ESPECIAL| El bien común, las farmacéuticas y la pandemia

Por Julio Oleas-Montalvo*

El 11 de marzo de 2020, setenta días después de que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificara de un “conglomerado de casos” de neumonía, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el covid podía considerarse una pandemia mundial. El año pasado se contagiaron más de 83 millones de personas y murieron más de 1,8 millones. Si al menos 70% de la población mundial recibe una vacuna sería posible superar esta catástrofe global. Pero, como están las cosas, alcanzar este objetivo tomaría más de siete años.  

El Reino Unido, la Unión Europea (UE) y EE.UU. vacunarán a sus poblaciones más vulnerables hasta marzo de 2021; otros países ricos lo harán hasta junio, según un informe de The Economist Intelligence Unit (EIU). Los países de ingresos medios lo podrían lograr hasta fines de 2022 ?Rusia, que tiene su propia vacuna, podría hacerlo antes. Los 2.800 millones de habitantes de China e India demorarán más. En los países más pobres las inmunizaciones masivas solo podrían comenzar en 2023.

En 2021, las empresas farmacéuticas que ya tienen vacunas aprobadas producirán unos 12.700 millones de dosis. 7.700 millones ya han sido compradas, de las cuales al menos 6.400 millones han sido acaparadas por los países ricos (unas 1.089 millones de personas, siguiendo la clasificación del Banco Mundial), mientras los habitantes del sur global (otras 6.700 millones de personas) deben ponerse a la cola.

Comprar vacunas no es lo mismo que recibirlas. Los países ricos se han replegado sobre sí mismos para acaparar las elaboradas por Pfizer y AstraZeneca. La UE ha cerrado sus fronteras para impedir la salida del codiciado producto. Israel pronto habrá inmunizado a sus nueve millones de habitantes, pero en 2021 nueve de cada diez personas de unos 70 países de bajos ingresos tratarán de sobrevivir con la amenaza constante del contagio.

“El Reino Unido, la Unión Europea (UE) y EE.UU. vacunarán a sus poblaciones más vulnerables hasta marzo de 2021; otros países ricos lo harán hasta junio, según un informe de The Economist Intelligence Unit (EIU)”.

Contar con el fármaco contra el covid es indispensable, pero no es suficiente. En 2019, la OMS advirtió que los antivacunas son una de las mayores amenazas contra la salud mundial. Creen que las vacunas no son cristianas porque interfieren con la voluntad de Dios; otros, que producen autismo y otros más que debilitan el sistema inmunológico y afectan la capacidad reproductiva. Los médicos afirman que cada año la vacunación evita entre dos y tres millones de muertes, pero ya no es obligatoria en la mayoría de los países. 

Si la información de EIU es correcta, los países ricos reactivarán sus economías en la segunda mitad de 2021. En América Latina la recuperación solo comenzaría entre 2022 y 2023 y en otros países pobres tardará más todavía. Este desfase perjudicará a ricos y pobres. Hace un año, en el inicio de la pandemia se dijo que se trataba de una “guerra” contra el nuevo patógeno. En una guerra el Estado no espera pasivamente que el mercado le provea municiones, pero en esta todos se han cruzado de brazos esperando que el mercado (léase oligopolio farmacéutico) provea las anheladas vacunas. 

Rusia y China despliegan sus vacunas como un nuevo desafío a la hegemonía norteamericana. La Sputnik V ya se administra en Argentina, Bolivia, Brasil, México y próximamente en Venezuela; al menos 24 países (entre ellos Perú, Chile y Brasil) han comprado vacunas chinas. Cada país se ha valido por sí mismo para iniciar la inmunización de su población, con resultados que dependen de su poder de negociación, de la calidad de sus gobiernos y de la eficiencia de sus sistemas de salud. El covid ha radicalizado la desigualdad y ha demostrado ?una vez más? que el orden internacional contemporáneo debe entenderse como una tenaz disputa por la hegemonía mundial. La crisis sanitaria no ha revertido el deterioro del sistema multilateral. En marzo de 2021, la solidaridad y coordinación internacional requeridas para actuar con equidad y diligencia siguen ausentes.

Escasez provocada

Si las transnacionales farmacéuticas no hubieran provocado artificialmente escasez de vacunas y la Organización de Naciones Unidas (ONU) hubiera podido conformar un organismo multilateral emergente para gestionar y coordinar a nivel global la logística de la inmunización, los contagios con el SARS-CoV-2 se hubieran controlado en corto tiempo, evitando cientos de miles de muertes.

La ONU considera que los estados deberían emplear todas las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) para asegurar que todas las personas accedan a las vacunas contra el covid. En noviembre de 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su apoyo al licenciamiento compulsivo de los derechos de propiedad intelectual para producir vacunas. La propiedad intelectual no es un derecho absoluto, es un acuerdo internacional que puede ser revisado si atenta contra los derechos humanos.

Pero la negativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a establecer un licenciamiento temporal (waiver) a los derechos de propiedad intelectual tiene el apoyo de los países ricos. Con esa exención las patentes, diseños industriales y secretos comerciales se considerarían bienes públicos globales, y se podría producir más vacunas a menor costo para distribuirlas entre los servicios de salud del mundo entero.     

En la reunión del Consejo del TRIPS de febrero de 2021 la UE bloqueó el licenciamiento temporal, alegando que las patentes privadas son necesarias para alentar la innovación. La OMC ha olvidado rápidamente el impulso a la I+D dado en 2020 por el sector público para desarrollar las nuevas vacunas, inyectando USD 8.600 millones. Varias ONG pusieron otros USD 1.900 millones y la inversión propia de las empresas fue de unos USD 3.400 millones, según la consultora internacional Airfinity. Esos laboratorios y farmacéuticas se benefician del sistema de derechos de propiedad intelectual inventado por EE. UU. durante la Ronda Uruguay del GATT para monopolizar la ciencia y la tecnología. 

Airfinity estima que el laboratorio Moderna recibió USD 800 millones de dinero público. Pfizer se benefició del gobierno alemán con USD 400 millones por medio de su socia BioNTech, y con otros USD 2.000 millones del norteamericano, a título de compra anticipada de cien millones de dosis, de manera que su inversión estuvo segura incluso antes de conocerse la efectividad de su vacuna. USD 1.747 millones de la inversión realizada por AstraZeneca provino de dinero público, así como USD 804 millones de la de Johnson & Johnson. La Sputnik V tuvo el apoyo del Fondo Ruso de Inversión Directa al Centro Gamaleya. El laboratorio Sinopharm ?con más de 5.000 científicos entre sus 120.000 empleados? cubre el 80% de las vacunas del programa de inmunización de la República Popular China. En 2020 inauguró dos plantas que este año podría producir hasta 1.000 millones de vacunas. 

“Si al menos 70% de la población mundial recibe una vacuna sería posible superar esta catástrofe global. Pero, como están las cosas, alcanzar este objetivo tomaría más de siete años”.  

En un informe reciente Unicef afirma que solo se estaría usando 43% de la capacidad instalada para producir vacunas ya aprobadas. A principios de febrero de 2021 la danesa Bavarian Nordic ofreció su nueva planta para elaborar hasta 240 millones de vacunas, pero las farmacéuticas dueñas de los derechos de propiedad intelectual no han considerado esta oferta, apegándose a la regla básica del monopolio: restringir la cantidad para subir los precios. El control de la propiedad intelectual sobre las vacunas provoca la subutilización de la capacidad instalada en todo el mundo, solo en la India 20 laboratorios podrían emprender la producción de inmediato.  

Para comenzar la inmunización los pobres del mundo dependen de COVAX, la iniciativa de la OMS repudiada por el gobierno del expresidente Trump. Para 2021, COVAX se ha fijado como meta 2.000 millones de dosis para aplicar al 20% de las personas más vulnerables en América Latina, África y Asia. En realidad, dispondrá solo de 65 millones de dosis en el primer trimestre de 2021. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado la falta de solidaridad internacional al distribuir las vacunas contra el covid y ha insistido en la necesidad de incrementar el financiamiento a esta iniciativa para que la distribución mundial de las vacunas sea más justa. 

Esta escasez artificial se ha dado en llamar “nacionalismo de las vacunas” que, aparentemente, enfrenta a unos países con otros. En realidad, la negativa de la OMC a establecer el licenciamiento temporal beneficia a los monopolios farmacéuticos a costa de la salud pública global. No es posible demostrar que mantener las patentes de las vacunas contribuye al esfuerzo mundial por controlar la pandemia. No es gratuito que para el presidente de Pfizer COVAX sea una iniciativa sin sentido, mientras su empresa obtiene billones de dólares vendiendo un remedio desarrollado con dinero público. Por otro lado, el marcado sesgo pro-monopolio de la OMC obliga a tomar políticas públicas chauvinistas que erosionan más aun la debilitada confianza en el sistema multilateral.

Un negocio opaco y desigual

Según este tracking internacional sobre la aplicación de vacunas a escala mundial, el Ecuador esta muy lejos de vacunar al 70% de su población.

La teoría económica dice que la información es esencial para el buen funcionamiento del mercado. En diciembre de 2020 la secretaria de presupuesto y protección de los consumidores de Bélgica, Eva de Bleeker, causó un escándalo internacional al publicar en su cuenta de Twitter los precios de las vacunas compradas por la Comisión Europea a seis empresas. Por exigencia de las farmacéuticas, los contratos acordados con los gobiernos son confidenciales; la funcionaria belga infringió esa restricción contractual. 

La confidencialidad exigida por las farmacéuticas evita la competencia y permite negociar contratos cuya principal característica es la opacidad. Uno de los resultados más notables de esto es la diferencia de precios (Cuadro 1). Las distintas marcas de vacunas son bienes sustitutos, pero contienen tecnologías diferentes. Las de Pfizer y Moderna son de última generación: tienen información genética que desencadena la producción de una proteína que combate al SARS-CoV-2. Johnson & Johnson, AstraZeneca y Gamaleya desarrollaron vacunas de vector adenoviral (con virus que no pueden reproducirse). Las más tradicionales son las chinas, con virus inactivados que producen una reacción inmune. Todas eliminan casi por completo la probabilidad de morir por causas asociadas al covid, pero su eficacia es variada: desde 50% de la china Sinovac hasta 95% de la producida por la alianza germano-norteamericana Pfizer-BioNTech. 

Estas empresas tratan directamente con los estados y al parecer pueden imponer sus precios. Mientras AstraZeneca parece dispuesta a cubrir sus costos, cobrando USD 4/dosis, Moderna y Pfizer han fijado sus precios en USD 36/dosis y USD 18/dosis, respectivamente (incluidos costos de transporte y refrigeración). Pero en un par de años habrá al menos 20 vacunas diferentes, y la bonanza se habrá diluido. Cuba, agobiada por el inhumano bloqueo económico impuesto por EE. UU. y la UE, también ha desarrollado su vacuna, la Soberana 02. Si esta cumple la tercera fase de pruebas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología podría producir hasta 100 millones de dosis en 2021. Esto explica la negativa del tándem farmacéuticas-OMC a aceptar de inmediato el licenciamiento temporal de las patentes.

En el mediano plazo se estima que los nueve primeros productores de vacunas facturarán unos USD 50.000 millones. Las empresas biotecnológicas como Moderna y BiionNTech, que en 2019 facturaron USD 217 millones, en el periodo 2020-2022 venderán USD 29.040 millones. Grandes laboratorios, como Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson o Sanofi, podrían facturar otros USD 30.000 millones hasta 2022. La vacuna de Pfizer-BioNTech ya se aplica en 61 países; la de AztraZeneca (la más barata y fácil de almacenar), en 41; la de Moderna, en 24; las chinas Sinopharm y Sinovac en diez y seis países, respectivamente; y la Sputnik V, en nueve. 

En América Latina la inmunización ha comenzado a diferentes velocidades. Mientras en Chile el 70% de la población se habrá vacunado en menos de cuatro meses, en Brasil tomaría más de tres años y en Argentina 15 ?al ritmo de vacunación actual. De la información disponible en https://timetoherd.com/, Ecuador tardaría mucho más tiempo. Hasta la tercera semana de febrero de 2021 Venezuela, Paraguay, Uruguay, Guyana y Surinam todavía no comenzaban. Salvo Sudáfrica, Marruecos, Argelia y Egipto, el continente africano sigue sin vacunas, al igual que buena parte del Asia central.

“En el mediano plazo se estima que los nueve primeros productores de vacunas facturarán unos USD 50.000 millones. Las empresas biotecnológicas como Moderna y BiionNTech, que en 2019 facturaron USD 217 millones, en el periodo 2020-2022 venderán USD 29.040 millones”.

Bien común sí, pragmatismo también

Los mandatarios europeos (Macron y Merkel a la cabeza) han declarado que la inmunización a gran escala contra el covid es un bien público mundial que debería estar al alcance de todos, a costo accesible. En el diario Le Monde del 10 de febrero de 2021, un grupo de filósofos y científicos expertos en temas éticos, derecho, política, salud, ciencia y tecnología demandaron “la acción inmediata de los gobiernos occidentales […] para imponer un régimen temporal de derechos de propiedad intelectual correspondientes a las vacunas contra el SARS-Cov-2, a fin de ponerlas a disposición de todo el mundo […] Estas vacunas deben ser producidas en todos los laboratorios que puedan tener el equipamiento adecuado y las técnicas patentadas tienen que estar tan disponibles como lo estuvo el genoma del SARS-Cov-2 en enero de 2020.”^[1]  

Pero en un momento crítico del multilateralismo los poderosos del mundo, con el gobierno de EE.UU. a la cabeza, han preferido respaldar al oligopolio farmacéutico a costa del bien común. Si la inmunización a escala global tarda siete años, el virus habrá mutado varias veces y desarrollado resistencia. Las variantes del Sars-Cov-2 del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica ya muestran los efectos de la falta de coordinación internacional. 

Si la producción mundial de vacunas contra el covid continúa reprimida artificialmente, los países ricos sufrirán más que una catástrofe humanitaria. La devastación económica resultante los golpeará casi tan duro como a los países pobres, pues la interdependencia económica hace que el freno de un país tenga consecuencias inmediatas en otros. Un estudio de enero de 2021, del National Bureau of Economic Research, NBER, afirma que una distribución global equitativa de las vacunas ?que antes que nada es una responsabilidad humanitaria y ética? puede producir beneficios económicos significativos para la economía mundial. Las economías avanzadas (los países ricos) pueden cargar con 13% a 49% de las pérdidas globales de 2021, resultantes de una distribución no equitativa de las vacunas. Esto significaría entre 0,3% y 3,7% de sus PIB de 2019. 

Para reducir los costos económicos de la pandemia se necesita un esfuerzo global coordinado de producción, distribución y aplicación de vacunas. Las economías emergentes y en desarrollo tienen más que perder si se retrasa la entrega efectiva de las vacunas. Sin embargo, el análisis del NBER demuestra que, para acelerar su recuperación económica, los países ricos tienen fuertes incentivos para eliminar la pandemia en los territorios de sus socios comerciales. Desde una perspectiva netamente pragmática, la distribución equitativa de las vacunas es la única forma de lograr una recuperación robusta en economías abiertas y con fuertes encadenamientos comerciales internacionales.

Las pérdidas económicas provocadas por la pandemia solo pueden ser atenuadas mediante una coordinación multilateral que asegure el acceso equitativo a las pruebas, terapias y vacunas contra el covid. Mantener el sistema de patentes de la OMC no ofrece beneficios demostrables para el esfuerzo mundial para controlar la pandemia y apurar la recuperación económica. Más bien ha promovido políticas chauvinistas que erosionan la cooperación internacional y prolongan el sufrimiento de muchos.

En el segundo año de pandemia es urgente pasar del “modo laissez faire” en el que se encuentran la gran mayoría de países al “modo de guerra” que exige la crisis. Es decir, suspender temporalmente las patentes defendidas por la OMC, conceder licencias a las empresas farmacéuticas de cualquier país interesadas en producir vacunas, intervenir los precios y gestionar la logística para la inoculación. Es el momento de abandonar el dogma del equilibrio fiscal y poner a trabajar el músculo financiero del sector público para recuperar la capacidad de los servicios de salud públicos. Por siglos los países han gastado en equipo bélico que “podrían” usar. ¿Por qué no planificar una estrategia antipandemias de largo plazo con inversiones públicas que, con seguridad, salvarán vidas?

Para la empresa privada el covid y la salud en general son un negocio; no puede asumir por sí sola los riesgos relacionados con una pandemia global. Como el virus no reconoce fronteras y está en todos lados, la única manera de enfrentarla es en el espacio público del multilateralismo, con pleno respaldo de los estados nacionales. Pero hay que reconocer que tras cuarenta años de neoliberalismo estos se han convertido en dóciles subsidiarios de las iniciativas empresariales y del mercado. Es imposible, en el corto plazo, reconstituir las maquinarias estatales de la era dorada del capitalismo. La empresa privada, que es mucho más que los gigantescos conglomerados farmacéuticos que lucran de la pandemia, está llamada a desempeñar un rol crucial para controlarla, a menos que todo deba reducirse a tasas de rentabilidad sectoriales y de corto plazo.  

El COVAX, con el apoyo político y financiero necesario, debería ser el mecanismo más importante para acelerar de inmediato la vacunación en todo el planeta. En un cambio radical de política exterior, el presidente Biden ha comprometido USD 4.000 millones para apoyar la distribución equitativa de las vacunas por medido de COVAX.  Pero no es suficiente. Los estados deben garantizar la calidad y el libre flujo de los datos y la información sobre la evolución de la pandemia. En el mediano plazo, la OMS debe evaluarlos para extraer las enseñanzas y recuperar la funcionalidad del sistema multilateral de salud, vapuleado en el momento menos oportuno por la torpeza inigualable del expresidente Trump. Tal vez el desafío mayor para la OMS sea reeducar a los antivacunas. Si alguien no quiere vacunarse, afecta a su salud, a su comunidad y a su país. Las vacunas contribuyen a evitar la saturación de los servicios de salud y serían el único medio viable para alcanzar la ansiada inmunidad del rebaño.  

Hace 40.000 años, mientras el homo sapiens iniciaba su gran aventura cósmica, el neandertal se extinguía. La arqueóloga de la Universidad de Liverpool Rebecca Wragg Sykes propone una hipótesis sugerente para explicar este misterio: los sapiens tenían mejor tecnología y eran más sociables que los neandertales. Combinadas con el cambio climático, estas ventajas les hicieron prevalecer. Vista como un todo global, la vacunación contra el covid ha sido iniciada en el mejor interés de los laboratorios y grandes farmacéuticas, y con un egoísmo nacionalista poco social y nada empático, como si fuese gestionada por neandertales.  

“…cuando le preguntaron quién era el dueño de la patente de la vacuna contra la poliomielitis, su creador Jonas Salk respondió “bueno, la gente, diría. No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?”

*Julio Oleas Montalvo, docente universitario, es doctor en historia económica ecuatoriana por la UASB-Ecuador.

^[1] La lista completa de los firmantes se encuentra en https://seminairep4.wordpress.com/open-letter-on-vaccines-against-sars-cov2/.