PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO V/S EXTRACTIVISMO: ENTREVISTA A MARIO MELO

por Adriana Rodríguez Caguana

05 de Noviembre 2015

Es necesario que se dicten estándares para que los Estados respeten y protejan la vida de estos pueblos.

En la región amazónica ecuatoriana sobreviven los pueblos indígenas en aislamiento: Tagaeri y Taromenane, quienes han sido víctimas de constantes ataques y masacres por un sector de los Waoranis, otro pueblo de la Amazonía. Este último pueblo fue contactado por la organización evangélica estadounidense Instituto Lingüístico de Verano (ILV), durante los años sesentas,  poco antes de que iniciara la actividad petrolera en la Amazonía. En los últimos doce años el conflicto ha ido en aumento y se teme un etnocidio.

La extrema vulnerabilidad en la que se encuentran se debe a la ampliación de la frontera petrolera, situación que se ha agudizado después del 15 de agosto de 2013, fecha en la que el presidente del Ecuador, Rafael Correa, dio por finalizado el proyecto ITT-Yasuní. El mencionado proyecto contemplaba que los países más industrializados indemnizaran al Ecuador para evitar las actividades extractivas en una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo: Parque Nacional Yasuní.

Como respuesta a la disposición presidencial, sectores de la sociedad civil, ecologistas y movimiento indígena, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2006, el pasado 19 de octubre de este año se realizó la audiencia de fondo. Para comprender el caso, realizamos una entrevista al doctor Mario Melo, quien tiene una larga trayectoria de defensa de los pueblos indígenas amazónicos y es uno de los abogados peticionarios.

¿Cómo llegó el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Qué se espera de la Comisión IDH?

En realidad se trata de un caso que se inició en el 2006. Fue una petición presentada por un grupo de ciudadanos ecuatorianos, vinculados con la protección ambiental y los derechos de la naturaleza que estaban preocupados por la situación del Yasuní y de los pueblos en aislamientos. En ese momento uno de los hechos que más preocupaba era la masacre que se había cometido en contra de los pueblos en aislamiento en el año 2003 que dejó alrededor de 30 personas muertas. El trámite desde entonces ha tenido algunas demoras y algunas complicaciones. Paralelamente los peticionarios solicitaron medidas cautelares en favor de los pueblos en aislamiento que fueron dadas en el mismo año 2006. El Estado emprendió un plan de cumplimiento de las medidas cautelares en el año 2007, el cual ha venido funcionando hasta la presente fecha.

La CIDH realizó una audiencia la semana pasada para presentar pruebas y alegatos. En definitiva, el caso se refiere a la violación del derecho a la vida y a la integridad a los pueblos en aislamiento, así como sus derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a la tutela judicial efectiva. En los hechos, esto tiene que ver con una violación sistemática por parte del Estado de su deber de proteger la vida e integridad de estos pueblos. Esta falta ha llevado a que sean víctimas de varias masacres en los últimos diez años. En el 2003 hubo una en la zona de Cuchiyacudentro de la zona intangible de la provincia de Orellana. En el año 2006 se ha señalado que hubo otra masacre pero no se ha podido documentar. En el año 2013 se registró la última que ha sido judicializada y donde se presumen murieron alrededor de cuarenta personas. Frente a estos hechos de violencia no ha habido tutela judicial efectiva de los derechos por parte de la justicia ecuatoriana. No han habido sentencias que hayan sentado precedentes, que den orientación a la sociedad respecto de cómo tratar la violencia directa en contra de los pueblos en aislamiento. A esto se suma, por supuesto, la actividad petrolera, la industria maderera que ponen en peligro la vida y la integridad de estos pueblos.

Esperamos entonces que la Comisión se pronuncie y emita un informe de fondo donde establezca la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos de los pueblos en aislamiento y que dicte un conjunto de medidas de reparación; es decir, disponga que el Estado redoble los esfuerzos para proteger la vida e integridad de estos pueblos. Que haga cumplir las disposiciones constitucionales respecto de que no pueda haber actividad petrolera dentro de sus territorios como está sucediendo ahora. Si esto ocurre se reduciría la presión que hay sobre sus tierras, y por lo tanto habría más posibilidades para la paz y armonía interétnica entre los pueblos en conflicto.

¿Es cierto que el pueblo contactado waorani se encuentra dividido? Se dice que un sector apoya a los peticionarios y otro al Estado. Tengo entendido que la vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) está con ustedes mientras que el presidente está con el Estado.

Nosotros como abogados de los peticionarios solicitamos el testimonio de Alicia Cahuilla, quien es una dirigente histórica del pueblo y ha estado vinculada con el trabajo de las bases en la Asociación de Mujeres Waorani; además, proviene de la zona que está al borde de la zona intangible; es decir, comparte el territorio con los pueblos en aislamiento y conoce directamente, desde la cotidianidad, las relaciones entre los waoranis y los pueblos en aislamientos. La posición de Alicia ha sido muy clara en defensa de los territorios, de la cultural e integridad de los waoranis, los tagaeris y los taromenane.

Alicia fue clara ante la Comisión IDH al denunciar que la vida de los pueblos en aislamiento está en peligro, que no ha habido suficientes acciones y políticas públicas por parte del Estado ecuatoriano para prevenir efectivamente la violencia directa contra estos pueblos y que hay una situación de zozobra en la zona. Por otro lado, es cierto que el Estado solicitó el testimonio del señor Moi Enomenga quien es el presidente de la NAWE. Fue un testimonio importante en la medida que permitió ver la relación que tiene el Estado con la organización mediante la firma de convenios, entrega de recursos. Sin embargo, el señor Enomenga coincidió en que existe mucha presión en los pueblos en aislamiento y también dejó ver que hay un ambiente de violencia en la zona.

Quisiera decir algo más: un incidente preocupante ocurrió después de la audiencia ante la Comisión IDH, luego de las declaraciones, Alicia denunció que había recibido amenazas por parte del presidente Moi Enomenga. Estas amenazas en el contexto cultural amazónico son extremadamente graves. Esto nos llevó a pedir a la Comisión medidas cautelares que fueron otorgadas el lunes 26 de octubre. Esto muestra el nivel de violencia y vulnerabilidad que existe; además, no se puede permitir que un testigo sea intimidado, debemos garantizar su integridad para que el Sistema de Protección de Derechos Humanos no se debilite.

El Estado alega que la violencia es producto de un conflicto interétnico; es decir, que es un tema entre los pueblos indígenas de la zona ¿Qué tan cierto es esto?

El acervo probatorio, tanto los testimonios como los documentos que presentamos en el proceso, demuestra que hay un ambiente de violencia estructural ocasionado por los intereses económicos que están alrededor de los territorios de los pueblos en aislamientos. Se originan porque se cree que en esos territorios hay petróleo; entonces, siempre han sido ambicionados por la actividad petrolera y maderera. Sin lugar a dudas también hay conflictos étnicos entre diferentes pueblos, los waoranis, tagaeri y taromenane, pero movidos por la presión que ejerce la actividad petrolera en la zona. Aun así, si se tratara solo de una conflictividad interétnica, la obligación del Estado es ejercer tutela y garantía respecto de todos los derechos de los ecuatorianos, con mayor razón de los pueblos en aislamiento por su situación de vulnerabilidad. Entonces, el hecho que haya un elemento de conflicto interétnico no exime al Estado de su responsabilidad.

¿Quiere decir que es un caso que pondría límites al modelo extractivista? ¿Creen ustedes que es posible esto: revertir un modelo que se viene imponiendo desde los años setenta?

Mire, desde 1972 la actividad petrolera ha sido protagónica en la vida económica, social y política del Ecuador. A lo largo de los años, los gobiernos de turno han mantenido la política de priorizar la actividad petrolera sobre cualquier otro interés, incluso sobre los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Esa apuesta al extractivismo como la única posibilidad de crecimiento y desarrollo del Ecuador ha sido muy mala en todas las épocas: desde el fracaso del boom petrolero en los setenta, que llevó a un endeudamiento externo gigantesco por parte del Ecuador, hasta el pequeño boom que vivimos en la última década. Desde el 2007 hasta el 2014 logramos tener un precio de barril de cerca de 100 dólares, lo que permitió al Estado tener recursos suficientes para que pudiera invertir en otro tipo de desarrollo que apueste por la diversificación de la actividad económica. Todo lo contrario, la decisión que se tomó fue fatal: seguir insistiendo completamente en el modelo extractivista; incluso se habla de un eslogan, “salir del extractivismo profundizando el extractivismo”. Ha sido una decisión errónea. Entonces, por supuesto, si es que hay tantas esperanzas puestas en este modelo se entiende que se vea a los pueblos en aislamiento como un obstáculo para la libre circulación de la actividad petrolera en esos territorios. Por lo tanto, es entendible que no haya habido políticas eficaces, acordes a los derechos humanos. Ahora bien, este caso está visibilizando los límites del proyecto extractivista. No nos olvidemos que una de las decisiones más graves que se han tomado en los últimos años respecto de los territorios indígenas y de megadiversidad, fue la decisión de poner fin al Proyecto Yasuní ITT para explotar petróleo, lo cual afecta directamente a los pueblos en asilamiento, porque se ha establecido técnicamente que es una zona de ocupación y de tránsito de estos pueblos. Nuestro testigo, Eduardo Puchilingue, explicó como él, cuando fue coordinador del plan de medidas cautelares del Ministerio del Ambiente, diseñó algunos mapas en los que se señalaba presencia de estos pueblos en la zona del ITT. Estos mapas, según el testigo, fueron arbitrariamente cambiados para reubicar la posición geográfica de estos pueblos fuera del ITT para presentar un informe burdamente alterado a la Asamblea Nacional y viabilizar que autorice la explotación de ese proyecto.

Finalmente ¿Cómo contribuye este caso a la región, sobre todo en aquellos países donde existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como Brasil, Bolivia y Perú?

Este caso de llegar a la Corte IDH va a establecer precedentes muy importantes. La problemática de los pueblos en asilamiento de la región amazónica es extremadamente compleja. Se ha visto que poca respuesta judicial parte de los Estados para proteger la vida de estos pueblos. Actualmente este es el único caso que ha avanzado en la Comisión IDH. Es necesario que se dicten estándares para que los Estados respeten y protejan la vida de estos pueblos, cuya identidad está dada precisamente por la decisión del aislamiento. Sin lugar a dudas es un caso de gran importancia para los derechos humanos de los pueblos indígenas en la región.

Fuente: http://www.somoselmedio.org/blog/%C2%BFes-posible-limitar-al-extractivismo-en-la-amazon%C3%ADa-del-ecuador#sthash.MBD5b1uJ.dpuf

Foto: Daniel Clima