Redistribución o barbarie: ¿Del coronavirus a la ley de la selva?

Por Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro*

Ecuador ya vivía un estancamiento económico de más de cinco años, un empleo deteriorado y una deuda externa cuyo pago desangra de forma permanente al país.

Semejante escenario crítico se va transformando en una barbarie con la llegada del coronavirus (covid-19): cientos de familias devastadas por la muerte de algún familiar, cadáveres por doquier en Guayaquil, cientos de trabajadores de la salud contagiados, masivos despidos intempestivos, más y más empresas al borde de la quiebra, negocios informales en la debacle, y miles de personas que se debaten entre morirse de hambre o morirse de coronavirus al buscar el sustento diario en las calles.

En medio de ese caos, las expectativas son lúgubres: según estimaciones del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto ecuatoriano podría caer hasta en 7% para 2020, a la vez que según declaraciones del ministerio de economía habría una reducción de 2.800 millones de dólares en los ingresos petroleros y de 1.800 millones en los ingresos tributarios. En respuesta, el gobierno de Lenín Moreno –que hecho gala de insensibilidad y desorientación– ha presentado de manera fragmentada una serie de medidas económicas (tanto desde la presidencia como desde el ministerio de economía), entre las cuales se puede destacar:

• Renegociación de la deuda externa y más financiamiento: Se aspira aplazar los pagos de intereses de la deuda con bonos y liberar 811 millones de dólares hasta agosto. A esta renegociación se agregarían casi 581 millones de créditos con organismos multilaterales (adicionales a las líneas de crédito que el país ya había negociado a través del acuerdo alcanzado con el FMI en 2019), a más de otras fuentes de financiamiento (p.ej. China) que estarían en negociación. De tales financiamientos, se esperaría que entre abril y mayo lleguen al país unos 3 mil millones de dólares.
• Contribución sobre ingresos de personas naturales en empleo privado: Se aplica una tasa progresiva sobre los ingresos mensuales de personas naturales (tanto trabajadores públicos como privados y cuentapropistas) superiores a 500 dólares al mes. La medida duraría 9 meses, esperando obtener alrededor de 600 millones de dólares.
• Contribución sobre salarios de empleados públicos: Para los funcionarios públicos que obtengan menos de 1.000 dólares mensuales se aplica las mismas tasas de contribución que en el sector privado; para funcionarios que obtengan más de 1.000 dólares, se aplica una contribución del 10% del sueldo. Tales reducciones se aplicarían por un año y generarían 250 millones de dólares de ahorro. A su vez, se reducen en 50% los sueldos de los altos funcionarios del gobierno, con lo cual se aspira a ahorrar unos 50 millones de dólares. Se excluye de este aporte a los sectores de salud, educación, fuerzas armadas y policía.
• Contribución sobre ganancias de grandes sociedades: Se aplica una tasa de 5% sobre las utilidades de aquellas empresas que hayan obtenido utilidades en 2019 que superen al millón de dólares (contribución a pagarse en tres cuotas), buscando obtener 500 millones de dólares. Cabe considerar que esta contribución cargaría a 0,9% del total de empresas (aproximadamente 1.474 de 119.789 empresas), incluyendo a supermercados, farmacias, telecomunicaciones, sistema financiero, y se excluirían a sectores altamente afectados por la crisis.
• Financiamiento y fortalecimiento de liquidez: De los recursos obtenidos por contribuciones, alrededor de 300 millones de dólares se usarían como garantía para otorgar créditos a empresas que presenten problemas de liquidez.
• Bono de protección social: Se empezó con la entrega de un bono de 60 dólares a 400 mil familias con un presupuesto de 50 millones de dólares; el objetivo sería llegar a un millón de familias con un presupuesto de 150 millones financiado desde el Estado, y llegar a otro millón de familias con los recursos obtenidos de las contribuciones antes mencionadas.
• Creación de un régimen especial de acuerdos: Se propone instrumentar un régimen temporal donde los acuerdos privados reemplazarían a las actuales disposiciones legales en temas como negociaciones entre empresas y trabajadores, arrendatarios e inquilinos, deudores y acreedores.
• Otras reformas laborales: Aquí se podría incluir el establecimiento de nuevas modalidades de trabajo, reformas en el manejo de vacaciones, jornadas laborales reducidas con una respectiva reducción proporcional en el salario, y similares.
• Medidas varias: Incluyendo modificaciones legales para que ninguna persona quede en la calle por retraso en pago de arriendos; aumento de la cobertura de salud del IESS a desempleados; ampliación de la cobertura del seguro de desempleo; otorgamiento de créditos de liquidez para empresas; prorrogas de pago de impuestos al IVA y al IR; diferimiento de pago de servicios básicos; potenciales nuevos ajustes a los subsidios de los combustibles; prorrogas de aportes voluntarios al IESS; aplazamiento aporte patronal; entre otras.

Sobre la renegociación de la deuda externa, remitiéndonos a las experiencias acumuladas, no se augura ninguna mejora sustantiva si las reglas de los acreedores terminan siendo aceptadas pasivamente por el país. De ser ese el escenario, los alivios que se podrían obtener serán pasajeros: se obtendría liquidez por unos meses, pero el Ecuador mantendrá la senda del ajuste fondomonetarista, con una inserción cada vez más profunda en el mercado mundial como país exportador de materias primas en un mercado mundial cada vez más incierto. Bajo tales circunstancias, será muy difícil – o hasta imposible – superar esa tendencia perversa de alcanzar mejoras de competitividad con una creciente flexibilización laboral y ambiental.

En cuando a la medida enfocada a pedir contribuciones a sociedades, a primera vista, hay un tono peculiar e incluso empieza a denotarse un –todavía lejano– potencial carácter redistributivo. Decimos esto pues, bien o mal, cabe reconocer que el gobierno al fin estaría aplicando políticas focalizadas que cargan algo de los costos de la crisis a los sectores de mayores ingresos. Cabe considerar que en 2019 solo 781 empresas obtuvieron más de un millón de dólares de utilidades; es decir, la afectación se daría sobre un número limitado de empresas. De todas maneras, el aporte del 5% de las utilidades no resulta una cantidad que se compadezca con el lucro acumulado en los últimos años sobre todo de las más grandes empresas del país. Apenas como ejemplo, en 2018 (último dato disponible) apenas 14 empresas obtuvieron más de 2 mil millones de dólares en utilidades brutas (destacando Corporación Favorita, Claro, Andes Petroleum, Cervecería Nacional, Schlumberger, entre otras). Gran parte de estas empresas pertenecen a importantes grupos económicos sobre los cuales podría exigirse una mayor contribución, más aún al considerar casos como las telefónicas (p.ej. Claro) que han registrado beneficios superiores al 90% (noventa por ciento) al año sobre su patrimonio.

“Sobre la renegociación de la deuda externa, remitiéndonos a las experiencias acumuladas, no se augura ninguna mejora sustantiva si las reglas de los acreedores terminan siendo aceptadas pasivamente por el país. De ser ese el escenario, los alivios que se podrían obtener serán pasajeros: se obtendría liquidez por unos meses, pero el Ecuador mantendrá la senda del ajuste fondomonetarista, con una inserción cada vez más profunda en el mercado mundial como país exportador de materias primas en un mercado mundial cada vez más incierto”.

También cabría exigir una mayor contribución por parte de la banca, recordando que entre 2007-2016 dicho sector obtuvo 2.820 millones de dólares en utilidades. Para colmo, en los últimos años la banca ha seguido lucrando como nunca, incluso en medio de una economía en crisis, al punto de obtener 1.566 millones de dólares en utilidades entre 2017-2019. Ante semejante edad dorada de la banca, la contribución de 5% de utilidades se queda corta. Así, tanto para la banca, como para los grandes grupos económicos, debería superar la tasa propuesta por el gobierno e incluso cabría pensar en aplicar otras tasas, en especial sobre el patrimonio, sobre recursos en el exterior, y similares. Asimismo, se deberá exigir que empresas y bancos no puedan usar las contribuciones, ni ningún otro tipo de donaciones (muchas cargadas de propaganda y marketing), como mecanismos para descontar el pago de tributos tales como el impuesto a la renta (cuya recaudación sin duda sufrirá un duro golpe a causa de la paralización económica asociada al “distanciamiento social” en tiempos de pandemia). A su vez, en el caso de empresas que no dispongan de liquidez y no puedan traer recursos del exterior, se podría pensar en medidas tales como el uso de subsidios en bonos, dinero electrónico u otros mecanismos que ameritan una discusión más amplia.

Respecto a la contribución que se aplicaría sobre los ingresos de personas naturales, tanto para empleados privados como públicos, es necesario hacer algunas puntualizaciones:

• Según información de las encuestas de empleo del INEC para diciembre de 2019, solo 2 millones de personas alcanzaron un ingreso laboral mayor a 500 dólares al mes (alrededor de 25% de todos los trabajadores del país), mientras que apenas 524 mil personas obtuvieron un ingreso mayor a 1.000 dólares mensuales (alrededor de 6,5% de todos los trabajadores).
• Según la misma información del INEC, el ingreso laboral promedio de los empleados públicos llegó a casi 1.015 dólares mensuales, mientras que los empleados privados obtuvieron unos 565 dólares, los cuentapropistas llegaron a 308 dólares y los jornaleros o peones apenas a 286 dólares mensuales.
• Según las tasas de contribución planteada por el gobierno, quienes obtengan ingresos laborales menores a 1.000 dólares mensuales contribuirían con menos de 20 dólares al mes por nueve meses. Dicho en otras palabras, las contribuciones mayores a 20 dólares al mes en el caso de trabajadores privados, y la contribución del 10% del sueldo en el caso de empleados públicos, recaen en menos de 600 mil trabajadores.

Teniendo en mente estos detalles, por un lado, llama molesta que el gobierno aspire a obtener más recursos de contribuciones de personas naturales (posiblemente unos 900 millones de dólares) que de sociedades (500 millones), cuando sería más entendible lo contrario, sobre todo recordando cómo un puñado de empresas y bancos han alcanzado utilidades millonarias aún en tiempos de crisis. Por otro lado, sobre las contribuciones de las personas naturales, es necesario refinar la medida, sobre todo: (i) exonerando a grupos vulnerables que enfrenten calamidades domésticas u otros gastos excepcionales y para quienes la medida pueda deteriorar su calidad de vida; (ii) suavizando la medida en el caso de trabajadores que sean el único sostén del hogar, hasta en un determinado monto; (iii) eximiendo la medida a aquellos trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia.

A estas opciones se podría incluir reformas más profundas. Por ejemplo, se podría pensar en pagar con dinero electrónico a todos los servidores públicos que ganen más de 1.500 dólares al mes; dicho dinero electrónico podría usarse para comprar – con descuento – combustibles, electricidad y otros servicios públicos, así como para pagar tasas impositivas más bajas (con la condición de que dicho dinero no sea inmediatamente convertible a dólares físicos).

Aquí también cabe una breve reflexión adicional. Se podría pensar, a priori, que las contribuciones personales podrían contraer la demanda agregada al reducir el consumo de los hogares. Sin embargo, se entiende que las contribuciones van a financiar al gasto en salud, lo cual, de cierta forma, expande la demanda agregada. Si bien no se puede conocer el resultado de ambos efectos, también se debe tomar en cuenta que en muchos casos la propia actividad económica limitada por el “distanciamiento social” –y la incertidumbre de la crisis– lleva a que muchos sectores de ingresos medios y altos saquen de circulación el dinero y lo atesoren. En dicho caso, la recaudación de contribuciones para financiar los gastos en salud hasta podría dar un ligero impulso a la demanda agregada. Ya este tema abre las puertas para repensar la dinámica económica tanto en tiempos de pandemia como en el futuro cercano.

En resumen, las medidas de contribución de personas y sociedades muestran una perspectiva distinta a otras propuestas económicas del morenismo. Sin embargo, existe una deficiencia grave pues el gobierno de Moreno ha propuesta que los fondos recaudados de dichas medias financien un fideicomiso que no sería administrado por el Estado, sino por ocho “representantes de la sociedad civil”. Este es un punto inaceptable, pues básicamente el morenismo da a entender que el gobierno no tendría las capacidades para garantizar que los potenciales recursos por obtener (más de mil millones de dólares) puedan manejarse de forma eficiente y, sobre todo, sin ser víctimas de una potencial corrupción estatal: ¿tanto desconfía el gobierno de sí mismo (cual trastorno psiquiátrico), o es que hay presiones de grupos privados que anhelan tomarse el nombre de la sociedad civil para aplicar una discrecionalidad privada al manejo de recursos obtenidos vía mecanismos estatales?

Si realmente se desea que los recursos que se lleguen a obtener de las contribuciones de personas naturales y sociedades se usen de forma transparente y “evitar” la corrupción, lo que se podría hacer es constituir adecuadas veedurías ciudadanas. Es más, se podría pedir a la Comisión Nacional Anticorrupción que coordine dichas veedurías, quizás con soportes internacionales especializados en el tema. Y la ejecución de los diversos proyectos y tareas que se financiarían con los recursos recaudados podrían estar en manos de los gobiernos autónomos descentralizados en coordinación con especialistas que conozcan las particularidades de los sistemas de salud y alimentación de cada territorio, por ejemplo.

Pero si la cuestión de la transparencia en el manejo de los fondos obtenidos por contribuciones es crítica, hay una propuesta cuya gravedad es todavía mayor: el posible reemplazo del marco jurídico actualmente vigente por un régimen especial de acuerdos privados para negociaciones, sobre todo entre empleadores y empleados. Tal medida es un claro intento de dar paso a un período de flexibilización económica extrema, sobre todo en las relaciones laborales. Los “acuerdos privados” en una sociedad desigual, y en tiempos caóticos e inciertos, permiten que básicamente impere la “ley de la selva”: los más poderosos podrán imponer sus condiciones a los más débiles, quienes muy posiblemente tenderán a aceptarlas con tal de no caer en el drama del desempleo en tiempos de pandemia. A la par de la flexibilización laboral vendrá la flexibilización ambiental con el fin -dirán- de reactivar la economía y volver competitivo al aparto productivo. De todas las medidas, una propuesta de semejante perversión simplemente es inaceptable.

Hay cientos de personas que están muriendo… muchas por culpa del coronavirus, pero otras incluso por dolencias menos complejas que podrían ser tratadas de existir los recursos suficientes y las políticas adecuadas. Por ello, dejamos algunos elementos para la discusión: quizá es hora de admitir que, para evitar una tragedia mayor a la que ya vivimos, necesitamos no solo de la ayuda humanitaria internacional, sino que nos urge dar un golpe de timón en el manejo político que empiece por cobrar inmediatamente todos los impuestos pendientes, que suspenda el pago de la deuda externa, que desprivatice el sistema de salud, que avance hacia la socialización de la banca, que recupere para el Estado el manejo del dinero electrónico, que propugne una profunda transformación agraria, que concrete un aumento del impuesto a la herencia de las grandes fortunas, que se amplie el bono solidario a una vital básica… Y todo esto en clave de las necesarias transiciones post-extractivistas, que permitan que el país vaya superando la perversa dependencia que tiene de la producción primario-exportadora.

Esta es la oportunidad para que, sin minimizar el potencial de la ayuda internacional genuina y de una solidaridad sustentada en la justicia social, construyamos las bases para políticas redistributivas que vuelvan a nuestra sociedad menos desigual, incluso al momento de enfrentar a la propia muerte: redistribución o barbarie, así de contundente es la realidad en tiempos de pandemia.

“Si la cuestión de la transparencia en el manejo de los fondos obtenidos por contribuciones es crítica, hay una propuesta cuya gravedad es todavía mayor: el posible reemplazo del marco jurídico actualmente vigente por un régimen especial de acuerdos privados para negociaciones, sobre todo entre empleadores y empleados. Tal medida es un claro intento de dar paso a un período de flexibilización económica extrema, sobre todo en las relaciones laborales. Los “acuerdos privados” en una sociedad desigual, y en tiempos caóticos e inciertos, permiten que básicamente impere la “ley de la selva””.

*Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). 

 *John Cajas Guijarro. Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Doctorante en economía del desarrollo en FLACSO-Ecuador.

Fotografía: Referencial de Gerd Altmann / Pixabay.