BUSCANDO RESPUESTAS: Una serie de entrevistas sobre temas cruciales para el país, en búsqueda de posibles soluciones.
No. 1
ENTREVISTA CON RAMIRO GARCÍA, SUBDECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
El trabajo de los últimos nobeles de economía, reconocidos en octubre de 2024, confirma que el factor más importante para el desarrollo de un país es contar con una la institucionalidad sólida. Claro, sus investigaciones y perspectivas se ubican dentro del marco del derecho a la propiedad y las inversiones del sector privado, entre otros aspectos – todo premio es político – pero dicho eso, sus conclusiones no son estratosféricas sino de sentido común. Si una población no confía en la honradez de las Fuerzas Armadas (mejor no hablar de la Policía), en la honestidad y equilibrio de las distintas instancias de gobierno y, sobre todo, en la imparcialidad de la Justicia, es obvio que ese Estado no es funcional y que no avanzará. Todo lo contrario.
En cuanto al último punto, el contexto ecuatoriano de un sistema judicial en caos durante mucho tiempo, nos lleva a preguntar qué posibilidades hay de estabilizarlo y volverlo menos susceptible a la influencia política. ¿Es viable imaginar un consenso político que abra el camino hacia ese equilibrio y, de ahí, a un futuro más prometedor?
Con estas inquietudes en mente, y con el deseo de no simplemente criticar sino de buscar alternativas de solución, Lalineadefuego habló con el reconocido abogado Ramiro García Falconí, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.
* * *
LDF: El sistema judicial está roto. El Consejo de la Judicatura, la más alta instancia del sistema, está sumida en una constante ronda de disputas entre los partidos políticos que pretenden ejercer el poder sobre la función judicial. ¿Es inevitable?
RG: En general, la utilización del sistema judicial como mecanismo de impunidad por una parte, y, por otra, de persecución política, ha sido una constante en América Latina. Así que esto no es un tema nuevo. Si a eso le sumamos sociedades con una institucionalidad muy débil, como es el caso del Ecuador, pues eso hace a la justicia todavía más vulnerable.
En otros países, en el primer mundo, es cierto que también existe influencia política en la designación de jueces; pero su sistema de pesos y contrapesos hace que sean muy cuidadosos respecto de los jueces que eligen. Es decir, uno puede elegir un juez muy conservador o un juez muy liberal, pero nunca un juez muy corrupto o un juez muy ignorante. Hemos visto que, en Estados Unidos, en la Corte Suprema, convivían una jueza muy progresista, Ruth Bader Ginsburg, y un juez muy conservador, Antonin Scalia -ambos muertos hace unos cuantos años- que era de posiciones de derecha muy radicales pero argumentadas de manera bastante sólida. Uno podía estar a favor o en contra de sus posiciones y de sus fallos, pero a nadie se le ocurriría decir que eran jueces corruptos.
Acá en América Latina, al tener una institucionalidad mucho más débil, mucho más leve, se presta para que se nombren jueces a personas que no deberían estar ahí, independientemente de la posición que tengan. Porque el problema aquí, en América Latina y en Ecuador específicamente, no es la posición ideológica de los jueces, el problema es la corrupción que tenemos. El problema es el servilismo al poder de turno. Eso es lo complicado.
Y justamente, para garantizar que ese juez sea servil, se designa a jueces de muy mal nivel. Si a eso añadimos que tenemos una estructura, el Consejo de la Judicatura, con problemas endémicos, estructurales, pues claro, ahí toda la película se completa, digamos. Porque el Consejo de la Judicatura funciona bajo un sistema de reparto, con cinco vocales, de cinco partidos diferentes, que se reparten las direcciones provinciales y nacionales, todos los espacios, a dedo.
Esto genera una situación en la que, por ejemplo, para ser asistente en la unidad judicial de Machachi, usted tiene que someterse a un concurso y a un sistema de oposiciones. Pero para ser director judicial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, no tiene que hacer ningún concurso de nada, es simplemente una elección a dedo.
LDF: Entonces, ¿qué posibilidades hay de instaurar, en el Ecuador, un sistema judicial estable y poco abierto a la influencia política? ¿Se puede? ¿De qué depende?
RG: Sí, yo creo que sí es posible y que es fundamental un pacto político de mínimos, entre los grandes grupos. Creo que la comunidad internacional inclusive debería incentivar este tipo de acuerdos mínimos. Y cuando digo la comunidad internacional me refiero a la Unión Europea, a los Estados Unidos y Canadá, fundamentalmente.
¿Por qué hablo de la comunidad internacional en un tema que supuestamente debería ser de soberanía nacional? Porque esa falta de institucionalidad genera otro tipo de problemas. Por ejemplo, genera una administración de justicia débil y permeable al narcotráfico. Y ese es un problema transnacional.
LDF: Sí, esa era otra de nuestras inquietudes: es obvio que aquí, en estos días, la influencia de los narcos está creciendo. El caso de Wilman Terán es un buen ejemplo, pero sólo uno entre varios. ¿Como llegamos a esta situación?
RG: Uno de los factores que permite la operación de los narcotraficantes en el Ecuador de manera prácticamente impune, es la administración de justicia.
Por un lado, hemos visto una serie de eventos, de episodios, en donde el narcotráfico controla sectores de la institucionalidad judicial, policial y militar, y que ya se mueve en las altas esferas del poder.
Hemos visto cómo legisladores, vicepresidentes de la Asamblea -Ronny Aleaga, por ejemplo-, se chateaban con narcotraficantes y con los lavadores de los narcotraficantes. Hemos visto cómo un operador del narcotráfico, Rubén Chérrez, tenía relación directa con el cuñado del presidente (Guillermo) Lasso. Es decir, hemos visto que el narcotráfico ya no pertenece a ese submundo, a ese ‘underground’ oscuro que antes habitaba.
Ahora comparten urbanizaciones con la alta política y la alta empresa. Viven en los mismos sitios, interactúan, comparten los mismos abogados. El mundo del narcotráfico de hoy es muy cerrado y especializado; vimos, por ejemplo, que el abogado de Rasquiña (Jorge Luis Zambrano), el asesinado líder de Los Choneros, era, en ese mismo momento, quien defendía a Jorge Glas. Defendía a los dos al mismo tiempo. Y claro, uno puede decir: “Alguna vez defendió a un narcotraficante y después defendió a un político”. Pero no, fue al mismo tiempo.
Y hemos visto cómo Leandro Norero hablaba con su abogado, y este abogado hablaba con actores políticos; y vimos cómo, además, Norero, en sus chats, consideraba a Rony Aleaga como un operador político del narcotráfico importante. Entonces, claro, ya llegó un momento en que esa thin red line, esa línea roja tan finita que diferencia a lo político de la criminalidad organizada, pues ya no se ve.
LDF: Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos a pocas semanas de elegir un nuevo gobierno, y si podríamos decir “ya, este es el camino, esto es lo que necesitamos”… Pero sustituir un partido político y un presidente por otro es claramente insuficiente. ¿Entonces dónde comenzamos?
RG: Primero tenemos que cambiar la estructura, el modelo de gestión y control del Consejo de la Judicatura. No puede mantenerse tal como está. No pueden continuar manejándose a nivel de reparto. Tiene que haber institucionalidad en la justicia.
Para tener una idea de la falta de institucionalidad, en este momento debe haber cinco vocales: hay cuatro. No se ha podido elegir un quinto. Y de esos cuatro, ninguno fue elegido originalmente. Es decir, los cinco que se eligieron hace seis años, originalmente, como vocales del Consejo de la Judicatura, por diferentes razones no pudieron completar su período. Unos renunciaron, otros fueron enjuiciados políticamente, otros fueron procesados penalmente. Hay algunos que están presos, como Wilman Terán o Xavier Muñoz. Es decir, estamos hablando de vocales que dirigen la más alta estructura de la administración de justicia, y los tenemos presos por criminalidad organizada, por tráfico de influencias, por interferencia en la justicia, por una cantidad de razones.
Entonces, aquí volvemos a la necesidad de instituciones sólidas, porque el problema del Consejo de la Judicatura no es de una sola persona, o de unas pocas personas: es institucional. Le pongan a quien le pongan, eso va a funcionar mal. Y va a funcionar mal porque está diseñado para que funcione mal. Entonces no hay que cambiar las personas, hay que cambiar el diseño.
LDF: ¿Y qué se necesita para eso? ¿Un acuerdo entre todos los partidos?
RG: Para eso se necesitan varias reformas legales. Nada más. Y, por supuesto, esas reformas legales tienen que pasar por el legislativo; y, por tanto, requieren de un acuerdo entre varios partidos. Entre personas que quieran hacer bien las cosas, que quieran cambiar la estructura de control de la administración de justicia para que la justicia sea independiente.
Pero, ¿cómo se manejan ellos?: “Sáquenle a X y pongan a Y”. ¿Por qué? “Porque Y es mi amigo”. No les interesa cambiar la estructura. Les interesa cambiar las personas y que, los que estén ahí, sean sus afectos, independientemente de que tengan o no tengan la experiencia, el ‘background’, el conocimiento para poder estar en un órgano tan importante como el Consejo de la Judicatura. Es inaceptable, una distorsión.
Foto: Universidad Central
