Probablemente es Pilatos el político más famoso por responsabilizar de sus propias decisiones a los demás. Su gesto de “lavarse las manos”, ha ingresado en el lenguaje popular para identificar a los que se justifican poniéndose como víctimas de lo que hacen otros. El juicio a Jesús fue además un ejemplo del absurdo de poner en plebiscito los derechos y la vida de alguien. La mayoría cayó en la trampa y decidió, como para recordarnos que ser mayoría no es igual que tener la razón y que, quien cuenta hoy con una mayoría, la gozará sólo transitoriamente. Del “linchamiento mediático”, podemos presuponer que de éste se hicieron cargo los sacerdotes, como aparato ideológico de los poderes de la época, que tenían su “sabatina” en cada ceremonia religiosa.
Tras la decisión de explotar el crudo en el ITT, muchas personas han resaltado que responsabilizar al mundo entero no es sino otra forma de “lavarse las manos”. Para colmo, hay que alertar que en la justa consulta popular planteada por las organizaciones sociales, no se puede incluir una decisión sobre la vida de los Tagaeris y Taromename, para no repetir dramáticamente la historia, sino que la consulta trata exclusivamente de lo planteado en la pregunta sobre dejar el crudo bajo suelo de manera indefinida. Pero el discurso de quienes apoyan la decisión gubernamental, en buena medida está dirigido a desconocer no sólo la presencia de estos pueblos en los bloques que se explotarán, sino incluso en todo el parque. Si no existen no pueden tener derechos, pensarán, como en su momento han actuado todos los colonizadores.
Pero quien toma la decisión final, quien firma un decreto, es una persona con nombre y apellido. No importa el justificativo que se ponga y menos aún cuando la iniciativa de dejar el crudo bajo suelo fue, desde un inicio, superada por el por el llamado Plan B del gobierno. Basta recordar que, inmediatamente de lanzada la iniciativa Yasuní-ITT, el entonces gerente de Petroecuador realizó negociaciones con empresas estatales de otros países para la explotación del bloque; que se firmó un convenio en esa dirección con PDVSA; que cuando ya se tenía importantes avances que permitirían cumplir con las metas económicas, el Presidente Correa detuvo la firma del fideicomiso el 12 enero 2010 y planteó que los países aportantes podrían meterse sus centavitos por las orejas; que se anunció la firma del fideicomiso en la cumbre mundial de cambio climático de Copenhague, pero que se la suspendió; que se cambiaron los límites y forma de bloque 14 para que limite con el bloque ITT; que desarrollaron trabajos en el bloque 31, también contiguo al ITT; que se negaban los avances de trabajos en Tambococha; entre otros hechos.
Con estos antecedentes, fue el gobierno ecuatoriano el que dio un mensaje al mundo que señalaba que priorizaba el plan B que, con los plazos insistentemente colocados para verificar si ya se había reunido dinero suficiente, se anunciaba la proximidad del día en que se declararía muerto el plan A. Esto, incluso, mucho antes de los 13 años que se había estimado como necesarios para completar el monto esperado para el fideicomiso. Y dio otro mensaje: no importa la ética de una acción, sino cuanto beneficio recibo a cambio. Triste lección moral para la niñez ecuatoriana.
Cierto es que la respuesta de las potencias capitalistas las delata también por su falta de interés en enfrentar con coherencia problemas globales como el cambio climático. No es la primera vez, pues el fracaso del mercado de carbono y el protocolo de Kyoto, a pesar de la tibieza de este último, son parte de las expresiones de cómo priorizan lo económico por encima del futuro de la humanidad. Los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, que desde un inicio se manifestaron opuestos a una iniciativa como estas, son quienes, al igual que en otros casos, cumplieron el peor papel. Funcionarios de derecha en Alemania lo hicieron igual, pero hay que recordar que el Congreso de ese país había formalmente aprobado el apoyo a la iniciativa antes de que se les pida que se lo guarden en las orejas.
Pero la respuesta de los otros no es lo fundamental cuando una autoridad toma una decisión. Lo fundamental es estar convencido de esa decisión. Y así es como ha actuado el gobierno de Costa Rica, que sin siquiera llamarse progresista, excluyó radicalmente la explotación petrolera en sus áreas naturales y, en noviembre de 2011, se declaró país libre de la minería a cielo abierto, sin pedir un centavo al resto del mundo, sino con la seguridad de que incluso desde el mero análisis económico, esa era la mejor opción para un país pobre y para el futuro de las nuevas generaciones.
En nuestro caso, otro factor que debe ser considerado, es que el discurso gubernamental ha cambiado tanto que en muchas partes del mundo podrían estar pensando si acaso el Ecuador quiso engañarles presentando información que ahora es negada por el propio gobierno. ¿Podrán creer, ahora, que se pedía tanto apoyo sólo por el 1 por 1000 del parque, que aunque se saque petróleo no habrá daños y que los pueblos libres no contactados no han tenido presencia? La imagen internacional del Ecuador se verá también afectada con la declaratoria de muerte a la iniciativa Yasuní-ITT.
La alternativa fue y es dejar el crudo bajo suelo
Un desafío de quienes están a favor de la explotación petrolera en el Yasuní- ITT, es que se les presenta de otra alternativa para tener esos recursos. Desafío tramposo puesto que la alternativa era y es dejar el crudo bajo suelo, y esto por varias razones:
– Porque es una alternativa real para la mitigación del cambio climático a nivel del mundo, convocando a un verdadero cambio en la forma de producir y consumir energía a nivel global.
– Porque es una alternativa que “desde una perspectiva integrada y multidimensional, la iniciativa Yasuní-ITT es más favorable para el Ecuador, frente a las versiones de extracción petrolera en el campo ITT” según lo constata el estudio “La iniciativa y Yasuní-ITT desde una perspectiva multicriterial”, realizado por María Cristina Vallejo, Carlos Larrea, Rafael Urbano y Fander Falconí, en 2011.
– Porque se evitaba actividades de alto riesgo y, por tanto de alto impacto social y ambiental, en una de las áreas más biodiversas y más frágiles del planeta.
– Porque permitía avanzar en la construcción del Sumak Kawsay y en una transición a un modelo productivo post extractivista.
– Porque la comisión que permaneció hasta 2010 había logrado compromisos y ofrecimientos por unos 1.600 millones, una cifra extraordinaria en poco tiempo, que indicaba las posibilidades plenas de éxito.
Para exigir nuevas alternativas, se ha planteado que la opción es entre extraer petróleo o pobreza. Conclusión falsa si se considera que hay países con pobreza reducida y alto desarrollo a pesar de no tener recursos como petróleo y minería, mientras existen otros que han hecho ese tipo de explotación por décadas, incluyendo el Ecuador, y que están inundados de pobreza. Porque la pobreza tiene que ver con la distribución de la riqueza socialmente producida y no con cuál es su fuente de producción. Y en un país tan inequitativo como el nuestro, en el que además este gobierno ha tenido más recursos y más tiempo que ningún otro, la pobreza existe y se insiste en fórmulas para apoyar al gran capital privado tales como la legalización de las camaroneras establecidas y legalmente destruyendo manglares (y el gobierno dice que se preocupa por la deforestación), las reformas a la ley minera e incluso las reformas al código de trabajo. Esto se corresponde a una declaración de Rafael Correa que no debe ser olvidada: “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero si es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” (El Telégrafo, 15 de enero de 2012).
Si no se quiere afectar ni perjudicar a los que se llevan el mayor pedazo del pastel, lo único que se puede hacer es afectar a los más pobres y a la naturaleza que la sustenta todos. Y eso es lo que se está haciendo. Pero si se quiere resolver el problema de la pobreza, lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza y para ello se ha planteado una serie de fórmulas posibles que tienen que ver con la nacionalización de las telefónicas, con beneficios tributarios que reciben los más grandes grupos monopólicos para qué paguen impuestos igual que el resto de ciudadanos, entre varias otras. Incluso a nivel contable hay fórmulas presentadas como la reestructuración de la deuda pública o la reducción de los gastos de publicidad del gobierno central, que también posibilitarían contar con grandes recursos.
Es decir, que si lo que se quiere tener es recursos, hay fórmulas más eficientes, que entregarán mayores cantidades que explotando ese crudo pesado y con resultados en menor tiempo que la explotación petrolera. Pero para ello se requeriría priorizar la redistribución de la riqueza y romper con el deseo de no perjudicar a los ricos. El gobierno ha apuntado al extractivismo y afectar a los más débiles de la pirámide social, arriesgándose incluso al etnocidio de los pueblos en aislamiento voluntario.
* Artículo publicado en la revista Rupturas Nº13, de septiembre de 2013
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