Por Mario Unda
Uno de los signos de estos tiempos es la guerra contra el trabajo. Y, la epidemia, con su secuela de temor, ansiedad y desesperación, les vino “como anillo al dedo” (la frase es de un alto funcionario gubernamental) para lanzar sobre las clases laboriosas los golpes salvajes y despiadados que la resistencia popular contuvo desde 1981.
Los decretos emitidos por el Ministerio del Trabajo durante esta emergencia sanitaria y el corazón de la nueva Carta de Esclavitud (Ley de “Apoyo Humanitario”) pretendieron justificarse con el argumento de “defender el empleo”. Pero el resultado en dos meses y unos días han sido suficientes para determinar que arrojaron sobre las clases trabajadoras una virulenta epidemia de precarización.
El 6 de mayo, el Ministerio del Trabajo hablaba de 66.400 “desvinculaciones”, pero para el 29 de mayo, el ministro Luis Poveda reconocían “132.125 contratos individuales de trabajo que se han dado por terminado”. Según ésta cartera de Estado, en el sector privado: 9.174 corresponden a despido intempestivo; 12.891 a “la causal 6ta. del artículo 169” (caso fortuito o fuerza mayor) que no genera ninguna indemnización, “ni siquiera la bonificación por desahucio”; 73.904 por “acuerdo de las partes”, y por “otras causas” los restantes 36.156. En el sector público, habría 3.000 “contratos ocasionales” que se han dado por terminado. Sin embargo, en el IESS se registran 150.000 “desafiliaciones”.
En muchos de estos despidos, los trabajadores han salido con las manos casi vacías o vacías del todo: un obrero con 10 años de trabajo recibió 288 dólares; otro, con 20 años de trabajo salió con 400 dólares; un trabajador de una florícola fue despedido alegando “fuerza mayor” y recibió una liquidación de ¡22 centavos!
Además, 591.867 trabajadores han sido “suspendidos” y otros 222.666 sufrieron la reducción de la jornada laboral y el salario en proporciones diversas. Entre despedidos, suspendidos y quienes sufrieron el recorte de horas y salarios ya son cerca de un millón de trabajadores afectados por diversas modalidades de precarización en estas semanas de cuarentena.
De acuerdo con datos el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a diciembre de 2019, eran 8 millones de personas las que formaban la población económicamente activa; de ellos, 7.787.896 tenían empleo (y esto incluye no sólo a los trabajadores “formales”, sino a quienes trabajan en distintas formas de subempleo e informalidad). Y, de ellos, el empleo pleno cubría a 3.146.297 hombres y mujeres. De manera que, a estas alturas, podría ser que 1 de cada tres o cuatro trabajadores que hasta febrero tenían “empleo pleno” se hayan convertido en nuevos precarizados.
Las condiciones de trabajo ya venían deteriorándose desde algunos años atrás. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo asalariado en el Ecuador era el 57,1% del empleo total en 2014, para empezar en seguida una carrera cuesta abajo: 55,2% en 2015; 51,5% en 2016; 50,1% en 2018 y 50,3% en 2019, una leve recuperación que ahora con toda seguridad se perdió totalmente. Concomitantemente, las cifras del INEC muestran que el pleno empleo cayó de 40,6% a 38,8%, entre diciembre de 2018 a diciembre de 2019.
Otro dato nos muestra las transformaciones que podrían estar ocurriendo en el mundo del trabajo: 420.131 personas, 133.420 en el sector privado y 286.401 en el sector público, pasaron a un régimen de teletrabajo emergente. Probablemente una buena parte de ellas pertenezcan a sectores medios que están experimentando las características de nuevas esclavitudes asalariadas: intensificación del trabajo, extensión del horario laboral sin pago de horas extras (podrán estar hasta 12 horas continuas conectados, dice el reglamento recién aprobado), viendo reducido su salario por los gastos en equipos propios y pago de luz y servicio de Internet. Y con una gran pérdida de libertad y autonomía, pues la presión del trabajo termina diluyendo la división entre tiempo de trabajo y tiempo de vida.
¡Esto no es todo! El propio gobierno anunció que otras 400.000 personas perderían su trabajo en los próximos meses, cuando se ingrese a la “nueva normalidad”; así que hay el peligro inminente de que hasta un 45% de los trabajadores “formales” queden convertidos en trabajadores formalmente informalizados. ¡Casi 1 de cada 2!
Y este es el verdadero resultado de la violencia desatada contra el pueblo por los grandes empresarios y por el gobierno que dócilmente se ha puesto al servicio de sus apetitos insaciables.
¡Déspotas! ¡Miserables!
El 6 de mayo, el Ministerio del Trabajo hablaba de 66.400 “desvinculaciones”, para el 29 de mayo, se reconocían “132.125 contratos individuales de trabajo que se han dado por terminado”.
