ESPECIAL| Sin visa para estudiar, una historia de miles

Por Ela Zambrano y Jorge Basilago

Llegar a este país andino, tras recorrer más de 1.500 kilómetros en ocho días, es una decisión que deja huellas en el alma y en el cuerpo. Al arribar a la frontera norte de Ecuador, en agosto de 2019, Yoelis Rincón (45 años), y sus hijos Gustavo (12 años), Antonella (10 años), Sofía (7 años) y Joryani (21 años), se encontraron con una multitud en el Puente Internacional Rumichaca. Los servicios de atención en salud y alimentación para la población en movilidad humana estaban saturados por completo. Días antes se había anunciado que el Ecuador, a partir del 26 de ese mes, empezaría a pedir visa a las y los ciudadanos de origen venezolano. Había que ingresar antes de que fuera un requisito, pero la ausencia de este documento ha marcado la estancia de esta familia. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) recuerda que, en los primeros ocho meses de 2019, un promedio de 2.000 personas de nacionalidad venezolana ingresaron a diario a Ecuador hasta que se comenzó a requerir visas para los refugiados y migrantes de ese origen. “Entre los venezolanos que llegaron en 2019, sólo el 25 por ciento poseía un pasaporte, lo que limita drásticamente la posibilidad de regularizar su estatus. Según el Monitoreo de Protección del Acnur, el 45,5 por ciento se encontraba en un estado irregular en Ecuador, mientras que el 18 por ciento corría el riesgo de ser irregular después de la expiración de su visa de turista, válida por 180 días”, se menciona en el informe Desplazados y Desconectados: Sudamérica (2020).

Luego de muchas horas dentro de una larga fila, en el frío del Carchi, la familia de Yoelis superó el registro de ingreso de todos. Cumplida la “barrera” legal inicial, a Joryani le robaron los documentos de viaje y eso implicó un cambio de planes: ya no irían a Chile, donde les esperaban. “Había que tomar una decisión, no podíamos seguir el viaje todos juntos porque una de nosotros ya no tenía papeles; entonces, yo dije ‘la capital’ y nos quedamos en Quito, con la esperanza de lograr una mejor vida”, recuerda Yoelis.

Cruzar la frontera, volverse invisible

En 2017, esta familia había hecho su primera migración. Ese año, la situación en Venezuela era bastante precaria: el índice inflacionario alcanzó el 500%; se incrementaron el desempleo y el desabastecimiento; había una fuerte crisis institucional y abuso policial, entre otros aspectos que llevaban la vida al extremo de lo insoportable. Yoelis decidió que la mejor opción para su familia era viajar, cruzar la frontera con Colombia y afincarse en Barranquilla, donde permanecieron por dos años y sus hijos continuaron sus estudios. Además estaban a ocho horas de su Maracaibo natal, ambas ciudades conectadas por la troncal del Caribe.

Joryani Montero, espigada y muy elocuente, terminó el bachillerato en Colombia; tiene el registro de sus notas y su título de bachiller. Trajo su documentación académica, confiada de que sería relativamente sencillo homologar su título y postular por un cupo en el sistema de educación superior ecuatoriano. Desde que vive en Quito, hace tres años, ha comprobado que eso no es nada sencillo: ha intentado repetidas veces renovar sus documentos e ingresar a la universidad, pero aún no lo consigue.

Para registrar el título de bachiller le piden sus documentos personales apostillados, un trámite que en cualquier país de origen requiere tiempo y dinero; pero que en Venezuela puede costar el triple de esfuerzo o quedar “condenada al fracaso”, explica Joryani. En su caso se conjugan: un sistema de educación superior que expulsa a quien quiere estudiar, ya que este año se quedarán por fuera de la universidad 93.000 bachilleres en Ecuador, sin distinción de origen o nacionalidad; el robo de su cédula y la Carta Andina; y, un servicio consular –el venezolano– agobiante, deficiente.

Joryani hace una pausa en su historia y  contextualiza: “A los venezolanos, el gobierno de Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) nos considera desertores, traidores del sistema, entonces nos desprecia y bloquea nuestra posibilidad de regularizarnos en todos los aspectos”.

Como migrante, sus deseos legítimos de hacer sus estudios superiores se encontraron con una nueva realidad que le pone en una doble desventaja: “El Ecuador tiene un gran problema de acceso a la educación superior, si las personas que son de acá no pueden conseguir un cupo, ¿qué queda para los que venimos de afuera? Yo, he llegado al punto en el que me cuestiono si soy muy ambiciosa por querer estudiar en la universidad siendo migrante. Quizás la que está mal, soy yo”… Hace silencio y se esfuerza por no romperse.

Todos los días, Joryani iba a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en el norte de Quito, para buscar una respuesta, un camino, un resquicio legal que le permitiera, por lo menos, dar el examen de ingreso a la educación superior. Sin embargo, el 17 de diciembre de 2021 –un día antes de su cumpleaños–, emprendió esa misión personal por última vez, debido a una afección renal y ataques de ansiedad. “Para mí y mi familia es muy importante estudiar, pero ya el tema se volvió difícil de tratar en la mesa, nos irritaba a todos”, delata, mientras mira resignada a su mamá, Yoelis.

Venezuela es un país donde hay una carencia latente de “especies” para emitir los pasaportes y las cédulas de identidad. Pero además, legalmente, las autoridades venezolanas se dan el trabajo de cambiar intempestivamente las reglas que rigen a los documentos de identidad y de viaje, sin pensar en las consecuencias para quienes residen fuera de sus fronteras.  Según relata Yoelis, antes de 2020 el número de cédula y de pasaporte eran los mismos, pero luego se aprobó una reforma para modificar la numeración del pasaporte. “Si hoy renuevas tu pasaporte, el número no va a coincidir con el documento anterior; y, si esa persona estaba legalizando algún documento en el país de destino, pues va a tener problemas”, afirma.

La disputa por el poder entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó ha cruzado fronteras y cada país reconoce al Presidente que le conviene según la tendencia política a la que se pertenece. Pero en la práctica, el Estado Venezolano, presidido por Nicolás Maduro, tiene el control sobre el registro de los datos de la población, así como el poder para emitir documentos válidos nacional e internacionalmente.

Sobre este tema conversamos con Jefferson Díaz, periodista venezolano-ecuatoriano residente en Quito, quien describió una confusa realidad: “Para gestionar algún documento venezolano tenemos dos consulados, uno en Quito y otro en  Guayaquil; pero las firmas y los sellos consulares reconocidos por el Gobierno de Ecuador los tiene el régimen de Maduro. Nos guste o no, para cualquier documento, pasaporte o poder legal que queramos sacar los venezolanos aquí, tenemos que ir al consulado que responde a Maduro”.

Para complicar más el panorama, hoy en día no hay cónsul venezolano en Guayaquil ni en Quito, sino un Encargado de Negocios, porque los representantes políticos fueron expulsados durante la gestión presidencial de Lenín Moreno. Por su parte, la embajadora de Venezuela –reconocida por el gobierno de Guillermo Lasso-, integrante del sector de Guaidó, ejerce la representación en asuntos políticos, pero “para fines prácticos, no puedo ir a donde ella y pedirle un pasaporte, un poder legal o cualquier otro documento venezolano”, destaca Díaz.

Guaidó, se autoproclamó Presidente en enero de 2019, desde entonces intenta mantener la disputa por la jefatura de gobierno permanentemente. Hace algunos meses, procuró entregar cédulas y pasaportes a los venezolanos en el exterior, pero esas cédulas y pasaportes no tenían validez al no estar registrados en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. En Ecuador, hubo quienes solicitaron sus documentos en el consulado de Guaidó, pero poco después advirtieron que eran papeles inservibles, no oficiales. Esta situación diplomática, que afecta en la emisión de papeles para las personas venezolanas, se constituye en otra barrera de permanencia en los países de destino. A lo que se debe añadir los costos de los documentos, el pasaporte fuera de Venezuela cuesta 200 dólares, el tiempo de espera se estima de 4 a 12 meses en caso de requerir uno nuevo; si es prórroga, es de 4 a 6 meses. En el entretiempo de los trámites, hay miles de personas sobreviviendo al margen, sin documentos.

A Joryani le gustan la contabilidad y la administración. Quiso hacer un curso de especialización en el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), pero le pidieron la cédula, pasaporte o visa vigente. En otros institutos tecnológicos le han señalado que puede ingresar y estudiar, pero para graduarse necesita “papeles”.

La Fundación de las Américas (Fudela), junto con la Universidad San Francisco, tenía previsto iniciar un proceso de capacitación para jóvenes venezolanos con intenciones de permanecer en el Ecuador: de un grupo de casi 30, solo ocho tenían los documentos en regla. El programa no se pudo realizar, cuenta Joryani. La joven recuerda que incluso llegaron a conocer el campus universitario, con gran ilusión, hasta que volvió a surgir el lastre de vivir indocumentada.

“La irregularidad en la que se encuentran muchos de las y los jóvenes venezolanos es un reto, sobre todo, cuando intentas vincularlos productivamente; cuando tenemos estas situaciones, les referimos a otras organizaciones que tienen un poquito más de experiencia en estos casos, pero sin duda la falta de papeles limita las oportunidades”, informa Mauricio Córdova, coordinador de Incidencia y Comunicación en Fudela.

“Yo a mis amigas les digo que voy a entrar a la Universidad Central del Ecuador (UCE), y ellas se ríen. Muchas están dedicadas a trabajar, porque tienen que mantener a sus familias en Venezuela. Pero, finalmente, me dicen: ‘Si vos lo logras, nosotras te acompañamos’”, sonríe Joryani, y enseguida agrega: “A veces me preguntan si hay más venezolanos que quieren estudiar y yo sé que sí, yo les conozco, pero intentarlo es agotador”.

El proceso de regulación le despierta la ilusión de mejorar su situación personal y espera sea una puerta que le abra la opción de poder ejercer su derecho a estudiar.

Para registrar el título de bachiller le piden sus documentos personales apostillados, un trámite que en cualquier país de origen requiere tiempo y dinero; pero que en Venezuela puede costar el triple de esfuerzo o quedar “condenada al fracaso”,

–Joryani

Los “NiNis Venezolanos”

Por su situación irregular, Joryani integra el grupo de jóvenes impedidos de ingresar al sistema educativo superior público o privado. Pero hay otros casos, cerca del centenar, en los que las y los jóvenes venezolanos completan el bachillerato y se “gradúan”, pero no pueden continuar con sus estudios porque “no existen” en términos formales; y, si quieren migrar a un tercer país, tampoco se pueden llevar sus títulos.

Al respecto, la subsecretaria para la Innovación Educativa y Buen Vivir del ministerio de Educación, Diana Castellanos, menciona: “Nosotros les graduamos, les entregamos el título de bachiller, el problema es que no tienen documento de identidad regularizado, entonces en el Ministerio les creamos un código que existe solo para nosotros, ese es el verdadero problema”. Sin embargo, la funcionaria sostiene que “ese ya no es un asunto del sistema educativo básico”, porque finalmente han culminado el bachillerato. Desde su perspectiva, “es un asunto de la educación superior y la entidad a cargo (Senescyt) que ya les pide tener un documento de identidad”.

Los “NiNis venezolanos” –“Ni estudian, Ni trabajan”, terrible categoría para los jóvenes sin acceso a la educación universitaria y a un empleo- en situación irregular, podrían tener una posibilidad de mejorar su estatus migratorio una vez que inicie el proceso de regularización previsto en el Decreto Ejecutivo No. 436, emitido el pasado 1 de junio. A criterio del viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vayas, las niñas, niños y adolescentes serían priorizados como parte del núcleo familiar para la entrega de la Visa de Residencia Temporal de Excepción (Virte). Sin embargo, quienes ya alcanzaron la mayoría de edad, deberán hacer sus trámites como “cualquier ciudadano venezolano”, afirmó en entrevista con La Línea de Fuego.

El proceso de regularización prevé una amnistía migratoria, esto supone que aceptarán pasaportes y cédulas de identidad caducados de hasta cinco años, para quienes no tienen documentos se recibirán certificados consulares apostillados que validen sus datos personales. El costo previsto es de 50 dólares por un formulario y 10 dólares más por la cédula de identidad.

Si se consideran los datos de la Organización Internacional de las Naciones Unidas para las Migraciones (OIM), según la cual el 24,8% de la población venezolana que tiene deseos de establecerse en el Ecuador promedia una edad  entre 13 y 17 años, es urgente solucionar su estatus migratorio. De este modo, tendrán las garantías indispensables para optar por seguir estudiando –tanto en un instituto como en una universidad- o acceder a un empleo adecuado. (Ver tablas 1 y 2)

Tabla 1

Tabla 2 

De los datos estadísticos al sentido común, en los sectores académicos alertan que la existencia de graduados de bachillerato que no pueden convalidar su título, es un arma con que el Estado ecuatoriano se hiere a sí mismo. La solución pasa por buscar la manera de regularizarlos, antes de que muchos concreten su proyecto de volver a migrar ante la falta de oportunidades, ya que “a la larga esos estudiantes, hombres y mujeres, son recursos académicos y técnicos para el país”, advierte el docente e investigador venezolano Aníbal Seijas. Y estos recursos no son pocos: según datos surgidos de diversas investigaciones independientes, no consolidados por el Estado ecuatoriano, alrededor de 60 mil niñas, niños y adolescentes cursan estudios en los diferentes niveles del sistema educativo local.

Por su parte, el médico y teólogo Ángel Pacheco menciona la frustración, como elemento que no se refleja en ninguna estadística y se les escapa a las autoridades, pero de la cual son víctimas miles de jóvenes como Joryani. “La regularización pesa en todo: no solo en el acceso al servicio, sino a veces en la posibilidad de ejercerlo o disfrutarlo. De hecho, el Ministerio de Educación estaba planteando algunas soluciones ad hoc para eso, porque desde el punto de vista de la migración, tú necesitas una identificación para concluir el ciclo educativo o para evolucionar al siguiente”, afirma.

Nosotros les graduamos, les entregamos el título de bachiller, el problema es que no tienen documento de identidad regularizado, entonces en el ministerio de educación les creamos un código que existe solo para nosotros, ese es el verdadero problema”

–Diana Castellanos, subsecretaria de innovación educativa

Niños sin documentos, pero escolarizados

Cuando llegaron al Ecuador, Yoelis, la madre de Joryani, también debía inscribir a Gustavo (12 años), Antonella (10 años) y Sofía (7 años) en la educación básica. El trámite en el Distrito Educativo Centro requirió de paciencia y tenacidad para superar la desconfianza de la autoridad al identificar su acento venezolano con libretas escolares colombianas. Tras dos meses de papeleo, lograron cupos en el sistema educativo público.

Gustavo actualmente cursa séptimo de básica y está por terminar la primaria, pero para Yoelis es angustiante no saber con qué documentos podrá graduarse en seis años más, si es que no logra regularizarse en el nuevo proceso migratorio. “Él tiene su acta de nacimiento sin apostillar y no tiene su cédula. No es como acá, que los niños nacen y ya tienen número de cédula; Gustavo salió muy chiquito de Venezuela y allá se saca la cédula, por primera vez, a los 9 años”, informa Yoelis.

Hablamos sobre este tema también con el presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador (ACVE), el abogado Alfredo López. Sobre los documentos de su país, él menciona otro detalle que debe atenderse: “El problema de nuestra cédula es que no es verificable, no tiene chip, si le sacas una copia a color puedes falsificarla fácilmente. Sin embargo, recomendamos al Ministerio de Relaciones Exteriores convalidar esa cédula con cualquier otro documento apostillado del país de origen (título universitario o partida de nacimiento, por ejemplo), y con eso determinar que la persona realmente obtuvo ese documento de identidad en su país”.

En relación con este tema, la subsecretaria para la Innovación Educativa y Buen Vivir, Diana Castellanos advirtió que, a partir de la vigencia del Acuerdo 26, a las y los niños que se encuentren en condiciones de movilidad humana, “no se les requiere ningún documento ni de identidad, ni récord académico previo –si es que no lo tiene, si lo posee muchísimo mejor-, de esta manera nuestro sistema educativo es completamente abierto y permite el acceso a las niñas, niños y adolescentes migrantes”. Una decisión que se fundamenta en el censo migratorio de la OIM, en el que se muestra que de la población venezolana y menor de 18 años presente en Ecuador, la mayoría tiene entre 6 y 12 años (46.4%), y, en segundo lugar, están los niños/as menores de 5 años (28.8%).

Cuando no hay documentos, los niños deben dar una prueba de ubicación relacionada con conocimientos generales. Yoelis comenta que en el caso de Gustavo tuvo que repetir la prueba tres veces, hasta que notaron que había un problema de interpretación de ciertos términos entre el español-venezolano y el español-ecuatoriano. Superado el obstáculo, pudo inscribirse en la escuela General Artigas, situada en San Roque, cerca del albergue San Juan de Dios, donde consiguieron un espacio para superar la situación de calle.

Castellanos menciona que hay mucha desinformación sobre las posibilidades de ingreso a la educación básica y media en el Ecuador, pero desde mayo de 2021 –fecha de expedición del Acuerdo 26– las y los niños en condición de movilidad humana tienen la opción de ingresar aunque no tengan ningún documento. Pese a esa apertura, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hay 54 mil niñas y niños de origen venezolano que no asisten a ningún centro educativo.

¿Qué hacen esas infancias y adolescencias migrantes sin acceso a la educación? Fuentes que prefieren el anonimato, indican que en determinadas ciudades –Guayaquil, especialmente- tienen que trabajar junto con sus mamás y papás. “Ahí ocurre la vulneración de los derechos del niño, la niña y el adolescente, porque si tú tienes que ponerles a vender caramelos en la calle, o incluso utilizarles como señuelo para acciones de mendicidad, obligatoriamente esos niños no acceden al sistema educativo porque están obligados a responder a esa dinámica familiar de acceso a las necesidades perentorias”. En casos más extremos, añaden que “se detectó que había madres y padres que alquilaban a sus hijos para pedir dinero en los semáforos”.

En tanto, el abogado venezolano Alfredo López considera que en el tema ordinario educativo han sido muy pocas las denuncias por parte de los migrantes con respecto a la inserción escolar. Igual que en la salud. “Realmente, que yo te diga que no nos reciben en un hospital por algún tipo de xenofobia, esos casos, de verdad son muy pocos. No te digo que no hay, pero no es que todos los días haya una persona poniendo un reclamo por ese motivo, eso sería falso. La verdad en esos ámbitos, educativo y de salud, no hemos tenido muchas quejas”, comentó. Por otro lado, destacó que la preocupación está más centrada en la informalidad laboral que enfrentan las y los migrantes venezolanos, quienes trabajan sin contratos y se exponen a no recibir su remuneración ni un pago justo por su trabajo. “Muchos se han decidido a emprender cualquier actividad económica, –ventas–, para no depender de una persona que les garantice un salario”, asevera López.

De los inconvenientes mencionados por López, la mayoría se registra en la región Sierra, con Quito –que concentra casi el 45% de la población migrante venezolana- como foco principal de hostilidad. En opinión de Ángel Pacheco, “donde hay menos diferencias culturales, hay menos trastornos o casos puntuales de xenofobia, o de limitación al acceso a servicios”. Y esas barreras, de acuerdo con los testimonios recogidos, resultan más tenues en las provincias de la Costa ecuatoriana, donde la idiosincrasia de los habitantes locales resulta algo más semejante a la que expresa la migración de Venezuela.

Pero más allá de la natural predisposición social que pueda existir en un área determinada, para convivir armónicamente con los recién llegados, en otros puntos se han puesto en práctica procedimientos que buscan facilitar ese mismo proceso. Aníbal Seijas destaca, por ejemplo, el trabajo de las autoridades comunales en la ciudad de Ibarra, donde existen Mesas de Diálogo, donde la organización general de las escuelas fiscales municipales, amortigua en parte los impactos del mutuo desconocimiento entre el alumnado ibarreño y el migrante.

Con relación a los niños pequeños, Yoelis evalúa que en su caso particular ha sido más sencilla la integración socioeducativa. Van a la escuela, han logrado superar o entender las diferencias culturales, tener amigos y amigas, lo que no les protege por completo de sufrir por actos de xenofobia aislados.

Creer que con el solo ingreso al sistema educativo está garantizada la inclusión social es un poco ingenuo. Por ello se han previsto algunas metodologías que permitan a las escuelas convertirse en espacios protectores, y se establecieron rutas y protocolos de actuación ante casos de violencia, a los que da seguimiento el Mineduc.  La subsecretaria Castellanos explica que una de las estrategias adoptadas fue trabajar contenidos como “El tesoro de Pazita”, elaborado por el Vicariato Apostólico de Esmeraldas con el objetivo de fomentar la cultura de paz.

Las provincias donde han puesto especial énfasis para el trabajo con metodologías de inclusión, son aquellas donde se registra mayor cantidad de población migrante en edad escolar con vocación de permanencia: Imbabura, Pichincha, Manabí, Azuay y Guayas. De acuerdo con el registro del Ministerio de Educación (Mineduc), en el año lectivo 2021-2022 se matricularon 60.146 estudiantes de origen venezolano, que representan el 68.92% del total de estudiantes de otra nacionalidad, mientras que la colombiana alcanza el 12.43%, esto es 10.849 estudiantes.

Tabla 3

Estadísticas educativas-Datos Abiertos

“En la escuela General Artigas hubo problemas de xenofobia, pero no fue algo tan fuerte”, afirma Yoelis, quien no percibe la discriminación hacia la población venezolana residente en el Ecuador como lo más desafiante que ha debido afrontar. La situación se ha tornado más compleja en la Vicente Aurelio Crespo Ochoa, ubicada en el barrio la Argelia, al sur de Quito, donde asisten actualmente y han sufrido la incapacidad docente de gestionar la diversidad.

La Aurelio Crespo es una escuela pequeña con una numerosa comunidad de niños de origen venezolano y colombiano. Este centro educativo está muy cerca de la Casa de Acogida del Servicio Jesuita en la Argelia, y muchas familias optan por instalarse cerca del sitio donde les tendieron una mano: la han convertido en la “casa de mamá”, donde se reencuentran y van en búsqueda de hospitalidad y calor. Con estas instituciones como centro, se han fortalecido las nuevas dinámicas comunitarias, a tal punto que hasta las tiendas del barrio compiten por ofrecer a un mejor precio la harina PAN (de maíz), principal ingrediente de las arepas.

Ante la necesidad de sensibilizar a las y los más de 200 mil docentes a escala nacional, sobre los desafíos de esta realidad nueva para la gran mayoría, el Mineduc preparó un curso de formación virtual obligatorio sobre Derechos Humanos y Movilidad Humana, que se encuentra disponible desde inicios del último ciclo lectivo. Según asegura Castellanos, los contenidos del curso están orientados a “identificar las micro discriminaciones y poder garantizar un espacio de inclusión en el aula desde los procesos pedagógicos y la convivencia”.

La Asociación Civil Venezolanos en Ecuador está registrada en el Mineduc como voluntaria para iniciar campañas semejantes sobre migración, en escuelas y colegios, con énfasis en los educadores. “Muchas veces son buenos profesores, pero hay grandes carencias respecto a los grupos de atención prioritaria como son los migrantes; es en ese ámbito donde nosotros queremos hacer un aporte con campañas educativas. Solo falta la respuesta del Ministerio: hicimos la solicitud el año pasado, pero no nos han respondido”, revela Alfredo López.

La menor de todos los hijos de Yoelis, Sofía, es la que ha enfrentado mayor discriminación desde su propia docente, quien se ha empeñado en descalificarla por su nacionalidad frente a sus compañeros. El reclamo ya fue elevado al distrito respectivo del ministerio de Educación, donde se encontraron con que hay más denuncias en contra de la misma profesora, pero al no tener remplazo para ella, se la ha mantenido al frente de su grado.

“Ante un caso así se activan los protocolos de resolución de conflictos. Lo que se hace entonces con la persona agresora, si es una o un docente, es aplicar las sanciones administrativas que dependen del análisis de la Junta Distrital: la decisión más fuerte es la separación de la o el docente”, afirma Castellanos.

Por su parte, Antonella y Gustavo han asimilado el acento quiteño  para no sentirse discriminados, “pero cuando llegan a la casa vuelven a ser  maracuchos (Maracaibo)”, explica Yoelis. La mujer les ha preguntado por qué hablan así, y la respuesta de los pequeños fue “para que nos entiendan, para ser aceptados”.

A criterio del abogado Alfredo López, en coincidencia con Ángel Pacheco, más que problemas de xenofobia existe “un choque cultural que se expresa en el comportamiento, las costumbres e inclusive en el lenguaje, porque aunque hablemos español hay diferencias que han generado actos de xenofobia, maltratos de docentes a estudiantes… que repito: son esporádicos, pero sí ocurren. Nosotros estamos aprendiendo a ser migrantes y ustedes, a recibir migrantes. Ecuador ha sido país receptor desde hace mucho tiempo, pero esta es una diáspora sin precedentes. Entonces, cada cultura está aprendiendo lo que tiene que aprender”.

Justamente por entender ese choque cultural, Yoelis no deja de recomendarles prudencia a sus hijos: “Yo les digo ‘ustedes tienen deberes y derechos aquí, igual tienen que colocarse la mano en el pecho cuando cantan el himno’. Les pido que no se pongan de tú a tú cuando escuchan o reciben comentarios que les molestan, hay cosas más importantes”.

Yoelis

Yoelis es una mujer determinada, con carácter fuerte. Sorprende ver su capacidad de resiliencia. Ella tiene formación de contadora, pero aquí en el Ecuador aprendió a coser pijamas y con un poco de ayuda logró montar un pequeño taller textil. Ahora está decidida a concretar una iniciativa semejante, pero de carácter comunitario, en la Casa de Acogida de La Argelia, para ayudar a más familias.

Ella, al contrario de muchos venezolanos, no piensa volver a su país ni migrar a otra parte. A veces, comenta, sí se sienta a imaginar qué habría pasado si lograba llegar a Chile o si se quedaba en Colombia. Siente que aquí puede construir un futuro para sus hijos, aunque es consciente de que la situación económica no es la mejor.

Vive en un apartamento al sur de Quito con sus hijos y su gatita. Han hecho amigas y amigos en el barrio y sus problemas con la ciudad de acogida son el clima (en Maracaibo la temperatura promedio es de 35°C) y los temblores:  “cada vez que hay un temblor, o cuando son seguidos, yo pierdo la calma, siento que voy a morir tapiada”, confiesa.

Yoelis y Joryani tienen mucha esperanza en el proceso de regularización anunciado en junio pasado, y esperan acceder a una situación más segura y estable. “Pese a todo, yo creo que ya hemos pasado lo peor, como vivir una pandemia en un lugar ajeno y sin documentos”, concluye Yoelis.

“La regularización pesa en todo: no solo en el acceso al servicio, sino a veces en la posibilidad de ejercerlo o disfrutarlo. De hecho, el Ministerio de Educación estaba planteando algunas soluciones ad hoc para eso, porque desde el punto de vista de la migración, tú necesitas una identificación para concluir el ciclo educativo o para evolucionar al siguiente”,

–Ángel Pacheco

*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.

*Ela Zambrano, comunicadora y periodista-feminista (en construcción). Ha trabajado en los diarios Hoy, El Universo, El Telégrafo y el Quincenario Tintají. Actual colaboradora de La Línea de Fuego. 

Fotografía principal: La Cigarra