FARSA DEMOCRÁTICA
Enrique Ayala Mora. El Comercio <www.elcomercio.com>
03/08/2012
Muchos han descubierto en los últimos meses, que se encuentran afiliados a un partido político sin que hubieran tenido la más mínima intención de hacerlo, o tuvieran alguna afinidad con él. No cabe sino suponer que al preparar las fichas de afiliación que las organizaciones políticas deben presentar ante el Consejo Electoral, se han tomado nombres, firmas y referencias al azar, sin conocimiento de sus titulares.
Los medios de comunicación han hecho con ello un escándalo. Y, desde luego, que la cosa es para preocuparse, aunque lo más grave es que varios beneficiarios de esa recolección de apoyos, cínicamente, han acusado a terceros y hasta han puesto abogados e investigadores para dizque proteger a la ciudadanía del abuso.
No es correcto que se “fabriquen” fichas de afiliación en vez de llenarlas mediante una suerte de empadronamiento de los militantes y simpatizantes de cada partido. Pero quedarse solo en la denuncia del hecho, es pensar que el problema está en el mecanismo o que la calentura está en las sábanas.
Cuando se estableció el requisito de presentar un número de afiliados a cada partido correspondiente a un porcentaje del padrón electoral, que equivale a como doscientos mil, todo el mundo sabía que eso era realmente imposible. Ningún partido, ni aquí ni en otro país del mundo, puede llegar a tener semejante número de militantes o afiliados. Pero en el Ecuador se viene haciendo eso por décadas, a sabiendas de que es imposible cumplir exigencias cada vez más reñidas con la realidad.
En 1979 empezó a regir una Ley de Partidos que intentaba consolidar un sistema político a fuerza de poner requisitos a los partidos. No importaba que se diera una vida democrática interna, participación o formación de cuadros. Solo exigía el cumplimiento de formalidades, controladas desde los organismos electorales.
Desde esa ley del 79 hasta el engendro de los iluminados de Montecristi, se han aumentado las formalidades, los requisitos vacíos, las normas que todos saben van a ser irrespetadas. Los escribidores de la Constitución y del pomposamente llamado “Código de la Democracia”, por redomada ignorancia de unos, o por premeditación y mala fe de otros, pusieron requisitos para la legalización de partidos y movimientos que de antemano se sabía no podían cumplirse sino mediante la farsa. Ahora no pueden quejarse por ello.
Pensar que contratando a mil empleados más en un Consejo Electoral dominado por el poder único, se logrará controlar el tráfico de fichas de afiliación es una ridiculez. El problema real está en los requisitos tramposos que todos sabemos solo son formalidades y que, además de no poder cumplirse no garantizan el verdadero respaldo que solo se ve en la urnas. Tomemos el toro por los cuernos y dejemos de lado la farsa para promover en serio la democracia.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/enrique_ayala_mora/Farsa-democratica_0_748125313.html.
El tema es apasionante; hay tantos escenarios como voluntades de interpretación, no solo de partidarios o de oposición, sino en general, de individualidades, que pueden analizarse a través de los resultados que se pueden esperar; veamos tres de los más probables y hasta ya anunciados:
1 Que todo siga igual, que si no se pueden sancionar a las entidades jurídicas por su incorporiedad, que continúe vigente la convocatoria a elecciones y que cada movimiento y partido presenten sus respectivas candidaturas. Esta alternativa tiene un margen razonable de probabilidad, pero como que no es muy viable: los hechos constituirían una acción inocua, inútil, inefectiva, dejando en el aire una sensación de mucho cacareo sin ningún huevo;
2. Que el CNE decida que solo uno (el gobiernista, por supuesto) o a lo sumo otro (que ya tenga un expediente de impopularidad que lo haga poco peligroso, como el de los hermanos Lucio), con lo que se garantizaría una reelección casi con total seguridad; y,
3. Que adoptando la estrategia de “todos fuera”, el CNE se arriesgue a dictaminar que ningún partido cumple los requisitos y por lo tanto se declare la nulidad de todo lo actuado, dejando la lid electoral sin partidos contendores y disponga la nueva recolección de firmas. En este caso, para el que la Constitución no prevé ninguna alternativa, el primer efecto sería que las elecciones no podrían efectuarse el 2013, tal vez, ni el 2014, dejando un vacío de gobernancia (no de gobernabilidad, pues no es una acción popular), para el cual habría que tomar una “medida desesperada”, si, adivinaron, el actual mandatario se vería “obligado por las circunstancias”, a “sacrificarse por el bien del país” y aceptar una prórroga en sus funciones.
Como quiera que sea, espero que los partidos y movimientos que han solicitado inscripción electoral tengan una fotocopia certificada de los listados entregados para que puedan ejercitar el derecho al debido proceso, pues los casos de inscripciones “falsas” no parecen tener un sustento físico, sino más bien informático, con acciones aleatorias imposibles de controlar y que, por lo tanto, arrojan resultados “graciosos” como el de la adherencia del Canciller.
Con todo esto, no me atrevo a plantear que “cada quien saque sus conclusiones” con seguridad, serán equivocadas. Y ahora ¿Qué hacemos?