Doctor
Alexis Mera Soler
SECRETARIO NACIONAL JURÍDICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
En su despacho.-
De mi consideración:
A nombre del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, le agradecemos por su respuesta a nuestra Carta Abierta del 13 de septiembre de este año, dirigida al señor Presidente de la República, donde expresábamos nuestras preocupaciones para el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de julio 2012, así como de la Décimo Primera Ronda de Licitación Petrolera que se quiere realizar en los territorios Amazónicos.
Durante su visita en el mes de abril de este año, conjuntamente con la Corte Interamericana, usted nos trajo la buena noticia de que por fin el Estado Ecuatoriano reconocía haber violado los derechos del pueblo de Sarayaku y que estaba dispuesto a reparar los daños causados.
Sin embargo, seguimos preocupados por lo que está haciendo el Gobierno en la Amazonia Centro-Sur. Desde hace unas semanas, funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos están ingresando a los pueblos y comunidades Kichwa, Shuar, Achuar, Sapara y de otras nacionalidades para socializar la nueva ronda petrolera que afecta directamente nuestros territorios.
Denominan esta socialización “consulta previa, libre e informada”, pero no es cierto:
No es previa porque los mismos funcionarios del Gobierno dicen que la decisión ya está tomada y que la licitación “va porque va”.
No es libre porque los pueblos y nacionalidades indígenas han dicho públicamente que no quieren que los funcionarios entren a su territorio para socializar. Pero los funcionarios entran de todos modos, a veces por la fuerza, a veces provocando división o poniendo a los dirigentes en contra de su propio pueblo.
Hasta han contratado jóvenes indígenas que viven en la ciudad para que entren a los territorios a socializar, para que en caso de rechazo, el pueblo descargue su ira en ellos y no en los funcionarios de los ministerios.
No es una consulta informada porque la realidad de los impactos negativos de una exploración y explotación petrolera nunca está realmente explicada. Nosotros y otros pueblos ya conocemos dolorosamente estos impactos que nunca mencionan los supuestos “socializadores” y “relacionadores comunitarios”.
La consulta solo se limita a ofrecer dinero y maravilla. En esas condiciones, la consulta no es de buena fe.
La sentencia de la Corte Interamericana que con tanto esfuerzo alcanzamos, dispone que el Estado debe realizar una consulta previa de buena fe “de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos”. También dice la Sentencia que se deben adoptar medidas necesarias para que se cumpla con el derecho a la consulta “para lo cual se debe asegurar la participación de las propias comunidades”.
Eso tampoco se ha cumplido puesto que las supuestas consultas que se están realizando se basan en el Decreto Ejecutivo 1247 que fue emitido sin que antes los pueblos y nacionalidades originarios lo hayamos conocido, ni discutido, ni hayamos consensuado con su contenido.
El Decreto 1247 no incorpora lo dispuesto por la Corte Interamericana porque fue expedido el 19 de julio de 2012, es decir antes de que le haya notificado al Estado y a nosotros el contenido de la Sentencia del Caso Sarayaku. Por lo tanto, ese Decreto debe ser derogado y se debe hacer otro, tal como manda la Corte Interamericana.
Mientras tanto, se deben suspender las consultas de la nueva ronda petrolera porque al hacerlas en las condiciones que hemos mencionado, se vuelven a violar los derechos de los pueblos indígenas, como que la sentencia de la Corte Interamericana no sirviera para nada.
Por otro lado, hasta la actualidad, no nos han informado cuándo van a empezar a retirar la tonelada y media de explosivos que la empresa petrolera dejó sembrados en nuestro territorio y que la Corte Interamericana ordenó al Estado que retire “inmediatamente” en el año 2005, orden que en la sentencia se ha vuelto a reiterar. Resulta contradictorio que, sin siquiera haber reparado los destrozos realizados por el anterior proyecto petrolero en nuestro territorio, con fecha 17 de octubre de 2012, un funcionario de la Secretaría de Hidrocarburos nos haga conocer que se va a incluir nuevamente nuestro territorio en el Bloque 74 de la nueva ronda petrolera Sur Oriente.[1]
Como le decíamos antes, estamos preocupados por este modo de actuar del Gobierno Nacional.
Nosotros somos un pueblo pacífico, defendemos nuestro territorio y nuestra cultura basado en los derechos humanos. Consideramos que el Estado debe reconocer el valor de nuestra lucha y hacer valer su palabra, cumpliendo con la sentencia dictada por el Corte IDH.
El sufrimiento que padecimos por una década, no se puede repetir ni para nosotros, ni para nuestros hermanos indígenas de la Amazonia.
Atentamente,
José Gualinga
TAYAK APU
PUEBLO ORIGINARIO KICHWA DE SARAYAKU
CC. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría de Hidrocarburos.
Opinión Pública Nacional e Internacional.
[1] Oficio No. 004-B74-SH-P-2012 dirigido por Ing. Edgar N. Martínez de la Secretaría de Hidrocarburos al Presidente de Sarayaku.
*24 octubre 2012
