Al opinar sobre ciertos aspectos de la política actual son cada vez más numerosos quienes utilizan términos como injusticia, engaño, abuso. La lucha tenaz de los yasunidos para evitar la explotación de la reserva ecológica del Yasuní, al contrario, es calificada como justa y congruente con sólidos ideales morales. Esto implica que se opta por un enfoque moral de la cuestión política y cuando el debate político deriva en valoraciones morales, es señal de que buena parte del conglomerado social rechaza la posición del régimen y su manejo utilitarista del poder.
Poner a circular, con ocasión del llamado a la consulta popular sobre el destino del Yasuní, un folleto trucado para confundir a la gente, ¿es acaso honesto? Se han rechazado miles de firmas favorables a la consulta bajo el pretexto de que los formularios han sido impresos en hojas un poco más grandes o más pequeñas que las dispuestas por el Consejo Electoral: ¿es justo que eso sea causal de descalificación? ¿Y la apertura de las cajas que contenían los formularios firmados sin contar con la presencia de los yasunidos, a pesar de que las normas del escrutinio estipulaban la participación de aquellos? ¿Se puede creer solo fueron 359.761 las firmas válidas si se recogieron alrededor de 750 mil? Además, hay que advertir que muchos funcionarios y empleados públicos que estuvieron de acuerdo con la consulta no suscribieron el apoyo por temor a ser removidos de sus cargos. Pero también se debe destacar que hubo partidarios del gobierno, algunos muy cercanos a los círculos del poder, que tuvieron la valentía de expresar sus convicciones humanitarias en defensa de la intangibilidad del Yasuní y de quienes habitan en ese territorio desde tiempos inmemoriales.
Algo más: el presidente de la República juzga a la ligera la entereza ética de los pueblos indígenas cuando afirma que si no se toman medidas de fuerza contra Sarayacu, cualquier día las comunidades van a esconder a delincuentes. ¿Es que conoce a fondo las reglas morales con que viven los indígenas? La amenaza con helicópteros artillados a una comunidad desarmada podría ser calificada de valiente y acertada?
Desde las alturas del poder se repite hasta el cansancio que “el Ecuador es un Estado de derecho”, y se recalca que la Constitución garantiza que se trata de un Estado plurinacional. Desde luego que la Carta Política y los convenios internaciones reconocen a los pueblos indígenas y proclaman la legitimidad y la legalidad de sus derechos territoriales. Esto no significa que se pretenda mantener un Estado dentro de otro; solo se trata de garantizar el derecho de los indígenas a conservar las tierras ancestrales para sus descendientes. Enredado en tortuosas maniobras y tergiversaciones, el gobierno está entrando en un laberinto del cual no le va a ser muy fácil salir.
