Cuando la legalidad se vuelve privilegio y la ética desaparece del Palacio de Carondelet
Por Atawallpa Oviedo Freire
09 de septiembre 2025
“No hay corrupción más peligrosa que aquella que se disfraza de ley.”
El Ecuador vuelve a vivir un déjà vu. Cambian los rostros, se modernizan los discursos, pero la vieja práctica del poder permanece intacta: usar el Estado como herramienta privada. Esta vez, el protagonista es Daniel Noboa, presidente de la República, heredero de uno de los mayores imperios bananeros del país. Y, paradójicamente, también beneficiario de una condonación tributaria multimillonaria que favoreció directamente a su familia.
La ley que blanqueó millones
La historia es conocida, aunque el poder intenta silenciarla. La Exportadora Bananera Noboa, empresa familiar del mandatario, mantenía con el Servicio de Rentas Internas (SRI) una deuda tributaria cercana a 94 millones de dólares. Pero a mediados de 2025, bajo la administración del propio Noboa, se aprobó y promulgó la Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma que condonó el 100 % de intereses, multas y recargos a quienes pagaran el capital pendiente.
Una ley con nombre de transparencia, pero con espíritu de autoperdón.
Pocos meses después, la deuda de la familia presidencial se redujo de casi 100 millones a apenas 3,5 millones. Y finalmente, un comunicado familiar anunció con orgullo: “Nuestra deuda con el Estado es cero.” ¿Casualidad? No. Fue el resultado directo de una ley promovida, firmada y aplicada por el propio beneficiario político. En otras palabras: Daniel Noboa legisló para sí mismo.
El conflicto ético que el poder niega
No se trata solo de una discusión legal. La ética es aquí el verdadero campo de batalla. Todo presidente debe actuar sin intereses personales, pero en este caso el conflicto es evidente: un jefe de Estado que impulsa una ley que limpia las deudas de su familia no puede hablar de integridad, sino de privilegio institucionalizado.
El discurso de la “modernización” y la “eficiencia empresarial” se convierte así en una fachada. Detrás de las sonrisas tecnocráticas y los videos de TikTok, el Ecuador asiste a una escena antigua: la del patrón que usa el poder público para ajustar sus cuentas privadas. Y lo más grave: lo hace con la misma normalidad con que se exporta un racimo de banano.
La trampa de la legalidad
Algunos dirán que todo fue “legal”. Y probablemente lo fue, porque la ley fue diseñada precisamente para eso. Pero la legalidad no siempre equivale a justicia. Cuando quien escribe la norma es también quien se beneficia de ella, estamos frente a la corrupción más sofisticada: la que se disfraza de norma jurídica.
Incluso la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esa ley, reconociendo su incompatibilidad con los principios de equidad tributaria. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los privilegios se ejecutaron antes de que la justicia pudiera reaccionar. Así funciona el poder cuando se adelanta a la ley.
Una democracia con apellido
El caso Noboa demuestra que la llamada “República” sigue siendo, en el fondo, una hacienda con bandera nacional. El Estado ecuatoriano ha sido capturado una y otra vez por élites que lo administran como extensión de sus negocios. Mientras las mayorías pagan sus impuestos, sobreviven a la crisis y son perseguidas por pequeñas deudas, los grandes grupos económicos —casualmente los que gobiernan— se autoexoneran desde el Palacio de Carondelet.
Lo más preocupante no es la operación financiera, sino el silencio social que la rodea. Nos hemos acostumbrado tanto al abuso del poder que ya no escandaliza. No le interesa a Noboa que se acabe el paro, pues le sirve de cortina de humo mientras la gente reacciona en contra de los indígenas. Pero este silencio cómplice, de la mayoría de la prensa, es el que sostiene las viejas estructuras coloniales del país.
Una advertencia necesaria
Daniel Noboa llegó al poder prometiendo renovación, juventud y futuro. Pero su gobierno empieza a parecer más bien un retorno al pasado, con los mismos métodos de la vieja oligarquía: manipular la ley para el beneficio propio.
Y cuando un presidente legisla para su familia, no solo compromete su credibilidad, sino la confianza en todo el sistema democrático. La historia nos enseña que los pueblos no caen por falta de leyes, sino por exceso de privilegios. Ecuador no necesita más empresarios en el poder: necesita estadistas que entiendan que gobernar no es servirse del Estado, sino servirlo.
