Por Romano Paganini y Ela Zambrano / Trabajo colaborativo entre La Línea de Fuego, Acapana, Radio Periférik y mutantia.ch
Quito, 2 de julio de 2020 – Desde hace un mes se suspendió el juicio por la acción de protección y las medidas cautelares debido al derrame petrolero ocurrido en la Amazonia del Ecuador, a principios de abril. La abogada Verónica Potes forma parte del equipo legal de los demandantes. Ella fue entrevistada para profundizar sobre las implicaciones legales del caso, los limbos jurídicos allí presentes, la impunidad de los petroleros y la pertinencia de que el juicio sea transmitido en vivo.
Verónica Potes*, en una rueda de prensa la semana pasada usted habló de que el juicio por el derrame de crudo y gasolina, que afectó principalmente los ríos Coca y Napo, se convirtió en un limbo jurídico. ¿A qué se refiere con esta declaración?
Más preciso sería hablar de un limbo procesal porque el juicio está suspendido desde el 1 de junio y no sabemos cuando se reinicie. En el juicio se refleja cómo a las comunidades afectadas por actividades petroleras están expuestas a los riesgos sin ninguna prevención ni protección. El derrame ocurrió en la noche del 7 de abril, pero las consecuencias negativas se sintieron inmediatamente. Las comunidades kichwas como todas las comunidades amazónicas y la gente rural en general, a diferencia de los urbanos, se acuestan temprano y se levantan temprano. Entonces, en la mañana del siguiente día un niño de unas de las comunidades aledañas al río Coca fue al río para coger agua para la guayusa y para su higiene personal. El niño se mete esa madrugada al río y sale negro, bañado de petróleo. Lo que quiero demostrar con este ejemplo es que los efectos negativos de este derrame en las personas y las comunidades fueron casi inmediatos.
Pero eso no tiene que ver con el proceso como tal…
Sí, porque esta versión contradice a la de los operadores petroleros y del gobierno, que afirman que su respuesta ese día fue inmediata. Si hubiese sido así, muchas de las cosas que desde entonces han pasado podían evitarse. Es impresionante la ignorancia profunda que revelan en lo que hacen y lo que dejan de hacer, sabiendo como es la vida que río abajo.
Comuneros y comunidades aledañas, junto a un equipo legal especializado en Derechos Humanos –del cual usted forma parte– pusieron una demanda a fines de abril. Y, a pesar de la urgencia del caso, han pedido que se aplace la fecha para la primera audiencia. ¿Por qué?
Porque las comunidades necesitan movilizarse, y eso no es nada fácil en el contexto del covid. Primero hay que hacerle llegar la información del juicio y después hay que organizar toda la logística para que puedan llegar al Coca (Puerto Francisco de Orellana), lugar donde se va a desarrollar el juicio. El juez cede a este cambio y define la fecha para una semana después. Pero luego son la empresa OCP Ecuador (Oleoducto de Crudos Pesados) junto al Ministerio de Petróleo (Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables) quienes empiezan a exigir cambios. Y lo que quieren es cambiar la fecha otra vez, a pesar de que el juez ya ha fijado una, diciendo que ésta no se va a mover. El argumento del gobierno es no haber tenido suficiente tiempo para revisar el caso. Eso es bien extraño, porque si alguien no tiene dificultades de movilizarse por lo de la pandemia, es el gobierno. Y si hay un sector al que le permitieron trabajar, a pesar del covid, mientras el resto tenia que permanecer encerrado, era el petrolero. Fue una dilación tras otra.
¿A eso se refiere cuando habla del limbo jurídico?
Entre otras cosas, sí. Concretamente se debe a que el juicio está suspendido, es por estas cosas raras que, desde el inicio, pedimos que el proceso sea transmitido públicamente.
¿Por qué?
Por la importancia y la relevancia de lo acontecido. Hay una cuestión con los procesos judiciales que nosotros tenemos que desmitificar. Existe la idea –de que los abogados hablamos raro y decimos palabras extrañas– de que estos procesos pertenecen al ámbito privado de los abogados y de los jueces. ¡Y eso es mentira! Queríamos superar esa opacidad que es muy característica del extractivismo en este país, y que siempre opera en su puro beneficio. Nosotros sostenemos que precisamente para que todo el mundo pueda ver la actitud del juez, los “argumentos“ de los abogados del gobierno, la forma en que las autoridades de control de una actividad altamente peligrosa, ni siquiera hacen el esfuerzo en demostrar que sus planes son efectivos en prevenir, responder y remediar los daños a los derechos de individuos, comunidades y naturaleza.
“Nuestra lucha se enfrenta a la opacidad y protección ilegal de las actividades extractivistas y de mega inversión”.
Verónica Potes
Lo único que hacen es ir a defender abiertamente a la petrolera, tanto la estatal –eso lo podría entender– pero también a la privada. Creo que este proceso tiene suficientes elementos para hacer público que los reclamos no son solamente gritos de los ambientalistas, como nos suelen decir, o de gente que se opone al desarrollo del país porque si. Este proceso es para que vean que todo el sistema estatal –que en este caso incluye el sistema de justicia– cierran filas en favor de la actividad petrolera, incluso en un caso altamente dañino como fue este derrame.
Durante OctubreRojo, las negociaciones entre las y los líderes indígenas y el gobierno central fueron transmitidas, pero en el caso del juicio actual, el juez les negó la petición de una transmisión, ¿es eso cierto?
El juez no dio paso a nuestra petición y sugirió que incluso había un tema de seguridad nacional involucrado, lo cual también es bastante cuestionable. Normalmente se protege la intimidad y privacidad de personas vulnerables (un juicio por violación). Hay una base legal que permite apelar a la intimidad y privacidad, pero se debe justificar. No se puede simplemente decir que la ley se aplica y ya. El derrame es un asunto de interés público y no se entiende porque la ciudadanía no puede presenciarlo.
La primera audiencia se efectuó a fines de mayo, pero después de una semana se suspendió el juicio, hasta hoy. ¿Qué ha pasado?
El primero de junio el juez nos indicó que él y otras personas podrían estar contagiados con covid y, por lo tanto, suspendía la audiencia. Eso es perfectamente entendible. Lo que no es entendible –y ahí vamos con el limbo– es que desde ese día estamos esperando o a que se reanude la audiencia o que el Consejo de la Judicatura nos ofrezca alguna salida. No podemos permanecer indefinidamente en espera, peor aún si se trata de un juicio de acción de protección que tiene que ser ágil.
¿Cuál es el protocolo en este caso?
No lo conozco a detalle, pero sí hay un protocolo correspondiente. ¿Qué tal si un juez resulta impedido de por vida o fallece durante un proceso? Claro que hay un procedimiento, pero en este caso no se cumple. Y el Consejo de la Judicatura, responsable en la gestión, solamente nos dice que tenemos que seguir esperando. Se presentó un reclamo por la conducción del juicio. Reclamamos por las dilaciones y por la falta de respuesta a las medidas cautelares. Por último que las desechen pero que indiquen las razones. Nosotros no estamos exigiendo a nadie que venga a trabajar enfermo, jamás lo haríamos. Pero la institución que tiene que resolver este tema es el Consejo de Judicatura y no lo hace.
¿Tienen idea de por qué no lo hace?
No lo sabemos.
¿Cuál es la reacción de las comunidades afectadas frente a esta situación?
Es mixta. Hay dirigentes a las cuales les han llamado a presionar para que abandonen el juicio. En otros casos, los comuneros denuncia que les hacen firmar actas en las que se comprometen a no demandar a cambio de trabajar en la remediación, en la limpieza. Las empresas usualmente ofrecen en las comunidades que si se llega a hacer el trabajo, contratarán a gente local. Y está bien, pero eso no puede ser usado como un chantaje para que no mantengan el proceso legal y silencien un perjuicio enorme a las comunidades y al ambiente.
¿Es decir que algunos habitantes de las comunidades limpian el petróleo que contaminó sus propias aguas y territorios, y aceptan lo que les ofrecen las empresas debido a su situación socioeconómica?
Exactamente. Hay un abuso de la situación de ellos. Más allá del comportamiento de las empresas, tampoco puedo entender que, conociendo cómo sucede esto, las autoridades de control del gobierno ecuatoriano sigan haciéndose de la vista gorda y defienden abiertamente a las empresas y sus prácticas en el juicio. Dicen que todo esta en regla y que se esta atendiendo como se debe atender. Insisto: si todo este proceso se hace público, se puede cuestionar inmediatamente estas argumentaciones. Y la ciudadanía incluso cuestiona más, porque los abogados tenemos la mala costumbre de pensar que con cumplir con el reglamento basta; pero no es así de simple.
¿Sino?
Entiendo que hayas cumplido con el reglamento que dice que debes tener un plan de contención, pero no puedes pretender decir que con eso se soluciona el daño que causaste. En materia de derechos humanos los Estados están obligados a tomar todas las medidas administrativas, legislativas y las que sean necesarias para que se cumpla plenamente de un derecho. No me pueden decir que porque hay un reglamento y plan de contención aprobados ya han cumplido con mi derecho. Eso solo significa que cumpliste con un procedimiento burocrático. Si la medida no es efectiva para que se garantice el derecho al agua, esa medida no es una justificación. Tiene que ser efectiva, no solamente existir en papel. Es la diferencia entre lo legal y lo admisible como defensa en un juicio por incumplimiento de derechos humanos.
Si es que las actividades petroleras van a ser autorizadas para seguir funcionando en el contexto de la emergencia sanitaria, no pueden funcionar con los mismos protocolos y planes porque se establecieron para operar en condiciones regulares. En el juicio, los representantes de la petrolera admitieron que no pudieron reaccionar inmediatamente por las condiciones: era de noche y el coronavirus. Cualquiera puede poner al covid-19 como excusa, no podemos cruzar entre provincias. Hay restricción a la movilización; pero en ese marco, si esas restricciones iban a justificar la falta de acción inmediata ante un derrame, se debieron restringir las actividades petroleras, como otras. Les permitieron seguir operando con una probabilidad altísima de derrame, que ya había sido anunciado el 2 de febrero con la caída de la cascada de San Rafael. Sería lamentable que un juez acepte eso, las dificultades impuestas por el Covid-19- como una justificación para no responder inmediata y adecuadamente.
¿Ha habido un proceso de remediación?
El proceso de remedición no se hace con consulta de las comunidades, tampoco responde a la necesidad de las comunidades. Si les preguntaran al menos cuál es el patrón de uso del río para consumo y recolección de agua para la alimentación, si supieran que cada familia recoge al menos 17 pescados a la semana, tendrían que ofrecer lo equivalente mientras remedian el derrame. Con sorna, el ministro del Petróleo, René Ortiz, dice que “le están sacando brillo a las piedras”. Le puedes sacar brillo a las piedras, pero no significa que limpiaste el agua, que remediaste un derrame de petróleo.
Mientras se lleva adelante el juicio, ¿cómo han respondido otras instancias del Estado? ¿Ha asistido el Ministerio de Salud para valorar la salud de los pobladores afectados por el derrame de petróleo?
Para hacer un análisis del estado de salud y para atender a personas expuestas a un derrame de petróleo, el Ministerio de Salud llevó paracetamol, mascarillas y antiparasitarios. Eso es inaceptable. Un derrame de petróleo trae efectos inmediatos y mediatos: problemas en la dermis ahora y cáncer a largo plazo. ¿Cuál es el protocolo en personas afectadas por un derrame de petróleo? Atender efectivamente lo inmediato y hacer un seguimiento a largo plazo. Nada de eso está hecho.
Las organizaciones de Derechos Humanos hace décadas llevan adelante una pelea con el Estado por la afectación de las actividades extractivistas. Esto no ha variado.
Nuestra lucha se enfrenta a la opacidad y protección ilegal de las actividades extractivistas y de mega inversión. A los jueces que tienen poco conocimiento de protección real de Derechos Humanos. A las presiones políticas del Gobierno, que no se ven, pero son evidentes. Al Ministerio del Petróleo que se convierte en un actor político muy fuerte, que tiene una capacidad de presión y de encubrimiento de las actividades dañosas. El actual ministro, René Ortiz (ex secretario de la OPEP y ex ministro del gobierno de Jamil Mahuad), es el ex presidente de la Cámara de Petroleros del Ecuador, a él le han encargado que controle a sus panas.
¿Cuántas victorias se pueden contar?
Los logros en derecho son excepcionales. Ganamos un caso en Río Blanco (Azuay), aunque la policía resguarda unas instalaciones que ya no deberían estar ahí. En ese territorio tenemos a la comunidad en constante enfrentamiento con los gendarmes. Las fuerzas del orden no se han puesto del lado de quien ganó el juicio. Tenemos dos juicios ganados, el caso de Sinangoe (cabecera del río Aguarico) contra concesiones mineras; el caso de las comunidades waorani (Pastaza) con respecto a la ronda petrolera del suroriente. En este último caso, ganamos porque no estaban interesados en explotar. Los logros son pocos, son importantes, pero no marcan una tendencia que permita concluir en que los derechos se respetan en el Ecuador. También son logros legales-procesales y los efectos a veces tienen una distancia muy enorme.
La argumentación del Estado es que los ingresos fiscales dependen de ese petróleo.
Sí, y a nosotros nos piden que les demos las alternativas. Yo no estoy obligada a dar una alternativa. Me dicen que con ese petróleo cubren los gastos del país, pues no están cubriendo los míos, los de esas comunidades, cuando nos hacen daño.
En el caso de este nuevo derrame y las largas que está dando el sistema de justicia, ¿cuánto tiempo más pueden esperar?
Al Consejo de la Judicatura ya no le podemos pedir más y no hemos tenido respuesta. Le hemos emplazado y solicitado que como vigilante de los procesos en medio de la emergencia sanitaria, diga algo. Las acciones de protección no pueden esperar eternamente por el Covid. Otra de las vías posibles es el sistema internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de este limbo en el que estamos. Es un caso tan evidente de negligencia profunda del Estado. Es lamentable que no haya un juez que nos diga que tenemos o no la razón.
¿Qué importancia ve en el juicio actual?
Este podría ser un juicio emblemático y le podría poner orden a las actividades extractivas. A través de este caso estamos demostrando que no están listos para asumir los riesgos a los que exponen a la población. Mediados de junio las comunidades encontraron nuevas manchas de petróleo. Las empresas dicen que son remanentes del 7 de abril, pero nosotros creemos que son nuevos derrames que no los quieren reconocer. El 2 de mayo y el 7 de mayo empezó nuevamente el transporte de crudo por el SOTE y el OCP, respectivamente. En esa zona donde confluyen los tres oleoductos, la presa de contención, la gran hidroeléctrica, la carretera y las comunidades, en esa área se ha cambiado el curso de los tubos de transporte de crudo. No sabemos quién aprobó esos estudios, pero el 2 de mayo ya estaban movidas las tuberías más de un kilómetro y empezaron a bombear. Además reconocen el daño al ojímetro. Dicen que fueron unos 4 mil barriles de crudo derramados, después se conoció que fueron 15.800 barriles. Así funciona la información que ellos dan. Pero lo que necesitamos es información verificada. Nuestro objetivo es precautelar los derechos de las personas afectadas. La posibilidad de nuevos derrames sigue ahí. La posibilidad de mejorar los reglamentos y los sistemas de control están en manos de ese juez, podría incidir de manera positiva y mejorar el control de actividades peligrosas.
Acción de protección con medidas cautelares
Ante el juez constitucional del cantón Orellana, se solicitaron como medidas cautelares en contra de la compañía OCP, la Empresa Pública PetroEcuador, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente:
- La provisión de alimentos sanos y nutritivos suficientes para todos los pobladores afectados.
- La implementación de un plan de salud para los miembros de las comunidades afectadas contemplando las afecciones inmediatas y mediatas.
- Implementación de métodos de contención y mitigación del derrame técnicamente adecuados.
- Transparentar toda la información respecto al derrame, sus causas, tamaño (númer de barriles), secuelas y consecuencias.
*Verónica Potes es abogada independiente y profesora en la Universidad Central del Ecuador. Colabora en diferentes colectivos, entre otros Yasunidos y la Alianza de Derechos Humanos, compuesto por varias organizaciones nacionales e internacionales. Además realizó durante cinco años un trabajo de investigación en comunidades achuar a lo largo de la Amazonia.
Colaboración: Emilio Bermeo
Foto principal: Ivan Castaneira.
