06 de julio 2016
La situación social y política en México va deteriorándose y agudiza las contradicciones internas de todo tipo. Para su edición del 5 de junio, la revista Proceso contabilizaba “256 conflictos sociales irresueltos en el país, que van desde guerrillas hasta protestas mineras, de guardias comunitarias a paramilitares, de movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas”. Señalaba además que el gobierno de Peña Nieto “legitimó el uso de la represión, buena parte de la violencia en los conflictos sociales proviene del gobierno, las ‘reformas’ del peñanietismo detonaron 52 movimientos de repulsa y las detenciones de opositores se duplicaron”.
La criminalización de la protesta social tiene distintas facetas represivas, incluyendo la violencia selectiva contra dirigentes o miembros de organizaciones sociales: amenazas, hostigamiento, agresión, asesinatos, prisión, desaparición y asesinatos. Pero esto no logra frenar el recrudecimiento de las luchas populares que hoy tienen el punto más alto de confluencia en las acciones del magisterio mexicano que se opone a la “reforma educativa” del gobierno.
La organización que encabeza las protestas es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación – CNTE- . La Coordinadora es una alianza independiente que nació el 17 de diciembre de 1979 con el propósito de recuperar la autonomía de la organización de los educadores, pues la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue cooptada por el PRI, partido que mantuvo el gobierno por 69 años seguidos y lo tiene hoy nuevamente. Desde entonces, la dirección del SNTE ha sido señalada como un ejemplo de la corrupción política en México.
“Los contingentes que participan en la Coordinadora, han mantenido vigente el proyecto original por la democratización sindical y la preservación de la escuela pública mexicana; han trabado alianzas naturales en cientos de comunidades con los pueblos y sus organizaciones, lo que ha permitido en diversos momentos coyunturales la protesta masiva y la capacidad de convocatoria y negociación que hoy por hoy la caracterizan.”[1]
La lucha contra los agentes del Estado que tienen la dirección del SNTE, no ha sido fácil. Un caso simbólico es el de Elba Ester Gordillo que, como resultado de las pugnas de poder, hoy se encuentra presa por actos de corrupción y forjar una red financiera de lavado de dinero, que le permitieron entre otras cosas un gasto personal de más de 2 millones de dólares en un almacén de ropa lujosa de Estados Unidos. Los maestros de la CNTE la cuestionaron por el manejo de sus influencias políticas en el PRI, manejo de cargos heredados y venta de plazas en el magisterio, contar con un número superior a los 100 mil servidores que no daban clase pero tenían nombramiento oficial, extorsionar a dirigentes y funcionarios, tomar parte en desapariciones y asesinatos de opositores. Su red estaría viva y controlando el Sindicato que vergonzosamente apoya la reforma del gobierno y que, indirectamente, culpa a los manifestantes de la masacre en Oaxaca.
La oposición a la “reforma” educativa
En 2013 el grupo empresarial que se dio el nombre de “Mexicanos Primero” junto al gobierno lanzaron una fuerte campaña para explicar la reforma que fue aprobada como Ley en el Congreso gracias al “Pacto por México” de los grandes partidos. Como suele pasar, los spots responsabilizaban a los maestros por los problemas educativos y, con imágenes idílicas de escuelas y niños felices, planteaban que la reforma “eleva la calidad educativa y respeta los derechos de los maestros”.
Semejante ofrecimiento no tenía nada que ver con la realidad. Estudiosos, rectores de las principales universidades y la CNTE denunciaron que no solo se aprobó una reforma sin ninguna participación de maestros, estudiantes y padres de familia, sino que la misma se centra en la forma de contratación a los educadores y su evaluación para expulsar a los que no cumplan las decisiones impuestas por el Estado. Es una reforma laboral y administrativa a la que no le cabe el nombre de educativa.
Mucho es lo que no se dice: cuál es el proyecto educativo explícito, cuál es el modelo pedagógico, como se resolverán los problemas del sector, como se reducirán las grandes brechas educativas regionales y de clase social. Luis Hernández Navarro resume el contenido fundamental de la Reforma: “De manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a las escuelas con estímulos económicos, si los resultados son buenos, o castigarlos con el despido, si son malos.”[2]
Para cualquiera que tenga algún acercamiento al mundo de la educación, es fácil comprender que la evaluación de los docentes, aunque necesaria si se la hace con espíritu democrático, no puede ser el único factor de mejora de un sistema educativo y que, cuando los fines de esa evaluación son “ajustar la nómina” con despidos y castigar a los sectores críticos, solo puede empeorar las cosas.
La “reforma” es rechazada porque eliminaría derechos de los docentes consagrados en la Ley Federal del Trabajo, desaparece el escalafón, la inmovilidad del centro de trabajo, del nombramiento definitivo, para dar paso a la flexibilización laboral, permitir que cualquier profesional ingrese a enseñar y con ello se plantea que no se requieren los normales, que han estado bajo ataque por años siendo ese ataque parte del contexto que explica la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Si hay una idea de educación, esta se concentra “en el modelo escuela-empresa, se pretende que la educación constituya a los sujetos-cosa, a los sujetos homogenizados, automatizados, estandarizados que demanda la división internacional del trabajo, producto de la sociedad global que promueve una uniformización del trabajo, de la cultura, de los valores y de los procesos formativos”.[3]
La represión y la lucha continúan
Para imponer esta reforma hay el agravante de que se están violando derechos de reunión, organización y expresión del pensamiento, incluyéndose los impedimentos a la movilización de los maestros en el territorio mexicano, el desalojo de plantones y la violencia represiva. Múltiples son los dirigentes presos, destacándose casos como: los 25 militantes del Frente Popular Revolucionario de Oaxaca que fueron detenidos hace un año en momentos en que se dirigían a participar en una marcha convocada por la CNTE; los 4 dirigentes de la sección 22 del sindicato, que estarían prácticamente incomunicados y que fueron trasladados lejos de su hogar de residencia al penal de alta seguridad de Hermosillo; los dirigentes del magisterio de Oaxaca Nuñez Ginéz y Villalobos, detenidos este junio.
Desde el 15 de mayo que se inició el paro, el Secretario de Educación Aurelio Nuño señaló que contaba con 26 mil maestros para reemplazar a los huelguistas y a los que no se presenten a las evaluaciones. Más de 3.360 procesos de despidos han sido iniciados, pero todo empeora la crisis educativa. Por otro lado, la sociedad va ampliando su solidaridad a los maestros, que son aplaudidos por estudiantes y padres de familia. El debate abierto por la CNTE sobre una educación alternativa continúa y hay que resaltar que al menos en tres Estados tiene propuestas educativas integrales que se aplican en las aulas.
El evento más grave se presentó el 19 de junio, cuando se disparó contra los manifestantes en la población de Nochixtlán, Oaxaca. Los responsables pertenecerían a la Gendarmería, un cuerpo de seguridad creado en esta presidencia y la responsabilidad enloda también al gobernador del Estado, Gabino Cué, perteneciente al PRD, un partido que se autodefine como progresista[4]. Los muertos, son personas de distintas organizaciones o simplemente gente del pueblo que apoyaba a los maestros en la lucha.
Multitudinarios reclamos tras los acontecimientos de Nochixtlán han llevado al gobierno a abrir las puertas al diálogo que ha sido solicitado a lo largo de estos años y a reconocer a la CNTE como legítimos interlocutores. Pero es un dialogo con una condición inadmisible: aceptar la reforma “porque es una Ley”, a lo cual se responde que las leyes también se cambian o derogan. Mientras tanto, las acciones de calle continúan y crecen al menos en nueve Estados de la República Mexicana.
El conflicto del magisterio se ha convertido en el punto central de la conflictividad social. Las posibilidades de una huelga política general están planteadas. Allí se está dando una batalla importante contra el neoliberalismo en educación y por propuestas alternativas construidas desde las comunidades y pueblos.
NOTAS
[1] Leyva Galicia, Mario (2006). La CNTE: 27 años de lucha democrática. Trabajadores Nº57, revista de la Universidad Obrera, septiembre-octubre., 2006. México, D.F.
[2] Hernández Navarro, Luis (2013). Las mentiras sobre la reforma educativa. La Jornada, 15 de enero de 2013.
[3] Consejo de Lucha de los Trabajadores de la Educación del Valle de México (2016). Análisis de la política educativa del Estado. Diálogo Nacional de Educación.18 de junio de 2016.
[4] El Partido de la Revolución Democrática PRD es miembro del Foro de Sao Paulo y ha sido invitado al encuentro progresista organizado en Ecuador por las fuerzas del gobierno. Sus objetivos antineoliberales han sido abandonados y por ello la salida de diferentes sectores de sus filas. En 2012 firmaron con la extrema derecha del PAN, y con el PRI un “Pacto por México” para el fortalecimiento del Estado. La Reforma Educativa es un resultado de este Pacto. El alcalde del PRD en Ayotzinapa está acusado como parte de los responsables de la masacre y desaparición de los 43, entre otros crímenes de represión.
Foto: http://www.telemundo47.com
