Contribución al Plan de Gobierno de la Izquierda Ecuatoriana
Los errores de la política del presidente Correa son conocidos: individualismo extremo en el manejo de la vida política, falta de democracia en los órganos representativos del Estado, indiferencia a los pedidos sociales, modificaciones de la Constitución sin consulta previa, abuso del poder y autoritarismo, irresponsabilidad con la economía del país, irrespeto a la naturaleza, crecimiento de la burocracia en la administración, criminalización de la justicia, arbitrariedad y equivocación en el mando de la educación. A todo esto se suman un discurso agresivo contrario a la psicología social de los ecuatorianos y una publicidad política estridente.
Lo dicho en el párrafo anterior, no es sino una síntesis de la complicada situación que vive el país a la luz de planteamientos económicos, ecológicos, políticos, jurídicos y psicológicos necesarios para “descorreizar” el país.
La propia realidad ha llevado a encontrar como única vía para enmendar errores, la ampliación y fortalecimiento de los sectores opositores al gobierno del presidente Correa. Por ahora son movimientos heterogéneos y sin acuerdos definitivos, pero se prevé escuchar desde cada sector esbozos de alternativas a la política gubernamental para consolidar los caminos del debate y las consecuentes decisiones que deberán adoptarse. Sin embargo, los planteamientos políticos del momento se caracterizan por la variedad y hasta por la contraposición ideológica.
Cabe reflexionar, ante todo, sobre las reales posibilidades de acuerdo en lo que toca a la administración democrática de los asuntos estatales y la solución de los problemas sociales a través de la consulta a los distintos grupos sociales, a tiempo de impedir con garantías jurídicas los abusos del poder.
No parece factible encontrar solución a los conflictos entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y en concreto al manejo y reparto del agua y la tierra. No sería fácil, por lo que se percibe, llegar a un entendimiento que impulse la economía prescindiendo de reformas sociales y políticas. Además, quizás no sea aceptado por todos los sectores interesados admitir que las graves injusticias y desigualdades sociales provienen de la propiedad privada, régimen que no es fácil eliminar sin cometer errores.
Seguramente resultan inevitables las divergencias entre los planteamientos ecologistas sobre el desarrollo económico y otras posiciones que no dan la debida importancia a la protección de la naturaleza.
Por su parte, las organizaciones indígenas plantean con firmeza la necesidad de cumplir la Constitución de la República y poner en práctica el Estado Plurinacional estipulado en ella para satisfacer las legítimas demandas de los pueblos indígenas, por supuesto considerando la situación social y política de todo el país.
A través de los siglos, en el Ecuador no se ha prestado atención a las necesidades políticas, culturales, lingüísticas, territoriales y existenciales específicas de los pueblos indígenas. Como resultado de esta omisión, se carece de las regulaciones estatales indispensables para darles representación política en el Estado ecuatoriano y permitirles que opten por una práctica política propia que garantice sus derechos.
En el ámbito científico, ninguna institución se ocupa de valorar y encauzar los conocimientos ancestrales sobre la naturaleza que conservan los indígenas y que podrían traducirse en soluciones a problemas de salud, producción y bienestar universales.
Los asuntos indígenas no son conocidos por la “opinión pública”, lo que se refleja negativamente en las relaciones nacionales. Las comunidades campesinas rurales, que son núcleos de las formaciones nacionales, son abandonadas por falta de apoyo para la producción agrícola, los territorios indígenas están a merced de las transnacionales, no se atiende al fomento de sus economías.
No se trata, desde luego, de declarar a las tierras y territorios indígenas “zonas cerradas”, sino de reconocer que para los indígenas son su suelo natal, Disponer de su riqueza arbitrariamente implica “vivir a costa del otro”. Es lo que se ha hecho desde las épocas coloniales. Desde el Estado se resuelve arbitrariamente el destino de las tierras comunales y de los recursos naturales que contienen. Pero la inobservancia de los derechos indígenas ahora cobra una nueva dimensión pues con la globalización se agudizan las contradicciones entre los intereses étnicos y nacionales y los intereses de las transnacionales.
El Estado nacional es incapaz de defender los derechos de las nacionalidades y pueblos ante la voracidad de las transnacionales. No se han desarrollado instituciones que logren limitar los daños sociales y culturales del capitalismo industrial moderno sobre aquellos.
Las compañías madereras, petroleras, mineras, agroquímicas, farmacéuticas, se apoderan y devastan los territorios indígenas de la Amazonía. El desbordamiento del capital y sus abusos presiona sobre las comunidades serranas. Los monocultivos transnacionalizados desplazan a los cultivos comunales, arrebatan las tierras ancestrales y las fuentes de agua. Las fronteras del Estado nacional se vuelven permeables al mercado y al capital móvil.
La solución de los problemas en el terreno jurídico reviste importancia para asegurar el desarrollo óptimo de los procesos nacionales. Se deben reforzar las organizaciones indígenas, transferirles funciones administrativas y respaldarlas con mecanismos idóneos, sobre todo para defender el medio ambiente de la perniciosa extracción de los recursos naturales.
No hay proyecto para orientar profesionalmente a la juventud de las diversas nacionalidades y pueblos; cualquier proyecto debería armonizarse con la productividad y la oferta de trabajo para favorecer el desarrollo de las comunidades rurales.
Mientras la tierra comunal indígena esté desatendida y expuesta a toda clase de abusos nacionales e internacionales la migración a las ciudades será imparable. Desgraciadamente, en las ciudades los indígenas no pueden elevar su nivel de vida y se ven obligados a cumplir los trabajos más peligrosos y riesgosos. Es visible el aumento de niños y jóvenes indígenas que se dedican al consumo de drogas en las urbes. Se necesitan políticas habitacionales, culturales, de salubridad, de empleo para hacer frente al problema de una población urbana que crece sin amparo oficial.
Los pueblos indígenas que viven en el Ecuador hablan, de acuerdo a estudios científicos, en doce lenguas. Al mismo tiempo el español es lengua de comunicación entre las nacionalidades. El bilingüismo con el español tiene significación internacional y nacional. Saber el español es “ventajoso” para la mayoría de las poblaciones indígenas, pero al mismo tiempo desplaza a las lenguas aborígenes. Las funciones sociales de las lenguas de las nacionalidades están débilmente desarrolladas. No se garantiza su empleo en organismos públicos y no se satisfacen los sentimientos nacionales.
En el funcionamiento de la Educación Intercultural Bilingüe se había avanzado notoriamente, pero el gobierno del presidente Correa cortó con un decreto toda la actividad autónoma que se venía desarrollando. La Educación Intercultural Bilingüe se había convertido en un símbolo de libertad y autodeterminación. Por desgracia muchos aspectos del bilingüismo y de la interculturalidad están poco elaborados.
Las culturas indígenas evitan que el país caiga en una monotonía cultural insoportable; aportan a todos los aspectos de la vida: a la vivienda, la comida, la música, los ritmos, los colores, la salubridad, la vestimenta, los rituales, las fiestas, los instrumentos musicales, los conocimientos tecnológicos y ecológicos, los instrumentos de trabajo. La interculturalidad no debe significar la desaparición de una cultura, más bien coadyuva al enriquecimiento mutuo entre las diferentes culturas.
Si hablamos de la historia de los pueblos indígenas tenemos que admitir que no son conocidas o que directamente se la niega. Es el caso de la historia del pueblo quechua/quichua que ha sido borrada de la Historia Universal, y que ha pasado a ser utilizada simplemente para alargar las historias de las naciones dominantes y los proyectos de la Historia oficial. Los indígenas no pueden estudiar su historia en ningún manual de colegios e institutos.
Hay un estancamiento en la elaboración teórico conceptual de la problemática de pueblos y nacionalidades. Es muy posible que algún teórico se niegue a otorgar a los pueblos indígenas la categoría de nacionalidades. Es un aspecto discutible por ahora. Sin embargo, se debería utilizar categorías que permitan entender la relación de los pueblos y nacionalidades indígenas con el Estado, con la nación ecuatoriana y el Estado-nación establecido en el país. Hay que diferenciar con precisión los conceptos de ciudadanía y nacionalidad.
El problema nacional no es lo mismo que la cuestión de las clases sociales. Sin embargo, mantienen una correlación. La lucha de clases en el país no es lo único que muestra el desequilibrio social. La Constitución del Ecuador establece que el Estado ecuatoriano es plurinacional, pero nada se hace para convertir lo escrito en práctica social.
No se reconocen las autonomías de hecho (comunidades) ni las de derecho (Educación Intercultural Bilingüe, organizaciones políticas). El Estado Plurinacional no significa que se quiera dividir el país; de lo que se trata es de democratizar el Estado. Las instituciones que se establezcan para defender a los pueblos y nacionalidades indígenas deben expresar su especificidad, pero también deben ser abiertas para dar cabida a los que quieran compartir y vivir otras vidas y otras experiencias.
2016-04-20
* Filóloga
