CARTA A LA CONAIE
Ecuador, 18 de mayo de 2014
Resolución del V Congreso de la CONAIE
7. Solidaridad y respaldo irrestricto a los criminalizados por la protesta social en zonas de conflicto como Javier Ramírez de Intag para quien exigimos su inmediata libertad, y la persecución a los hermanos Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio. Exigir respeto a las medidas cautelares asignadas por la CIDH en favor de estos compañeros.
Estimados hermanos de la CONAIE
Estimado hermano Jorge Herrera, Presidente de la CONAIE
Estimados hermanos del Consejo de Gobierno.
Presento mi saludo respetuoso y solidario a ustedes como los nuevos dirigentes de la CONAIE y confirmo mi adhesión a las resoluciones y orientaciones decididas en el V Congreso. En particular, agradezco el apoyo solidario para exigir el cese de la persecución contra nosotros y el respeto a las medidas cautelares de la CIDH.
Las resoluciones tomadas marcan el rumbo no sólo del movimiento indígena, sino de todas las organizaciones y movimientos sociales, de independencia ante los gobiernos de turno, de alianza y unidad para luchar por la transformación social y de movilización por la vida.
Presento mi saludo respetuoso y mi agradecimiento al Pueblo de Sarayacu que nos ha acogido por el principio de defensa de la vida, por la exigencia del respeto a las medidas cautelares de la CIDH.
Ante el autoritarismo de Rafael Correa y de Alianza País, ante las resoluciones de una “justicia” dependiente, Cléver, Fernando y mi persona, decidimos refugiarnos en la solidaridad del pueblo Sarayacu.
¿Por qué lo hicimos? Porque nos dimos cuenta que había un pueblo digno, referente de la lucha anti extractivista y de la construcción del Estado plurinacional. Cómo no íbamos a darnos cuenta del nivel de conciencia, dignidad y lucha solidaria con la humanidad concentrada en una sola comunidad, un pueblo con una larga lucha contra las compañías petroleras y que tuvo que soportar, de forma pacífica pero activa, la agresión militar y política del Estado ecuatoriano que decidió afectar el territorio de la comunidad para entregarlo a las transnacionales, sin consulta previa ni respeto a la vida de la comunidad y de la Madre Tierra.
La lucha consciente tuvo su recompensa y feliz término con la sentencia a favor del pueblo de Sarayaku por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 27 de junio del 2012, en donde se dispone el respeto y la reparación al derecho a la consulta previa y a la propiedad comunal del territorio del pueblo Sarayacu.
Cómo no ir a un pueblo cuyos dirigentes han sido referentes nacionales de dignidad como Marlon Santi, Patricia Gualinga, José Gualiga, Franco Viteri y muchos compañeros con un nivel de conciencia enorme, pero sobre todo insobornables y con una voluntad inquebrantable de todo un pueblo a pesar de cualquier gobierno en el poder. Entonces, estábamos seguros en un pueblo que no hipoteca sus convicciones ni por amenazas y peor por dádivas; seguros, en un pueblo que no se vendería por un cargo público o una embajada, migajas que han corrompido a algunos dirigentes sociales.
Pero más allá de nuestra protección, esta experiencia sirvió para saber que hay cosas escritas con mucha lírica en la Constitución, pero que al momento de poner en práctica, como el Estado plurinacional o las resoluciones del derecho internacional, se acaba la poesía y entra la realidad cruel del estado central y controlador.
Hoy sabemos, en lo concreto, que el discurso de Correa y de Alianza País sobre el Estado plurinacional o sobre el sumak kawsay solo es una quimera, una maniobra para legitimar un poder autoritario; siguen pensado como los antiguos conquistadores; sabemos que los derechos de los pueblos ancestrales están por debajo de los intereses de las transnacionales, y que tristemente habrá traidores, negociantes e inconsecuentes con sus pueblos que corren tras un sueldo o un puesto de funcionario público, para cantar loas al régimen de turno.
Como dice irónicamente Cléver, gracias, Señor Presidente, por darnos la oportunidad de volver a aprender de la selva, de la comunidad; y yo añado, personalmente, por darme la oportunidad de descubrir el poder de la comunidad-humanidad y de la naturaleza-Pachamama, por darme la oportunidad de saber que mi vocación médica es una vocación de servicio, una forma de sentirme parte de la comunidad.
Hermanos, ustedes saben cómo empezó la historia de la persecución contra Cléver, Fernando y contra mi persona.
A raíz del 30S, recogiendo el clamor y las dudas de muchos sectores sociales y ciudadanos, presentamos un pedido a la Fiscalía para que abra una investigación sobre las responsabilidades del Presidente Correa en este grave acontecimiento, en particular, pedimos que se averigüe quién ordenó disparar contra un Hospital, en contra de disposiciones del derecho internacional.
A la distancia, reconozco que cometimos dos errores: confiar en la “democracia”, en la independencia de la justicia, para poder esclarecer los hechos; y en ese momento actuamos con el nivel de información que teníamos, no nos dábamos cuenta del alcance y significación del 30S, como un hecho que abre no sólo el comportamiento individual de Correa, sino el carácter del régimen. Particularmente yo, como médico, actué en defensa de una casa de salud, del personal médico, de los pacientes, colocados en medio de un enfrentamiento bélico.
Aunque en realidad el problema no empezó allí, pues Cléver Jiménez, como Asambleísta, con la asesoría de Fernando Villavicencio, venía realizando una ejemplar labor de fiscalización del Gobierno y de denuncia de la corrupción. Al poder le estorbaba esa lucha. Seguramente también le molestaba que yo acompañe la lucha de los médicos por sus derechos y luego la resistencia ante la política represiva contra la práctica médica en el COIP.
Nosotros somos militantes del Movimiento Pachakutik, y el Presidente no podía aceptar que exista un movimiento político independiente que represente los intereses, los anhelos, los sueños de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales y de los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la transformación social.
Rafael Correa, basado en un gran aparato propagandístico y en el control de la justicia, ha desarrollado una larga estrategia para silenciar los hechos e imponer su visión sobre los acontecimientos del 30S. Yo seguiré esperando que algún día la historia pueda esclarecer qué mismo pasó y cuáles son los responsables de la muerte de cinco ciudadanos ecuatorianos, que ahora ya están olvidados.
Haré un breve resumen de nuestro caso, debido a que compañeros e incluso legisladores y abogados no saben lo que pasa con nosotros, y hay un linchamiento mediático oficial para presentarnos como delincuentes y como prófugos de la justicia.
1.- La demanda de la verdad sobre el 30S fue convertida por Correa, el individuo-presidente, en delito, en calumnia. Montó un doble juicio, con total ausencia de un justo y debido proceso; peor aún, un juicio para poder presentar los documentos probatorios de nuestra denuncia. Por eso no pudimos presentar pruebas como los documentos reservados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía (GIR y GOE).
2.- La actuación parcializada del Fiscal Chiriboga y de los jueces de la Corte Nacional de Justicia le llevó a proceder en contra de artículos expresos del Código Penal. Por ejemplo no podían juzgarnos con el artículo 494 porque el mismo exige que la denuncia haya sido probada en un JUICIO y este nunca existió. Es decir no hay el tipo penal.
3.- No se levantó la inmunidad del asambleísta Cléver Jiménez, porque cuando iniciaron el proceso Alianza País no tenía los votos suficientes en la Asamblea y después era demasiado tarde.
4.- Agotamos todas las instancias jurídicas nacionales, pero no había espacio para nuestra defensa. La persecución contra nosotros formaba parte de una política de criminalización de las luchas sociales.
5.- Ante la falta de garantías y el abuso de la justicia ecuatoriana, solicitamos que actúe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, luego de analizar y verificar que en nuestro país no hemos tenido las garantías de un debido proceso, justicia imparcial e independiente, nos concede las medidas cautelares; las mismas que no son discrecionales u opcionales como dicen el gobierno de Correa y los poderes bajo su control.
6. El 24 de marzo del 2014 se dictó la orden de prisión en contra del Asambleísta por Pachakutik, Cléver Jiménez; el periodista y asesor parlamentario, Fernando Villavicencio y quien suscribe, Carlos Figueroa, médico y cirujano.
7. Las medidas cautelares de la CIDH suspenden la sentencia de la justicia ecuatoriana; pero conocedores del irrespeto de que hace gala este gobierno, los imputados en este caso preferimos el estar a buen recaudo y elegimos el asilarnos en la comunidad del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. No se trata de una resolución de los dirigentes, como dice el Presidente Correa; eso es faltar no sólo a la verdad, sino al respeto a un pueblo que es un ejemplo de cómo debe practicarse una verdadera democracia. Fui testigo de la resolución de toda la comunidad, después de informes y argumentaciones, para darnos protección en defensa del derecho a la vida y para exigir que el Gobierno respete las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Y entonces apareció otra dimensión del problema. Ya no era sólo la persecución a los tres sentenciados injustamente, sino que el ataque se dirigió en contra del pueblo de Sarayacu, repitiendo las viejas acusaciones de atentar contra la integridad nacional y pretender “crear un Estado dentro de otro Estado”, de tener grupos paramilitares. Qué triste ver a un Presidente y su aparato de propaganda mentir para buscar la intervención represiva de las Fuerzas Armadas.
Hoy, también sabemos que al sentirse acorralado, Correa corrió a refugiarse en las armas de los cuarteles para pedir la intervención en Sarayaku. Al no tener la obsecuencia de los militares, el jueves 16 de mayo han aprobado en la Asamblea el uso discrecional de las FF.AA., es decir las Fuerzas de las armas a voluntad del presidente. Por eso decidimos movernos a otros sitios, para no dar la oportunidad a la represión del Gobierno contra el pueblo de Sarayacu; la Amazonía es amplia y acogedora.
La prepotencia del régimen le llevó a intentar la división y la cooptación de la CONAIE. Pero ha chocado con la conciencia de una organización que ha resuelto: “2. Mantener nuestra independencia política frente a los gobiernos de turno, construyendo alianzas con las organizaciones y movimientos sociales afines que luchan por la transformación social a nivel nacional e internacional.”
Cada vez es más evidente que nos encontramos frente a una dictadura disfrazada de democracia con todos los poderes funcionando bajo el control de una sola persona que pretende perennizarse en el poder y que no permitirá oposición ni antiextractivista ni antiminera, ni la defensa de los derechos a la dignidad y a la vida; y que buscará imponer su voluntad con la cárcel o con los fusiles.
Es la presencia de un gobierno autoritario y dictatorial que no cumple con las leyes internacionales que pretende burlarse de la justicia internacional, en este caso, de la CIDH, a la que incluso el mismo gobierno de Correa acudió para salvar de la pena de muerte a un ciudadano ecuatoriano en EE.UU. medida que fue acatada por ese país. Pero aún más, que no cumple la propia Constitución del país, que le estorba la declaración del Estado ecuatoriano como plurinacional, así como le estorba la prohibición de los transgénicos.
Tenemos un gobierno corrupto que está desangrando a nuestro país, se está consumiendo el petróleo al precio más alto de toda la historia y nos dejará endeudados en varias generaciones y pretende convertir al país en un desierto lleno de huecos mineros y torres petroleras.
Estoy consciente que la lucha es difícil, pero sé que no estamos solos, que formamos parte de miles de hombres y mujeres, pueblos, organizaciones y movimientos sociales, que no estamos dispuestos a renunciar a un Ecuador incluyente, democrático, pacífico, justo. La voz de la CONAIE ratifica esta convicción.
Con respeto, agradecimiento y compromiso,
Dr. Carlos Figueroa.
