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11 Mayo 2014
Por: Paulina Rivadeneira
Las medidas cautelares dictaminadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿de qué protege al pueblo Sarayacu?
Tuvimos una sentencia favorable en 2012 que es un precedente de importancia continental. Ese juicio se refería al derecho a la consulta previa y al respeto a los derechos culturales del pueblo de Sarayaku. Como fruto de esa lucha se obtuvo esta sentencia que es obligatoria y que está vigente para el Estado ecuatoriano. Esta sentencia implica que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les consulte antes que el Estado tome cualquier decisión que pueda afectar su territorio.
¿Cualquier decisión? ¿No solo en el tema de la explotación petrolera?
No. Cualquier decisión que pueda afectar a sus derechos y a su territorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue muy clara en establecer que el deber de consulta es inexcusable, que además responde a un principio general de Derecho Internacional y que debe ser observada en todos los casos en que el Estado pueda afectar los derechos del territorio de los pueblos indígenas. Eso es lo que está vigente. Sarayaku tuvo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2003.
¿Esas medidas fueron acatadas y respetadas por el Estado?
En realidad hubo pronunciamientos políticos que desdeñaron las medidas cautelares. Recuerdo, por ejemplo, que un ministro de Gobierno del régimen de Lucio Gutiérrez dijo que “la OEA no manda aquí y que eso (las medidas cautelares) no es más que un pronunciamiento espurio de unos señores que no saben ni dónde queda el Ecuador”. Me acuerdo porque en ese año la OEA se reunía en Quito y la declaración fue muy inoportuna. El Estado acató las medidas aunque efectivamente no las cumplió en ningún momento. Tanto es así que en 2004, la Corte (IDH) dictó medidas provisionales.
¿Cómo se puede acatar y no se puede cumplir ?
Acatar significa decir sí, estoy obligado. Pero lo que interesa es que se cumplan en la práctica. Las medidas cautelares dictaminadas por CIDH tienen un sentido: proteger a las víctimas de violación de derechos humanos mientras se tramita un proceso en la Corte (IDH). En el caso de Sarayaku, estas medidas implicaban – desde 2004- el retiro de los explosivos que dejó la empresa CGC en el territorio de Sarayaku, que hasta el momento siguen ahí. Cuando hay una sentencia, entonces pierden sentido. Sarayaku goza ahora de una sentencia a favor de la comunidad.
Además del retiro de la pentolita, ¿a qué otra cosa estuvo obligado el Estado ecuatoriano con Sarayaku?
A garantizar la vida y la protección de los miembros de Sarayaku que en ese momento estaban siendo amenazados sistemáticamente. Se presentaron algunas denuncias que nunca tuvieron seguimiento por parte de la justicia. Al final, nunca se pudo determinar responsabilidades.
¿Qué tipo de amenazas?
Por ejemplo, en una ocasión una radio de la ciudad del Puyo comenzó a pasar un pésame porque supuestamente Franco Viteri, Marlon Santi y José Gualinga, los líderes más importantes, se habían desbarrancado en el camino hacia el Puyo. La noticia causó gran conmoción. Cuando fueron a averiguar, la cuña había sido contratada por alguien con una cédula falsa. Eso fue interpretado como una amenaza directa de muerte. Más adelante, a Marlon Santi, presidente de Sarayaku, dos tipos se le acercaron en la terminal, le agredieron y le insultaron. Le dijeron que si no dejaba de molestar con el caso Sarayaku lo iban a matar como a un perro y le quitaron exclusivamente el expediente, los documentos del caso y su pasaporte donde estaba la visa estadounidense. Además, las comunidades que habían llegado a acuerdos con la empresa petrolera impidieron que Sarayaku transite por el río Bobonaza, la entrada a Puyo. En 2004 se organizó una actividad de solidaridad. Las canoas de Sarayaku fueron recibidas a bala. Hubo gente agredida, desaparecidos, niños heridos. Otros fueron capturados. Los rescataron gracias a la Cruz Roja.
¿Hubo muertos durante todo este proceso en Sarayaku?
Gente que ha muerto en el transcurso del proceso. Recuerdo el caso de un anciano sabio muy importante en Sarayaku, que sufrió un atentado terrible: el árbol donde él consideraba que estaba concentrado su poder para curar a su pueblo fue cortado. Por supuesto, este yachay, que era una persona muy anciana, murió de pena. En otra oportunidad, un grupo de jóvenes de Sarayaku fueron capturados por una patrulla del Ejército que estaba dentro del territorio acompañando a los trabajadores petroleros. Los capturaron y los sacaron en un helicóptero de la empresa petrolera. Los entregaron en un campamento de CGC y ahí fueron torturados y amarrados sin ropa en un hormiguero. Finalmente, un teniente del Ejército los regresó a la comunidad. Sobre todas estas historias, que están documentadas, falló la Corte IDH. No es un acontecimiento episódico que sucede en este momento, sino que corresponde a un proceso de un pueblo que ha sido perseguido y que ha conseguido una reivindicación a través de la justicia internacional, tras 10 años de lucha.
¿Las medidas a favor del pueblo Sarayaku impiden el paso de las FFAA?
La relación de Sarayaku ha sido compleja. Ellos han sido agredidos y eso ha quedado documentado en el proceso ante la Corte Interamericana. El Estado ecuatoriano fue condenado por violaciones al derecho a la vida, que implicaron la colocación de los explosivos en congruencia con la empresa transnacional. No hay que olvidar que esa acción fue hecha en un contexto de militarización, entonces sí hay un recelo muy grande.
Pero ¿la Corte (IDH) dictaminó que las Fuerzas Armadas no podían entrar al territorio?
No. Eso no puede dictaminar la Corte. Lo que sí hizo fue establecer que cualquier decisión que se tome sobre el territorio del pueblo indígena tiene que ser previa consulta. Hay también normas internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establecen restricciones a las operaciones militares dentro de territorios indígenas. Es decir, necesitan específicamente consulta.
¿Es por estas restricciones que las Fuerzas Armadas no han podido entrar a Sarayaku?
No han entrado, que yo sepa.
Pero la comunidad denunció sobrevuelos…
La sentencia de Sarayaku es emblemática a nivel mundial y establece que cualquier decisión que pueda afectar al territorio por parte del Estado tiene que ser previamente consultada y eso no es aplicable solamente a actividades hidrocarburíferas. Es aplicable a cualquier decisión estatal que pueda afectar los derechos. Lo que ha habido es una historia de desconfianza que no ha podido ser superada.
¿Y la Policía? Ellos sí pudieron aterrizar sus helicópteros en Sarayaku.
Con la Policía ha habido otra relación. No hay que olvidarse que la entidad encargada del retiro de los explosivos, desde antes de la sentencia, fue la Policía Nacional. Ha habido policías dentro del territorio de Sarayaku conviviendo y trabajando juntos en el retiro de explosivos. Entonces, la relación ha sido edificante y de confianza con miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Esto sucedió entre 2009 y 2010, en el gobierno de Rafael Correa, con el actual ministro del Interior, José Serrano, y Galo Chiriboga. Con ellos se coordinó el cumplimiento del retiro de la pentolita, aunque no se concluyó. Se retiraron 14 kilogramos de un total de 1 460. Pero se hizo un trabajo de más de un año y durante ocho meses personal policial estuvo permanentemente en Sarayaku. Entonces, no hay una actitud histórica de rechazo a esa fuerza pública, sino todo lo contrario.
Las autoridades dicen que en Sarayaku hay paramilitares
Sarayaku es un pueblo valiente pero pacífico. La gente no puede ir a comprar una libra de carne, allá hay que ir y cazar para poder alimentar a la familia. El que aparezcan unos chicos con ropa oscura y con una escopeta de casa en la mano, no les convierte en paramilitares. El uso de ese término por parte de las autoridades debería ser muy delicado porque tiene una connotación jurídica grave en el sistema internacional de derechos humanos. No se puede pronunciar a la ligera.
Sin embargo, José Serrano fue defensor de Sarayaku y conoce a la comunidad.
Yo no comparto la decisión de Sarayaku de proteger a estas tres personas (Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, ndlr) pero la respeto mucho porque entiendo que es una decisión fundada en una cosmovisión tremendamente humanista que ellos han demostrado a lo largo de su historia. Yo entiendo esa protección y también la posición de las autoridades del Estado. Entiendo que hay un mandato de capturar a estas tres personas sobre las cuales pesa una sentencia penal. No encuentro que haya un espacio de negociación entre Sarayaku, que no puede entregar a las tres personas, y el Estado que no va a renunciar o abstenerse de capturarlos.
¿Cuál es la salida, entonces?
Creo que la clave para solucionar este problema está en manos de las tres personas que lo causaron. Por válida e importante que sea la lucha de los señores Jiménez, Villavicencio y Figueroa debería ser despejada en otros escenarios. Si Sarayaku fue lo suficientemente generoso para recibirlos y cobijarlos creo que ellos deberían ser tan generosos para no poner en riesgo la integridad de la gente que está ahí y que puede ser afectada, si se da un operativo violento militar para que los capturen. Hay que replantear los términos del conflicto por parte de todos los involucrados. Quisiera hacer un llamado tanto al Estado como a la gente de Sarayaku para que establezcan un espacio de diálogo.
¿La sentencia vigente a favor de Sarayaku les faculta para amparar a las tres personas?
La gente de Sarayaku no ha actuado en este caso con una lectura jurídica del tema sino con una lectura cultural. Lo que a ellos les llama a proteger a estas personas en su territorio es un mandato muy profundo que viene de su cosmovisión. Ahora, estas personas tienen medidas cautelares vigentes a su favor y, por supuesto, eso es algo que tiene que ser considerado. Soy un académico convencido de que hay que fortalecer la democracia y el estado de Derecho y eso implica el respeto de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Si se reclama por la relación del estado de Derecho a Sarayaku, habrá que ser consecuentes. El no acatar medidas cautelares es no ser consecuentes.
¿Es decir que el Estado debe respetar las medidas cautelares que la CIDH emitió a favor de Villavicencio, Jiménez y Figueroa a propósito del respeto al estado de Derecho?
Sí. El Estado debería empezar por eso. Además, los señores Jiménez, Villavicencio y Figueroa deberían salir de Sarayaku y enfrentar su conflicto en otro espacio. Sería lamentable que se termine resolviendo el caso con un operativo armado que puede generar una ruptura de la paz social indeseable en la Amazonía y en el país.
¿A qué se expone el Estado si no se respetan las medidas cautelares de la Comisión y se viola la sentencia a favor de Sarayaku?
Todos los estados del mundo que incumplen disposiciones de los organismos internacionales, que son los supervisores del cumplimiento de los compromisos adquiridos soberanamente, se someten a la posibilidad de ser enjuiciados y eventualmente condenados si se encuentra responsabilidad por la violación de derechos humanos. En el caso del Ecuador eso ya sucedió pues, hay como 13 sentencias. Se ha condenado al Estado por violaciones de las normas CIDH y eso es lamentable. Es importante para el Ecuador y la democracia, para el marco jurídico nacional y la imagen externa que haya una continuidad en el respeto a los órganos internacionales de los derechos humanos y a sus decisiones.
fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cualquier-decision-tiene-que-ser-previa-consulta-606172.html
