Trabajo colaborativo entre La Línea de Fuego, Acapana, Radio Periférik y mutantia.ch
Hace años que el sistema de salud en Ecuador funciona cerca del colapso. Peor ahora con la pandemia del covid-19. Por eso hoy en la mañana salieron médicas, enfermeros y auxiliares para manifestar su descontento a nivel nacional. Lo que piden es un mínimo de protección contra el virus y un máximo de respeto por parte del gobierno y la sociedad civil.
Fue a inicios de marzo de 2019 que el gobierno de Lenín Moreno despidió a más de 2.500 trabajadores de la salud en todo el país. Casi un tercio afectó a la provincia de Guayas con su capital Guayaquil. Días después, los trabajadores viajaron con buses a Quito, se manifestaron frente al palacio del presidente y fueron reprimidos por los antimotines.
Un año y un par de días después, la fuerza pública está otra vez en la calle, pero esta vez en Guayaquil. Frente a la pandemia del covid-19, el sistema de salud de la ciudad costera colapsó y docenas de personas murieron en las calles. El Estado militarizó la zona y los barrios y avenidas fueron fumigados con amonio cuaternario. Detrás de las imágenes aterrorizadoras, hay un sistema de salud cuyo presupuesto ha sido recortado año tras año. Solo entre 2017 y 2019, las inversiones en salud pública bajaron a un tercio. Eso no solamente afectó a los hospitales y subcentros de salud de Guayaquil, sino a todo el Ecuador.
“Si a mí me pasa algo tal vez me sustituirán con otra enfermera, pero, ¿quién me va a sustituir como madre?”
Natalia Guevara, enfermera
Por eso, las médicas/os, las enfermeras/os y otros trabajadores de la salud se han manifestado varias veces, sobre todo en las redes. Y no es desde ahora. Pero claro: ahora, con el temor de contagiarse con el nuevo coronavirus, los viejos problemas se potencian. Pidieron que la gente se quede en casa para que el colapso del sistema de salud sea menos fuerte. Además, exigieron insumos como mascarillas, gafas o batas. Son elementos básicos para protegerse de un posible contagio pero que son insuficientes en varios lugares, aunque el gobierno diga que no. Por eso también el personal de salud del hospital Teófilo Dávila en Machala, provincia de El Oro, organizó a mediados de marzo un plantón en la calle exigiendo más seguridad. Y como si esto fuera poco, el viceministro de salud pública, Ernesto Carrasco, días después comunicó que el 43.8% de los infectados con covid-19 eran profesionales de salud, incluyendo personal administrativo. Lo caótico de la situación actual en el país demuestra el hecho de que su jefe, el nuevo ministro de salud, Juan Carlos Zevallos, horas después desmintió este dato. Ya no habló de 1.600 contagiados del personal de salud sino de 417. Los otros eran “sospechosos”.
Mientras tanto, el Colegio de Médicos del Guayas rechazó las declaraciones del ministro Zevallos que aseguró que los médicos se contagiaron del virus no en el trabajo, sino de forma comunitaria y fuera de los hospitales. Las autoridades, dice el comunicado, está tratando de “deslindar la responsabilidad del Estado por la negligencia en el abastecimiento de insumos, medicinas y equipos de bioseguridad para los profesionales de salud”.
El miedo de denunciar la salud pública
Entonces, los trabajadores de la salud pública no solamente tienen que lidiar con pocos insumos, largas jornadas y un trabajo complejo -sobre todo para ls que están en la primera línea- sino también con un aparato administrativo que no da abasto. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2018 habían 24.751 enfermeras/os en el país, pero actualmente -así lo comunicó la Federación Ecuatoriana de Enfermeras (FEDE) a la revista digital ojoaldato.ec– solamente se cuenta con 16.500 enfermeras/os. En otras palabras: un 30% menos que hace dos años. “La pandemia llegó en un momento en que los servicios de salud no estaban tan equipados porque nunca se esperó que iba a expandirse de esta manera”, dice la presidenta de la FEDE, Patricia Gavilanez. “Es conocido por todos los bajos presupuestos que tiene Ecuador en la salud”.
La enfermera Natalia Guevara¹ se acuerda de la gripe H1N1 en el año 2010 cuando tampoco había suficientes insumos. Ella trabaja en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) en el Centro de Quito, uno de los 16 hospitales de Ecuador que recibe pacientes con el covid-19. “Claro que tenemos miedo de contagiarnos”, dice la madre de tres hijos, que actualmente cumple turnos de 24 horas. “Si a mí me pasa algo tal vez me sustituirán con otra enfermera, pero ¿quién me va a sustituir como madre? “El temor a contagiarse con el covid-19 y que puede tener consecuencias graves, llevó a varias enfermeras a nivel país -incluso con nombramiento- a renunciar a sus trabajos.
Por eso también a Natalia Guevara le molesta cuando su jefa -como ha pasado en estos días- le cuestiona a la hora de ponerse su bata. “Si nosotros nos colocamos la bata es porque hay un paciente sospechoso”. La razón, por la presión por parte de la jefa, se encuentra también en otros hospitales: escasez de trajes de protección y de las mascarillas N95 que, según personal de salud son las que mejor protegen de un posible contagio. “Por el momento nos dan solo cuatro mascarillas quirúrgicas por turno y siempre tenemos que justificar cada insumo que usamos, aunque son básicos”, denuncia Natalia Guevara.
“Queremos un trato con respeto y que se revisen tanto nuestros sueldos como nuestras condiciones de trabajo”.
David González, presidente de la Red Unión de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador
Originalmente la enfermera del HCAM iba a exponer los problemas del trabajo junto con sus compañeras/os. Quería poner la cara y hablar en nombre de todo el personal de salud pública, pero cuando llegó la hora, al resto le agarró el miedo: es otro tema latente dentro del sistema de salud. La cultura del silencio se evidenció también durante y después del Paro Nacional del año pasado, donde especialmente los médicos, por miedo de perder sus trabajos, preferían no hablar. “Tratan de callar al personal de la salud pública”, dice Natalia Guevara. “Quieren que todo aparezca bien y que no exista ninguna falencia, cosa que no es verdad”.
Intentamos conocer la opinión de la dirección del HCAM frente a estos reproches. Pero hasta el cierre de la redacción no hemos recibido respuesta. Lo que si sucedió es que el HCAM pidió ayuda al municipio de Quito. El cual respondió con una donación de 600 trajes de protección y 250 mascarillas N95, repartido entre cuatro hospitales de la ciudad.
No hay garantía para personal de salud
En estas semanas que se festeja al personal de salud en todo el mundo, pese a que luchan con problemas similares como en Ecuador, también las médicas,/os enfermeras/os, auxiliares, laboratoristas, imagenólogas/os, paramédicas/os y personal de limpieza del país sienten el viento a favor. Impulsadas por los recortes masivos del año pasado, varios médicos, a través de Twitter y Facebook, denunciaron las condiciones de trabajo, la falta de insumos y la comunicación inapropiada de parte del gobierno. Inclusive varios médicos fueron amenazados por las autoridades de perder sus títulos si no quitaban las denuncias por los problemas en torno al Covid-19 en sus redes digitales. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ya exigió el 20 de marzo de que toda información relacionado con el covid-19 se difunde exclusivamente sobre los canales del Estado, “por la veracidad que demanda la ciudadanía en general”. Y si alguien difunde una “opinión falsa a través de redes sociales u otros medios de comunicación, sera remitida a la Fiscalía”.
“Es que el gobierno no quiere que la ciudadanía se entere de lo que está pasando en los hospitales puertas adentro”, destaca David González, presidente de la Red Unión de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador (RUNEEE). “En un país democrático debe privar la libertad de expresión. Y si uno reclama algo, es porque las cosas realmente están mal”.
El enfermero que trabaja en un hospital público en Quito atiende pacientes en terapia intensiva y tiene contacto directo con personas con el covid-19. Sus pómulos terminan lastimados por la presión de su mascarilla que debe colocársela durante casi toda la jornada. “Los únicos que sabemos lo que está pasando actualmente en los hospitales somos las personas que están día-día palpando la situación”.
Anteayer González lanzó un audio por WhatsApp, pidiendo que se escuchara su mensaje hasta en el último rincón del país. “Queremos invitar a los asambleístas a que vengan a hacer guardia de 12 o 24 horas y que vean cómo las mascarillas marcan nuestra cara y nos dejan cicatrices”. González está indignado por la decisión de la Asamblea Nacional de la semana pasada en la cual fue rechazada una resolución que buscaba garantizar más estabilidad laboral al personal de salud.
A pesar de que el gobierno decidió contratar 120 profesionales de salud para Guayaquil y 700 médicos, enfermeros y auxiliares más para todo el país, el presidente de la RUNEEE está escéptico y pregunta: “¿Qué estabilidad y garantía les damos? ¿Contratos por tres meses, que vengan, que se contagien y que también contagien a sus familias?”. Y en alusión a recortes de los años pasados como la finalización de los convenios con cientos de médicos cubanos, González insiste: “¿Cuánto personal hemos despedido el año pasado?”.
“¿Dónde están las autoridades del Estado?”
La misma preocupación tiene el personal de salud en otros países. Claro, los pitos, cacerolas, gritos y aplausos que sonaron hoy en la mañana y que volverán a sonar hoy en la noche son un bálsamo para las almas de los trabajadores de salud. Pero ellos quieren un reconocimiento más allá de las declaraciones de los Héroes en blanco. “Queremos un trato con respeto y que se revisen tanto nuestros sueldos como nuestras condiciones de trabajo”, dice David González. “Un futbolista y un político no es más importante que un médico o una enfermera”. González destaca que los sueldos en el área de salud están congelados hace diez años a pesar de la carga laboral. Antes una enfermera atendía siete a diez pacientes, “hoy son entre quince y veinte”. Por eso González no cree que se logrará abarcar la pandemia actual con la cantidad de personal que está trabajando actualmente. “Eso no debería pasar en pleno siglo XXI”.
Natalia Guevara, la enfermera del HCAM, comparte esta mirada. Ella está indignada de que no exista más apoyo por parte de los 137 asambleístas. A fines de marzo votaron en contra de donar el 25% de sus salarios para comprar suministros médicos; decidieron que sea solo un 15% para ese mes. Mientras tanto, el asambleísta para la provincia Pichincha, Pabel Muñoz, presentó este martes el “Proyecto de Ley Orgánica para enfrentar la crisis humanitaria causada por el Covid 19” ante el presidente de la Asamblea Nacional, exigiendo una “inmediata atención” por la emergencia, ya que el gobierno desde fines de enero “cuando se presentó la primera sospecha de covid-19 en el país (…) no ha sido capaz de remitir ningún proyecto de ley aun cuando en esta ocasión si cabe una discusión legislativa urgente”.
Lo que pasará con los salarios de los asambleístas en abril y mayo queda por debatir. Ayer la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador exhortó a que donen tres meses de sus salarios. “Eso estamos exigiendo porque estamos viviendo en un momento muy crítico”, dijo su presidente Jaime Vargas. Para la enfermera Natalia Guevara es un indicio de que lo único que les interesa a los políticos es llenarse los bolsillos. “Poco y nada les importa la emergencia sanitaria”, dice ella, “mientras nosotros estamos arriesgando nuestras vidas y las de nuestras familias”. Y, como miles de ciudadanos de Ecuador, se hace la misma pregunta: “¿Dónde están las autoridades del Estado?”.
Texto: Romano Paganini.
Colaboración: Mayra Caiza, Vicky Novillo Rameix y Alejandro Ramírez Anderson.
Fotografía principal: Romano Paganini.
Fotografías en texto: Romano Paganini / Cortesía.
Referencias:
- Nombre cambiado por cuestiones de seguridad
