Por Adriana Rodríguez Caguana*
Hace un año, en octubre de 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) volvió a ser protagonista de un levantamiento popular que estremeció las estructuras coloniales de un país que, a pesar de ser “plurinacional e intercultural”, continúa mostrando sus estructuras racistas.
El motivo del levantamiento: el decreto 883 que eliminaba los subsidios y como consecuencia subían los precios de los combustibles afectando, principalmente, a la calidad de vida de los sectores más empobrecidos del país. Después de varios días de lucha en las calles y la violencia policial que dejó 11 muertos, decenas de heridos y cientos de detenciones ilegales, la inmensa presión popular obligó al gobierno a abrir un “diálogo”, mientras el país se incendiaba. En Octubre 2019 vimos cómo la dirigencia con razones lógicas y sencillas explicaba de qué manera la subida de los combustibles deterioraba a la economía familiar y comunitaria. La economía justa es el motor de los derechos, porque la dignidad está compuesta sobre todo de materialidad.
El levantamiento no fue solamente indígena, tuvo el respaldo de los sectores populares urbanos, especialmente de la ciudad de Quito, y la comunidad universitaria pública. Estudiantes y docentes se organizaron para proveer alimentos, vestidos y ropa a las familias que habían llegado de diversas zonas del país, que buscaron construir solidaridad a partir de una historia de empatía radical con las necesidades compartidas. La universidad latinoamericana, desde la reforma de Córdoba en 1918, sabe que la mediocridad se construye y desarrolla a lado de la irracionalidad opresora. La verdadera educación de calidad es la que toma todos los aprendizajes y técnicas para construir sociedades justas y, por lo tanto, más libres. La chispa de Córdoba se pudo apreciar en los días del levantamiento. Los estudiantes médicos, educadores, abogados, artistas y demás profesionales o en formación, estuvieron en la retaguardia del gran levantamiento popular.
No olvidaremos las manos entrelazadas de los médicos, mientras hacían frente a los policías y militares en un acto humanitario que clamaba por el derecho a la vida; a los cientos de jóvenes abogados haciendo fila en las unidades de flagrancia para pedir Habeas Corpus; a las jóvenes profesoras y artistas improvisando lugares lúdicos para los más pequeños que acompañaban a sus padres en la insurrección. El movimiento feminista también estuvo en el levantamiento acompañando a las mujeres indígenas, con la marcha firme y las banderas moradas en alto. Este movimiento aborrece al poder patriarcal-capitalista, incluso a aquellas mujeres que están al servicio del sistema de forma vergonzosa, encabezando la represión. Tampoco se olvida a los jóvenes estudiantes del levantamiento, quienes se ponían banderas nacionales como capas y las antenas de DirecTV como escudos. Y es que, tal como dice el manifiesto Liminar, “La juventud vive siempre en trance de heroísmo”. La chispa de octubre encendió la mecha en otros países como Chile, donde fue común ver pancartas que decían “Gracias Ecuador”, donde, en nombre del supuesto crecimiento económico, se condenó a varias generaciones al estancamiento social, producto de un modelo impuesto por la dictadura; por tal motivo, Chile se encamina a cambiar su Constitución. Ecuador, por el contrario, tiene una Constitución de avanzada que reconoce derechos sociales; sin embargo, estos se encuentran en un estado de constante vulnerabilidad por un sistema político que solo logra concretar una democracia de bajísima intensidad.
Si algo hemos aprendido de todos estos levantamientos, es que para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales no basta con accionar las garantías jurisdiccionales. Si la gente sale y se toma las calles es precisamente porque no está funcionando la justiciabilidad de estos derechos. En otras palabras, los levantamientos sirven para evidenciar que los derechos deben garantizarse también desde la legitimidad social que no es precisamente la formal. Como sostiene el jurista italiano Gustavo Zagrebelsky, “Las Cartas constitucionales son, sí, una garantía, pero no la última, sólo la penúltima.” La última son, en este sentido, las calles. Por eso, cuando se dictó el primer estado de excepción en octubre, que a todas luces fue de carácter preventivo, no se estaba protegiendo la estabilidad del Estado, sino la de un gobierno desacreditado, que intentaba implementar medidas que la mayoría de la población consideraba como lesivas a sus intereses. Cuando se confunde al Estado con el gobierno, la institucionalidad y la democracia fallan y, por lo tanto, los derechos se colocan en grave peligro.
En escenarios como estos, la justicia constitucional debe preguntarse cuál es su rol al momento de interpretar el alcance de las normas constitucionales con respecto a las decisiones económicas que afectan derechos. ¿Acaso la Constitución debe ser solo analizada como el texto que regula instituciones? Las constituciones contemporáneas coinciden con lo que el jurista colombiano , Rodrigo Uprimny, sostiene: “la política económica tiene restricciones normativas” y estas restricciones son posibles, como lo señala el autor, gracias a la valoración de los principios en la ponderación de derechos.
Gracias a este ejercicio, la Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia C-122 de 1998 no solo limitó el alcance de la declaratoria de emergencia económica, sino que además estableció que los recursos deben dirigirse a los sectores realmente afectados por la crisis financiera. Lamentablemente, este tipo de justicia constitucional no ha existido en Ecuador en lo posterior al levantamiento de octubre. Ahora, con la crisis profundizada por la pandemia parecería que el peso de la crisis recae sobre el común de la población y se ha impuesto en un horizonte en el que no media un criterio de justicia social. Hace poco me enteré que la Corte Suprema de la India decidió incluso tomar algunas cartas recibidas de los sectores más vulnerables del enorme país como demandas, olvidándose de formalidades, porque la justicia necesita también de sensibilidad y creatividad para proteger los derechos constitucionales. Afortunadamente, el ejercicio de los derechos no pasa solo por las cortes, sino en la acción de quiénes los garantizan cotidianamente en sus luchas.
Es así que el levantamiento de octubre nos demuestra, como dice el pensador brasileño Lyra Filho, que los derechos también están en la calle. Al cumplirse un año del estallido ¿las decisiones de la Corte Constitucional han estado a la altura de las demandas de una población golpeada por la pandemia y por modelos económicos autoritarios que pugnan diariamente por la regresión de los derechos sociales? Será la historia quien lo juzgue.
“Las Cartas constitucionales son, sí, una garantía, pero no la última, sólo la penúltima.”
–Gustavo Zagrebelsky
*Abogada de derechos humanos.
Fotografías: Radio La Calle.
