Por Alberto Acosta*
En los años setenta, como pocas veces en su historia, el Ecuador entró de lleno en el mercado mundial. No gracias a un cambio cualitativo en su condición de país exportador de materias primas (banano, cacao, café, etc.) sino por el creciente monto de ingresos producidos por las exportaciones petroleras. La explotación de crudo revitalizó la economía, otorgándole a Ecuador la –pasajera– imagen de “nuevo rico”, al tiempo que consolidaba el mito de que el desarrollo estaba a la vuelta de la esquina.
El petróleo empezó a fluir al exterior en agosto de 1972. Poco más de un año después, a raíz de la cuarta guerra árabe-israelí, hubo un primer y significativo reajuste de los precios internacionales del crudo. La tendencia al alza se mantuvo hasta inicios de los años ochenta. Esto aceleró como nunca el crecimiento de la economía. Luego, cuando los precios se deprimieron, desde 1982 el país volvió a un prolongado estancamiento, del que salió solo cuando los precios del crudo se recuperaron de forma sustantiva a mediados de la primera década del presente milenio. Desde entonces, ya por casi medio siglo, la economía ecuatoriana vive atada a los continuos vaivenes de la cotización del crudo en el mercado mundial. Mientras, en todo este lapso las presiones para ampliar la extracción de crudo siguen intactas: sea cuando los precios suben o cuando los precios bajan.
Desde esa época hasta la actualidad las actividades petroleras atropellan masivamente la biodiversidad y el bienestar de la población de la Amazonía. A la región amazónica se le aprecia solo por la revalorización de sus recursos en función de la acumulación de capital, especialmente transnacional, aún cuando estas actividades arriesgan la vida misma. Esta es una necedad mayor de la maldición de la abundancia. En concreto, para los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, las actividades petroleras han cambiado radicalmente su vida. También los colonos de la Amazonía han sufrido un sinfín de atropellos a sus derechos elementales. La pobreza en la Amazonía, sobre todo en las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana, es la más elevada de todo el país. Y no olvidemos los incesantes desastres petroleros que han afectado ríos, suelos y aire en esa región devenida en la periferia de un país periférico como Ecuador.
En ese contexto debe leerse la rotura de los oleoductos: SOTE de la empresa estatal Petroecuador y OCP de la empresa privada del mismo nombre, el 7 de abril pasado. No es ni un hecho aislado ni un mero accidente. Es un acontecimiento provocado por una negligencia estructural que caracteriza el manejo de las actividades petroleras desde hace medio siglo. Ante esta repetitiva e impune indolencia, urge recordar que en la Asamblea Constituyente de Montecristi se establecieron varios principios fundamentales para corregir esa realidad.
“El mega derrame del 7 de abril superó los 15.800 barriles. Derrames de esa magnitud se han registrado anteriormente. Por mencionar dos casos relativamente recientes, en 2009, 11.000 barriles en la provincia de Napo y, en 2013, en la provincia de Esmeraldas, 12.700 barriles”.
*Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013).
Fotografía: Aleteia.org
**Escribo este breve texto, a partir del Amicus Curiae que presenté en la acción de protección con medidas cautelares en contra de la empresa Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador), el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente. El Amicus Curiae lo elaboré en mi calidad de ciudadano ecuatoriano comprometido con nuestro país, como exministro de Energía y Minas (2007), como exfuncionario de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE (exsubgerente de comercialización entre otras funciones, 1980-1983), como consultor en temas de energía y petróleo, así como expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008) (que expidió la vigente Constitución de la República del Ecuador), y desde el año 2014, como juez en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
