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04 Junio 2013
El presidente de la Judicatura quiere introducir cambios al Código Penal sobre la Justicia Indígena. Según él, hay algunos que afectan a todos, no solo a las comunidades.
La justicia ordinaria será la única encargada del juzgamiento de casos de delitos sexuales y los homicidios. Esto si la propuesta planteada por el Presidente del Consejo de la Judicatura es incluida al texto del Código Integral Penal o al proyecto de Ley de Coordinación entre Justicia Indígena y Justicia Ordinaria que están bajo el análisis de la Comisión de Justicia de la Asamblea.
Según el artículo 171 de la Constitución, las “comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial”.
En este artículo no se delimita el alcance ni los delitos que serán juzgados por la justicia indígena, para Jalkh es una debilidad que debe ser reforzada.
La propuesta del titular del Consejo de la Judicatura plantea que los delitos mayores, como violación y homicidio, sean tratados únicamente por la justicia ordinaria, ya que son del interés de todo el país. Los jueces deben declinar su competencia cuando la justicia indígena es competente en conflictos internos de las comunidades, pero, en ningún caso, cuando se trata de una violación a menores y adultos mayores.
Por otro lado los delitos menores podrán seguir en manos de las comunidades, quienes decidirán la pena para los acusados sin violar los Derechos Humanos ni la Constitución.
Jalkh dijo que lo que se pretende es evitar la impunidad de estos crímenes y corregir el uso indebido de esta figura. No se busca “restringir la Justicia Indígena, sino aplicar lo que determina la Constitución”.
Gustavo Jalkh realizó esta propuesta ante Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea el 28 de mayo.
Humberto Cholango, presidente de la Conaie, y Carlos Poveda, experto en justicia indígena, creen que la propuesta debe ser rechazada. (MJGD)
Humberto Cholango es el actual presidente de la Conaie y fue presidente de Ecuarunari hasta 2009.
‘Lo que queremos es que haya una coordinación no una subordinación’
¿Cuál fue la reacción de la Conaie frente al proyecto?
Nosotros creemos que es fundamental dialogar y coordinar. Lo que queremos es que haya una coordinación no una subordinación de la justicia indígena a la ordinaria.
¿A qué se refiere con subordinación?
Se ha escuchado que intentan jerarquizar la justicia. Dicen que hay delitos mayores y menores y que la justicia indígena tendría que juzgar solo lo que viola sus derechos culturales. Pero es un derecho constitucional, tiene el mismo rango jurídico. Es necesario trabajar en el pluralismo jurídico, no imponer una sola visión bajo el pretexto de lo que es y no un asunto interno.
Entonces, ¿qué es un asunto interno?
Para nosotros los problemas internos son todos, de cualquier tipo: laboral, civil, penal.
Los casos de violaciones y homicidios, ¿cómo se resuelven?
Todas las comunidades se manejan de manera diferente. Además hay diferentes motivos y circunstacias. Las sanciones se hacen en base a las investigaciones que hace la comunidad. No protegemos ni a violadores ni a asesinos. Las sanciones se aplican con respeto a los DDHH.
La reforma dice que los delitos mayores son de interés de todo el país, no solo delitos internos. ¿Qué opina?
Por supuesto que involucra a todo el país, por eso es necesario trabajar en el pluralismo jurídico. La justicia indígena debe respetarse como una institución que está aprobada en la Constitución. A partir de ahí se necesita hacer una política de Estado y no validar solo una justicia.
¿Cuál debe ser esta política?
Debe ser una de coordinación entre las dos justicias. Hay que trabajar en una política de pluralismo jurídico, de respeto a la administración de justicia indígena y de un Estado Jurídico de cooperación.
Bajo esta cooperación, ¿cómo se tratarán estos casos?
No puedo adelantarme y decirle lo que se hará. Hay que trabajar en conjunto y establecer los pasos a seguir. Las dos justicias deben trabajar juntas.
Experto jurista
Carlos Poveda es catedrático experto de justicia indígena. Fue juez de lo penal y consultor de la ONU.
‘La reforma propuesta por el Presidente de la Judicatura es inconstitucional’
La reforma plantea que los delitos mayores sean tratados solo por la justicia ordinaria, no por la justicia indígena. ¿Qué piensa usted al respecto?
Al momento que, en la Constitución, se reconoce las autoridades indígenas para que dicten justicia dentro de su jurisdicción esto debe ser respetado. Ni en la Constitución ni en tratados internacionales se dice que los delitos mayores deben ser tratados solo por la ordinaria.
La comunidades tienen jurisdicción sobre “problemas internos’. Desde el derecho y la ley, esto ¿qué significa?
Un “problema interno’ puede ser desde una disputa doméstica hasta la muerte. La comunidad indígena es la que debe decidir lo que le compete y lo que no, en última instancia se puede recurrir a la Corte Constitucional. Caso contrario se viola la Ley y la Constitución.
¿Es la propuesta ilegal?
No solo es ilegal. La reforma propuesta por el Presidente de la Judicatura es inconstitucional. El artículo 171 no dice que la justicia indígena tiene la autoridad solo en delitos menores.
¿Hay alguna manera de establecer esta reforma?
Se puede establecer una cooperación en el Proyecto de Ley de Coordinación entre justicia indígena y justicia ordinaria. Este proyecto de ley reposa en la Comisión de Justicia presidida por Mauro Andino. Ahí tampoco se establece ningún limite.
Jalkh mencionó tres casos que quedaron en la impunidad, ¿justifican la reforma?
Si con los ejemplos que dio Jalkh hay que cambiar la justicia indígena entonces, ¿qué diríamos de la justicia ordinaria? No debemos juzgar todo un sistema jurídico por unos pocos casos que no se han tratado de una forma adecuada.
¿Qué se debe hacer?
No se puede utilizar ninguna de las dos justicias para que un crimen quede en la impunidad. Si hay un conflicto al juzgar un caso, de momento y hasta que exista una reforma, la Corte Constitucional debe evaluar qué justicia es la competente. En lugar de enfrentar a la justicia ordinaria con la indígena se debe establecer un elemento de cooperación.
[…] Fuente: lalineadefuego.info […]