendimientos del mundo empresarial que persigue la utopía del desarrollo diseñado desde el mercado? Segmentar territorios significa segmentar la realidad misma de las comunidades. ¿Es ético -y creíble- argumentar que los beneficios económicos que se obtendrían beneficiarán a los pueblos afectados? ¿Es que, acaso los indígenas amazónicos no forman parte del estado nacional? ¿Es posible la democracia política sin democracia cultural? ¿De qué Estado soberano se hace alarde cuando priman los intereses de las compañías mineras y petroleras? Ya vemos que la Constitución no garantiza nada, pues se la incumple cada vez y cuando. Las instituciones y organismos estatales, en vez de facilitar, impiden el contacto pacífico y fecundo con la rica diversidad nacional y cultural del país.
Resulta muy significativo que el Comité de Derechos Ecológicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas haya cuestionado los desalojos y la violencia contra las comunidades indígenas y el avance minero sobre los pueblos originarios.
*Filóloga
