LA CRISIS DEVELA LAS COSTURAS DEL MANEJO ECONÓMICO DEL CORREÍSMO. por Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (1)

Publicado en la revista La Tendencia Nº 14, abril-mayo 2015

“Sólo el capitalismo, como una cierta modificación del modo mercantil de la existencia social, (…) pudo ser la ejecutora de la revolución de las fuerzas productivas propia de la modernidad. La modernidad entonces tuvo que convertirse en capitalista para  poder ser una modernidad efectiva.”

Bolívar Echeverría, Crítica de la modernidad capitalista

Nuevamente transitamos por una senda de crisis grave y preocupante. Todo indica que la prolongada bonanza petrolera llega a su fin. La economía ecuatoriana enfrenta un golpe tripartito de problemas exógenos: petróleo, dólar y crédito. Y esta compleja realidad evidencia varias situaciones que no han encontrado respuestas adecuadas o suficientes en el Gobierno más largo de la historia republicana y durante el cual el Ecuador ha percibido cerca del 61% del total de los ingresos provenientes de exportaciones petroleras desde que el país es “petrolero” (1972-2015).

Al margen de su evolución inmediata, estamos frente a una crisis resultante de una revolución tecnológica en marcha, propia de una de esas transiciones largas y complejas propias del capitalismo.

Como veremos a continuación, esta problemática demuestra que el posneoliberalismo impulsado por los gobiernos “progresistas”, como el de Rafael Correa, no significa un tránsito poscapitalista, mucho menos aún la construcción de una sociedad solidaria basada en el Buen Vivir o sumak kawsay. El capitalismo ecuatoriano simplemente vive una fase de acelerada modernización, donde el impacto de la crisis nos hace recordar épocas anteriores.

1.      Un golpe a tres bandas desde los centros capitalistas

A la caída del precio de petróleo se suma la apreciación del dólar y el encarecimiento del acceso al crédito internacional, que para el caso ecuatoriano se explica también por los dos primeros problemas. Todos estos elementos confluyen como un golpe múltiple originada en los problemas del capitalismo metropolitano. Raúl Prebisch insistía en la tendencia de los centros capitalistas de trasladar sus crisis hacia la periferia.

En concreto, la crisis de civilización del capital, que se agudizó como un problema financiero a fines de la primera década del siglo XXI, actualmente se desenvuelve de diversas maneras. Como ejemplo, Estados Unidos parece entrar en una primavera económica (¿especulativa?), Europa se enrolla todavía en sus problemas económicos, en medio oriente recrudece la violencia, surge una nueva confrontación –esta vez más económica- entre EEUU y Rusia, y muchos otros temas. Todo ello ha contribuido a la formación de varios de los problemas exógenos que hoy enfrentamos en el Ecuador.

Así las cosas, para este país la merma de los ingresos petroleros frena el desenvolvimiento de su economía. Menores exportaciones petroleras y declinantes ingresos fiscales desinflan la inversión y gasto estatales, motores económicos y también políticos del Gobierno de Rafael Correa. Estas reducciones impactan en todo el aparato productivo. De forma directa disminuyen la capacidad de creación de infraestructura y el mantenimiento de un elevado gasto público. Indirectamente afectan al no poder garantizar ni el elevado consumo para amplios segmentos de la población y ni el nivel de inversión pública que, en gran medida, ha beneficiado al funcionamiento del aparato productivo.

Por otro lado, la apreciación del dólar disminuye la competitividad de las exportaciones y abarata las importaciones. Esto preocupa pues, gracias a la dolarización no se puede emitir moneda. Así, mientras disminuye el flujo de dólares que ingresa al país por menores exportaciones petroleras y aumentan los incentivos a las importaciones por la apreciación del dólar, el circulante en la economía disminuye y el Gobierno pierde la capacidad de autofinanciarse. En esa circunstancia quedamos “atrapados” en una asfixia exógena, clara muestra del carácter dependiente del subdesarrollo capitalista de nuestra economía.

Como válvula de escape se accede al financiamiento externo. Sin embargo por la misma crisis, la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, se suma la dificultad para conseguir créditos internacionales, los cuales se están encareciendo.

Pero el problema no es solo exógeno. La situación se agrava por la propia condición subdesarrollada del capitalismo ecuatoriano, al no haberse cristalizado la tan promocionada “transformación de la matriz productiva”. Ecuador sigue atado a su tradicional modalidad de acumulación primario exportadora, condena impuesta desde la lógica de la división internacional del trabajo de origen colonial.

2.      La compleja dependencia petrolera

La imprevista caída del precio del petróleo ha desequilibrado las cuentas públicas, especialmente reduciendo los ingresos fiscales. Sin embargo, el impacto final depende de la duración y la profundidad de los precios bajos del petróleo en el mercado internacional.

Para comprender esto observemos los precios en los últimos meses. Si en gran parte del año 2014, el crudo bordeó los 100 dólares por barril, en febrero de 2015, el precio ponderado del barril de los dos crudos ecuatorianos (Oriente y Napo) representó menos de la mitad de dicho valor y casi la mitad de lo presupuestado para este año: 79,75 dólares. Tal monto, de acuerdo a las previsiones originales del Ministerio de Finanzas, implicaba obtener 19.660 millones de dólares en ingresos petroleros (9 mil millones por exportaciones de crudo).

Esto es delicado. La inversión pública (formación bruta de capital fijo) y el gasto social (especialmente educación y salud) en gran parte son financiados con ingresos petroleros. Entre 2006 y 2014, las inversiones públicas pasaron del 4,1% al 12,3% del PIB mientras que el gasto social pasó del 4,2% al 8% del PIB. Estos rubros son el motor económico y político del correísmo, pues, como ya dejamos sentado antes, mantienen alto el nivel de consumismo.

En este punto recordemos que el petróleo, después de casi 43 años de iniciadas sus exportaciones y cuando sus reservas se acercan inexorablemente a su fin, sigue siendo un pilar de la economía ecuatoriana: 13% del PIB, 51% de las exportaciones y 29% de los ingresos del sector público no financiero en el año 2014.

Así una disminución en los ingresos petroleros reducirá la capacidad del Gobierno para sostener la reproducción y modernización del capitalismo, tarea en la que se encuentra empeñado.

Ahora, si se comparan los precios promedio a los cuales el Ecuador ha estado exportando sus barriles de crudo con respecto a los precios de importación de sus derivados se tiene que, de hecho, una revisión pausada de los términos de intercambio petroleros por trueque neto (precio promedio de importación de derivados/precio promedio de exportación de crudo) hubiera permitido prever que los altos precios del crudo ecuatoriano de los últimos años en realidad eran transitorios y en algún momento se daría un “desinfle”.

De este modo, en el primer trimestre de 2007 se requirieron exportar 1,22 barriles de crudo para importar un barril de derivados. Luego, para el primer trimestre de 2009 la relación llegó a un máximo de 2,16 y para el tercer trimestre de 2010 la relación pasó a ser de 1,75. Estos niveles de los términos de intercambio son lógicos (elevados en 2009) si se toma en cuenta que los derivados suelen ser más caros que el crudo y, por tanto, los términos de intercambio entre ambos productos suelen ser mayores a la unidad (es decir, se necesita exportar más de un barril de crudo para importar un barril de derivados).

Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2010 la relación bajó a 0,9 barriles de crudo exportado por cada barril de derivados importado, luego en el primer trimestre de 2011 la relación bajó a 0,63 y en el segundo trimestre llegó a un mínimo de 0,59. ¡Abruptamente se dio una mejora en los términos de intercambio![2] Así empezó una etapa “atípica” en el mercado petrolero, donde el crudo se volvió más caro que los derivados (posiblemente por efectos especulativos[3]) y, por lo tanto, se requería exportar menos de un barril de crudo para obtener un barril de derivados. Tal momento “atípico” se mantuvo para todo el año 2012, donde la relación iba superando el nivel mínimo de 0,59 pero se mantenía menor a la unidad.

Recién para el primer trimestre de 2013 los términos de intercambio petroleros alcanzaron un nivel de 1,05 barriles de crudo exportado por cada barril de derivados importado, si bien mayor a la unidad pero todavía muy inferior a los niveles observados en años previos a 2009. Los términos continuaron deteriorándose, hasta que en el cuarto trimestre de 2013 llegaron a 1,3. El deterioro se consolidó y ya en el cuarto trimestre de 2014 los términos llegaron a 2,1 barriles de crudo exportado por cada barril de derivados importado, que es cuando empieza el desplome del WTI.

De esta revisión de los términos de intercambio podemos sugerir que de 2007 a mediados de 2010 el mercado petrolero mantuvo un comportamiento “normal”, entre fines de 2010, todo el período 2011-2012 se dio un momento de precios “atípicamente” altos del crudo, desde 2013 se vivió una suerte de “transición” y ya en 2014 nuevamente tomó fuerza el deterioro de los términos de intercambio y se volvió al comportamiento “normal” del mercado petrolero. Sin embargo, cabe tener presente que estos términos de intercambio aún no llegan a los niveles del año 2009, es decir, aún podría existir un mayor deterioro de los términos de intercambio petroleros y una caída más fuerte en los precios del crudo.

Esta constatación llama a la reflexión. ¿Cómo es posible que no se haya detectado oportunamente esta tendencia? ¿No se notó que los precios de los años 2011 y 2012 estaban “fuera de la lógica” y que el año 2013 era de “transición”? En un Gobierno que se precia de sus conocimientos de economía, es, por decir lo menos, un error no menor. Se pudo haber tenido una señal de alerta temprana de lo que se avecinaba. Y sobre todo se pudo ser más realista en establecer el precio del petróleo para el Presupuesto General del Estado del año 2015, considerando que los términos de intercambio petroleros podían mantener su deterioro.

Aparte hay señales que indican una transición del capital especulativo mundial, desde los commodities hacia el mercado financiero de “papeles”. Mientras en 2009 tanto el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) como el índice Dow Jones disminuyeron, en cambio desde el año 2012 el índice Dow Jones crece con más fuerza que el precio del petróleo. A fines de 2014 e inicios de 2015, el precio del crudo cae a niveles similares a 2009 mientras que el Dow Jones llega a los niveles más altos de su historia. Esto podría indicar que la especulación está dejando de lado, al menos temporalmente, las materias primas (disminuyendo su precio), además de una posible recuperación de la economía estadounidense.

Si a este abandono de la especulación con materias primas se suma el incremento de la oferta de crudo en algunos países árabes, podríamos concluir que la actual caída de los precios del petróleo no sería coyuntural, sino que posiblemente dure varios años. No cabe duda que estas previsiones son siempre difíciles de sostener. El mercado petrolero se caracteriza por su fuerte volatilidad e imprevisibilidad. Todo puede pasar.[4]

Lo cierto es que esta posible transición del capitalismo mundial crea gran incertidumbre en la evolución de corto y mediano plazo del precio del crudo y otras materias primas. Hay incluso quienes, recurriendo a lecturas históricas, anticipan una época de “vacas flacas”: en los próximos veinte años los precios de las materias primas se mantendrían relativamente estancados (José Antonio Ocampo, ex-secretario ejecutivo de la CEPAL). Sin embargo, esto de momento solo es una posibilidad y hay otras lecturas que consideran este bajón como algo temporal.

Para entender mejor las posibles consecuencias de los cambios en el precio del petróleo sobre la economía ecuatoriana, analicemos tres escenarios para este año: uno donde el precio por barril del crudo WTI (marcador del crudo ecuatoriano) se mantiene en 50 dólares, otro con un precio de 60 dólares y otro con un precio de 89 dólares. En cada escenario la canasta de crudo ecuatoriano (Oriente y Napo) muestra precios de 41, 51 y 80 dólares respectivamente, siendo este último el precio incluido en la previsión del Presupuesto General del Estado. Con estos valores puede verse que el castigo aplicado a la canasta de barril de crudo ecuatoriano respecto al WTI es de aproximadamente 9 dólares, promedio a febrero de 2015[5] (Cabe anotar que este “castigo” fluctúa y no puede ser asumido con un valor estable).

El bajón del precio del WTI a 50 dólares es preocupante pues las tarifas fijas de los contratos de prestación de servicios, negociados en 2010, van desde 16 dólares a 41 dólares por barril. Bajo estas condiciones, muchos de los contratos no serían rentables para el Estado.

Con 50 dólares por barril de WTI estimamos que las exportaciones petroleras obtenidas por el Estado, luego de pagar las tarifas por prestación de servicios, podrían caer hasta en 5,6 mil millones de dólares entre 2014 y 2015. En cambio, si el precio del WTI llega 60 dólares por barril la caída sería de 4,1 mil millones. Por último, si el precio del WTI llega a los 89 dólares por barril, es decir se lograría un precio del crudo como el estimado en el Presupuesto: 80 dólares por barril, las exportaciones aumentarían en 366 millones de dólares debido a una mayor extracción de crudo.

Además, haciendo los ajustes respectivos por gastos de importación y venta interna de derivados, estimamos que en comparación al escenario incluido el de 89 dólares por barril de WTI, con un precio 50 dólares del WTI existiría una presión sobre el Gobierno de reajustar sus ingresos presupuestados en aproximadamente 3,5 mil millones de dólares. En cambio, para un precio del WTI de 60 dólares el reajuste sería de 2,6 mil millones de dólares.

Los escenarios arriba expuestos permiten concluir que la condición extractivista de la acumulación capitalista ecuatoriana tiende a encubrir las “costuras” propias del subdesarrollo capitalista de la economía, las cuales se develan con claridad cuando los precios del producto de exportación dominante caen. Esto ha sucedido reiteradas veces a lo largo de la historia nacional no solo con el petróleo, sino también con el cacao y el banano, por ejemplo.

En el ámbito fiscal el Gobierno ha emprendido varias acciones como respuesta. Ya a inicios de año se disminuyó el presupuesto general en 1.420 millones de dólares (839,8 millones en gastos de inversión y 580 millones en gasto corriente). Tomando este ajuste y considerando la necesidad de disminuir 3,5 mil millones por concepto de caída de ingresos petroleros (barril WTI a 50 dólares), sería necesario incrementar el financiamiento público en 2,1 mil millones de dólares (3,5 – 1,4) para sostener el presupuesto ajustado. En el otro caso de precios bajos: 60 dólares por barril WTI, la necesidad de aumentar el financiamiento sería de 1,2 mil millones.

Si a todo esto agregamos que, en el escenario originalmente presupuestado se consideró necesario un financiamiento de 8,8 mil millones de dólares, estimamos que necesitaríamos aproximadamente un financiamiento total de 10,9 mil millones de dólares para sostener el presupuesto ya ajustado si el precio del WTI es de 50 dólares el barril, y de 10 mil millones a un precio de 60 dólares el barril.

Por otro lado, el Gobierno ha aplicado algunas medidas adicionales para tratar de disminuir sus gastos. Entre otras podemos anotar el congelamiento de los salarios del sector público o la reducción salarial de funcionarios de nivel jerárquico superior (con un ahorro de 21 millones de dólares, esta medida resulta más simbólica que de verdadero efecto en las finanzas estatales).

El Gobierno también ha reiterado varias veces que no se afectarían las inversiones en marcha, pero sí que se suspenderían aquellas inversiones planificadas pero no prioritarias a su juicio. A la postre este tema no depende solo de la voluntad presidencial, sino que está sujeto a la evolución de los precios del petróleo en el futuro inmediato.

Otra opción es la reducción, focalización y hasta posible eliminación de varios subsidios, lo cual merece un análisis detenido que no lo abordamos en estas líneas. Dependiendo de los mecanismos a utilizar, este tema puede aumentar la pobreza en los grupos de bajos ingresos. Como ejemplo está la eliminación del subsidio al gas doméstico e incorporación de cocinas de inducción, tema con muchos puntos débiles que deben ser analizados a fondo.[6]

3. La apreciación y escasez de “nuestra moneda”

Los impactos de la caída de los precios del crudo y las menores exportaciones petroleras vienen acompañados con los impactos de la apreciación del dólar, la cual resta competitividad a nuestras exportaciones no petroleras y abarata nuestras importaciones. Esto puede disminuir los dólares circulando al interior de la economía ecuatoriana. Es cierto que también se producirá una menor presión por el lado de las importaciones, dada una reducción del gasto y la inversión pública. No olvidemos que el aumento de dicho esfuerzo económico estatal explica gran parte de las crecientes importaciones registradas en el actual período gubernamental.

Luego de una larga vigencia de un dólar debilitado en el mercado internacional, éste repunta y se va apreciando con fuerza. Así disminuye la capacidad de comprar productos y servicios cotizados en dólares por parte de mercados como el europeo; es decir esto encarece las mercancías ecuatorianas avaluadas en dólares. Recordemos que la desvalorización del euro respecto al dólar ha llegado a los niveles más bajos desde 2007 (a febrero el tipo de cambio promedio fue de 1,13 dólares por euro).

Paralelamente a la apreciación del dólar, en los últimos meses tanto el peso colombiano como el nuevo sol peruano se han devaluado. Esta situación aumenta la competitividad de las exportaciones colombianas y peruanas en detrimento de las exportaciones ecuatorianas.

En estas circunstancias, el Gobierno se ha visto forzado a adoptar las salvaguardias globales. Más allá de la discusión sobre si esa medida era la única que le quedaba al Gobierno, tal decisión demuestra la gravedad de la crisis y -una vez más- la ausencia de una concepción estratégica de país para intervenir en los mercados internacionales. Son ocho años de improvisaciones continuas, así como de marchas y contramarchas que no han generado una política económica creíble y estable. Ya lo dijimos, no hay una transformación de la matriz productiva.

Por lo demás, se planteó el envío de información para la aprobación de las salvaguardias globales por parte del FMI y la OMC (Organización Mundial de Comercio), haciendo trizas el discurso “altivo y soberano” del Gobierno de Correa.

La situación preocupa pues, como dejamos sentado, con un dólar más caro se abaratan las importaciones y se encarecen las exportaciones. Tal escenario hace que, junto con su reactivación económica, el mercado estadounidense se vuelva de especial relevancia para los productos ecuatorianos, aumentando la dependencia de nuestro país.

Esta realidad devela también que la producción y la exportación de productos no petroleros está afectada no solo por problemas coyunturales, sino también estructurales. Solo comparando la balanza comercial no petrolera con la balanza petrolera se ve que, de no ser por esta última, en todo el período 2007-2014 la economía ecuatoriana sería importadora neta. Solo en el último trimestre de 2014 y cuando el precio del crudo ya empezaba a caer, la balanza comercial total (incluyendo petróleo) alcanzó un déficit de 1,2 mil millones de dólares. Además, si las exportaciones e ingresos petroleros caen, aumenta la presión para un mayor endeudamiento externo.

A este escenario complejo se agrega que, en el año 2014 un 30% de las importaciones se destinaron a materias primas mientras que un 25% se destinaron a “bienes de capital”. Así, más de la mitad de la salida de divisas proviene, en definitiva, de la alta dependencia que la producción nacional posee de la adquisición de medios de producción extranjeros. Este debió ser uno de los puntos de partida de un sostenido proceso de industrialización, pero no lo fue. La industria, al cabo de 8 años de Gobierno, mantiene estable su participación en alrededor del 12% del PIB. Esto devela que la condición dependiente de la producción nacional no ha logrado ser superada ni tampoco la producción nacional ha tomado mayor importancia en la economía.

La disminución en el flujo de dólares al país no solo afecta a la capacidad de gasto e inversión estatal junto con el balance comercial, sino que incluso la propia liquidez de la economía podría verse afectada. Esto complica la estabilidad de la dolarización. Si existe de forma exógena una menor masa monetaria al mismo tiempo que el “dinamismo” de la economía se mantiene fijo o, peor aún, decrece ante las expectativas de crisis, puede surgir un contexto de deflación (disminución de precios) o incluso una contracción de la producción real. Hay que estar atentos a las señales que puedan ir surgiendo y que podrían llevarnos a transitar por un escenario similar al que vivió Argentina cuando salió de la convertibilidad en el año 2001.

Tal posibilidad de escasez de circulante es uno de los graves lastres que arrastramos con la dolarización, provocado por la pérdida de instrumentos de política monetaria y cambiaria. A esto cabe considerar que, desde 2007, el sector público es el que sostiene el ingreso neto de dólares a la economía(principalmente por sus exportaciones petroleras y últimamente por el aumento del endeudamiento), mientras que el sector privado genera salidas netas de dólares (principalmente por los altos niveles de dependencia en la importación de bienes de consumo, materias primas y “bienes de capital”). Esta elevada propensión a importar es propia de las economías primario exportadoras.

Solo para el año 2014, el sector público generó un ingreso neto de dólares por 6.960 millones mientras que el sector privado generó una salida neta de dólares por 5 mil millones. Con esto, el saldo de dólares que ingresaron a la economía en 2014 fue de 1.874 millones de dólares. Si en la crisis disminuyen los ingresos obtenidos por exportaciones petroleras, entonces disminuirá el flujo neto de dólares a la economía, o incluso podría haber una salida neta de dólares. En este contexto la pérdida de confianza podría provocar una corrida bancaria y una fuga de capitales, lo que provocaría una verdadera debacle.

Entonces, aquello de que las salvaguardias tienen como propósito “fortalecer la dolarización” puede ser visto como un mensaje político. Podría haber un afán en las filas gubernamentales por no exacerbar más los ánimos de los agentes económicos que, además, se han tragado (sin duda alguna como una rueda de molino) aquello de que la dolarización solucionó los problemas de la economía ecuatoriana y que una salida de la misma sería catastrófica. Si realmente el Gobierno pone como objetivo salvar la dolarización por razones políticas, estaría poniendo la carreta adelante de los caballos: confundiría una herramienta de política monetaria y cambiara -que eso es la dolarización- con el propio objetivo de la economía. Y lo peligroso sería que, por salvar la dolarización, paralice el aparato productivo y acelere la desdolarización…Ya lo decía el propio Correa en el año 2003: “El problema está en que me temo que el único coste mayor de salir de la dolarización es continuar en ella. Si no, pregúntenle a Argentina”[7].

Aparte del posible manejo de algunas políticas monetarias menores para mantener el circulante dentro de la economía en un nivel que evite la desaceleración (p.ej. uso del dinero electrónico o repatriación de activos financieros por medio de la aplicación del Código Monetario), el Gobierno ha emprendido en políticas de comercio exterior para evitar la salida de divisas por importaciones. Frente a la devaluación de los vecinos el Gobierno optó por introducir salvaguardias arancelarias sobre productos colombianos y peruanos (Colombia 21% y Perú 7%), que poco tiempo duraron.

Luego de que fracasó estrepitosamente este empeño a nivel andino, el Ecuador reemplazó las salvaguardias impuestas a los productos de importación colombianos y peruanos por una política multilateral en donde se impusieron sobretasas arancelarias de 5% a 725 productos, 15% a 452 productos, 25% a 392 productos y 45% a 1.392 productos, dando un total de 2.961 productos a los que se aplicaron sobretasas. Tal política duraría 15 meses desde su entradaen vigencia el 11 de marzo de 2015. Por su magnitud, profundidad e implantación extrema, podríamos estar hablando de un “paquetazo arancelario”.

La aplicación de las salvaguardias puede complicar las relaciones comerciales internacionales, además de aumentar la inflación (limitada por la disponibilidad de dólares en la economía), especialmente porque el aumento de precios de bienes de consumo importados pueden motivar a muchos productores locales a subir sus precios. Estas salvaguardias cumplen la función de una devaluación parcial, en tanto que desalientan algunas importaciones y pueden generar un cierto incremento de precios (limitado por la escasez de circulante), pero sin que simultáneamente alienten las exportaciones como sucede con una devaluación tradicional.

No hay duda, ésta es una medida “parche” e inclusive de efecto boomerang, en tanto puede ayudar a frenar el funcionamiento de la economía vía alza de precios y/o pérdida de empleo. Si bien ha existido un aumento del nivel de consumo de los hogares de productos importados, el verdadero problema radica en la propia estructura productiva del país, altamente dependiente de medios de producción importados. Este es uno de los puntos donde se debió avanzar con mayor urgencia en la tan promocionada “transformación de la matriz productiva”, la cual todavía no se hace ver.

Estas salvaguardias arancelarias, al ser asumidas como una medida casi desesperada, representarían una suerte de “boboproteccionismo”, pues carecen de una estrategia de largo plazo. No responden a una propuesta de industrialización vía sustitución de importaciones, por ejemplo. Además, en 15 meses atravesados por una compleja crisis, será casi imposible recuperar el tiempo perdido en los ocho años precedentes. Paradójicamente al mismo tiempo el “boboaperturismo” se proyecta con singular fuerza en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el cual se trata de una simple adhesión al convenio suscrito por parte de Perú y Colombia con la UE, es decir un TLC. Por supuesto que las salvaguardias podrían generar tensiones con este TLC. Además, un dólar más fuerte no ayudaría para la colocación de productos ecuatorianos en el mercado europeo.

Para asegurar condiciones de competitividad el Gobierno adoptó otras medidas. Un ejemplo es el incremento del salario básico unificado de trabajadores privados en apenas 14 dólares por ajuste de inflación (4,11%), llegando a un salario de 354 dólares mensuales. El fin sería mantener un nivel salarial que sostenga la “competitividad” de las exportaciones ante la apreciación del dólar. Cabe notar que este incremento es muy similar al que proponían los empleadores (13,26 dólares) y menos de la mitad de lo que exigían los trabajadores (30 dólares).

4.      Expansión china y el retorno al redil del FMI

Si se revisan los datos anuales de la cuenta corriente de balanza de pagos (exportaciones menos importaciones de bienes y servicios, remesas y pagos de rentas al exterior) puede verse que, desde 2010 hasta 2014, esta cuenta presentó saldos negativos, lo cual es preocupante. Al año del estallido de la crisis internacional en 2009, hasta la actualidad, la cuenta corriente no ha logrado recuperarse por completo ni volver a niveles como los observados entre 2005-2009. Según nuestras estimaciones, en un escenario de 50 dólares por barril de WTI, esta cuenta podría llegar a tener un déficit de hasta 5 mil millones de dólares (4,1 mil millones en el caso de un WTI a 60 dólares el barril).

El saldo negativo de cuenta corriente presiona a la salida de divisas a menos que exista un ingreso externo de dólares sea por medio de inversión extranjera directa, inversión “de cartera” o vía endeudamiento, flujos que se registran en la cuenta financiera. Omitimos la cuenta de capitales pues su efecto no es representativo en la economía ecuatoriana.

Así, en respuesta a la caída de la cuenta corriente, se observa un fuerte aumento de la cuenta de financiera, generando un disparo de la balanza de pagos en 2013 de 1,85 mil millones de dólares. Este incremento de la balanza de pagos por medio de la cuenta financiera implica que la economía ecuatoriana está sosteniendo los saldos negativos de la cuenta corriente con financiamiento externo, dado que los flujos de inversión extranjera que han ingresado al país son muy bajos.

Cabe reiterar que en el año 2013 el precio del crudo WTI fue en promedio de 98 dólares por barril y aparte, hasta mediados de ese año, el crudo ecuatoriano se estaba vendiendo con premio. Si con ese precio del petróleo fue necesario un importante aumento del financiamiento externo para hacer frente al déficit de cuenta corriente, cabe plantearnos la duda de cuánto financiamiento podría requerirse con un barril de crudo WTI de 50 o 60 dólares por barril.

Esta necesidad de financiamiento externo para mantener la estabilidad de la economía, incluso con precios altos del barril de petróleo, puede tomarse como indicio de que la “maldición de los recursos naturales” sigue presente en la economía ecuatoriana y motiva al Gobierno a recurrir cada vez a un mayor extractivismo para ajustar su balanza de pagos y hasta para pagar el endeudamiento (cosa similar a la ocurrida a finales de los años 70 e inicios de los 80).[8] Tal dinámica bloquea la posibilidad de fomentar otra economía, desapegada de la explotación del trabajo y la Naturaleza y, por tanto, bloquea las posibilidades de superación del (sub)desarrollo capitalista.

Ahora, para conseguir pasar el mal momento provocado por los bajos precios del petróleo, el Gobierno busca financiamiento interno y externo. Sin embargo, cabe tener presente que:

–          A nivel interno las posibilidades de lograr financiamiento en el IESS son cada vez menores. Este Instituto, que ha servido de caja chica de todos los gobiernos -incluyendo el actual- presenta cifras en rojo. Solo en el área de salud para este año podría haber un déficit de más de 900 millones de dólares.

–          La posibilidad de más endeudamiento externo, que también podría ayudar a paliar los efectos recesivos de esta situación, no es fácil de cristalizar. Además, solo permite pasar el mal momento. Dependerá del uso que se dé a los recursos contratados para poder decir si contribuyen o no a atender temas de estructurales, más allá de los usos de corto plazo.

Antes de abordar el “nuevo endeudamiento”, primero revisemos la situación actual del endeudamiento en el país. En términos absolutos, entre enero de 2007 y enero de 2015, el endeudamiento público externo aumentó en aproximadamente 7,4 mil millones de dólares, mientras que el endeudamiento público interno se incrementó en 9,4 mil millones. Por su parte, el endeudamiento externo privado se ha mantenido alrededor de los 6,6 mil millones de dólares. El incremento más fuerte del endeudamiento público se registra desde mediados de 2010 y coincide con el inicio de la etapa de cuenta corriente negativa y la recuperación -vía cuenta financiera- de la balanza de pagos luego de la caída que ésta sufrió en el año 2009.

En términos absolutos, el nivel de endeudamiento público actual de la economía ecuatoriana es el más alto de la historia. Mientras en enero de 1999 el saldo de la deuda pública fue de 16 mil millones de dólares, a enero de 2015 ese saldo pasó a 30 mil millones de dólares.

Esta lectura, sin embargo, cambia al revisar el peso del endeudamiento en relación al PIB. Así para enero de 2007, el total de endeudamiento público representó el 31,2% del PIB, mientras que para enero de 2015 fue del 27,9%. Este menor porcentaje se explica por el crecimiento del PIB y no por una reducción de la deuda, pues en el período en mención la deuda pública aumentó en 16,8 mil millones de dólares. Con todo, en este lapso la composición del endeudamiento público pasó a tener una mayor participación de deuda pública interna, lo cual al menos brinda mayores libertades en el direccionamiento que se le dé al crédito.

Debe quedar sentado que esos porcentajes son mucho menores al peso aberrante que tomó la deuda pública en diciembre de 1999 cuando, entre endeudamiento interno y externo, se llegó al 124% del PIB (100% en deuda externa y 24% en deuda interna).

Respecto al costo del financiamiento, 17 mil millones de dólares de deuda pública han sido adquiridos a una tasa de interés fija de entre 5,1% y 8% que corresponden básicamente a los créditos concedidos hasta el momento por China. Tales tasas de interés implican un costo relativamente alto en comparación a los créditos concedidos por los organismos multilaterales, aunque los créditos chinos no tienen las condicionalidades de política económica que imponía el Consenso de Washington. Aparte de su mayor costo, suelen ser créditos de plazos cortos de entre cuatro a ocho años. Pero eso sí, muchas veces los créditos chinos vienen atados a proyectos extractivistas, obras públicas y compras de productos de ese país.

A las condiciones actuales en las que se encuentra el endeudamiento público se debe agregar la necesidad que tiene el país de pagar las llamadas “preventas petroleras”, que son pagos anticipados por la venta de petróleo a China. Actualmente el saldo adeudado por “preventas” asciende aproximadamente a 1,8 mil millones de dólares (a noviembre de 2014) y tendrían atado entre un 80% a 90% de las exportaciones petroleras para los próximos años.

De este modo, la necesidad de financiamiento originalmente presupuestada de 8,8 mil millones, más el pago por 1,8 mil millones de preventas petroleras y más la posible necesidad de financiamiento a causa de la disminución del precio del petróleo, que estimamos en 2,1 mil millones de dólares (a un WTI de 50 dólares por barril), provoca el requerimiento de un financiamiento total para el año 2015 de 12,7 mil millones de dólares para sostener el presupuesto (11,8 mil millones a un WTI de 60 dólares el barril).

Ahora, si se toma en cuenta que en la proforma presupuestaria se consideró un aumento del endeudamiento público interno en 1,6 mil millones de dólares, entonces el requerimiento de endeudamiento por medio de financiamiento externo sería de 11,1 mil millones de dólares a un WTI de 50 dólares el barril (10,2 mil millones a un WTI de 60 dólares).

Ya en 2014, cuando se presentaron dificultades para conseguir créditos chinos respecto a años anteriores[9], el Ecuador retorno al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI). El viraje es tal que, luego de ocho años de ausencia, el FMI retomó sus revisiones anuales de la economía ecuatoriana, como lo establece el artículo 4 de su Carta Constitutiva. El Ministerio de Finanzas hizo público este anuncio en un boletín de prensa publicado el 24 de mayo de 2014. Fue evidente que el “reinicio” de las revisiones regulares del FMI era importante para que el Ecuador pudiera emitir los Bonos “soberanos” 2024 por dos mil millones de dólares, que salieron algunas semanas después del primer anuncio de reinicio de relaciones del Ecuador con el FMI.

Casi en paralelo a este acercamiento con el FMI, el Gobierno realizó un Gold Swap u operación con oro de la reserva monetaria internacional, a través de Goldman Sachs. Esta institución, célebre por su oscuro accionar durante la última crisis financiera internacional[10], recibió por parte del Gobierno ecuatoriano 465,6 millones de onzas de oro, que en el momento de la transacción representaban 604 millones de dólares. Parece que esta entrega de oro -junto con el acercamiento al FMI- fue necesaria para respaldar la emisión de los Bonos “soberanos” 2024, aunque según el Gobierno, tales transacciones son independientes.

Aparte de estos detalles, cabe considerar que en el prospecto que acompañó a la emisión de los bonos 2024 se indica el uso de las reservas de crudo del ITT como una fuente de recursos que puede asegurar la capacidad de pago del Ecuador. Así el prospecto menciona que el ITT puede generar ingresos por 18 mil millones de dólares (en valor presente); ahora, con un precio del WTI de alrededor de 50 dólares esos cálculos incluso estarían obsoletos. De hecho, para intentar asegurar la rentabilidad del ITT no sería descabellado pensar que se puedan rebajar los estándares ambientales en la explotación petrolera dentro del parque. El simple hecho de mencionar al ITT en este prospecto hecha por los suelos cualquier mínima posibilidad de que, desde el Gobierno, se retome la iniciativa de no extraer el crudo del Yasuní.

Desde inicios del 2015 está demostrada la urgencia que tiene el Gobierno para conseguir recursos. La danza de las cifras presentada al regreso del presidente de la República de su viaje a China lo ratifica. En total el crédito suscrito con la potencia asiática es de 7,5 mil millones de dólares. Sobre estos nuevos créditos hay poca información[11]. Se dice que serían a 30 años plazo y con una tasa de interés del 2%, lo cual suena bien; solo recordemos que normalmente los créditos chinos sobrepasen las tasas del 5% y tienen plazos cortos. Sin embargo no se sabe con certeza cuántos fondos llegarán al país y cuál será su destino. De lo que anuncia el Gobierno, podrían llegar aproximadamente 4 mil millones de dólares en 2015, pero solo 1,5 mil millones concedidos por el Banco de Desarrollo de China serían de libre disponibilidad.

Aparte del crédito chino, este año el Gobierno espera un desembolso de 800 millones de dólares del BID, de los cuales 500 millones serían de libre disponibilidad. De este modo, ingresarían en 2015 unos 4,8 mil millones de dólares de financiamiento externo, que al ser comparados con la necesidad de financiamiento externo que estimamos en 11,1 mil millones en un escenario de precio de WTI de 50 dólares el barril, deja una brecha en el presupuesto de 11,1 – 4,8 = 6,3 mil millones de dólares a ser financiados con nuevos desembolsos de deuda externa pública (brecha de 10,2 – 4,8 = 5,4 mil millones en el caso del WTI a 60 dólares).

En este contexto, la opción de recurrir a más preventas de petróleo es complicada pues gran parte del crudo exportado ya está comprometido en ventas anticipadas con empresas chinas. De todas maneras, ¿quién sabe si estará prevista la entrega de más petróleo a China proveniente del Yasuní-ITT? No sabemos qué otras condiciones habrá aceptado el Gobierno: ¿Más contratos de obras públicas con compañías chinas? ¿Acceso con mayores facilidades a la transnacionales mineras chinas para que exploten cobre, oro u otros minerales? ¿Y todo esto con menores normativas sociales y ambientales, como al parecer ha sido el caso de la construcción de Coca-Codo-Sinclair, en donde ya se habrían registrado varios accidentes mortales?

Además, como lo ha reconocido el propio Gobierno, es cada vez más difícil volver a incursionar en el mercado financiero internacional colocando una nueva emisión de bonos, de modo que se entiende que cada nueva emisión se vuelve más “cara”. Así en marzo de 2015, el Gobierno colocó un total de 750 millones de dólares en bonos “soberanos” dentro del mercado internacional por medio de Citygroup, según confirmó el Ministerio de Finanzas. Las condiciones de la emisión son a cinco años plazo, a un interés del 10,5% (uno de los más altos en los tramos de deuda ecuatoriana), y con la previsión de destinar los fondos percibidos al Plan Anual de Inversiones de 2015.

Estos últimos bonos tienen condiciones mucho más desventajosas que las que han conseguido recientemente vecinos como Colombia y Perú, e inclusive más desventajosas de las que Ecuador alcanzó el año anterior. Recordar que, como mencionamos antes, el Ecuador emitió 2 mil millones de dólares en bonos “soberanos” en junio de 2014, con lo cual volvió al mercado internacional de valores (posiblemente de la mano de Goldman Sachs).  En ese momento la emisión se hizo a un plazo de 10 años y al 7,95% de interés. De este modo el endeudamiento externo ecuatoriano se está volviendo un asunto cada vez más complejo.

No nos olvidemos que en este último tiempo ha existido una importante tendencia al incremento de las tasas de interés como la LIBOR lo que significa un incremento en el costo del crédito internacional (posiblemente resultado de su escasez). Hay que considerar que actualmente 6,6 mil millones de dólares de deuda pública externa ecuatoriana están condicionados con esas tasas flotantes.

De este modo, aparte de caer en la onda expansiva del imperialismo chino, el Gobierno comienza a transitar por la vieja senda fondomonetarista para la obtención de financiamiento, de la mano de los organismos multilaterales occidentales promotores de “la larga noche neoliberal” junto con las principales instituciones del capitalismo financiero internacional, a las que tanto se criticó al comienzo del régimen correísta.

Adicionalmente, para afrontar al potencial problema en balanza de pagos, es muy probable que, como van las cosas, el Gobierno promueva una mayor apertura a la inversión extranjera. De hecho ya se busca dólares por esa vía. Para lograrlo es posible que el Gobierno, como lo hacen los otros países de la región, desmonte aún más las normativas ambientales y laborales, algo que ya está sucediendo de manera acelerada.

5.      El saldo de ocho años desperdiciados

El Ecuador tendría una compleja situación por delante en un entorno como el descrito en los puntos anteriores. Una reducción de los precios del petróleo, la apreciación del dólar y el encarecimiento de los créditos en el mercado financiero internacional dejan la mesa servida para una nueva crisis, incluso política.

Lo lamentable es que el Ecuador, que ha sufrido tantas y tan complejas crisis -todas debidamente analizadas- no esté mejor preparado para enfrentar el problema que se le viene. Incluso este mismo Gobierno, entre 2008 y 2009, enfrentó una crisis similar de la que no ha sacado las lecciones más adecuadas. Así el asunto es aún más complicado y hasta perverso, más aun cuando este ha sido el “Gobierno de los economistas” par excellence.

El Gobierno actual, el que más tiempo ha estado en funciones, es el que mayor cantidad de ingresos (especialmente petroleros) ha obtenido en la historia republicana desde 1972 hasta la fecha. Así este Gobierno ha dispuesto, en términos nominales, en su Presupuesto General Acumulado desde el año 2007 de más de 220 mil millones de dólares.

Este régimen, además, contaba desde el inicio con suficiente información sobre la realidad del país y tenía inclusive elementos sólidos para consolidar una alternativa. A eso podríamos añadir el hecho de que su presidente es el gobernante que ha gozado en mucho tiempo del mayor respaldo popular. La propia Constitución de Montecristi es una suerte de hoja de ruta para una transformación estructural del país, incluyendo por supuesto su economía. Todo eso lo desperdició e incluso se lo está destrozando, como sucede con dicha Constitución a la que el Gobierno la atropella e irrespeta repetidamente.

Sabemos que los cambios no se pueden improvisar y que los resultados toman tiempo. Sin embargo, luego de ocho años ya no es válido el argumento de que no se ha avanzado porque las estructuras son heredadas. De lo que se trata es de superarlas. Los cambios de fondo toman tiempo, es muy cierto. Pero hay que intentarlos. Y eso es precisamente lo que este Gobierno no ha hecho. De este modo el Ecuador, incluso con la propuesta de modernización capitalista que impulsa el correísmo, parecería estar condenado a permanecer en la trampa de los países de ingreso medio, como afirma para el caso peruano Jürgen Schuldt[12].

Para corroborar estas afirmaciones basta puntualizar los siguientes aspectos que caracterizan una situación crítica casi permanente y tradicional:

–       El Ecuador mantiene elevada su dependencia de pocos productos primarios de exportación, en este caso particularmente del petróleo, cuyas reservas declinan.

–       El Gobierno no ha logrado mantener la tasa de extracción de crudo en los campos maduros en manos de la empresa estatal, por lo que ha dado paso a una “traición a la patria” -como afirmaba Rafael Correa en el año 2004- al entregar la extracción en esos campos a empresas transnacionales.

–       Simultáneamente, echando abajo “el proyecto emblemático” de la “revolución ciudadana”, la Iniciativa Yasuní-ITT, el Gobierno se empecina en ampliar la frontera petrolera en dicha región y en el sur de la Amazonía.

–       Para tratar de sostener la merma de los ingresos petroleros el régimen impone la megaminería que, como demuestran los expertos, no tiene mayor potencialidad exportadora.

–       Preocupa que el Gobierno proponga salir del extractivismo con más extractivismo: un verdadero oxímoron. Se apuesta por más petróleo, por la megaminería, por los agrocombustibles, por los transgénicos, todo en un deseo por impulsar la productividad. En este empeño se cristalizan inclusive las aspiraciones extractivistas de la “larga noche neoliberal”, aspiraciones que, por lo demás, han estado presentes desde los orígenes de la República.

–       Los pasos para procesar la transformación de la matriz productiva se han circunscrito casi exclusivamente en la construcción de varias represas hidroeléctricas cuya oferta al parecer, en el corto plazo, no podrá ser adecuadamente asumida en términos productivos. A esto se suma la construcción y reconstrucción de la infraestructura vial.

–       De hecho, las acciones desplegadas supuestamente a favor del cambio estructural, sin haberlo siquiera intentado, pueden profundizar una mayor polarización entre los grupos más acomodados y el grueso de la población, al tiempo que ahondan la dependencia del país al capital transnacional, últimamente representado en mayor manera por el capital chino.

–       La política en el ámbito agrario, lejos de los mandatos constitucionales para construir la soberanía alimentaria, favorece cada vez más a unos cuantos consorcios agropecuarios, especialmente de la agroindustria y del sector exportador-importador de productos agrícolas y pecuarios.

–       El incremento de la inversión pública no tuvo los efectos positivos esperados sobre la producción nacional, en particular no se promovió un cambio lo suficientemente fuerte en la industria, ni en el empleo pues el subempleo nacional sigue absorbiendo a más de la mitad de la población económicamente activa (PEA).

–       En estos años, las respuestas oficiales han sido zigzagueantes y asumidas como con palo de ciego. El ejemplo de la aplicación sin un concepto de largo plazo de las salvaguardias andinas, a las que se suman las salvaguardias globales, lo demuestra hasta la saciedad.

–       A los puntos anteriores se suma la dolarización. El Gobierno, que conocía las limitaciones intrínsecas de la rigidez cambiaria, no ha tenido la capacidad para superarla cuando las condiciones eran propicias. Eso sí, la aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero, aprobado el año 2014, podría quizás ser un camino para escapar de la trampa cambiaria si la crisis se complica.

En síntesis, la propuesta tecnocrática del Gobierno del presidente Correa responde a un intento de modernizar el capitalismo en el Ecuador, en una dinámica muy similar a la etapa “modernizadora” de los años 70: en aquella época decían que en el Ecuador petrolero “todos los días serían Navidad” y en la actualidad nos hablan del “milagro ecuatoriano” o que “el Ecuador ya cambió”.

Este intento de modernización pasadista, es decir anacrónico, conduce a un callejón sin salida y de ninguna manera puede desembocar en la construcción del Buen Vivir o sumak kawsay: una economía fundamentada en la solidaridad y la reciprocidad, y no en la explotación del trabajo y la Naturaleza, donde desaparezca la propia categoría del “capital” y, por ende, se abran las puertas a la posibilidad de una economía no atada a la lógica del crecimiento permanente (inviable, por lo demás).

Eso sí, esta propuesta modernizadora del capitalismo, que caracteriza al correísmo, va construyendo una nueva hegemonía dominante casa adentro y nuevos poderes económicos van sustituyendo a los anteriores o van pactando con ellos. El correísmo consolida, de manera totalitaria, un nuevo modelo de dominación burguesa, que cuenta con una máquina burocrática legalizada, dócil y activa. Para lograrlo Correa, recurriendo a un poderoso aparato propagandístico y a un creciente dominio sobre todos los poderes del Estado, controla, disciplina y ordena la sociedad, e impone normativas y leyes con claros rasgos conservadores y represivos, al tiempo que criminaliza y persigue a quienes lo critican y a quienes se oponen a sus designios.

Esta modernización capitalista, bien lo sabemos, se (sub)desarrolla volviéndose en contra de su propio fundamento: el trabajo humano y la misma Naturaleza. El Ecuador, en la medida que impulsa la modernización del capitalismo extractivista, experimenta, para ponerlo en palabras de James Petras, “un gran salto hacia atrás”, que la actual crisis mundial del capitalismo lo devela con fuerza.-